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Compras públicas locales y procesamiento de excedentes: pasos clave para impulsar sector lechero

En un debate de control político sobre la crisis del sector lácteo en el país, liderado por el congresista Jairo Castellanos del partido Alianza Verde, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), César Pachón, destacó la importancia estratégica de este sector y las acciones que la entidad está llevando a cabo para atender las dificultades que enfrentan los campesinos lecheros. En este espacio también intervino la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Ortega.

Durante el debate, Pachón enfatizó que la producción lechera es una fuente de sustento vital para el campesinado: “Desde niño viví de cerca cómo la leche era el motor económico de mi familia. Hoy, como líder de la ADR, reafirmo nuestro compromiso con esta causa”, señaló.

Impulso a la agroindustria y el mercadeo agropecuario

Durante su intervención en el Congreso de la República, el presidente de la ADR insistió que se trabaja en una alianza estratégica para procesar excedentes de leche en varios departamentos donde haya sobreoferta, para lo cual la Entidad trabaja en un programa de agrologístico. Asimismo, recalcó que el enfoque estará en garantizar la compra del producto nacional a través de las compras públicas locales en el marco de la Ley 2046 de 2020 y la Directiva presidencial No. 09 de 2024, en programas públicos como el programa de alimentación escolar, el ICBF, hospitales, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), las Fuerzas Militares, entre otros donde actualmente predomina la leche importada.

Además, la ADR planea instalar plantas de procesamiento en zonas estratégicas, como Arauquita, donde se producirá leche UHT y leche en polvo. Esto permitirá a los pequeños productores ingresar al mercado formal y enfrentar las sobreofertas en épocas de alta producción.

La Agencia de Desarrollo Rural también liderará campañas para fomentar el consumo nacional de leche y derivados lácteos y, asimismo, para advertir a los consumidores sobre el engaño en que caen cuando consumen productos como el lactosuero, que son vendidos como leche. “Es fundamental que las familias colombianas conozcan lo que están consumiendo y el impacto de sus decisiones en la economía del país”, destacó Pachón.

El desafío del TLC con Estados Unidos en 2026 

Uno de los mayores retos mencionados por el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural es la eliminación de aranceles y contingentes arancelarios para productos lácteos provenientes de Estados Unidos, prevista para 2026, con lo cual se pone en desventaja al sector lácteo colombiano: “Nos pusieron a competir sin las herramientas necesarias. Muchas regiones carecen de infraestructura básica como los tanques de frío, esenciales para preservar la calidad de la leche”, afirmó.

Finalmente, el presidente de la ADR hizo un llamado al Congreso de la República para buscar soluciones conjuntas que protejan al sector, especialmente por el significado de este producto para los territorios: “Donde hay leche, hay paz. Debemos evitar que decisiones del pasado afecten el futuro de millones de campesinos”, enfatizó.

La Agencia de Desarrollo Rural continuará enfocando sus esfuerzos en proyectos que fortalezcan la producción nacional, garanticen precios justos y consoliden cooperativas sólidas. De esta forma, con el apoyo del Gobierno nacional, se podrá cumplir la misión de garantizar un sector lácteo fuerte, competitivo y sostenible.

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Gobernación de Córdoba socializa con comisarios de familias municipales la ruta de atención de la primera Casa Refugio del departamento

Con el objetivo de dar a conocer los servicios ofrecidos por la Casa Refugio “Karina Paola Cuesta Ortega” a todos los municipios de Córdoba, la Gobernación a través de su secretaría para la Equidad de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Persona Mayor, asistió técnicamente a los comisarios y comisarias de familia, y sus equipos interdisciplinarios, con el fin de que conozcan y apliquen la ruta de atención correspondiente para solicitar el ingreso de mujeres víctimas de violencia en riesgo de feminicidio, y sus personas dependientes.

