Contraloría advierte manejo irregular de $6 billones excedentes de 24 EPS

La Contraloría informó este lunes sobre hallazgos fiscales por un valor de $6 billones en 24 EPS debido a la presunta mala utilización de los recursos de la UPC en el año 2020, lo que inicia procesos de responsabilidad fiscal. Además, se identificaron otros $5.3 billones cuya repercusión será evaluada en un proceso de indagación preliminar. La entidad registró 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 con incidencia fiscal y otros 37 con implicaciones penales, los cuales fueron remitidos a la Fiscalía General.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez hizo este anuncio en una rueda de prensa, donde explicó algunos de los indicios que llevaron a la entidad a investigar el uso de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por parte de las EPS. Anteriormente, la entidad de control había reportado excedentes operacionales de $6.81 billones en 2020, $3.68 billones en 2021 y $1.08 billones en 2022.

Estos indicios iniciales motivaron una fiscalización especial con enfoque financiero sobre el uso de los recursos públicos de salud por parte de las EPS en 2020, dado el significativo monto de los recursos auditados. Según Rodríguez, durante ese año, la facturación de servicios de salud no relacionados con el covid-19 disminuyó.

Rodríguez resaltó que debido a la emergencia, el Gobierno Nacional aprobó $41 billones, destinados en gran parte al pago de pruebas, vacunas y atenciones de salud para covid-19, evitando así el uso de recursos de la UPC y presupuestos máximos para estos servicios. La Contraloría enfatizó que las EPS, al administrar recursos públicos, deben seguir el ordenamiento jurídico del Estado, ejecutando los recursos dentro de la vigencia fiscal correspondiente.

El contralor subrayó que la UPC y los presupuestos máximos deben ser destinados al pago de servicios de salud en la vigencia para la cual fueron calculados y girados, y no para pagar deudas propias o particulares de las EPS. El uso indebido de los excedentes de la UPC para pagar estas deudas es, según la entidad, una apropiación indebida de recursos públicos y parafiscales.

Los controles revelaron que las EPS pagaron servicios de salud de años anteriores a 2020 con recursos de la UPC, sumando $5.04 billones. Por ejemplo, la EPS SOS pagó $86,000 millones de deudas de los períodos 2013-2015 con recursos excedentes de la UPC de 2020. La Nueva EPS hizo pagos similares por $62,000 millones correspondientes a las vigencias 2008-2015.

La Contraloría también identificó pagos sin relación con los servicios de salud, como en el caso de Nueva EPS, con pagos sin soportes por más de $2 billones, y Famisanar, con pagos de $643,000 millones. La entidad destacó que las EPS tuvieron la oportunidad de refutar los hallazgos, considerados de alto impacto nacional, y que toda la investigación será conducida por la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción de la Contraloría, con resultados esperados en seis meses.