Mes: agosto 2024

El Gobierno nacional ha publicado en el Diario Oficial una resolución que oficializa el inicio del Diálogo de Paz con el Clan del Golfo. Este documento, firmado por el presidente Gustavo Petro, permite a los miembros del grupo criminal sentarse a dialogar con el Gobierno.

La resolución establece la creación de un ‘Espacio de Conversación Sociojurídico’ con los representantes de esta organización criminal. En este espacio, se evaluará la disposición del grupo armado para adherirse al Estado de Derecho, se definirán los términos para su sometimiento a la justicia conforme a la ley, y se trabajará en la construcción de la paz en las zonas afectadas, bajo la supervisión del Consejero Comisionado de Paz.

El documento reconoce a alias ‘Chiquito Malo’, Jonabis de Jesús Ávila, Orozman Orlando Osten Blanco, José Gonzalo Sánchez, Elkin Casarrubia Posada, José Miguel Demoya Hernández y Luis Armando Pérez Castañeda como los representantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en esta conversación de Paz.

Para que la solicitud de suspensión de las órdenes de captura proceda, el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, debe verificar que los miembros del grupo armado que se beneficiarán de esta medida han demostrado de manera objetiva su compromiso con el desmantelamiento y con la transición hacia el Estado de Derecho.

La Contraloría General advirtió este lunes sobre la falta de ejecución del presupuesto en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según datos del organismo, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, solo se ha utilizado el 0,96 % del presupuesto destinado para la gestión de riesgos y desastres, a pesar de la inminencia del fenómeno de La Niña y otros riesgos naturales.

La Contraloría señaló que el 0,02 % del presupuesto de 2023 (equivalente a $2.13 billones) no se ejecutó y pasó como saldo presupuestal a 2024. Indicó que la falta de acción o la terminación anticipada de compromisos están aumentando los riesgos y los daños al erario. Un ejemplo de ello es la compra de 40 carrotanques para transportar agua en La Guajira, que costaron $47.800 millones y que, después de seis meses, son un suministro siniestrado y abandonado que no cumple su función.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez instó al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, a acelerar la ejecución presupuestal. Aunque Carrillo ha señalado irregularidades de la administración anterior, tiene la responsabilidad de gestionar adecuadamente los compromisos, obligaciones y contratos recibidos.

La Contraloría expresó preocupación por la terminación anticipada de contratos de obra en 2022 para mitigar riesgos de derrumbes y avalanchas en Mocoa, esenciales para prevenir nuevas tragedias. También criticó la falta de gestión para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas por derrumbes en Piojó (Atlántico) en septiembre de 2022.

Además, la Contraloría investigará la gestión fiscal de la UNGRD y otros involucrados en las obras del boquete del Río Cauca en «Caregato», San Jacinto del Cauca (Bolívar), que causa severas inundaciones en La Mojana.

El organismo recordó que tiene en curso 17 investigaciones de control fiscal por $96.303 millones y ha ordenado medidas cautelares por $29.013 millones relacionadas con ollas comunitarias, maquinaria amarilla, carrotanques y el programa “Hambre Cero”. También examina más de 40 contratos en todo el país, revisando órdenes de proveeduría, informes de supervisión e interventoría.

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría y la Unidad de Investigaciones Especiales siguen analizando la información encontrada para posibles nuevas investigaciones.

 Nicolas Petro , el hijo mayor del presidente de Gustavo Petro que está siendo procesado en la justicia, acudió desde las 9:15 de la mañana a la audiencia preparatoria del juicio que se lleva en su contra por su aparente responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Y es que a Nicolás Petro se le acusa de recibir hasta 1.000 millones de pesos de el exnarco Samuel Lopesierra, alias El Hombre Marlboro y del polémico empresario Alfonso Hilsaca, alias el Turco Hilsaca. Ese dinero, en últimas, debía llegar a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, el procesado se los habría apropiado para invertir en un lujoso apartamento.

El juez argumentó que en el despacho y a la defensa se el entregó todo el material probatorio y presentó las razones para no aplazar la audiencia. Afirmó que la audiencia debía continuar, pese a una solicitud de aplazamiento.

En esta audiencia los abogados de Nicolás Petro presentaron su descubrimiento probatorio y luego finalizó la diligencia judicial en tanto, argumentó el juez, era una garantía para la fiscal que recién asumió el caso en reemplazo del fiscal Mario Burgos, quien fue apartado del caso.

Diego Henao, el defensor de Nicolás Petro, leyó todo el material probatorio que tiene en su poder y que, según él, probaría la inocencia del hijo mayor del presidente.

La defensa tiene más de 80 pruebas entre testimonios, peritos, documentos e informes técnicos– que lo absolverían de responsabilidad en los delitos que le señalan.

Con esto, el argumento de Henao será demostrar que los dineros que ingresaron a los bolsillos de Petro Burgos son de origen legal. Nicolás Petro sigue teniendo restricciones para salir del país.

Una vez terminó la intervención del abogado Henaro, el juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla dio por terminada la diligencia judicial y reprogramó la audiencia para el próximo 10 y 11 de septiembre a las 11:00 a.m.

Cuando se reanude la audiencia, la Fiscalía y la defensa argumentarán por qué sus pruebas son importantes para tener en cuenta cuando ocurra el juicio oral. Ese día Nicolás Petro podría aceptar, si así lo considera, su responsabilidad en el caso.