“En medio de los 16 días de activismo en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, socializamos la ruta de atención y los pasos que deben seguir las autoridades administrativas competentes para solicitar la medida de atención y garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia basada en género y víctimas del conflicto armado”, expresó la titular de la cartera, Claudia García.

Agregó que son las Comisarías de Familia las encargadas de realizar la valoración de riesgos a cada uno de los casos.

La coordinadora de la Casa Refugio, Eliana Corcho aseguró que esta medida de atención se solicita después de una valoración de riesgo a la mujer víctima para determinar si requiere la protección.

La ruta de atención es la siguiente:

1. Reportar del caso de violencia ante la Comisaría de Familia de tu municipio.

2. Valoración de riesgos. Si se determina que la vida de la víctima está en riesgo de feminicidio, la Comisaría de Familia, los jueces de control de garantías o los jueces de familias, emiten la medida de protección, de atención y estabilización y solicitan los cupos para la víctima y las personas que tenga a su cargo.

3. En el caso de solicitar la protección por violencias de género en el marco del conflicto armado, la remisión puede ser realizada por Centros de Encuentro de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, la Personería municipal o la Defensoría del Pueblo.

4. La víctima debe aceptar la medida de protección en la Casa Refugio.

5. La medida de atención está sujeta al tiempo determinado por la autoridad competente, de acuerdo a la normatividad vigente, que es un término de seis meses prorrogables.

En este espacio seguro se reciben a mujeres víctimas de violencia mayores de 18 años con sus hijos y personas a cargo. Allí reciben servicios de alojamiento, alimentación, seguridad, transporte y atención psicosocial, entre otros.

Las mujeres cordobesas que sientan que su vida está en peligro pueden solicitar ayuda y orientación a través de las siguientes líneas de atención:

Línea Rosa departamental 317 369 9932, Línea Nacional de Orientación a Mujeres Victimas de violencia 155, línea 123 de la Policía Nacional, línea 122 de la Fiscalía o descargar la «App Contigo» de la Defensoría del Pueblo.

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“El dinero que nos confiaron ha ido a las manos más pobres de este país”, Gustavo Bolívar

“El 100% de los dineros que nos confiaron los colombianos ha ido a las manos de los más pobres de este país. Hemos cuidado cada peso de esta entidad porque sabemos que los recursos son sagrados y ustedes son nuestros jefes”, dijo Gustavo Bolívar en la apertura de la Rendición de Cuentas de Prosperidad Social que se llevó a cabo en La Popa, en Cartagena.

Durante la jornada, el director hizo referencia a las gestiones ejecutadas en los nueve meses que lleva a cargo de la entidad, con una inversión de 9 billones de pesos, una de las ejecuciones más altas para entidades gubernamentales. Acompañado de su equipo directivo y ante beneficiarios de los programas sociales de la entidad, Gustavo Bolívar se refirió a los resultados en la atención a población vulnerable del país a través de cinco líneas de acción: Hambre Cero, Transferencias Monetarias, Infraestructura, Atención Integral con Enfoque Diferencial y Lucha contra la Corrupción.

Prosperidad Social ha contribuido al logro del Gobierno del Cambio de sacar a 1.6 millones de personas de la pobreza extrema. La entidad ha avanzado en la construcción de 150 puntos de abastecimiento solidario que serán entregados en 2025, los primeros de los proyectados para todo el país.

En lo corrido del año, se realizaron 268 obras de infraestructura por toda Colombia. Se encontraron 107 inconclusas, los llamados elefantes blancos y a la fecha se han reactivado 61 y entregado 39 a la comunidad.

De igual manera, 4.9 millones de hogares recibieron transferencias monetarias, y 1.7 millones de abuelos y abuelas recibieron su beneficio, que pasó de $80 mil a $225 mil pesos. “Para 2025 atenderemos a 3 millones de viejos y viejas”, anunció Bolívar.
Una de las metas del Gobierno del Cambio es trabajar por la inclusión social, por eso desde Prosperidad Social, a través del programa Iraca, se benefician 11.725 hogares étnicos y afrocolombianos en 85 territorios colectivos.

