Mes: septiembre 2023

A través de un comunicado de prensa, la Justicia Penal Militar y Policíal ratificó que es la autoridad pertinente para investigar de manera «preliminar» los hechos donde 10 miembros del Ejército Nacional amedrentaron con armas de fuego a la población civil de la vereda Manso, en el municipio de Tierralta, Córdoba.

«la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial respalda a la Juez 101 de Instrucción Penal Militar y Policial, frente a los cuestionamientos públicos de otras autoridades de la República, tras la apertura de investigación preliminar por el presunto delito de abuso de autoridad especial (Art. 165 Ley 1407/2010), en que pudieron haber incurrido miembros del Ejército Nacional el pasado 11 de septiembre en en la vereda Bocas del Manso de Tierralta-Córdoba». Se lee en el comunicado.

La Justicia Penal Militar y Policial señala que lo anterior, sin perjuicio de que en curso de la investigación pudiera verificarse que los hechos son ajenos al ámbito funcional de la fuerza pública, «se ponga en duda la competencia de la jurisdicción castrense y conforme lo dispone la ley y lo ha desarrollado la jurisprudencia, haya que remitirse la actuación a la jurisdicción ordinaria».

Indica esta Justicia que «para efectuar tales valoraciones se requiere tener un mínimo de conocimiento procesal, siendo necesario adelantar por lo menos una investigación preliminar; lo que en sí mismo no conlleva ningún grado de impertinencia».

En esa línea, puntualiza que, la invitación es entonces a materializar el principio de colaboración armónica entre las instituciones (Art. 113 CP); a que cada quien, desde sus competencias, realice de buena fe las acciones que legítimamente le corresponden, en aras de encontrar la verdad y dispensar justicia.

El pronunciamiento se da frente a las aseveraciones del fiscal Francisco Barbosa, quien afirmó que el proceso investigativo y penal está a cargo de la Fiscalía General como única autoridad competente.

«La comprtencia es de la ordinaria, es un tema que tiene que ver con la población civil y los derechos humanos».

Sostuvo que si la JPM insiste en investigar los hechos, la Fiscalía acudirá ante los jueces para plantear la colisión de competencias y que el caso sea adelantado por el ente acusador «porque tenemos la prioridad a la luz de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Igualmente dijo que los investigadores tienen dos noticias criminales abiertas, la primera por los hechos de violencia contra la población civil y otra por el ataque contra la comisión investigadora.

Con buenas noticias para el departamento de Córdoba finalizó la sesión del Ocad Caribe el día de ayer en Cartagena de Indias.

Este Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) aprobó más de 38 mil millones de pesos para financiar el tramo dos de la vía comunica la margen izquierda de Montería con el municipio de San Pelayo.

Cabe destacar que el tramo uno de esta vía se encuentra en ejecución y comunicará la ciudad de Montería con Caño Viejo – Severá. Así mismo el tramo 3 se encuentra en proceso de adjudicación y conectará a Cereté con San Pelayo en Caño Viejo Valparaíso.

Así mismo, durante la sesión, también se aprobaron recursos para proyectos de inversión en otras áreas como el Plan de Alimentación Escolar por un valor de 49 mil millones de pesos y el mejoramiento de la vía que comunica Punta de Yanez a Cruz del Guayabo. Una obra esperada por años en el departamento de Córdoba y que tendrá gran impacto a nivel rural para los municipios de Ciénaga de Oro, San Andrés de Sotavento y la sabana cordobesa.

El gobernador de Córdoba, Orlando Benitez Mora, indicó que «estos proyectos aprobados se suman al paquete de inversiones que actualmente ejecuta el Gobierno del Pueblo en vías que amplían la frontera de comunicación, conexión y producción del departamento de Córdoba»

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, entrega declaraciones sobre el ataque al helicóptero que se dirigía a Tierralta, Córdoba, con una comisión de varios servidores públicos, entre ellos miembros de la Fiscalía. Esta comisión buscaba llevar a cabo “una investigación atada a unos hechos que el país conoció y que están siendo sujetos de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, donde presuntamente miembros del Ejército Nacional violentaron los Derechos Humanos de campesinos, ciudadanos y niños, hecho que es repudiable conforme a los estándares de Derechos Humanos del país».

El Fiscal Francisco Barbosa enfatizó: “rechazamos el ataque porque lo que denota es que no existen garantías de investigación en Colombia, que el Ejército Nacional no le da garantías de seguridad a la justicia colombiana, a la Fiscalía General de la Nación. He conversado con la Procuradora General de la Nación, en las próximas horas dirigiremos una comunicación al Presidente de la República manifestándole esa preocupación, de que miembros no solamente de la Procuraduría, sino de la Fiscalía, como Rama Judicial del poder público, no puedan cumplir adecuadamente sus funciones en el territorio nacional».

«Esto se añade a lo que ha venido ocurriendo contra la Rama Judicial del poder público en Colombia. Las denuncias hechas por la misma Corte Suprema de Justicia por los hechos acontecidos en Tuluá contra los juzgados, contra los jueces, contra los fiscales. Un Estado de Derecho en donde la Rama Judicial del poder público no puede ejercer adecuadamente sus funciones, es un Estado de Derecho fracturado», aseguró en su declaración el Fiscal General de la Nación.

Sobre la investigación de los hechos, razón por la cual la comisión de la Fiscalía buscaba llegar a Tierralta, Córdoba, el Fiscal Francisco Barbosa explicó que estamos «investigando plenamente lo qué está ocurriendo en esa zona. Los actos urgentes se van a adelantar a pesar de los obstáculos que quieran poner diferentes sectores a esa investigación. Ya solicitamos que 30 soldados, dos suboficiales y un oficial del Batallón de la Décima Primera Brigada del Batallón de Infantería Número 83 sean interrogados por la Fiscalía General de la Nación».

Un teniente, un sargento viceprimero y un cabo harían parte del grupo de uniformados que con capuchas y armas cortas y de largo alcance intimidaron a los moradores de la vereda Bocas del Manso en el municipio de Tierralta. Siete soldados también estarían involucrados en el suceso. Asi lo confirmó este miércoles 13 de septiembre el Ejército Nacional, a través de la oficina de Inspección General.

Los uniformados también son señalados del abuso sexual a una mujer indígena, de la comunidad emberá, así lo denunció la Defensoría del Pueblo, con base en testimonios de habitantes de esa zona.

Los militares hacen parte, según se pudo establecer, del Batallón de Infantería N.33 Batalla de Junín, correspondiente a la Brigada 11, que tiene presencia en esta zona del país.