Mes: junio 2026

Con el objetivo de garantizar la total transparencia y el orden público en la recta final de los comicios presidenciales, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una robusta estrategia de seguridad que incluye millonarios incentivos económicos para la ciudadanía. La cartera de Defensa fijó un plan de recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes denuncien de manera efectiva cualquier tipo de delito electoral, y elevó la cifra hasta los 1.000 millones de pesos por información oportuna que permita neutralizar posibles atentados contra la vida de los candidatos en contienda.

Para hacer frente a las amenazas que rondan el proceso democrático, el Gobierno Nacional dispondrá de un pie de fuerza histórico de 408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública, quienes custodiarán los centros de votación y los puntos neurálgicos de todo el territorio nacional antes, durante y después del cierre de las urnas.

Al hacer el lanzamiento de este despliegue operativo, el jefe de la cartera militar hizo un llamado vehemente a la madurez política de los ciudadanos y los diferentes sectores de campaña, enfatizando que el comportamiento ejemplar y el respeto irrestricto a los resultados emitidos por la organización electoral constituyen la mayor protección que se le puede brindar a la democracia colombiana.

A pocas horas de que se abran las urnas para la jornada electoral, una nueva declaración del presidente Gustavo Petro sacudió el panorama político y profundizó la polarización en el país. Durante un evento público de cierre, el jefe de Estado lanzó una polémica advertencia de cara a un eventual escenario de segunda vuelta, asegurando que los ciudadanos tendrán que elegir si mantienen la soberanía patria o si deciden «cambiar la bandera nacional por una de los Estados Unidos».

Aunque el mandatario no mencionó nombres propios, sectores políticos y analistas coincidieron en que el mensaje es un ataque directo a la campaña del abogado Abelardo de la Espriella, quien recientemente recibió el respaldo público de la congresista republicana María Elvira Salazar y posee la doble nacionalidad colombo-estadounidense. La frase del mandatario fue interpretada de inmediato como una dura crítica a las alianzas internacionales de la derecha y a la influencia de Washington en el debate interno.

Como ha sido habitual en este tramo final de la contienda, las afirmaciones de Petro se viralizaron con rapidez y desataron una oleada de reacciones encontradas. Mientras que los simpatizantes del Gobierno defendieron el discurso bajo una narrativa de defensa de la independencia nacional, los partidos de oposición y líderes del centroderecha tildaron el señalamiento de irresponsable, acusando al presidente de utilizar el miedo, la estigmatización y la intervención indebida en política para restarle fuerza a los candidatos rivales en la víspera de las votaciones.

​El senador Antonio Correa envió un mensaje de respaldo a los trabajadores y contratistas del Estado que actualmente enfrentan presiones, amenazas o extorsiones con sus puestos de trabajo para obligarlos a votar por determinados candidatos.

El congresista hizo un llamado urgente a no dejarse intimidar, recordando que existen aspirantes que prometen acabar con cientos de miles de empleos públicos y que, de cumplirlo, afectarían principalmente a quienes hoy los apoyan. Correa enfatizó que el voto es libre, secreto y que nadie debe verse forzado a elegir entre su sustento económico y su propia conciencia.

Asimismo, anunció que junto al senador Iván Cepeda avanzará hacia una «Reforma Laboral 2.0» orientada a dignificar el empleo, fortalecer los derechos de quienes viven en la inestabilidad y erradicar las prácticas que convierten la contratación pública en un mecanismo de dependencia y sometimiento político.

Finalmente, el legislador invitó a los ciudadanos a votar sin miedo, pensando en el futuro de sus familias y en la construcción de un país donde el trabajo se consolide como un derecho y no como una herramienta de presión.

El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, decidió acogerse a su derecho constitucional a guardar silencio, anunciando que no testificará en contra de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú dentro del proceso por corrupción que sacude a la entidad.

A través de un memorial radicado por su defensa ante las autoridades judiciales, se argumentó que su sometimiento a un principio de oportunidad con la Fiscalía no lo obliga a responder interrogatorios que sobrepasen los términos estrictos de la colaboración previamente acordada.

Los abogados de Pinilla solicitaron formalmente que se le permita abstenerse de declarar sobre gestiones de su cargo y sobre cualquier relación con congresistas, contratistas u otros aforados que queden por fuera del marco específico de su beneficio judicial. Igualmente, la defensa blindó la información contenida en el teléfono celular que el exfuncionario entregó de forma voluntaria, pidiendo que no sea confrontado con preguntas derivadas de los chats privados de dicho dispositivo.

Finalmente, el equipo jurídico enfatizó en que hacer uso de esta garantía no puede ser interpretado por los jueces como un indicio de responsabilidad penal o como un acto de obstrucción a la justicia, exigiendo que cada reserva quede debidamente registrada en las actas de las diligencias.