Mes: junio 2026

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En un desenlace que ha causado profunda indignación en el gremio de los educadores, el Congreso de la República le cerró definitivamente la puerta a la creación de la mesada 14 para los profesores pensionados del país. La iniciativa, que se encontraba a tan solo un paso de convertirse en ley de la República, terminó hundiéndose y quedando archivada debido a que no fue agendada para su último debate durante la jornada de cierre de las sesiones ordinarias del periodo legislativo 2022-2026.

Con este resultado, miles de docentes de colegios públicos que anhelaban recuperar este beneficio económico vieron frustrada una de sus más antiguas reivindicaciones laborales.

​La parálisis del proyecto en la recta final desató de inmediato una ola de reacciones y señalamientos políticos. El representante Gabriel Becerra lamentó públicamente el hecho, asegurando de forma directa que “la oposición bloqueó en el Senado la mesada 14 en su último debate”. En esa misma línea de rechazo, el congresista Alejandro Ocampo criticó la postura de la cámara alta frente a los derechos del magisterio, manifestando que esta remuneración adicional debería ser un beneficio garantizado para la totalidad de los jubilados en el territorio nacional.

​Con el archivo de este proyecto de ley, se mantiene el panorama normativo vigente desde que el Acto Legislativo 1 de 2005 tumbó dicha bonificación para los jubilados. De esta manera, los pensionados en Colombia continuarán percibiendo únicamente 13 pagos o mesadas cada año. Mientras tanto, el sindicato de educadores y los sectores políticos que respaldaban la propuesta evalúan el impacto de este revés legislativo, que deja al magisterio sin el esperado auxilio económico en el cierre del actual cuatrienio del Congreso.

El Gobierno nacional, a través de la Fuerza Pública, dispuso en el departamento de Putumayo un despliegue de más de 1.500 uniformados para garantizar la seguridad durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizará este domingo 21 de junio.

El comandante de la Vigésima Séptima Brigada del Ejército Nacional, coronel Óscar Ferdinand Caicedo, informó que, en articulación con la Policía Nacional, se adelantan las coordinaciones y el alistamiento operacional para brindar las condiciones de seguridad en todo el departamento durante la jornada democrática en la que los colombianos elegirán al presidente de la República para el periodo 2026-2030.

El oficial explicó que, mediante la presencia institucional, el despliegue de capacidades y acciones preventivas, la Fuerza Pública reafirma su compromiso con la protección de la ciudadanía y con el desarrollo de una jornada electoral en un ambiente de tranquilidad, orden y respeto.

“La democracia se fortalece cuando trabajamos por la seguridad de todos”, afirmó el coronel Caicedo.

Las autoridades señalaron que ya fueron verificados todos los dispositivos de seguridad previstos para la jornada e invitaron a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con confianza y tranquilidad.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, Putumayo mantiene el mismo censo electoral de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo: 846 mesas de votación y 264.820 ciudadanos habilitados para sufragar.

La Policía Nacional confirmó que existen las condiciones de seguridad en los 82 puestos de votación ubicados en las zonas rurales del departamento, con el fin de que la población pueda participar libremente en la elección del próximo presidente de la República.

Con información de la Vigésima Séptima Brigada del Ejército Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La Justicia Penal Militar precluyó la investigación en contra del subcomisario Víctor Hugo Gómez, quien se desempeñaba como jefe del esquema de seguridad del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El tribunal concluyó de forma contundente que no existen elementos objetivos para imputarle una responsabilidad por «comisión por omisión» en el magnicidio cometido por un sicario menor de edad.

​Según el expediente judicial, la tragedia estuvo antecedida por fallas de planeación ajenas al cuerpo policial, pues el mitin político en el que ocurrió el crimen fue organizado por el equipo del congresista con días de anticipación sin que se notificara de manera oportuna a los escoltas.

Las pruebas demostraron que la secretaria privada de Uribe Turbay informó al subcomisario sobre la agenda el mismo sábado del ataque a las 7:07 a. m., lo que generó una imposibilidad material para realizar los debidos operativos de avanzada y perímetros de inspección técnica en el lugar.

Con este fallo se descarta cualquier conducta de prevaricato, determinando que la vulnerabilidad en la protección no obedeció a una negligencia deliberada del uniformado.

​En una severa crítica al rumbo social del país, Jorge Iván González, quien se desempeñó como el primer director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) bajo el mandato de Gustavo Petro entre agosto de 2022 y febrero de 2024, calificó las estrategias contra la pobreza extrema en Colombia como un «fracaso nacional».

A través de una columna de opinión titulada bajo ese mismo nombre y publicada en el Diario La República, el exfuncionario sentenció de manera contundente que el territorio nacional no logrará cumplir con la meta de erradicar este flagelo para el año 2030. Con este pronunciamiento, González desestimó el optimismo con el que el Gobierno central y varios mandatarios locales han recibido las cifras más recientes expuestas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

​Sustentando su postura en los datos oficiales del DANE correspondientes al año 2025, el exdirector evidenció que actualmente cerca de 4.9 millones de colombianos se encuentran sumidos en la pobreza extrema, un registro que supera los 4.7 millones que se habían contabilizado en el año 2017. De acuerdo con el análisis del experto, este incremento demuestra un notable retraso que aleja de forma alarmante al país del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por esta razón, el economista cuestionó con dureza que las autoridades políticas insistan en presentar los resultados actuales como un avance en la materia.

​Asimismo, el examen de González dejó al descubierto las profundas y persistentes brechas socioeconómicas que fracturan a las regiones, dividiendo el panorama entre las áreas urbanas, las rurales y las diferentes capitales. Como vivo reflejo de esta falla estructural en el modelo de desarrollo imperante, puntualizó que mientras la ciudad de Manizales registra una tasa de incidencia de pobreza extrema de apenas el 2.5%, en Quibdó la cifra se dispara dramáticamente hasta alcanzar el 32.5%. Finalmente, concluyó que uno de los mayores obstáculos para avanzar con rapidez hacia una solución definitiva radica en la falta de coordinación y articulación real entre el Gobierno nacional y las administraciones de los diferentes departamentos y ciudades.

«​No podrán sacar por tutela a Abelardo De La Espriella de una elección que debe decidir el pueblo colombiano»

​La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella informa a la opinión pública que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Sincelejo declaró improcedente una nueva acción de tutela que pretendía dejar sin efectos su inscripción como candidato presidencial, suspender su participación en el proceso electoral y retirarlo de los instrumentos de votación.

​Esta decisión confirma que la acción de tutela no puede ser utilizada como atajo político para alterar el curso de una elección presidencial ni para intentar sacar de la contienda a un candidato que cumple los requisitos constitucionales y que cuenta con el respaldo legítimo de millones de colombianos.

​La tutela insistía en argumentos ya desvirtuados: una supuesta inhabilidad por doble nacionalidad y un inexistente requisito de residencia mínima de cinco años para aspirar a la Presidencia de la República. Frente a esa narrativa, la posición jurídica ha sido clara: la Constitución exige ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años. Abelardo De La Espriella cumple esos requisitos.

​El fallo también deja en evidencia el uso reiterado de acciones judiciales como mecanismo de presión política en la recta final de la campaña. Primero intentaron sembrar dudas sobre la nacionalidad. Luego buscaron fabricar inhabilidades donde la Constitución no las contempla. Ahora pretendieron utilizar una tutela para sacar a Abelardo de la segunda vuelta. Todas esas maniobras han terminado cayéndose.

​El movimiento ciudadano Defensores de la Patria, también rechaza la instrumentalización de los jueces con fines electorales y advierte que Colombia no puede permitir que las decisiones que corresponden al pueblo en las urnas sean sustituidas por montajes jurídicos, interpretaciones forzadas o demandas de último minuto.

​La candidatura de Abelardo De La Espriella sigue firme. El debate jurídico artificial se cae una vez más y el próximo 21 de junio, serán los ciudadanos, y no los montajes judiciales, quienes decidan el futuro de Colombia.