Mes: septiembre 2023

Una investigación de la Revista Semana dejo al descubierto lo que al parecer serían unos chats de las órdenes en las que un alto funcionario del Gobierno Petro pide nombrar a recomendados, despedir a los uribistas y ascender a sus favoritos en una caja que el Gobierno tiene intervenida.

Según el informe publicado por Semana, se trata de conversaciones explosivas y muy comprometedoras entre el hoy superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez y una trabajadora de Comfacor, la Caja de Compensación de Córdoba.

En los chats, que ya se encuentran en el despacho de un juez laboral del circuito de Montería, el superintendente le pide sin ninguna pena ni tapujo a la directora administrativa de la caja, Diana Marcela Vásquez, contratar recomendados, despedir a quienes considera miembros de la oposición y ascender a quienes tienen su guiño, razón por la cual Vásquez habría sido despedida por no acceder a dichas pretensiones y por eso presentó una demanda laboral pidiendo el reintegro a su trabajo.

La historia comienza luego de que en noviembre de 2022, Vásquez fue elegida para dirigir la caja de compensación familiar de Córdoba, tras enviar su hoja de vida y una propuesta que el super, le había pedido sobre cómo se podría mejorar la entidad.

Pero los propósitos de ambos no eran los mismos. Y apenas Vásquez se posesionó, recibió una instrucción contundente: “Envía por favor un oficio a todo el personal directivo pidiendo sus renuncias protocolarias. Atenderás y priorizarás a quienes lo hagan. A los demás los desvincularemos progresivamente”, le decía el ‘súper’.

Dentro de los chats revelados por Semana se indica que el 16 de diciembre a Vásquez le llega un mensaje con un señalamiento frente al personal de la caja: “Estos son los inamovibles uribistas de los supersueldos de la caja, que atornilló la corrupta exfuncionaria”. Al lado de esta categórica frase, el ‘súper’ le pone 20 nombres. Y en una columna se ve claro el nombre de “Uribe”. Aunque no lo menciona, la instrucción es clara, sacar de la entidad a quienes fueron nombrados en el Gobierno anterior y él considera que son cercanos a esa corriente política.

El 22 de diciembre, apenas dos días antes de Navidad, el superintendente le manda un mensaje con un tono de molestia: “Dime, por favor, en relación con las personas que he pedido ascender dentro de la caja o contratar, ¿cómo vas con ello?”. Cinco días más tarde, el 27 de diciembre, le insiste: “Mientras logramos reemplazar a los directivos de Marta, las personas que te he recomendado para que te acompañen en la gestión les puedes hacer contratos de prestación de servicios”.

Entre otras cosas, Semana reveló que no solamente el superintendente aborda a Diana Marcela Vásquez, con peticiones. También lo hace la doctora Carol Cárdenas, quien para la época era la agente especial de intervención de la Superintendencia. En diciembre, mientras el alto funcionario le envía las hojas de vida, la doctora Cárdenas la presiona por los nombramientos, le manda nuevos nombres y le pide que guarde silencio.

Sobre una persona, le dice que la ayude con prontitud porque “si no fuera por ella no te habríamos podido posesionar tan rápido”. A otros, pide que le abra una investigación: “Sorpréndelos mañana con el cambio”, “pásala a auditoría o control interno”, señala.

Un día después de que el ‘súper’ le pregunta por las personas que pidió que contrataran, la doctora Cárdenas le dice nuevamente lo mismo: “Si el doctor me llega a abordar con el tema, qué le digo”. La directora de la caja no aguantó más y decidió poner en conocimiento de la Procuraduría el tema. En su demanda laboral asegura que nunca pensó en ceder a esas presiones, pues violan los procesos de selección, el código de ética, buen gobierno y contratación.

Luis Fernando Racero Talaigua, de 25 años de edad y oriundo de Montería, fue una de las víctima mortal de la explosión ocurrida en una vivienda que almacenaba pólvora en Rionegro, Antioquia.

Por estos hechos, también falleció Juan Manuel Vallejo, propietario del negocio clandestino de pólvora, mientras que 23 personas más resultaron heridas, de las cuales 12 fueron trasladadas a centros médicos.

