Mes: abril 2026

En un momento crítico para la salud en Colombia, Luz María Múnera anunció el cierre de su etapa como superintendente ad hoc de la Nueva EPS, entidad en la que supervisó la atención de más de 11,5 millones de afiliados.

A través de sus redes sociales, la funcionaria aseguró que durante su gestión se enfocó en garantizar la continuidad del servicio mediante rigurosas acciones de inspección y vigilancia. Múnera, quien regresará de lleno a sus funciones en la Consejería Presidencial para las Regiones, aprovechó su salida para emitir una serie de recomendaciones urgentes que considera vitales para evitar un colapso mayor.

Entre sus advertencias destacan la necesidad de implementar el giro directo, asegurar el acceso oportuno a medicamentos, exigir transparencia financiera absoluta y priorizar la modernización tecnológica. Asimismo, enfatizó en que la contratación por evento debe ser la excepción y no la regla para dar sostenibilidad al modelo. Su retiro de esta delegación especial se produce en medio de una profunda reconfiguración en la Superintendencia Nacional de Salud y crecientes tensiones sobre el futuro del sistema de aseguramiento en el país.

En un fallo histórico, la Corte Constitucional amparó los derechos de Verónica, una joven a quien su EPS e IPS le negaron inicialmente la posibilidad de elegir un parto por cesárea, pese a las recomendaciones médicas sobre posibles complicaciones en un parto natural.

La Sala Primera de Revisión, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, determinó que imponer restricciones a la autonomía de la mujer para decidir sobre su proceso reproductivo constituye violencia obstétrica, un fenómeno que el tribunal calificó como «altamente normalizado» en el sistema de salud.

​La sentencia subraya que, si bien la violencia obstétrica suele asociarse a cesáreas forzosas, también se manifiesta al impedir que las pacientes opten de forma libre e informada por esta intervención. Al concluir que se vulneraron los derechos a la salud, la vida y la autonomía, la Corte ordenó a las entidades involucradas pedir disculpas públicas y capacitar a su personal en el marco de la Ley 2244 de 2022. Asimismo, instó al Ministerio de Salud a difundir masivamente los derechos de las mujeres durante la gestación y el parto para erradicar prácticas que causan sufrimientos innecesarios.

En un fallo que promete cambiar las reglas del juego en la ruralidad colombiana, la Corte Constitucional ordenó la puesta en marcha de los primeros juzgados agrarios para el año 2027. La decisión, que responde a una demanda liderada por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, obliga al Estado a saldar una deuda histórica con el campo: la creación de una justicia especializada que entienda las dinámicas de la tierra.

Hasta ahora, los conflictos rurales en Colombia desde disputas por linderos hasta procesos de restitución se han tramitado bajo esquemas judiciales urbanos o generales que, en muchos casos, resultan lentos e insuficientes. Con este nuevo mandato, el Congreso de la República tiene la tarea urgente de reglamentar una jurisdicción que no solo resuelva pleitos, sino que brinde seguridad jurídica a campesinos, indígenas y productores.

Los pilares de la nueva justicia rural

El fallo del alto tribunal no es solo una orden administrativa; es un espaldarazo a la Reforma Agraria. Estos son los puntos clave de la transformación que viene:

Especialidad Técnica: Jueces capacitados exclusivamente en derecho agrario y realidades territoriales.

Plazo Perentorio: Para 2027, el engranaje judicial debe estar operando en las regiones.

Descentralización: Una justicia que llegue a los territorios donde se originan los conflictos, evitando el desplazamiento de los campesinos a las capitales.

Para Juan Felipe Harman, este pronunciamiento asegura que la recuperación de tierras vaya de la mano con un sistema legal que las proteja. «Es la base para una institucionalidad capaz de atender de manera técnica y diferenciada los conflictos por la tierra», señalaron fuentes cercanas al proceso. Con este rediseño normativo, Colombia busca cerrar la brecha de desigualdad que ha alimentado el conflicto interno por décadas.

El mandatario afirmó a través de su cuenta de X que el principal factor detrás del aumento de la inflación en marzo fue la empresa Enel, y no el salario mínimo.

Esto, al referirse a la multa de $2.847 millones impuesta por la Superservicios por presuntas distorsiones en la formación de precios de la energía en bolsa, que impactaron el costo del servicio para los usuarios.

“Efectivamente el mayor responsable del crecimiento de la tasa de inflación del mes de marzo fue Enel y no el salario vital”, sostuvo el mandatario. ​

Añadió que la empresa “especuló y ha sido sancionada con una multa por la Superintendencia de Servicios”, y solicitó a la embajadora de Colombia en Italia iniciar acciones bajo las leyes de ese país y de la Unión Europea.

“Esto significa un atraco al bolsillo de los colombianos”, afirmó.

El mandatario explicó que, según su análisis, Enel habría distorsionado el precio de la energía eléctrica en bolsa, generando un incremento del 9 % en el costo de la generación para Bogotá en un solo mes.

Asimismo, señaló que el hecho de que la empresa sea generadora, distribuidora y comercializadora en la capital permite que, al no ser anónimas las transacciones en bolsa, se configuren condiciones para fijar precios por encima de los costos reales. “Se establece un precio de monopolio muy por encima de los costos reales”, indicó.

En ese sentido, pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio intervenir para “romper el monopolio prohibido por la Constitución”, al considerar que esta situación incrementa los ingresos de la empresa a costa de los usuarios bogotanos.

El presidente también solicitó formalmente a Enel devolver el sobrecosto cobrado a los usuarios en la próxima factura.

Por su parte, la Superservicios explicó que la sanción se fundamenta en la presentación de ofertas de precios que no correspondían a los costos variables del recurso hídrico, pese a que el embalse operaba cerca de su cota máxima sin que esto se reflejara en una reducción de los precios de la energía.

“Estamos fortaleciendo nuestras funciones de inspección, vigilancia y control a las empresas prestadoras para garantizar que no se generen costos ineficientes a los usuarios”, señaló el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón.

Finalmente, la entidad reiteró que, en línea con las instrucciones del Gobierno nacional, continuará reforzando la vigilancia para asegurar un mercado transparente, eficiente y con tarifas justas para los ciudadanos.

La vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez Mina, rechazó el atentado con un bus cargado de explosivos en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha, en Cali, y pidió acciones inmediatas para garantizar la seguridad en la región.

En un comunicado a la opinión pública, la alta funcionaria calificó el hecho como un acto “cobarde” que pone en riesgo la vida de la población y reiteró que la violencia no doblegará a la ciudadanía. “No nos van a silenciar, no nos van a amedrentar y como pueblo nos seguimos levantando con rectitud por la vida y por la paz”, afirmó.

La vicepresidenta advirtió que no es aceptable que grupos armados continúen generando temor en los territorios y señaló que la violencia no puede ser un camino para la disputa política. “No aceptamos que los grupos armados sigan sembrando el miedo. No es sembrándole terror a nuestro pueblo como se gobierna un país, es proponiendo acciones de cambio y dignidad”, expresó.

La funcionaria también manifestó su rechazo a que el Pacífico colombiano continúe afectado por la violencia de estos grupos y pidió al Estado fortalecer su presencia en la región.

En ese sentido, solicitó al Ministerio de Defensa y a las entidades responsables adoptar las medidas necesarias para proteger la vida de los ciudadanos y dar con los responsables del atentado. “Se tienen que usar todas las herramientas del Estado colombiano para proteger al Pacífico y a su gente”, señaló.

La vicepresidenta concluyó con un llamado a frenar la violencia en el país. “¡No más violencia en el Pacífico ni en Colombia, ya no más, estamos cansados!”, indicó.