Además, la entidad le aporta a la economía popular y se compromete a empoderar inicialmente a 30 mil personas con una inversión de $75 mil millones de pesos en capital semilla para beneficiarios vinculados a grupos asociativos, cooperativas y emprendedores, con incentivos de $20 y $30 millones de pesos.

Como parte del compromiso conjunto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se han beneficiado 43.676 personas en 33 municipios con la entrega de kits de mercancía incautada, que alcanza una inversión de $31.556.453.280 de pesos.
A propósito de la visita del director, en el sector La Bendición de Dios, en el barrio La Popa de Cartagena se entregaron 500 kits, de 1.500 que se entregarán entre hoy y mañana en la ciudad, con un costo estimado de $1.688.485.195. Cada bolsa de mercancía contiene artículos como ropa, zapatos, bisutería, entre otros.

El corazón del cambio late en Colombia y en 2025 continuará con el férreo compromiso y trabajo de Prosperidad Social de velar por el bienestar y desarrollo de las poblaciones más vulnerable del país.

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Política Nación

“El gobierno hace una redistribución de los impuestos en los sectores más pobres”, Gustavo Bolívar en entrega de 1.500 donaciones en Cartagena

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, en el marco de la rendición de cuentas de su gestión, realizada este viernes en Cartagena, encabezó la entrega de 1.500 kits de donaciones con mercancía decomisada al contrabando por la DIAN a hogares vulnerables en los barrios El Pozón (1.000) y Pie de la Popa (500).

La población beneficiada fue focalizada por hacer parte de zonas con altas cifras de pobreza extrema y desempleo en la ciudad. De acuerdo con indicadores del DANE, en Cartagena más de 400 mil personas viven en la pobreza, pues sus ingresos mensuales no alcanzan los $376.000. A corte de mayo de 2024, 590.000 hogares se encontraban vinculados al SISBEN (A y B).

“Este gobierno está luchando contra la corrupción y el contrabando, la DIAN ha incautado cantidades enormes de mercancía; como estos dueños de mercancía no pagaron impuestos, se les decomisaron y es muy lógico que tengamos que entregársela a ustedes que son los dueños de esos impuestos. El gobierno hace una redistribución y la mayoría va a los sectores más pobres”, enfatizó Gustavo Bolívar.

La devolución cuenta con mercancía como ropa, ropa interior, calzado, juguetes, útiles escolares, bisutería, elementos de aseo y para el hogar; entre otros bienes en especie. El valor total estimado y entregado es superior a $1.600 millones de pesos.

La lucha contra el contrabando del Gobierno del Cambio ha dado como resultado, en lo corrido de 2024, el decomiso de 23.728 aprehensiones por un valor cercano a 500 mil millones de pesos, según comunicado emitido por la DIAN. Este logro permite proteger la industria nacional y generar alianzas con entidades como Prosperidad Social para retornar beneficios sociales a través de donaciones a población del sector de la Inclusión Social y Reconciliación.

El decomiso de esta mercancía y la posterior entrega a las personas que necesitan de los programas sociales es una evidencia de transparencia y anticorrupción de la DIAN, que permite devolver los recursos a través de estas donaciones, como una medida de justicia: el contrabando evade aranceles e impuestos y afecta a hogares en condiciones de vulnerabilidad.

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Política Córdoba

Como “Puente para el progreso y la vida” calificó Gobernador de Córdoba al poner la primera piedra del viaducto sobre la quebrada El Bagre en Puerto Libertador

En un emotivo evento lleno de esperanza para las comunidades rurales, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara colocó la primera piedra para la construcción del puente sobre la quebrada El Bagre en Puerto Libertador, una obra que marcará un antes y un después para el municipio, especialmente en la zona rural. Al acto asistieron campesinos, presidentes de juntas de acción comunal, concejales y la alcaldesa María Camila Zúñiga.