La emergencia ocurrida el pasado 18 de septiembre, también dejó varias viviendas afectadas, al menos más de 50 uniformados de la Policía Nacional, 20 bomberos, 15 agentes de tránsito, personal del Ejército, la Fuerza Aérea y Defensa Civil atendieron la explosión.

Según información entregada por las autoridades, en el lugar se descubrieron más de 500 kilos de pólvora sin detonar, que fueron trasladados al Batallón Juan del Corral con estrictas medidas de seguridad para su posterior destrucción.

Como una falta de respeto catalogó el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo que el presidente Gustavo Petro faltando poco menos de una hora para un encuentro que tendría con algunos gobernadores del Caribe les enviara un mensaje cancelado la agenda en la que se tenía previsto abordar temas de coyuntura como la seguridad de las regiones.

«Yo me ilusioné con la llamada de Presidencia por la situación que se vive en temas de seguridad en el Caribe, pensamos que esta vez nos escucharía. Tomamos el avión hasta Bogotá y faltando cuarenta minutos para el encuentro nos llega un mensaje diciendo que se cancela la reunión. Ahora estoy en el aeropuerto esperando un vuelo para regresar”, comentó el gobernador sucreño en diálogo con la W Radio.

Añadió que aunque entienden que se tengan que cancelar reuniones, es una falta de respecto hacerlos trasladar hasta Bogota y luego cancelarlo «esto se está volviendo costumbre. El presidente tiene un problema de gerencia que no ha podido resolver”.

El mandatario alegó que el traslado de los gobernadores siempre resultaba ser “traumático”, pues muchos por temas de itinerario en los vuelos y cumplimiento de agendas no podían llegar directamente a Bogotá, sino que debían desplazarse hasta otras ciudades como fue su caso.

La Superintendencia de Industria y Comercio, formuló pliego de cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) y 29 clubes de fútbol profesional colombiano con la finalidad de determinar si habrían desarrollado un sistema tendiente a limitar la libre competencia económica en el mercado de la Liga Profesional Femenina en el país desde el 2017 hasta la actualidad.

De acuerdo con la SIC, la estrategia adelantada por los agentes investigados habría estado compuesta por varias actuaciones, entre las que llamaron la atención que los clubes de fútbol investigados, con la participación de la DIMAYOR, habrían estandarizado cláusulas fundamentales en los contratos laborales para la vinculación de las jugadoras.

«En primer lugar, los clubes habrían acordado que los contratos estarían vigentes únicamente por un término igual al de la duración de la Liga Profesional Femenina de Fútbol. Como históricamente esa competición ha durado entre 1 y 4 meses y se ha realizado una vez al año, las jugadoras solo tendrían contrato laboral y recibirían remuneración por ese periodo. En segundo lugar, los clubes estandarizaron una cláusula relacionada con la explotación de los derechos de la imagen individual de las jugadoras, según la cual las jugadoras tendrían la obligación de participar en campañas publicitarias de los anunciantes que el club eligiera, sin derecho a una contraprestación adicional», indicó la Superintendencia.

Por otra parte, según las investigaciones adelantas por SIC los clubes investigados, con la participación de la FCF y la DIMAYOR, habrían acordado el valor de los salarios de las jugadoras de fútbol profesional femenino. Para eso habrían fijado una tabla de salarios que clasificaba a cada jugadora en una categoría de la que dependía su remuneración. El objetivo de este presunto acuerdo entre competidores habría sido garantizar que la mayoría de las jugadoras profesionales únicamente recibieran el salario mínimo legal mensual vigente y que, como máximo, tuvieran una remuneración de 4.500.000 pesos mensuales.

La suma de estas conductas habría significado para las jugadoras recibir un salario cercano al mínimo legal por un tiempo no superior a 4 meses y una sola vez al año, lo cual obstaculizaría el desarrollo del fútbol femenino porque en la práctica la mayoría de las jugadoras profesionales no tendrían la posibilidad de dedicarse exclusivamente a esa actividad y tendrían que buscar otras fuentes de ingresos, lo que podría comprometer su desarrollo profesional. En adición, como todos los clubes habrían acordado esas condiciones perjudiciales para las jugadoras y el desarrollo del deporte, no existirían incentivos para que las jugadoras migraran de un club a otro en busca de mejores oportunidades.

