Mes: febrero 2024

En un encuentro encabezado por el Gobernador Erasmo Zuleta Bechara, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), junto con el Ministerio de Transporte, avanzó significativamente en la revisión de compromisos pendientes relacionados con las concesiones viales en el departamento.

El Gobernador Zuleta Bechara declaró enérgicamente: «Hemos dado un paso importante hacia una mejora sustancial en las condiciones de movilidad de nuestro territorio. Esta reunión, que contó con la presencia del equipo técnico de la gobernación, los alcaldes de Lorica y San Bernardo del Viento, y representantes de la ANI y el Ministerio de Transporte, marca el inicio de un trabajo articulado en nuestra lucha por una infraestructura vial más competitiva, eficiente y segura».

Durante la reunión, se analizaron las dos principales concesiones viales del departamento: Autopistas de la Sabana y Ruta al Mar. Se destacó la importancia de priorizar acciones para mejorar la infraestructura vial, especialmente en áreas críticas como el tramo del paso urbano por Lorica, que requiere intervención urgente debido a sus pésimas condiciones actuales.

Uno de los puntos de atención en el encuentro fue la reubicación del peaje El Purgatorio, entre Montería y Planeta Rica, operado por Ruta al Mar, así como los compromisos incumplidos relacionados con el mantenimiento de la vía en Tierralta y otras áreas. Se acordó llevar a cabo una reunión adicional en Bogotá para definir estrategias concretas, en colaboración con el Gobierno Nacional e Invías, para realizar el mantenimiento necesario en toda la red secundaria que alimenta la red primaria del departamento.

El Gobernador Erasmo Zuleta Bechara expresó su firme posición en cuanto a la instalación de nuevos peajes, subrayando que el departamento no puede soportar más cargas financieras en este aspecto. Se dejó claro que se buscará una solución que beneficie a los ciudadanos cordobeses.

La próxima reunión de esta mesa de trabajo está programada para el 11 de marzo, donde se espera la participación del alcalde de Cereté, el alcalde de Montería, la ANI, la Aeronáutica Civil, la DIAN y Migración Colombia, con el objetivo de revisar la planificación necesaria para la internacionalización del aeropuerto en Los Garzones de Montería.

Tras varias horas de deliberación, la Corte Suprema de Justicia no logró elegir a la nueva fiscal general de la nación y decidió aplazar por cuarta vez la votación que tiene enfrentado al país.

En medio de un ambiente hostil tras las marchas del petrismo y el bloqueo al Palacio de Justicia para presionar al alto tribunal a tomar una decisión rápida, la Corte sigue sin ceder a esos llamados desesperados que exigen la elección cuanto antes para garantizar el Estado de derecho.

«Terminadas las rondas de votaciones, ninguna de las candidatas alcanzó la mayoría necesaria para ser declarada fiscal general de la nación”, expresó, el magistrado Gerson Chaverra.

Sin embargo, insistió en que en esta fecha se logró un avance importante en las votaciones “en el sentido de que se diluyó de manera significativa los votos en blanco” y en que “una de las aspirantes logró una cantidad considerable de votos”.

Minutos antes de que la decisión fuera oficial, se había filtrado a medios de comunicación el supuesto resultado de la primera ronda de votaciones. Según esa información, la candidata Amelia Pérez Parra había alcanzado 13 votos, faltándole apenas 3 para ser declarada como fiscal. Pero esa información es extraoficial y no ha sido confirmada por los magistrados.

Lo único que está confirmado es que Amelia Pérez, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago, las tres ternadas por el presidente Gustavo Petro, no lograron los 16 votos mayoritarios que necesitaban para ser elegidas como fiscal.

Por eso, la Corte Suprema de Justicia citó a una nueva sesión para el próximo 7 de marzo, en la que votará una cuarta vez entre las ternadas.

Tal como se anunció en días pasados, cumplimos con la adjudicación del Programa de Alimentación Escolar -PAE- en las instituciones educativas públicas de los 27 municipios no certificados de Córdoba. Luego de surtir con lo establecido en los pliegos, el operador seleccionado en el proceso es el Consorcio Alimentos para Córdoba 2024, procedente de Montería.

De acuerdo con la Unidad de Alimentación Escolar, adscrita a la Secretaría de Educación Departamental y dependencia que hace seguimiento a la ejecución del programa, el siguiente paso es el trámite administrativo para formalizar la contratación según los requerimientos de ley. Posterior a esto, continúa la fase de alistamiento, en la que el operador prepara la logística y la contratación del personal para que los estudiantes reciban los alimentos en sus instituciones educativas.

Con la operación del servicio se atenderán a 173 mil estudiantes aproximadamente, de los cuales 16 mil pertenecen a población indígena. Adicionalmente, las raciones alimentarias aumentarán de 14 millones a más de 26 millones, lo que significa un impacto mayor en comparación con años anteriores.

La modalidad de atención permanente que brinda el programa de alimentación escolar es de ración preparada. Por otro lado, la ración industrializada se operará para las instituciones educativas que no cuentan con las condiciones mínimas para la preparación de alimentos.

Al proceso se presentaron 2 proponentes: el Consorcio Alimentos para Córdoba 2024, que resultó elegido y Unión Temporal Comida Saludable, también de la capital del departamento.
Desde la Unidad de Alimentación Escolar se avanza con el nuevo operador para que se agilice la entrega de la documentación que permita formalizar el contrato para poder dar inicio en el mes de marzo.

Ante la dirección de la oficina de víctimas de la Gobernación de Córdoba, la Unidad presentó lineamientos para que esta estrategia se desarrolle de manera eficiente.

La Unidad para las Víctimas en Córdoba presentó información sobre la estrategia de corresponsabilidad que incluye los procesos para garantizar la coordinación de las acciones y los recursos de las entidades públicas nacionales y territoriales, a través de la aplicación de los principios de concurrencia y subsidiaridad.

De esta manera, la iniciativa regula la articulación de programas, proyectos, acciones, procesos y recursos a ejecutar por parte de las entidades del Gobierno nacional y territorial que tienen responsabilidades frente a la población víctima del conflicto armado, con el fin de determinar rutas claras para la prestación de servicios en cada uno de los componentes de la política a partir de la aplicación de los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

“Desde la Unidad para las Víctimas estamos enfocados en que este proceso de gestión pública, que articula entre los niveles de gobierno del Estado colombiano, el diseño e implementación efectiva de la política de prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el territorio”, señaló Marcelo Vega Avena, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Córdoba.

Por su parte, José Darío Riascos, director de la oficina de víctimas de la Gobernación expuso el objetivo que tuvo este encuentro de socialización para así fortalecer los procesos de articulación institucional y lograr la garantía y el mínimo vital para la población víctima del conflicto de hechos recientes.

De la socialización participaron distintas entidades como la Procuraduría delegada para el Acuerdo de Paz, Procuraduría regional, Procuraduría provincial, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal y funcionarios de la Alcaldía de Montería.

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.