Mes: junio 2026

El director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Jorge Eduardo Londoño, desmintió categóricamente los rumores que apuntaban a una supuesta quiebra financiera de la institución. En declaraciones ofrecidas desde Riohacha, el funcionario entregó un balance de tranquilidad sobre los recursos de la entidad y aseguró que, por el contrario, el SENA atraviesa un periodo de robustez presupuestal sin precedentes históricos.

​Según detalló Londoño, durante el actual cuatrenio la institución recibió un 50% más del presupuesto que tradicionalmente se le asignaba en periodos anteriores. Esta inyección de capital ha permitido, entre otras cosas, nivelar y aumentar las condiciones laborales de la planta de personal, reflejado en un incremento salarial del 12% para los funcionarios.

Asimismo, el director destacó que se han invertido alrededor de 1 billón de pesos exclusivamente en infraestructura y mantenimiento de las sedes a nivel nacional, garantizando así la continuidad y calidad de la formación técnica y tecnológica en el país.

El proceso de elección del rector en la Universidad Popular del Cesar (UPC) se trasladó a los estrados judiciales tras la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra cinco integrantes de su Consejo Superior Universitario.

La acción, interpuesta por el abogado Belisario Jiménez Lúquez, señala directamente a la delegada de la Presidencia de la República, Juliana Andrea Guerrero Jiménez, junto a Xavier Miguel Estrada (delegado de Educación), Marlon Bastidas (estamento docente), Armando Cotes (directivas académicas) y Óscar Pacheco (exrectores), por su presunta participación en los delitos de prevaricato por acción y concierto para delinquir durante la sesión que eligió a Guillermo Andrés Echavarría Gil.

De acuerdo con el jurista, los implicados habrían tomado decisiones previamente concertadas en una votación exprés que omitió el análisis riguroso de las hojas de vida e ignoró las advertencias sobre el incumplimiento de requisitos del candidato. La controversia penal coincide con un reciente fallo del Consejo de Estado, tribunal que ordenó la suspensión provisional de Echavarría Gil al ratificar que, al momento de inscribirse, no acreditaba el tiempo mínimo de experiencia en educación superior exigido por la institución.

En un tono enérgico, el senador Antonio Correa salió al paso de las recientes críticas internacionales contra figuras políticas y congresistas del país, exigiendo respeto absoluto por la soberanía nacional y la democracia colombiana.

A través de su cuenta en la red social X, el congresista anunció que ha solicitado acompañamiento institucional formal para los casos de ciudadanos como Beto Coral, quienes han sido blanco de lo que considera señalamientos injustificados. Según Correa, el Estado debe elevar una nota formal de protesta ante las instancias pertinentes para frenar lo que califica como una injerencia indebida en asuntos internos.

El senador fue enfático al declarar que Colombia no aceptará tutelas extranjeras, reiterando que la única voz legítima para decidir el destino político de la nación es la voluntad del pueblo expresada a través de las urnas. Con este pronunciamiento, Correa reafirma su postura frente a lo que denomina estigmatización de ciudadanos desde el exterior, marcando una línea divisoria sobre la autonomía institucional del país en plena coyuntura electoral.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, respondió con dureza a Claudia López luego de que la exalcaldesa interpretara unas declaraciones suyas como una supuesta invitación a promover disturbios en caso de un resultado electoral adverso para la izquierda. Carrillo aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y acusó a López de tergiversar deliberadamente su mensaje.

A través de sus redes sociales, el funcionario cuestionó la postura de la exmandataria y le preguntó si no le daba “vergüenza” difundir una interpretación que, según él, no corresponde a lo que realmente expresó. Además, insistió en que nunca promovió actos violentos ni escenarios de desestabilización.

La controversia se produjo en medio del ambiente de tensión política previo a la segunda vuelta presidencial, donde distintos sectores han debatido sobre las posibles reacciones tras conocerse los resultados electorales. El cruce entre Carrillo y López generó múltiples reacciones en redes sociales y reavivó la discusión sobre la polarización política que vive el país.

El Congreso de la República aprobó el proyecto que reconoce la bonificación judicial como factor salarial para los servidores de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar y las direcciones administrativas del sector, beneficiando a más de 36.000 funcionarios en todo el país.

Con esta decisión, la bonificación dejará de ser tenida en cuenta únicamente para aportes a salud y pensión, y pasará a formar parte de la base para liquidar prestaciones sociales como cesantías, intereses, vacaciones y primas, una reivindicación que durante años fue reclamada por organizaciones sindicales y trabajadores del sector judicial.

La iniciativa fue respaldada por distintos sectores políticos y judiciales, que consideran la medida como un paso para corregir una inequidad histórica en las condiciones salariales de miles de servidores públicos de la administración de justicia.