Mes: abril 2026

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, lanzó una severa crítica contra la Fiscalía General de la Nación, acusando al ente acusador de desviar la atención de los verdaderos focos de corrupción en el sistema de salud y atención de emergencias. En un pronunciamiento que sacudió el panorama político, Velasco cuestionó la «habilidad» del organismo para centrarse en casos menores mientras ignora cifras astronómicas.

La molestia del exministro surge tras las recientes revelaciones deCaracol Radio sobre órdenes de proveeduría aprobadas entre la Fiduprevisora y Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Según Velasco, la justicia ha concentrado sus esfuerzos en investigar tres contratos que nunca llegaron a ejecutarse en Invías y la UNGRD, pero ha ignorado presuntas irregularidades que ascienden a 1,1 billones de pesos.

“La Fiscalía ha querido insistir en un supuesto robo en Invías y en la UNGRD por contratos que no se hicieron, y volteó a mirar a otro lado ante los 1,1 billones de pesos”, sentenció de manera tajante.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formalizó el reconocimiento de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como ‘Simón Trinidad’, como víctima dentro del Caso 06, que investiga el exterminio sistemático de la Unión Patriótica (UP). La decisión se fundamenta en los hechos de persecución política sufridos por Palmera entre 1985 y 1987 en el departamento del Cesar, época en la que militaba en dicha colectividad antes de unirse a las filas de las antiguas Farc-EP. Según el auto de la justicia transicional, el exguerrillero expuso episodios de amenazas directas contra su familia y presiones por parte de agentes del Estado, situaciones que lo habrían forzado al exilio y posteriormente a la insurgencia tras el asesinato de varios de sus compañeros de partido.

Con este reconocimiento, ‘Simón Trinidad’ adquiere la calidad de interviniente especial, una figura jurídica que le otorga facultades para participar activamente en el proceso judicial desde su lugar de reclusión en Estados Unidos. Esta condición le permitirá aportar pruebas, acceder a los expedientes reservados y presentar observaciones ante las versiones voluntarias que entreguen otros comparecientes vinculados al caso. La JEP subrayó que este acto busca garantizar el derecho a la verdad y la participación efectiva de quienes sufrieron la violencia política en el marco del conflicto, permitiendo que sus relatos contribuyan al esclarecimiento de los patrones de victimización en la región Caribe.

Pese a la relevancia de la acreditación, el tribunal aclaró que este estatus no garantiza que sus denuncias específicas sean priorizadas dentro de las investigaciones territoriales actuales del Caso 06. La decisión se enfoca en validar su condición de perseguido político durante su etapa civil en Valledupar, sin que esto interfiera con los procesos de investigación general que adelanta la Sala de Reconocimiento. De esta manera, el exjefe guerrillero se suma a los miles de militantes de la UP que buscan justicia por la violencia sistemática que diezmó a la organización política hace cuatro décadas.

Alcaldes de municipios del Caribe afectados por el frente frío hicieron un llamado urgente a la Corte Constitucional para que analice con criterios técnicos los decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica expedidos por el presidente Gustavo Petro, al considerarlos fundamentales para la recuperación de sus territorios.

​Los mandatarios locales advirtieron que una eventual anulación de estos decretos afectaría gravemente la capacidad institucional y las inversiones necesarias para responder a la crisis humanitaria que impacta a más de 120 mil familias en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena.

​»Respaldamos este decreto porque es la única salida que tenemos en nuestros territorios para ejecutar la fase de recuperación. Su anulación nos pondría en una situación muy compleja. La recuperación de Tierralta, por ejemplo, tiene un valor cercano a un billón de pesos. Esos recursos no los tiene ni el municipio, ni el departamento, ni siquiera el Gobierno; solo podrían obtenerse a través del decreto de emergencia», aseguró el alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras.

​»Realizamos un recorrido de siete horas para llegar a Montería. Hicimos el esfuerzo de venir porque entendemos la importancia del decreto para los municipios del Caribe afectados por el frente frío. Como municipalidad, no tenemos la capacidad de atender de manera autónoma las situaciones que enfrentan nuestras comunidades ni de contar con los recursos necesarios», afirmó Fermín Cruz Quintero, alcalde de La Gloria, Cesar.

​En respaldo a este llamado, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, señaló que los decretos están debidamente sustentados y responden a un fenómeno climático imprevisible y sobreviniente.

