Desde la elección del Cacique Mayor, se desató un carrusel de demandas y consultas ante diferentes escenarios judiciales, y del Ministerio del Interior, que tienen paralizados los programas sociales de esta población indígena del pueblo Zenú en Córdoba y Sucre. Como si fuera poco, no han faltado las amenazas y los atentados.
Por: Oswaldo Marchena Mendoza
@marchenojob
En los pueblos indígenas de Córdoba y Sucre hay hambre, miseria y desolación, al tiempo que por las cuentas bancarias de las autoridades administrativas corren millonarios recursos que transfiere el gobierno nacional para atender los programas sociales de esa población. Las mansiones de los caciques contrastan con las humildes viviendas de las comunidades que ellos representan.
Para algunos líderes de esa población las inversiones del Resguardo Indígena Zenú en esos territorios son pañitos de agua tibia, un placebo para combatir pobreza y desnutrición. Sobre el manejo de estos recursos hay un rosario de denuncias en los organismos de control y la Fiscalía sin resultados contundentes.
El “pulso a muerte” en la elección del Cacique Indígena Zenú
El 12 de noviembre del 2021, previo a la elección del Cacique Gobernador para Sucre y Córdoba, el 28 de noviembre de ese año, el periódico El Tiempo publicó una denuncia que en su momento debió detonar el proceso de elección que venía en camino: “A $ 2 millones compran voto para elegir a indígenas”. En plata blanca quería decir esto que se estaba fraguando una compra de votos a dos millones de pesos por cada nativo, para la elección del Cacique Mayor Indígena (el que maneja el lapicero y orienta las millonadas de recursos que transfiere de forma juiciosa el gobierno nacional).
Según la publicación que replicaron medios locales, indígenas de la etnia Zenú en San Antonio de Palmito, en Sucre, denunciaron la compra de votos hasta por dos millones de pesos para elegir a los miembros del Cabildo Mayor, incluido el Cacique para Sucre y Córdoba. “Nosotros los indígenas nos volvimos corruptos, elegir a un miembro del Cabildo Mayor está peor que escoger a un alcalde”: la voz de alerta y la denuncia fue lanzada en el mencionado municipio durante la elección del secretario del Cabildo Gobernador Indígena.
El carrusel de demandas que tiene acéfala la administración del Resguardo Indígena Zenú
En medio de muchas controversias y señalamientos, como compra de votos e inhabilidades de algunos delegados para ejercer el derecho a elegir, Eder Espitia Estrada, ganó la elección por tres votos, como Cacique Mayor del Resguardo Zenú. Sin embargo, ante impugnación que presentó Elemín Terán Castillo (segundo en la votación), el Consejo Supremo de Justicia Propia del Pueblo Zenú, declaró ilegal la elección de Espitia Estrada, al anular 4 votos, y a su vez, otorgó el triunfo a Elemín Terán Castillo (pero la euforia le duró poco).
Desde entonces se desató un carrusel de demandas y consultas antes diferentes instancias judiciales y el Ministerio del Interior, que tienen paralizados los programas sociales de esta población indígena del pueblo Zenú en Sucre y Córdoba.
Dos caciques señalados, acusados y expulsados por las autoridades tradicionales del pueblo Zenú
El 31 de enero de 2022, los Abuelos Sabedores del Pueblo Zenú, en su condición de autoridades tradicionales del Resguardo Indígena, y tras analizar las consecuencias que ha traído para la población aborigen las faltas cometidas por Eder Espitia Estrada, decidió expulsarlo del territorio y ordenó a la guardia indígena la captura de éste.
La autoridad indígena sostuvo que Eder Espitia ha gobernado por más de 12 años como Cacique Mayor del Pueblo Zenú, mediante un sistema de elección creado por él, contario a los intereses del pueblo Zenú, a la libre determinación, autonomía y participación (Ley de Gobierno propio del pueblo Zenú). Además, ha cometido presuntos actos de corrupción.
El 16 de marzo de 2022 el Tribunal Indígena derrocó al cacique Eder Espitia, quedando acéfala la autoridad administrativa del Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú Córdoba-Sucre.
