Fiscalía y Justicia Penal Militar reclaman competencia por incursión en Córdoba
A través de un comunicado de prensa, la Justicia Penal Militar y Policíal ratificó que es la autoridad pertinente para investigar de manera «preliminar» los hechos donde 10 miembros del Ejército Nacional amedrentaron con armas de fuego a la población civil de la vereda Manso, en el municipio de Tierralta, Córdoba.
«la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial respalda a la Juez 101 de Instrucción Penal Militar y Policial, frente a los cuestionamientos públicos de otras autoridades de la República, tras la apertura de investigación preliminar por el presunto delito de abuso de autoridad especial (Art. 165 Ley 1407/2010), en que pudieron haber incurrido miembros del Ejército Nacional el pasado 11 de septiembre en en la vereda Bocas del Manso de Tierralta-Córdoba». Se lee en el comunicado.
La Justicia Penal Militar y Policial señala que lo anterior, sin perjuicio de que en curso de la investigación pudiera verificarse que los hechos son ajenos al ámbito funcional de la fuerza pública, «se ponga en duda la competencia de la jurisdicción castrense y conforme lo dispone la ley y lo ha desarrollado la jurisprudencia, haya que remitirse la actuación a la jurisdicción ordinaria».
Indica esta Justicia que «para efectuar tales valoraciones se requiere tener un mínimo de conocimiento procesal, siendo necesario adelantar por lo menos una investigación preliminar; lo que en sí mismo no conlleva ningún grado de impertinencia».
En esa línea, puntualiza que, la invitación es entonces a materializar el principio de colaboración armónica entre las instituciones (Art. 113 CP); a que cada quien, desde sus competencias, realice de buena fe las acciones que legítimamente le corresponden, en aras de encontrar la verdad y dispensar justicia.
El pronunciamiento se da frente a las aseveraciones del fiscal Francisco Barbosa, quien afirmó que el proceso investigativo y penal está a cargo de la Fiscalía General como única autoridad competente.
«La comprtencia es de la ordinaria, es un tema que tiene que ver con la población civil y los derechos humanos».
Sostuvo que si la JPM insiste en investigar los hechos, la Fiscalía acudirá ante los jueces para plantear la colisión de competencias y que el caso sea adelantado por el ente acusador «porque tenemos la prioridad a la luz de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Igualmente dijo que los investigadores tienen dos noticias criminales abiertas, la primera por los hechos de violencia contra la población civil y otra por el ataque contra la comisión investigadora.