El paro o bloqueo programado por dirigentes de La Mojana para el miércoles 7 de agosto de 2024, con el fin de presionar el cierre del boquete Cara e’ Gato, en el río Cauca, tiene tintes políticos, y está dirigido contra el Gobierno Nacional, según líderes comunales de la localidad.

El presidente de la Alianza Comunal de La Mojana Wilson Cochero Contreras, dijo que las opiniones están divididas. “Hay un sector desde la alianza Comunal Mojana y la mayoría de los comunales que no compartimos el paro porque no aceptamos un paro que tenga un matiz político”, precisó.

El paro debe tener unos objetivos claros del río Cauca, como es la resolución de los problemas de la población de La Mojana: el taponamiento de Cara e’ Gato, las obras complementarias, la atención de los demás puntos críticos en la margen izquierda del río Cauca, la reactivación de las ollas comunitarias y el monitoreo de la carretera San Marcos-Majagual-Guaranda- Achí, donde los puentes están colapsando debido a las fuerzas de las aguas.

Sin embargo, “cuando veo que unos coordinadores del paro, se cierran a la banda al decir que no van a dialogar con nadie, porque eso es puro cuento, que los funcionarios son embusteros, que nunca hacen lo que prometen, no entiendo de que, manera se van lograr la concertación y cual es el procedimiento para llegar a acuerdos para las soluciones de la región”, reiteró.

Por eso los dirigentes comunales concluyen que la fuerza del paro es para estar en contra de un sector político. Un matiz político que tiene el paro que se sale de las aspiraciones de la región.

“Entonces la gente de la base campesina, la gente de la base social, no se puede utilizar para eso, hay que ser muy claros. La mayoría de la base de la Alianza Comunal Mojana, no compartimos un paro de esa manera”, puntualizó.

Pero hay otro sector. Es posible que algunos por desinformación y otros por situaciones de tipo político, estén aferrados en que hay que ir al paro y diciendo que hay que tomarse el aeropuerto de Montería, que hay que bloquear en Planeta Rica, lo mismo que La Ye.

“Pero todo tiene que ser con objetivos muy claros y desprendido de cualquier matiz político. Se trata de una problemática que no tiene color político, del hambre que no tiene color político, de las vías dañadas que no tiene color político”, enfatizó.

Hay un gobierno al frente que tiene que responderle al pueblo colombiano. Independientemente de que sea Pedro o Juan, tiene que responderle al pueblo. Y ante ese gobierno hay que hacer gestiones hasta la saciedad para que resuelva los problemas.

La Contraloría informó este lunes sobre hallazgos fiscales por un valor de $6 billones en 24 EPS debido a la presunta mala utilización de los recursos de la UPC en el año 2020, lo que inicia procesos de responsabilidad fiscal. Además, se identificaron otros $5.3 billones cuya repercusión será evaluada en un proceso de indagación preliminar. La entidad registró 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 con incidencia fiscal y otros 37 con implicaciones penales, los cuales fueron remitidos a la Fiscalía General.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez hizo este anuncio en una rueda de prensa, donde explicó algunos de los indicios que llevaron a la entidad a investigar el uso de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por parte de las EPS. Anteriormente, la entidad de control había reportado excedentes operacionales de $6.81 billones en 2020, $3.68 billones en 2021 y $1.08 billones en 2022.

Estos indicios iniciales motivaron una fiscalización especial con enfoque financiero sobre el uso de los recursos públicos de salud por parte de las EPS en 2020, dado el significativo monto de los recursos auditados. Según Rodríguez, durante ese año, la facturación de servicios de salud no relacionados con el covid-19 disminuyó.

Rodríguez resaltó que debido a la emergencia, el Gobierno Nacional aprobó $41 billones, destinados en gran parte al pago de pruebas, vacunas y atenciones de salud para covid-19, evitando así el uso de recursos de la UPC y presupuestos máximos para estos servicios. La Contraloría enfatizó que las EPS, al administrar recursos públicos, deben seguir el ordenamiento jurídico del Estado, ejecutando los recursos dentro de la vigencia fiscal correspondiente.

El contralor subrayó que la UPC y los presupuestos máximos deben ser destinados al pago de servicios de salud en la vigencia para la cual fueron calculados y girados, y no para pagar deudas propias o particulares de las EPS. El uso indebido de los excedentes de la UPC para pagar estas deudas es, según la entidad, una apropiación indebida de recursos públicos y parafiscales.

Los controles revelaron que las EPS pagaron servicios de salud de años anteriores a 2020 con recursos de la UPC, sumando $5.04 billones. Por ejemplo, la EPS SOS pagó $86,000 millones de deudas de los períodos 2013-2015 con recursos excedentes de la UPC de 2020. La Nueva EPS hizo pagos similares por $62,000 millones correspondientes a las vigencias 2008-2015.

La Contraloría también identificó pagos sin relación con los servicios de salud, como en el caso de Nueva EPS, con pagos sin soportes por más de $2 billones, y Famisanar, con pagos de $643,000 millones. La entidad destacó que las EPS tuvieron la oportunidad de refutar los hallazgos, considerados de alto impacto nacional, y que toda la investigación será conducida por la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción de la Contraloría, con resultados esperados en seis meses.