El 30 de julio de 2022 Los Abuelos Sabedores del Pueblo Zenú, acordó también expulsar del territorio por 10 años a Elemín Terán Castillo, quien había obtenido la segunda votación durante la elección del Cacique Gobernador del Pueblo Zenú.
Consideró la justicia propia del pueblo Zenú, que Terán Castillo violó la Autonomía y Autodeterminación al no acatar las decisiones tomadas por la colectividad del Resguardo Indígena San Andrés de Sotavento Córdoba-Sucre, causando desarmonía, desequilibrio y fraccionamiento entre autoridades del Resguardo.
Capturas y acusaciones por la justicia ordinaria
Eder Espitia Estrada, fue capturado el 9 de junio de 2022, cuando se encontraba en un Centro Comercial de Montería. Su detención se dio por petición de la Justicia Especial Indígena que solicitó acompañamiento en el procedimiento judicial al CTI de la Fiscalía. La acción se dio por un mandato del Pueblo Indígena Zenú, emanada por los Abuelos Sabedores, en su condición de autoridades tradicionales. El 17 de junio de 2022, tras ocho días de permanecer detenido en la Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, Espitia fue dejado en libertad. La justicia ordinaria no tenía nada en su contra.
El cogobierno de dos caciques que no aceptan la mayoría de la comunidad indígena
Ante tanta disputas y amenazas, en una asamblea donde participaron seguidores de Elemin Terán y Eder Espitia, se decidió que el Resguardo de Indígenas Zenú San Andrés de Sotavento que rige para Córdoba y Sucre, tendría por primera vez un gobierno conjunto, es decir dos caciques.
Es algo así como si dos candidatos disputan una Alcaldía y terminan casi empatados. Entonces se ponen de acuerdo y se “reparten la marrana”, o el presupuesto (contratos para amigos de ambos).
Debo destacar que dicho acuerdo contó con el visto bueno del Ministerio del Interior, a través de su Viceministerio para el Diálogo Social y la Igualdad del Derecho que los motivó a que se buscaran acuerdos y una solución interna (apuesta sana). El resultado de esta gestión fue el “Acuerdo Político Organizativo para la Armonización, Terminación del Conflicto Electoral, Ejercicio de la Autonomía y Gobierno Propio”.
Todo un nombre sacado de una historia llena de retórica y fantasía porque al final los dos caciques en mención obedecerían a grupos poderosos que los ayudaron a obtener la votación registrada en la fallida elección.
Entra en escena, Miguel Ramos: ¿El cacique redentor o el Guaidó indígena?
Para terminar de enredar más este berenjenal, irrumpió en la escena el cacique Miguel Ramos, quien es para algunos el verdadero redentor de la causa indígena (dicen que tiene las mayorías y que sería el seguro triunfador en un sistema de elección más abierto donde participe el conjunto de la población indígena), y para otros es algo así como un Guaidó indígena (tras considerar que se autoeligió Cacique Mayor, sin someterse a un proceso de elección).
Miguel Ramos y su gente permanecen en la sede administrativa del Resguardo Indígena (a esas instalaciones le dicen el ‘Palomo Blanco’), ubicada entre Tuchín y San Andrés de Sotavento. A la fuerza, “como en las películas del oeste”, los seguidores de Eder Espitia y Elemin Terán han tratado de recuperar el control de la edificación en mención.
Algo que está demostrado es que Miguel Ramos tiene pueblo. La madrugada del sábado 21 de enero hombres fuertemente armados habrían intentado secuestrarlo, cuando los sujetos entraron de manera ilegal al Centro Administrativo del Resguardo Indígena (no lograron su propósito). La acción se habría dado previo a una reunión de Miguel Ramos y sus seguidores con la viceministra del Interior para el Diálogo Social, Lilia Solano y el director de Asuntos Indígenas, Germán Carlosama, donde se pretendía abordar temas relacionados con corrupción al interior del Resguardo.
Al cierre de esta columna la reunión no se había realizado. Me surge un interrogante: ¿Cómo sacar del limbo jurídico la elección del Cacique Gobernador del Resguardo Indígena Zenú? Eso es urgente porque los recursos para adelantar programas dirigidos a esa población están congelados, mientras se define la autoridad administrativa del Resguardo.
