Mes: febrero 2025

Un total de 160 familias campesinas, agremiadas en seis asociaciones, recibieron de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la finca La Molinera, ubicada en el corregimiento Las Flores, jurisdicción del municipio de San Marcos (Sucre).

El predio, de 167 hectáreas y apto para la siembra de arroz, maíz, plátano y yuca, fue ofertado voluntariamente a la ANT por el exsenador del partido Cambio Radical, Antonio Guerra de la Espriella, situación que ratifica la confianza de ganaderos y grandes propietarios de tierra en la Reforma Agraria, impulsada por el Gobierno nacional.

“Por encima de orillas políticas, aquí lo que prima es la tierra, su democratización y su puesta al servicio de la producción de alimentos”, expresó el líder de la Unidad de Gestión Territorial Noroccidente de la ANT, Gustavo González Geraldino.

Agregó que las asociaciones beneficiarias, todas de la zona rural de San Marcos, establecieron reglas para convivir y producir alimentos en La Molinera.

Para los campesinos de esa zona del suroccidente sucreño, contar con la finca es ver materializado no solamente el sueño de muchos años, sino también ver cumplida la promesa del presidente Gustavo Petro de aumentar los predios para el campesinado.

“Mi sentimiento es de alegría y felicidad. Gracias a Dios, al Gobierno actual en cabeza del doctor Gustavo Petro, a la Agencia Nacional de Tierras, por darnos esta oportunidad, gracias por llegar a esta parte del Colombia, donde el Estado muchas veces nos ha olvidado, donde las oportunidades son pocas. Hoy nos sentimos felices porque esto nunca se había visto en la región”, señaló Merly B. Rodelo, una de las nuevas beneficiarias de la finca.

En Actuación Especial de Fiscalización realizada durante el segundo semestre de 2024, la Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por $160 mil millones, por presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), específicamente en el proceso de adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral (RRI).

Esta auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, abarcó el período comprendido entre el año 2022 y el 30 de abril de 2024 y se identificaron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen posible incidencia disciplinaria y 6 presunto alcance fiscal. Además, se solicitó una apertura de indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio, por incongruencias en la información presentada por la entidad.

Las irregularidades detectadas en el manejo de estos recursos comprometen la eficacia de la Reforma Rural Integral y el uso adecuado de los recursos públicos destinados a las comunidades campesinas y étnicas beneficiarias.

Dentro de los principales hallazgos detectados se encuentran:

Predios comprados con suelos inadecuados para la producción agropecuaria

Se identificaron adquisiciones de predios en diversas regiones, muchos de los cuales presentan suelos clasificados como clase VII, lo que los hace inadecuados para cultivos y ganadería debido a sus severas limitaciones.

Estos suelos representan más del 50% de la superficie de varios de los predios adquiridos, lo que va en contra de la normativa establecida en la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014, que prohíbe la compra de predios destinados a los campesinos con áreas que presenten más del 20% en suelos de clase VII y VIII.

Además, algunos de estos predios presentan humedales en un 30% de su superficie, lo que agrava aún más su viabilidad para ser utilizados en actividades agropecuarias. Estas adquisiciones no cumplen con los requisitos para ser aptas para el desarrollo de proyectos productivos en el marco de la Reforma Rural Integral, lo que pone en riesgo el buen uso de los recursos públicos destinados a estas poblaciones que ascienden a $43.306 millones de pesos.

Ocupaciones ilegales de predios adquiridos

Se evidenció que varios predios comprados para las comunidades campesinas fueron invadidos ante la falta de control y custodia adecuada. La falta de diligencia de la ANT para su recibo material genera un posible detrimento patrimonial por cuantía de $5.646 millones de pesos y un impacto social para las poblaciones sujetos de derecho de ordenamiento social de la propiedad.

Retrasos en la entrega de predios a las comunidades campesinas y étnicas

En varios casos, los predios adquiridos no fueron entregados de manera oportuna, afectando la implementación de proyectos productivos en las zonas rurales.

Según los datos analizados, solo el 18,5% de los predios ingresados al Fondo de Tierras han sido transferidos oficialmente y registrados en el folio de matrícula.

De los 205 predios disponibles, apenas el 12,2% fueron entregados a la población campesina, el 5,3% a comunidades indígenas y tan solo el 1% a comunidades negras. Esta falta de celeridad no solo incumple las metas de la Reforma Rural Integral, sino que genera costos adicionales para la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por el mantenimiento de tierras ya adquiridas, pero no entregadas.

El retraso obstaculiza el desarrollo rural y pone en riesgo el bienestar de las comunidades destinatarias, afectando gravemente el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz. Esta situación generó un presunto detrimento de los recursos públicos, en cuantía de $110.322 millones de pesos.

La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, acordaron realizar un seguimiento especial a la ejecución de los decretos expedidos y al manejo de los recursos destinados en el marco del estado de conmoción interior decretado el 24 de enero de 2025, por el término de 90 días en la región del Catatumbo, en la que se incluirán 19 municipios y dos resguardos indígenas.

Esta alianza estratégica entre los órganos de control garantizará una vigilancia y control inmediatos de la ejecución de las medidas excepcionales y de los recursos públicos destinados para ello, valiéndose del seguimiento en tiempo real y oportuno, soportado en el uso de tecnologías de la información con las que a la fecha cuentan ambas entidades.

Asimismo, se detalla que la Contraloría ha realizado un seguimiento permanente a la ejecución de los recursos a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata y las Contralorías Delegadas Sectoriales, garantizando la supervisión integral y oportuna.

Por su parte, la Procuraduría conformó dos comisiones con funcionarios del orden nacional, quienes atendieron de manera inmediata a la toma de declaraciones a las personas desplazadas e iniciaron el seguimiento a la conformación de albergues, a las atenciones de emergencia en salud, educación y atención a la población más vulnerable.

Entre las instituciones a las que se les hace seguimiento a la gestión, se incluyen el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la DIAN, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía, así como las administraciones territoriales de los municipios afectados por el estado de conmoción interior. Los resultados de estas mesas técnicas serán presentados periódicamente a los Representantes a la Cámara que integran la comisión accidental que estudia la declaración del estado de conmoción interior, ya la sociedad civil, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso.