Cordoberxia reporta 409 homicidios y más de 4.200 nuevos desplazamientos en Córdoba durante el proceso de paz con las EGC
En un reciente informe emitido por la Fundación Cordoberxia, se ha revelado una radiografía preocupante sobre la situación de orden público en el departamento de Córdoba, enmarcada en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Este lapso coincide con el inicio formal del espacio de conversación sociojurídico para la desmovilización del grupo armado autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
A pesar de las expectativas generadas por los diálogos de paz y los compromisos adquiridos en escenarios internacionales como Doha, las cifras oficiales demuestran que el impacto de la violencia en la población civil no solo persiste, sino que presenta repuntes críticos en diversas categorías de derechos humanos.
Los datos presentados en el reporte evidencian que el desplazamiento forzado sigue siendo la herida más profunda del conflicto en la región, registrando un incremento de 4,265 nuevos casos en apenas siete meses, lo que eleva la cifra total en el departamento a más de 467,000 víctimas registradas.
Asimismo, la seguridad personal se ha visto severamente vulnerada con el reporte de 409 homicidios y 717 amenazas adicionales durante este periodo de «tregua» y negociación. Otros delitos como la desaparición forzada y el secuestro también mostraron una tendencia al alza, sumando 115 y 33 casos respectivamente, lo que pone en entredicho la voluntad de cese de hostilidades por parte de los actores armados frente a las comunidades locales.
Ante este panorama, la Fundación Cordoberxia ha reforzado su rol como observador y dinamizador de las garantías de seguridad en los territorios más afectados, tales como el Alto Sinú, San Jorge y el Bajo Sinú. La organización, que actúa como pieza clave en el monitoreo de los acuerdos de paz, ha sido reconocida como un sujeto colectivo de protección especial tanto por el Gobierno Nacional como por la Gobernación de Córdoba y diversas alcaldías municipales.
Este respaldo institucional busca blindar la labor de los defensores de derechos humanos en municipios críticos como Tierralta, Valencia y Montelíbano, donde el control territorial de los grupos armados continúa desafiando la implementación de programas integrales de seguridad y la construcción de una paz estable y duradera en el sur del departamento.