La obra, que beneficiará a seis corregimientos, tres de Puerto Libertador y tres de Montelíbano, representa un paso fundamental para mejorar la conectividad, la seguridad y las oportunidades de desarrollo de la región. “Este no es solo un puente; es un símbolo de esperanza y progreso. Las comunidades llevaban 15 años esperando esta obra, y hoy, al fin, estamos cumpliendo”, destacó el gobernador.

El impacto del nuevo puente será significativo, especialmente para madres, estudiantes, campesinos y familias que durante años han enfrentado dificultades por la falta de infraestructura básica. “Decirle a una madre que ya no tendrá que esperar a que baje la quebrada para llegar al hospital o que ya no arriesgará la vida de sus hijos es lo que hace que cualquier inversión valga la pena”, añadió Zuleta.

El mandatario hizo un enérgico llamado a las empresas mineras de la región, instándolas a ser más solidarias con las comunidades que habitan los territorios donde operan. “No es justo que las empresas que se enriquecen con las riquezas de esta tierra no inviertan lo suficiente en el bienestar de su gente. Este puente es un ejemplo de lo que podemos lograr con voluntad, pero necesitamos más compromiso de quienes se benefician directamente de estas comunidades”, expresó.

Asimismo, pidió que las obras generen empleo para los habitantes locales: “El trabajo de esta obra debe ser para la gente de Puerto Libertador. Aquí hay personas con ganas de trabajar, y este proyecto debe ser una oportunidad para ellos”.

El gobernador también aprovechó la ocasión para destacar las inversiones que se están realizando en toda la región del San Jorge. Entre ellas, mencionó la entrega de 200 viviendas rurales en Puerto Libertador y Montelíbano, el alcantarillado en el barrio Villa Clemen, y los proyectos en educación, infraestructura vial y deporte.

“Hoy, el mensaje es claro: los problemas de ustedes no tienen color político. Aquí estamos trabajando de la mano con la alcaldía, porque cuando a la alcaldía le va bien, a la gobernación le va bien, y eso significa que a ustedes les va bien”, afirmó Zuleta.

Zuleta concluyó reiterando su compromiso con el desarrollo de Puerto Libertador y el San Jorge: “Este es apenas el inicio. Vamos a seguir trabajando juntos, porque cuando las comunidades sienten que tienen un gobernador presente, se construye esperanza y progreso. Este puente es para ustedes y para las generaciones que vienen”, concluyó.

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Política Nación

Miguel Polo Polo deberá pedir disculpas por ofender a madres de víctimas de falsos positivos

Después de protagonizar un acto, que fue considerado como un irrespeto a la memoria de las víctimas de falsos positivos, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo deberá pedir perdón por orden de un juez.

La decisión se tomó en el juzgado 30 civil del Circuito de Bogotá. Al representante le dieron tres días para que haga su manifestación pública de retractación.

“Esto se encaja en una grave falta de respeto y vulneración a la dignidad de las víctimas”, se lee en el fallo de tutela.

Como se recordará El pasado 6 de noviembre el congresista fue el protagonista de un hecho, cuestionable en una de las plazoletas del Congreso, cuando las madres de las víctimas habían instalado una muestra artística y de memoria: se trata de botas de caucho decoradas que representaban a cada uno de sus hijos víctimas de las ejecuciones extrajudiciales.

Entonces, el representante a la Cámara apareció en un video, cuestionó la veracidad de los testimonios de las víctimas y procedió a botar a la basura los elementos que las madres habían instalado allí.

El juzgado también le ordenó al congresista que restituya la obra artística de las madres víctimas “en las mismas condiciones en la que éstas se encontraban antes del agravio. Las botas volverán a la Plaza Núñez de Bogotá.

La justicia consideró que Miguel Polo Polo vulneró los derechos fundamentales al buen nombre, la honra, dignidad humana, verdad judicial, reparación integral, reunión y el derecho a la garantía de no repetición que tienen todas las víctimas del conflicto armado en Colombia.

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Colombia no reconocerá resultados electorales de Venezuela, pero mantendrá relaciones con ese país

El vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas dijo que aunque el gobierno de Gustavo Petro no reconocerá los resultados electorales de Venezuela que dieron como ganador a Nicolás Maduro, el país no romperá las relaciones con el país vecino.

«Colombia ha dicho con mucha claridad que los resultados electorales tienen muchas dudas, que nos preocupa la transparencia en ese proceso, que no reconocemos los resultados, pero Colombia mantiene las relaciones con Venezuela”, expresó el funcionario .

El vicecanciller Rojas dijo que en el pasado “la ruptura de relaciones y cierre de fronteras no funcionó, no logró los objetivos que se habían planteado, nosotros queremos mantener en el marco de la integración latinoamericana nuestras relaciones con Venezuela”. Sin embargo, fue claro en decir que “vamos a seguir exigiendo que se respeten los derechos humanos, que se respete a la oposición, que se le den garantías a la oposición y estamos haciendo un diálogo con el gobierno de Venezuela y con la oposición en Venezuela, porque como ha dicho el presidente, necesitamos un diálogo”.

El líder chavista jurará por tercera vez como mandatario de Venezuela el próximo 10 de enero, pese a las denuncias de fraude que han hecho que países como Estados Unidos y Argentina desconocieran los resultados electorales.

Sobre si el presidente colombiano asistirá a la posesión, el vicecanciller Rojas manifestó que será la Cancillería la que informará sobre la decisión, pero no especificó en qué momento se pronunciará.

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Opinión

DINAMICIDAD EN JUSTICIA Y PAZ: Por Antonio Correa

La jurisdicción de Justicia y Paz fue creada con la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, A pesar de que se consideró que en su momento este procedimiento podría funcionar como una justicia transicional, lo cierto es que jamás se alcanzó a dimensionar que tendría que enfrentarse a temas tan diversos como la macro criminalidad y macro victimización que se generan alrededor de estas conductas delictivas, por lo que se ha desdibujado la principal característica de este marco jurídico que es la temporalidad y ya lleva alrededor de 20 años siendo incluso más larga que la justicia ordinaria.

Al tratarse de una justicia novedosa, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, sobre la marcha se fueron construyendo los conceptos y procedimientos, pues el universo de víctimas que aún sufren con la existencia y actuar ilícito de los grupos en todo el territorio nacional, claman por justicia verdad y reparación. Razón por la cual se presentó el Proyecto de Ley 303 de 2024, cuyo principal objetivo es definir la situación jurídica de aquellas personas que actualmente están siendo procesada bajo esa jurisdicción, fortalecer la institucionalidad tanto en talento humano como en capacitación del mismo, la admisión de personas que por diferentes motivos debieron ser investigadas por Justicia y Paz y no lo fueron, además la creación de un procedimiento abreviado especial que conlleve a la celeridad de las actuaciones, en aras de cerrar definitivamente el proceso de Justicia y Paz, y la incorporacion de terceros y agentes del estado en este marco legal.

Esta ley 975 ah tenido errores historicos los cuales con base en el aprendizaje, se buscan subsanar en este proyecto de Ley, es importante enunciar algunos de los mismos:

  • Se creó una justicia transicional, cuyo objetivo era totalmente distinta a la ordinaria, sin embargo, las bases de la misma fue la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, es decir, una justicia ordinaria, el cual se trata de un procedimiento oral que investiga hecho por hecho, atribuyéndoselo a un sujeto activo, lo cual se llevó a esta jurisdicción especial y generó retrasos en los procedimientos toda vez que los hechos eran millones e investigarlos y juzgarlos uno por uno se convirtió en una labor maratónica y lo sigue siendo tanto para los jueces como para los victimarios que casi 20 anos despues siguen pegados a las audiencias eternas que los obligan a tener conectividad casi que permanente con este tribunal, cuanto tiempo mas??????, bien por el gobierno Petro que se a atrevido a hablar de cierre de un sistema que nacio con errores y tropiezos y crecio a la deriva y sin dolientes como si este fuera un proceso que busca revictimizar y recriminalizar para que el tiempo borre la verdad, la justicia y el derecho a la reparacion a las victimas, el cual hoy el Pais esta ante una realidad, han sido estafadas por avivatos que arrebataron la tierra entrgada por victimarios para las victimas y fueron utilizadas para su beneficio personal, nunca es tarde para saber la verdad, y que nuestras victimas no se sigan muriendo empobrecidas, por un cartel de indolentes y de despojadores, que le jugaron sucio a victimarios y victimas en este proceso de Paz.

Pero tambien se debe decir que hoy el congreso de la Republica puede entrar a subsanar todas estas dificultades con un proyecto de Ley que tiene sus ventajas y que ayudaria sustancialmente a la Paz y la reconciliacion de nuestro Pais, y entre estas se destacan:

  • Se establece la concentración en el procedimiento, por tanto, las audiencias tramitadas dentro de este se pueden adelantar sin la totalidad de los magistrados, a menos que la decisión así lo amerite, para lo cual se deben utilizar los medios tecnológicos idóneos, lo que, además, agilizaría los procedimientos toda vez que la mayoría de retrasos que se presentan actualmente están relacionados a la lectura íntegra de las decisiones que se debe realizar con toda la sala.
  • Se consagra un procedimiento especial, cuyas características son que es abreviado, oral y escrito.
  • Se admiten nuevas personas dentro de la jurisdicción, como lo son terceros, agentes del Estado, las personas que accedieron a la Ley 1424 de 2010 y no han sido postuladas a Justicia y Paz y a quienes estuvieran investigados o condenados bajo la justicia penal ordinaria en el marco de su pertenencia a los grupos organizados al margen de la ley.
  • Se busca un fortalecimiento institucional de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General y de los funcionarios adscritos a Justicia y Paz, incluida la creación de nuevas magistraturas y de un juez de Liquidaciones.
  • Se establece como plazo máximo para el cierre definitivo de la jurisdicción de Justicia y Paz de cinco años a partir del fortalecimiento institucional antes mencionado pues es a partir de este la única manera de poder resolver las situaciones jurídicas de los postulados y desmovilizados que actualmente están en justicia y paz y los nuevos admitidos, priorizándose la definición de la situación jurídica de los comandantes.
  • No se realizará la investigación de hecho por hecho, sino bajo criterios de macro criminalidad.

A pesar de lo anterior, algunos medios de comunicación y diferentes actores nacionales han tergiversado los objetivos del proyecto por lo que se aclara que:

  • No es un proyecto de “segundas oportunidades” ni de “perdón social”, el objeto de este es el cierre de justicia y paz.
  • No van a ingresar todos los grupos armados que a voluntad lo deseen, en principio está dirigido a desmovilizaciones particulares a menos que excepcionalmente se configuren las situaciones del artículo de los admitidos.
  • No es un proyecto que elimine las penas, por el contrario, las penas a imponer toman el carácter de restaurativo y son las mismas establecidas en la Ley 975 de 2005.

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Minsalud e INS refuerzan medidas de prevención y vigilancia ante el aumento de lesiones por pólvora en la temporada de fin de año

​​​En el marco de la temporada de vigilancia intensificada por pólvora en el país, el Ministerio de Salud y Protección Social – Minsalud, de manera articulada con el Instituto Nacional de Salud – INS, expide una circular que establece las directrices para la vigilancia intensificada, prevención y atención de lesiones ocasionadas por pólvora pirotécnica e intoxicación por fósforo blanco, durante las fiestas de navidad y fin de año.