Otro de los elementos claves de esta investigación tiene que ver con que la DIMAYOR, con el consentimiento de los clubes investigados, celebró un contrato con Win Sports para la transmisión de los torneos organizados por la DIMAYOR. Las condiciones establecidas en ese acuerdo habrían perjudicado el desarrollo del fútbol profesional femenino porque estipularon la obligación de transmitir 10 partidos de fútbol de las competiciones masculinas y solo uno de los partidos de la Liga Profesional Femenina. En adición, se pactó que el partido de la liga femenina podía reemplazarse por cualquier otro, incluso por los de las competiciones de fútbol masculino. Esta conducta habría resultado idónea para limitar el crecimiento del fútbol profesional femenino, pues la transmisión de los torneos genera incentivos para que los aficionados consuman fútbol y, a su vez, los patrocinadores inviertan en la liga.

Los clubes involucrados de la primera y segunda división son: Real Cartagena, Club Deportivo Real Santander, Independiente Santa Fe, Patriotas de Boyacá, Deportivo Pasto, Deportes Quindío, Deportes Tolima, Junior Fútbol Club, Boyacá Chico, Atlético Bucaramanga, Unión Magdalena, Fortaleza Fútbol Club, Atlético Huila, Orsomarso, Deportivo Pereira, Bogotá Fútbol Club, Atlético Nacional, Millonarios, Deportivo Cali, Alianza Petrolera, Envigado, Cortuluá, La Equidad, Cúcuta Deportivo, América de Cali, Atlético Fútbol Club, Once Caldas, y Club Llaneros.

Esta investigación también involucra al expresidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez y al actual, Fernando Jaramillo; el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez; el presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga; presidente de Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, entre otros.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) hizo entrega de más de 200 hectáreas a campesinos de la hacienda Las Catas del municipio de Ayapel, correspondiente a 66 títulos. El acto se cumplió este viernes 22 de septiembre de 2023 en una Asamblea Popular Campesina realizada en el Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora de Montería desde las primeras horas de la mañana.

El acto, que contó con la presencia de unos 3.000 campesinos y campesinas procedentes de 20 municipios de Córdoba, que hacen parte de 25 asociaciones de hombres y mujeres, fue presidido por el director de la ANT, Gerardo Vega Medina y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco.

Vega Medina dijo que los títulos entregados contienen el certificado de libertad y tradición, un plano, un mapa y la resolución que sustituye la escritura, lo que convierte a estas personas en legitimas propietarias de esos predios. Las tierras entregadas a los beneficiarios tienen una extensión de más de 3 hectáreas.

Recordó el funcionario que la hacienda Las Catas es un predio emblemático del narcotráfico, que fue propiedad del clan de los hermanos Galeano de Medellín, y sometida a extinción de dominio por siembra de cultivos ilícitos en esa propiedad. Estuvo en manos del Incoder, y luego de 17 años hacen entrega de los títulos.

Con esta entrega, las 66 familias de Las Catas, tienen derecho a hacer diligencias para adquirir los créditos correspondientes. “Pueden dirigirse a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que es la encargada de la asistencia técnica y la de poner los recursos para que puedan adelantar los proyectos productivos. También pueden acudir al Banco Agrario o cualquier entidad bancaria”, agregó el funcionario.

El Director de la ANT explicó que, funcionarios de la entidad, todos los días están entregando títulos puerta a puerta. Consideró que el acto de Montería fue una excepción para hacer entrega de los títulos a las 66 familias del mencionado predio de Las Catas.

En la asamblea acordaron presentar, en los próximos 15 días, dos delegados por municipio, para conformar el Comité Departamental Campesino. Luego, en cada uno de los entes municipales, se constituirá el Comité de esas localidades. Todos se encargarán de respaldar la reforma rural integral que impulsa el Gobierno Nacional.

Asimismo, Vega Medina invitó al campesinado a movilizarse el miércoles 27 de septiembre de 2023 para apoyar las grandes reformas que requiere el país, como la de la salud, la pensional, la del trabajo y por supuesto la agraria, que hacen parte del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro.