Mes: abril 2023

Por: Marcos Daniel Pineda García

Colombia debe avanzar hacia un mejor sistema de salud. No tenemos un modelo perfecto, hay muchísimas falencias y estoy de acuerdo con que se haga una Reforma a la Salud, es más, me parece oportuna, con lo que no estoy de acuerdo es el texto de reforma que plantea el Gobierno nacional.

Nuestra preocupación es técnica, no política. Se necesita diálogo y concertación para sacar una reforma que no atente contra el sistema de salud y que realmente optimice la prestación del servicio a los usuarios. Les quiero resumir en cinco puntos, lo que me parece una amenaza dentro de la Reforma a la Salud y que a todas luces debemos analizar a profundidad, antes de que resulte el remedio peor que la enfermedad.

El primer punto, es el riesgo de la sostenibilidad fiscal del sistema de salud. El texto propone una red abierta, es decir, un paciente puede ser atendido por cualquier operador sin contratación previa y el servicio se cobra a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Los recursos para la salud son finitos y si se empieza a facturar indiscriminadamente a la Adres, eventualmente sería imposible sostener gel sistema. Además, utilizarían los servicios los usuarios que hayan tenido apropiada pedagogía al respecto, lo que aumentaría la brecha de desigualdad entre el sistema de salud en las grandes ciudades y las zonas dispersas donde no hay acceso a la información.

En segundo lugar, la sobrecarga de funciones a los Centros de Atención Primaria (CAP), que propone crear la reforma. Los centros médicos y hospitales de primer nivel que operan actualmente en Colombia, se convertirían en CAP. No solo tendrían funciones de prestación del servicio, sino también de administración y gestión de recursos. Imagínense un CAP en el sur de Córdoba, en la Orinoquía o en la Depresión Momposina administrando recursos de salud, sin capacidad logística y operativa, sin internet y sin personal suficiente… ¡va a colapsar el sistema!

El tercer punto con el que no estamos de acuerdo, es que el proyecto desconoce el principio de la descentralización en Colombia. Todo se concentra en el Ministerio de Salud, desde un escritorio en Bogotá se decidiría quién presta determinado servicio en cada rincón del país. Eso, en mi opinión, es retroceder una vida, porque lo que necesitamos es empoderar a los entes territoriales en las regiones, que son los que realmente conocen las dinámicas locales, sin mencionar que va en contra de la eficiencia administrativa del sistema.

El cuarto punto con el que no estamos de acuerdo, es la fragmentación de la atención médica. Hoy, una clínica u hospital presta servicios integrales de diagnóstico, laboratorio, tratamiento, cirugía y rehabilitación. La reforma del Gobierno plantea redes independientes para cada servicio de salud que se preste, ¡esto es absurdo! Fácilmente, podría terminar en el famoso “paseo de la muerte”. Como si fuera poco, se acabaría el derecho que hoy tenemos todos los colombianos a escoger nuestro asegurador y prestador de servicios de salud; el proyecto obliga a que cada usuario sea atendido por el CAP más cercano a su residencia.

Nuestra quinta preocupación, es el tema de los medicamentos. El texto especifica que los únicos expendedores autorizados para dispensar los medicamentos en el país serían los CAP, es decir, se desestimularían las 22 mil droguerías de barrio que existen en Colombia. Estamos hablando de 100 mil empleos que correrían el peligro de desaparecer.

Somos un país de regiones, no me cansaré de decirlo, y por eso debemos conocer las particularidades de cada territorio para poder avanzar. No se trata de radicalismos políticos, sino ser conscientes de que esta es una reforma sensible, con implicaciones sociales riesgosas y hay que sacarla lo mejor posible, sin poner en peligro el sistema de salud y pensando siempre en la vida y el bienestar de los usuarios.

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 31 marzo, en el claustro la Merced de la Universidad de Cartagena, el Consejo de Rectores del Sistema Universitario Estatal del Caribe, SUE Caribe; de forma unánime, con base en la reglamentación y normas que nos regulan, concedió el título de Doctor “honoris causa” al señor presidente de la república, Gustavo Petro Urrego; honoris causa es una locución latina cuyo significado es: << por razón o causa de honor>>. Se otorga como un honor, para reconocer el mérito y la valía de una persona.

Comparto con ustedes, partes de la reflexión que se hizo en la ceremonia de graduación; llena de simbolismos. Por un lado, hacerlo en el lugar donde reposan los restos mortales de un colombiano caribe e inmortal, como lo sigue siendo, Gabriel García Márquez; un claustro que representa la casi bicentenaria Universidad de Cartagena fundada por dos grandes próceres: Bolívar y Santander, como un proyecto emancipatorio en la naciente república que incluye a Cartagena de Indias; sinónimo de rebeldía y libertad.

Señor presidente, este Doctorado honoris causa que le otorga el SUE Caribe, conformado por las ocho universidades públicas del Caribe colombiano es un reconocimiento oficial a su liderazgo, inteligencia, principios y convicciones, que le han permitido forjar una vida de lucha al servicio de la justicia y la reivindicación de derechos que forjen una sociedad digna. La generación pasada y presente que, reivindicó y luchó por hacer realidad utopías sociales, encuentra en usted, un referente de ideales transformadores.

Muchos miembros de esas generaciones; en su mayoría jóvenes, murieron en ese intento que usted representa y reivindica. Por ello, su elección como presidente de Colombia marca un momento de la historia que deberá escribirse con los cambios de un orden social cimentados sobre la justicia, la dignidad e inclusión. Nuestra historia ha tenido una génesis y evolución oscurecida por una violencia perpetua que, inicia en la conquista, pasa por la Colonia y transita por la independencia; lo cual, conformó la república. Una historia de tensiones, luchas y constantes guerras; evidenciando la incapacidad de edificar una nación donde quepamos todos.

Señor presidente, usted posee una carta de navegación que le entregó el pueblo colombiano, una misiva que orienta el rumbo de este país, que está siendo movida por todo tipo de vientos que la sacuden de un lado a otro; pero su liderazgo y capacidad deben llevarla a puerto seguro. Necesitamos la reformas y cambios postergados; una sociedad se realiza cuando se garantice el goce de derechos, que dignifique la vida de la gente; sin derechos no hay justicia social y sin justicia social no existe dignidad humana. El referente para esa justicia es la educación.

Por consiguiente, necesitamos señor presidente: llevar 500 mil nuevos jóvenes al sistema de educación superior, reformar los Artículos 86 y 87 de la Ley 30, que permitan un nuevo modelo de financiamiento y sostenibilidad de la universidad pública; regionalizarla con enfoque territorial, que este derecho llegue a las regiones geográficas donde el indicador de cobertura es bajo. Modernizar, ampliar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de las universidades púbicas; integrar la educación básica y media con la superior. Porque el verdadero nombre de la paz es la educación.

Por Carlos Ordosgoitia

Alcalde de Montería

En medio de los grandes desafíos que nos ha tocado enfrentar desde el Gobierno de la Gente, ha sido la pandemia el de mayor dificultad; y lo asumimos con gran entereza y responsabilidad incuestionable. El basto horizonte de incertidumbre que nos dejó éste mal mundial, se convirtió en ese gran desafío de rescatar nuestro tejido social, garantizando una sostenibilidad económica y financiera que nos permitiera enfrentar los efectos negativos, retornando de la mejor manera posible a la normalidad.

Fue así como centramos un mayor esfuerzo en la atención de los daños colaterales, reiniciando sin dilaciones una agenda generadora de trabajo, recuperación económica y desarrollo social.

No es secreto que las cifras del desempleo se dispararon porque el confinamiento conllevó al cierre de muchas empresas por la inviabilidad de soportar la carga que representaba el pago de sus fuerzas de trabajo sin el respaldo de la producción. Montería no escapó a esta circunstancia y los índices de desempleo pasaron del 13 % al 24,8 % en el trimestre móvil de abril – junio de 2020.

Esto representó un gran reto para todo el equipo del Gobierno de la Gente, que de manera incansable y transversalmente, viene adelantando y ejecutando todas las estrategias y políticas que hemos diseñado para mejorar la calidad de vida de los monterianos, con el firme propósito de reducir esos índices. No ha sido una tarea fácil y reconocemos que aún tenemos mucho por hacer para lograr que se generen más plazas de trabajo, en el sector público y en la empresa privada.

La disminución que hemos logrado ha sido significativa. Se le han restado 11,8 puntos al desempleo y hoy estamos nuevamente en el 13 %, cifra con la que iniciamos en 2020 y la que este año esperamos bajar a un dígito.

Pese al impacto que sufre la economía nacional, hoy nos ubicamos como la cuarta capital del país en la que se registró el menor aumento del IPC, 0,83 %, 0,22 puntos por debajo de la media nacional que es del 1,05 %. Comportamiento que ha sido a la baja, si tenemos en cuenta que la variación anual del IPC en Montería ha bajado 1,07 puntos porcentuales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Estamos centrando nuestras energías en proyectos que garanticen un verdadero cambio para los ciudadanos. Mejoramos las vías en zona rural, apoyamos el emprendimiento, le apostamos a una educación pertinente y de calidad y brindamos las herramientas necesarias a la Fuerza Pública para mantener la seguridad.

La pavimentación de vías en zona urbana y rural, además de mejorar la movilidad y conectividad, ha sido de suma importancia en la generación de empleo. Los más de 100 frentes de obra que tenemos han abierto más de 5.000 plazas de trabajo directo y más de 3.000 indirectas.

Durante estos tres años hemos invertido $225 mil millones para la pavimentación y mejoramiento de 95.62 km en el caso urbano y la zona corregimental. A lo que sumamos, los 557 km de vías terciarias que hemos mejorado con el Banco de Maquinaria Amarilla, desde que la adquirimos en 2021.

Esta inversión ha permitido que muchas comunidades tengan un mejor acceso a los centros de salud y educación; a reducir los tiempos de desplazamiento y, en el caso de las comunidades campesinas y étnicas, a generar espacios óptimos para que puedan trasladar con mayor comodidad sus productos a las centrales de abastos.

De la mano de las grandes inversiones que hacemos, como la Universidad del Sur, hoy con un avance del 26 %, trabajamos en conjunto con la Fuerza Pública y la Fiscalía para mantener la seguridad. Los resultados han sido positivos, lo que nos ubica como la capital más segura del Caribe, en gran medida gracias a que se han implementado programas integrales para garantizar el bienestar de los habitantes, con más patrullajes en las calles, un renovado parque automotor, mayor número de efectivos y una mejor iluminación pública para un ambiente seguro en barrios y corregimientos.

Pensamos constantemente en el futuro de los jóvenes monterianos, buscando nuevas alternativas para su capacitación profesional en carreras pertinentes que les permitan crecer y desarrollarse profesionalmente y abrirse un espacio en el mundo laboral, desde donde estamos seguros aportarán ideas innovadoras para el desarrollo de la ciudad.

Hemos involucrado a las comunidades para garantizar que se sientan seguras y orgullosas de la Montería Grande en la que viven, para tal fin todas nuestras inversiones tienen como sello el propósito fundamental de cambiar los entornos y la calidad de vida de la gente para que forjen un futuro más prometedor.