En Colombia, las celebraciones de fin de año y las festividades de enero suelen estar marcadas por un aumento en las lesiones causadas por el uso de pólvora pirotécnica, que se producen durante actividades relacionadas con la manipulación, transporte, almacenamiento, fabricación, comercialización y uso de productos. Además, en esta época del año se incrementan los casos de intoxicaciones por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol y por la exposición a artefactos pirotécnicos con fósforo blanco, a pesar de estar prohibidos, de acuerdo con la Ley 670 de 2001.

Estos eventos tienen un impacto significativo en la salud pública del país, debido al riesgo de lesiones permanentes e incluso la muerte, así como efectos sociales, económicos y ambientales. La población más vulnerable son los niños, niñas y adolescentes, quienes, por su menor percepción y capacidad para gestionar riesgos, están más expuestos a sufrir lesiones e intoxicaciones.

Para el período 2023-2024, el país reportó un total de 432 menores de 18 años lesionados por pólvora, lo que representa un incremento del 21% en comparación con el período anterior. De estos casos, 39 menores sufrieron lesiones mientras estaban bajo la supervisión de un adulto en estado de embriaguez, evidenciando la necesidad urgente de reforzar las medidas de prevención y concienciación sobre el uso responsable de la pólvora y el consumo de alcohol durante las festividades.

En este mismo periodo, 2023-2024, también se registró un aumento en el número de adultos lesionados por pólvora. En total, 934 adultos sufrieron lesiones, lo que representa un incremento del 17,3% en comparación con el período anterior. De estos casos, 376 ocurrieron mientras los adultos estaban bajo los efectos del alcohol, una situación que agrava los riesgos asociados al uso de pólvora.

En el marco de la vigilancia intensificada entre diciembre de 2023 y enero de 2024, se notificaron 1.366 casos de lesiones por pólvora en el país, lo que representa un aumento del 18,5% en comparación con el período anterior. Del total de lesionados, el 70% sufrió heridas mientras manipulaban pólvora y el 21% mientras observaban su uso.

Lamentablemente, también se reportaron dos muertes por lesiones causadas por pólvora, aunque no se registraron muertes relacionadas con intoxicaciones por fósforo blanco ni por el consumo de licor adulterado con metanol durante este periodo.

Los departamentos con mayor número de lesionados por pólvora fueron Antioquia (153 casos), Nariño (149 casos), Bogotá, D.C. (126 casos), Cundinamarca (83 casos), Tolima (74 casos), Norte de Santander (63 casos) y Valle del Cauca (61 casos). Estas regiones, que históricamente concentran una gran proporción de los casos en Colombia, registraron en conjunto 708 casos, lo que equivale al 51,83% del total de casos reportados durante el período de vigilancia intensificada.

“Desde Minsal, hacemos un llamado a la responsabilidad colectiva; las lesiones por pólvora y las intoxicaciones por sustancias peligrosas, como el fósforo blanco y el metanol, continúan representando un grave riesgo para la salud pública, especialmente para nuestros niños, niñas y adolescentes. Es fundamental que fortalezcamos las medidas de prevención, evitando el uso de la pólvora para evitar tragedias que puedan marcar de manera irreversible la vida de las personas y sus familia»: aseguró el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Por su parte, Tomás Prasca, director general (E) del INS, hizo un llamado para que no utilicemos la pólvora en esta temporada de navidad y fin de año: “El llamado es sencillamente a que no utilicemos la pólvora. Ese es el llamado. Evitemos que los niños la manipulen. Evitemos mezclar licor y pólvora. Si vamos a celebrar, hagámoslo con responsabilidad»

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Política Nación

Gobierno del Cambio socializa modelo de financiación de alianzas público públicas, con recursos por cerca de un billón de pesos

Teniendo como marco las obras de la segunda calzada Valledupar – La Paz, la ministra de Transporte María Constanza García Alicastro, el director general del Instituto Nacional de Vías, Invías, Juan Carlos Montenegro Arjona y el presidente de la Banca de desarrollo territorial, Findeter, Juan Carlos Muñiz Pacheco, socializaron ante autoridades departamentales, locales y la comunidad cesarense, el modelo de financiación de alianzas público públicas, a través del cual el Gobierno del Cambio propone llevar a cabo proyectos de infraestructura regional que mejora la competitividad de los departamentos con recursos cercanos al billón de pesos.

Se trata de un modelo concertado con los territorios, representados por las gobernaciones departamentales, financiado por el Invías, con la asistencia técnica y financiera de Findeter, cuyo esquema de financiamiento se fundamenta en traer recursos de los peajes y vigencias futuras al valor presente para ejecutar obras que beneficien la economía, la productividad y el desarrollo de los territorios.

Así lo destacó la ministra de Transporte García Alicastro, “Hoy con Findeter estamos gestionando proyectos por $2.6 billones en tres programas y un convenio, con los que estamos atendiendo más de 1.000 kilómetros en departamentos como Santander, Sucre, Cesar, Risaralda, Valle del Cauca. Hoy les presentamos esta alianza público-pública e invito a los gobiernos municipales y departamentales para que sigamos esta senda con estos proyectos y nos juntemos, sumemos los recursos, validando las fuentes: peajes, valorización, vigencias futuras, recursos públicos o del presupuesto general de la Nación, para que podamos mantener la inversión que permita financiar el mejoramiento de la infraestructura vial del país.

Con recursos de peajes, son pioneros los proyectos de Vías del Samán que benefician a los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, y Vías de la Cigarra, que se llevan a cabo en Santander.

A través de este esquema de financiación con vigencias futuras, actualmente el gobierno Nacional inicia la ejecución siete obras por valor de $ 917.338 millones que se desarrollan en la región Caribe, dentro de las cuales se encuentran: la construcción de 7 kilómetros de la segunda calzada Valledupar – La Paz (Cesar); los trabajos de conectividad entre el municipio de Sucre y el corregimiento de El Cauchal (Sucre); el mejoramiento del tramo El Piñón – Salamina -Guáimaro del corredor Plato – Palermo (Magdalena).

Entre tanto, el director Montenegro Arjona señaló que, “El Gobierno del Cambio acompaña el desarrollo de las regiones a través de la implementación de infraestructura y, en este caso en particular, con el decidido apoyo de la banca que nos permite movilizar los recursos de forma más eficiente para la ejecución inmediata de las obras.

Uno de los ejemplos que tenemos desde el Invías está representado en los proyectos de Vías del Samán y Vías de la Cigarra, en donde el recurso a 20 años se garantiza a través del ingreso de los peajes que están en esos corredores viales. Tenemos cuatro proyectos más con el esquema del patrimonio autónomo, en donde la promesa del recurso vincula a Findeter, que financia la ejecución de las obras y con las vigencias futuras, que desde el Estado se programan, se van honrando para que haya este flujo de recursos”.

Adicionalmente, se ejecutará la segunda calzada entre Montenegro y Quimbaya y el mantenimiento periódico del corredor existente en la vía Cartago – Montenegro, entre Valle del Cauca y Quindío; la construcción de un par vial entre los sectores de Puente Tierra y El Cero en Santander, así como la construcción de la primera etapa de la segunda calzada en el corredor La Romelia -El Pollo (Risaralda) y los 13 kilometros de primera calzada de la Variante Suroccidental de Cartago (Valle del Cauca), bajo el esquema de recursos de peajes y vigencias futuras. “Con este esquema de asociaciones público – públicas Findeter busca respaldar a entidades del orden nacional, en la ejecución de obras estratégicas para las regiones de manera más eficiente y en menor tiempo. Este modelo puede replicarse en todo tipo de sectores que cuenten con una fuente real de financiación y que pueda servir de garantía en los créditos que se reciben a través del patrimonio autónomo”, asegura el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz Pacheco.

Con estos proyectos, el Gobierno continúa en su propósito de conectar a las regiones generando un tránsito para los usuarios, desarrollo para los y las colombianas e implementando nuevos modelos de financiamiento para las obras públicas.

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