La justicia colombiana ha comenzado a desgranar lo que la Fiscalía General de la Nación califica como uno de los saqueos más audaces y sistemáticos al Sistema General de Regalías en la historia del país. En una audiencia de imputación de cargos marcada por la tensión, un fiscal especializado formuló acusaciones contra ocho de los nueve capturados vinculados a la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), organización que habría servido como fachada para el direccionamiento masivo de recursos públicos.
La diligencia tuvo que ser segmentada debido a la situación de salud de Gustavo Bolaños Pastrana, señalado como el cerebro de la operación, quien fue trasladado de urgencia por una crisis de hipertensión y posibles síntomas cardíacos, lo que obligó a suspender temporalmente su proceso individual mientras el resto de la red enfrentaba la justicia.
La investigación del ente acusador revela la existencia de una «coparticipación criminal» diseñada para concentrar la ejecución de millonarios proyectos sociales. Según el fiscal delegado, los implicados crearon un manual de contratación prohibido que les permitió adjudicar a dedo más de cien contratos, una práctica que llevó a los investigadores a denominar a la red como «Los Contrata-dedos». La tesis de la Fiscalía sostiene que la designación de Aremca fue una decisión caprichosa y premeditada, ya que la asociación no contaba con los estudios de mercado, la capacidad técnica, ni siquiera con una plataforma contable básica para gestionar la magnitud de los recursos que le fueron entregados.
El entramado, que inició con tres proyectos específicos en el departamento de Arauca, expandió rápidamente sus tentáculos mediante un modelo de «cartel de direccionamiento de contratos» que involucró a representantes legales, coordinadores de planeación y tesoreros. Entre los judicializados se encuentran Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Sáez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán Germán, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo. A este grupo se le imputan delitos de extrema gravedad, tales como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento público.
Mientras el CTI de la Fiscalía intensifica los operativos para dar con el paradero de otros dos implicados que siguen prófugos, el proceso avanza bajo la lupa de un grupo de tareas especiales que busca determinar el alcance total del daño patrimonial. Para los investigadores, quedó probado que «se cuadró todo» para que Aremca se quedara con los recursos sin cumplir con las exigencias legales mínimas, en un esquema donde la función pública fue suplantada por una estructura jerárquica dedicada al lucro ilícito. Esta primera etapa procesal marca el inicio de un juicio histórico que pretende sentar un precedente contra la corrupción en el manejo de las regalías regionales.
