Mes: abril 2026

El Gobierno nacional anunció una ofensiva militar y policial sin precedentes, apoyada en tecnología de punta y una bolsa de recompensas para desarticular las estructuras criminales que operan en el sur occidente del país y devolver la tranquilidad a los ciudadanos.

Tras los recientes hechos violentos el ejecutivo lideró un consejo de seguridad extraordinario en Palmira para definir una hoja de ruta inmediata y como parte de estas medidas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ofreció recompensas de hasta $5.000 millones por alias ‘Marlon’, $500 millones por alias ‘Max Max’ y $200 millones por alias ‘Yogui’.

Asimismo, se estableció un incentivo de hasta $200 millones para cualquier ciudadano que brinde información que permita prevenir nuevos atentados.

Esta iniciativa busca incentivar la colaboración ciudadana a través de la línea 157 para anticipar acciones terroristas.

En términos de capacidades operativas, se confirmó el fortalecimiento del dispositivo de seguridad con la llegada de ocho nuevos pelotones del Ejército Nacional y dos pelotones blindados.

Estas unidades serán desplegadas estratégicamente en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Además, se implementarán sistemas aéreos no tripulados (drones) para mejorar la vigilancia y el monitoreo del territorio, optimizando la capacidad de reacción de la Fuerza Pública.

El jefe de la cartera de Defensa fue enfático al rechazar el uso de artefactos explosivos en zonas urbanas y el empleo de vehículos escolares por parte de grupos armados, calificándolo como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.

“Los atentados terroristas son una muestra cobarde de debilidad. Doblegarnos es darle espacio al terrorismo y no vamos a permitir que sigan afectando a la población civil”, advirtió el ministro Sánchez.

La estrategia integral también incluye un enfoque en la asfixia financiera de los grupos criminales. Se intensificarán las operaciones contra el narcotráfico y la minería ilegal, economías ilícitas que perpetúan la violencia en el territorio. El ministro envió un mensaje directo a los alzados en armas: “La mejor opción es someterse a la justicia, no sigan acumulando delitos graves. Continuar en actividades terroristas solo los aleja de cualquier posibilidad de beneficios en la reducción de penas”.

El consejo de seguridad contó con la participación de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quienes destacaron la articulación con el Gobierno nacional.

El ministro Sánchez concluyó reiterando que el Estado empleará toda su capacidad para garantizar el orden público: “Emplearemos toda la capacidad del Estado para neutralizar a quienes persistan en atacar a la Fuerza Pública y a la comunidad; nuestra ofensiva será sostenida”.

El Gobierno nacional rechazó categóricamente el atentado terrorista ocurrido en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), que dejó al menos 14 personas muertas y 38 heridas, tras la explosión de un artefacto en la vía Panamericana, uno de los principales corredores del suroccidente del país.

Desde la zona, el ministro de Defensa, Pedro Suárez, informó en su cuenta de la red social X, que realizó un sobrevuelo para verificar la magnitud de los hechos y evaluar las afectaciones.

“Sobrevolamos el sector de El Túnel en Cajibío, Cauca, para evaluar la magnitud del atentado terrorista perpetrado por alias ‘Marlon’, uno de los cabecillas más buscados del suroccidente del país, por quien ofrecemos una recompensa de hasta $5.000 millones”, afirmó.

El ministro agregó que lo evidenciado en terreno refleja la gravedad del ataque contra la población civil. “Lo que encontramos es la evidencia de un acto irracional de violencia que arrebató vidas y deja una herida abierta en el país”, señaló, al referirse al impacto de la explosión que afectó varios vehículos que transitaban por la vía en el momento del atentado.

El jefe de la cartera de Defensa expresó además su solidaridad con las víctimas y sus familias. “A las familias de las víctimas, nuestro respeto y solidaridad. Este hecho no quedará en la impunidad”, aseguró, al reiterar el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de lo ocurrido.

Finalmente, el ministro subrayó que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones en la zona para garantizar la seguridad. “Nuestra Fuerza Pública seguirá actuando con determinación para proteger la vida, restablecer la tranquilidad y evitar que hechos como estos se repitan”, concluyó.

A solo dos debates de convertirse en ley, el proyecto de Ley Nuclear, clave para cerrar brechas en salud y tecnología, vuelve a frenarse tras la suspensión de la sesión en la Comisión Primera del Senado.

El trámite del proyecto de Ley Nuclear volvió a sufrir un nuevo retraso luego de que la Comisión Primera del Senado no pudiera sesionar. Esta situación deja la iniciativa en pausa en un momento decisivo, cuando solo restan dos debates para su aprobación.

La falta de avance genera preocupación, ya que el tiempo legislativo disponible se reduce y el proyecto requiere continuidad para poder ser discutido y definido en esta legislatura.

De acuerdo con un documento del Ministerio de Salud, el cáncer es la segunda causa de muerte en Colombia. Cada año se registran cerca de 118.000 nuevos casos y alrededor de 57.000 muertes, una cifra que evidencia la magnitud del problema en el país. A esto se suma que  una proporción significativa de los diagnósticos se realiza en etapas avanzadas, lo que reduce las posibilidades de tratamiento oportuno.

En paralelo, Colombia sigue dependiendo del exterior para insumos clave, lo que retrasa diagnósticos, encarece tratamientos y amplía la brecha entre quienes pueden acceder a tecnología médica de punta y quienes no.

«La aprobación de esta iniciativa permitirá a Colombia mejorar el acceso temprano a diagnósticos y tratamientos contra el cáncer. Es esencial para fortalecer la investigación y la innovación en medicina nuclear al servicio de los pacientes”, afirmó Camilo Prieto Valderrama, director de la Red Nuclear Colombiana.

Pasando la página de los resultados de la encuesta Invamer para Caracol y Blu radio, encontramos otras variables que analizó la investigación.

El congreso tiene una imagen favorable de solo 37,8% y desfavorable del 53,9%.

El Sistema Judicial colombiano también resultó mal calificado con una imagen favorable del 31,4% y desfavorable del 59,3%.

Pero el sector que obtiene la peor evaluación es el de los partidos políticos que alcanzan una imagen favorable del 26,5% y desfavorable del 65,1%

La campaña presidencial ha tomado un giro de alta tensión tras el fuerte enfrentamiento público entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el estratega político Carlos Suárez, quien actualmente lidera la asesoría de Abelardo de la Espriella. La disputa, que evidencia una fractura profunda entre el Centro Democrático y el sector del «Tigre», escaló a niveles personales y judiciales.

A través de su cuenta en X, el expresidente Uribe lanzó una advertencia directa sobre los asesores de campaña. Según el exmandatario, documentos en su proceso judicial por fraude procesal y soborno a testigos señalarían que Carlos Suárez, junto a la fallecida Piedad Córdoba, habría coordinado reuniones entre el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y exparamilitares extraditados a Estados Unidos.

Uribe fue más allá y pidió claridad sobre presuntas amenazas atribuidas al entorno de Suárez: «Debe aclararse la llamada de Joaquín Gutiérrez a Luis Duque a amenazar a su familia», sentenció el líder del Centro Democrático.

La reacción del estratega no se hizo esperar. Carlos Suárez, quien llegó a la campaña de De la Espriella tras la adhesión de Enrique Gómez, respondió con dureza, cuestionando la estatura moral del expresidente. Suárez calificó las declaraciones de Uribe como «irresponsables» y advirtió que estas ponen en riesgo su seguridad y la de su familia.

«Verlo a usted actuando de esta manera solo comprueba que la lealtad que los abogados tuvimos con usted, nunca la mereció. La historia lo juzgará», replicó el asesor, sugiriendo un quiebre definitivo con quien fuera su antiguo aliado político.

Sobre las supuestas amenazas a estrategas del Centro Democrático, Suárez desestimó las acusaciones asegurando que se trató de reclamos por ataques entre sectores afines. En un tono desafiante, le devolvió la advertencia al exmandatario: «Cálmese presidente, que la realidad política no lo baje del pedestal… Le retorno su reflexión: cuidado con asesores de campaña».

Este enfrentamiento deja al descubierto la guerra interna que vive la derecha colombiana de cara a las próximas elecciones, donde antiguos colaboradores hoy se encuentran en orillas opuestas, intercambiando dardos que tocan fibras sensibles de los procesos judiciales más polémicos del país.

La reciente ola de terror que azota al suroccidente colombiano no solo ha dejado una estela de dolor y muerte, sino que ha encendido un agudo debate sobre las motivaciones detrás de los ataques. El sargento retirado Alexander Chalá ha desatado una tormenta de opiniones al calificar la escalada de las disidencias como una pieza dentro de una «campaña política de extrema derecha».

Según Chalá, cuya voz ha ganado relevancia por sus posturas críticas frente a la reserva tradicional, los actos narcoterroristas —como el reciente atentado en Cajibío que cobró la vida de civiles— estarían siendo utilizados para inducir el voto a través del miedo. El exoficial sostiene que se trata de una estrategia cíclica en la que la inseguridad se convierte en el principal activo para que sectores políticos capitalicen la necesidad de orden en las urnas.

Esta postura no es aislada. Voces del oficialismo, como el representante Alfredo Mondragón y la senadora Sandra Ramírez, han coincidido en que existe una presunta instrumentalización del conflicto para favorecer discursos de militarización total y mano dura, justo cuando el panorama electoral comienza a agitarse.

La lectura del sargento (r) Chalá ha encontrado una muralla de críticas en la oposición. Figuras como la senadora Paloma Valencia han rechazado tajantemente esta visión, argumentando que la crisis de seguridad no es una «estrategia electoral», sino la consecuencia directa de una supuesta debilidad institucional y el empoderamiento de grupos como las disidencias de Iván Mordisco.

Para los críticos de Chalá, atribuir los atentados a un plan de la derecha es «minimizar la responsabilidad de los victimarios» y desviar la atención sobre la falta de control territorial por parte del Gobierno Nacional.

Las declaraciones se dan en el punto más crítico de la seguridad en la región, tras ataques con drones y explosivos que han dejado decenas de víctimas. Mientras la fuerza pública intenta recuperar el control en el Cauca, el país se divide entre quienes ven una estrategia de manipulación ciudadana y quienes denuncian un estado de desprotección absoluta.