Mes: abril 2026

En una explosiva entrevista con la revista Semana, la actual gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, destapó una feroz guerra interna en el Gobierno Nacional. El eje central de sus denuncias apunta a la exasesora presidencial Juliana Guerrero, a quien Rodríguez señala de ejercer un poder desmedido y coercitivo dentro de diversas entidades. Según la funcionaria, ella misma alertó al presidente Petro sobre presuntas irregularidades en los títulos profesionales de Guerrero antes de que el escándalo fuera público, lo que habría desatado una persecución en su contra. Rodríguez fue más allá al afirmar que Guerrero se ufana de tener cercanía con miembros del ELN, asegurando que bajo esa narrativa «genera presiones en la toma de decisiones porque la gente cede por miedo».

La denuncia describe una red de aproximadamente 20 altos funcionarios que actuarían en bloque para influir en la burocracia y el manejo de recursos. Rodríguez vinculó en este grupo al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, a quien acusó de infiltrar un «espía» en el Fondo de Adaptación para grabarla y fotografiarla clandestinamente. Según su testimonio, existen chats y videos donde se mencionan estrategias de «Caballo de Troya» y advertencias de que dentro de la entidad «le llovería candela». La gravedad de las acusaciones escaló al plano personal cuando Rodríguez sugirió que el jefe de despacho presidencial, Raúl Moreno, era el único que conocía la ubicación de la casa de sus padres, lugar que fue recientemente asaltado por sujetos encapuchados.

Finalmente, la exdirectora del DAPRE calificó el ambiente en la Casa de Nariño como un «juego por el poder y el dinero», impulsado por funcionarios que intentan asegurar cuotas políticas ante la incertidumbre sobre la continuidad del proyecto actual. Tras revelar estos nombres y modalidades de presión, Rodríguez hizo un angustioso llamado a las autoridades y al propio presidente para que se garantice su vida y su integridad física, manifestando un temor real de ser asesinada por romper el silencio sobre las fracturas éticas y de seguridad que, según ella, carcomen el corazón del Gobierno.

La tensión electoral entre el oficialismo y la oposición escaló este miércoles tras el fuerte pronunciamiento de la senadora María José Pizarro contra la candidata presidencial Paloma Valencia. Pizarro exigió públicamente una rectificación a la líder del Centro Democrático, acusándola de basar su estrategia de campaña en «injurias y mentiras» para desprestigiar a la coalición del Pacto Histórico y, específicamente, al senador Iván Cepeda.

La controversia se originó luego de que la defensora del Pueblo, Iris Marín, desestimara las denuncias que sugerían una supuesta coacción de grupos armados para favorecer electoralmente a Cepeda. Según la Defensora, no existe información técnica ni evidencia que respalde tales afirmaciones, lo que fue utilizado por Pizarro para cuestionar la ética política del uribismo. «¿O será mucho pedirle al uribismo que juegue limpio?», sentenció la congresista a través de su cuenta de X.

Durante su intervención en el Consejo de ministros el presidente Gustavo Petro advirtió que la combinación entre el aumento de las tasas de interés y decisiones arancelarias externas está afectando la economía, especialmente en zonas de frontera.

En ese sentido, afirmó que “si suben las tasas de interés en la frontera colombiana, en el lado colombiano, y además ponen 100% de arancel, pues estamos en la tormenta perfecta”

El mandatario cuestionó directamente a la Junta Directiva del Banco de la República por el impacto de sus decisiones, señalando que “están matando a la economía, deteniéndola para fines electorales en la Junta Directiva del Banco de la República”.

Frente a este panorama, defendió la política del Gobierno sobre el salario mínimo como motor del consumo, al asegurar que “hemos logrado hacer subir el consumo, gracias al salario vital”, aunque advirtió que parte de ese efecto puede desviarse hacia productos importados debido a la caída del dólar.

Sobre las medidas para enfrentar esta situación, el presidente fue enfático en la necesidad de aplicar aranceles, indicando que “lo lógico ahí era poner aranceles, ministro. Bueno, no es en lo que yo voy diciendo, sino en muchos, sin miedo, transitorios. Porque es para proteger la economía nacional y el empleo nacional”.

Además, explicó que el momento económico actual responde a una tensión entre dos fuerzas opuestas, al señalar que “como están peleando dos fuerzas contrarias, contradictorias, el alza de la tasa de interés y el crecimiento del salario vital, pues nos podemos mover hacia el criterio constitucional móvil.”

En ese contexto, dejó abierta la posibilidad de nuevos incrementos salariales si persiste la política del Banco de la República, al advertir que “si la Junta sigue en esa tontería en que va, pues subimos otra vez el salario. No, el salario vital no está creando inflación”.

El presidente también cuestionó el enfoque económico predominante en la Junta, al señalar que “la economía no es una ciencia, sino que es más un debate entre corrientes de pensamiento”, insistiendo en la necesidad de abrir el debate económico en el país.

Finalmente, reiteró que las decisiones en materia de aranceles, salario y política económica deben orientarse a proteger la producción nacional y evitar que sectores vulnerables, especialmente en frontera, se queden sin alternativas económicas.