​»La única razón por la que la Corte Constitucional podría tumbar el decreto de emergencia económica sería política y no basada en argumentos técnicos. La decisión está debidamente sustentada y obedece a un fenómeno climático atípico que afectó a más de 120 mil familias en el Caribe colombiano», afirmó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

​El llamado unánime de los alcaldes a la Corte Constitucional se da durante la construcción del Plan de Recuperación Temprana, liderado por la UNGRD, que orientará la inversión de $8,7 billones destinados a superar la emergencia y sentar las bases de una recuperación sostenible en los territorios afectados.

​La fase de recuperación temprana está proyectada para un periodo de hasta dos años y busca garantizar derechos básicos a la población damnificada, como vivienda digna, acceso a agua potable, salud, educación, seguridad alimentaria, infraestructura, obras de mitigación del riesgo y recuperación de suelos.

​Los mandatarios locales advirtieron que la eventual anulación de estos decretos por parte de la Corte Constitucional podría afectar gravemente la capacidad institucional para responder a la crisis humanitaria, ambiental y económica que enfrentan sus municipios.

​Por esta razón, solicitaron formalmente a la Corte una audiencia en la que puedan ser escuchados y exponer de primera mano la magnitud de la emergencia, el impacto en sus territorios y la necesidad de mantener vigentes los decretos como herramienta fundamental para avanzar en la recuperación de las comunidades afectadas.

El presidente Gustavo Petro consideró que el Consejo de Estado “está vetando» el traslado de los trabajadores que estaban afiliados al régimen de ahorro individual (fondos privados de pensiones) al régimen de prima medias administrado por Colpensiones.

En su cuenta oficial de la red social X, el mandatario respondió a la decisión del contencioso administrativo de suspender provisionalmente el Decreto 415 del 20 de abril de 2026 que ordena el traslado a Colpensiones de los recursos de 120 mil afiliados que se cambiaron de régimen.

En su mensaje, el presidente Petro dijo que esa decisión judicial “les permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores», por ello llamó a la movilización nacional el próximo 1º de mayo y en apoyo a la asamblea constituyente “para aprobar las reformas sociales y enfrentar la corrupción».

Por su parte, los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Seguridad Social les pidieron a los fondos privados girar de inmediato al fondo público los recursos de unas 25 mil personas que ya obtuvieron su pensión de jubilación.

Las dos carteras respondieron a la decisión del tribunal contencioso que suspendió provisionalmente la norma mientras toma una decisión de fondo.

“Atendiendo a que el Consejo de Estado en su decisión mantiene vigente el giro de los recursos de las cuentas de ahorro individual a Colpensiones respecto de cerca de 25 mil personas que ya consolidaron su derecho pensional y cuyas mesadas están siendo asumidas por el Fondo Público, consideramos que los fondos privados deben proceder sin dilación alguna y dentro de los plazos establecidos, al traslado efectivo de dichos recursos, en garantía de pago oportuno de las mesadas pensionales ya reconocidas», señala el pronunciamiento conjunto.

Las dos carteras “reiteran su compromiso con la defensa del interés general, la protección del ahorro pensional de los trabajadores y la estabilidad del sistema», y agregan que ejercerán todas las acciones jurídicas necesarias “para garantizar que prevalezcan los principios constitucionales que rigen la seguridad social en Colombia».

Sin embargo, dice que el Gobierno nacional respeta las decisiones judiciales y la independencia de las altas Cortes, pero advierten de la preocupación por la medida cautelar del Consejo de Estado que suspendió parcialmente el Decreto 415 del 20 de abril de 2026.

“Resulta necesario advertir que este tipo de decisiones adoptadas en trámite de urgencia, sin agotar el debate contradictorio, genera profundas implicaciones sobre la sostenibilidad del sistema pensional y la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores», señalan los dos ministerios en el comunicando.

Aseguran que los fondos privados pretendan mantener el control y usufructo de los ahorros de más de 120 mil trabajadores que decidieron trasladarse al régimen público.

“Esta situación resulta no solo inequitativa, sino contraria a los principios de sostenibilidad, equidad y destinación específica de los recursos de la seguridad social. No es admisible que mientras el sistema público asume el pago de las pensiones y los riesgos asociados, los recursos permanezcan en administración privada», concluyen las dos carteras