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Política Nación

“Llegó la hora de las regiones y su gente”: Marcos Daniel Pineda

El senador Marcos Daniel Pineda celebró la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de gobernar desde Barranquilla, al considerar que se trata de un mensaje claro de descentralización y de reconocimiento al papel que las regiones están llamadas a desempeñar en el futuro del país. Aseguró que Colombia necesita un Estado más cercano a los territorios y que las grandes decisiones también reflejen la realidad de un país diverso.

“Durante muchos años se instaló la idea de que las decisiones importantes solo podían tomarse desde Bogotá. Hoy se envía un mensaje distinto, es en las regiones donde están los grandes desafíos de Colombia y donde millones de ciudadanos enfrentan a diario los problemas que el Estado está llamado a resolver. En la medida en que el Gobierno trabaje más cerca de los territorios, tendrá una mayor capacidad para escuchar, comprender y responder con eficacia a esas realidades. Este es un paso que fortalece la descentralización y responde a un reclamo histórico de millones de colombianos que quieren un país donde las oportunidades y las decisiones también se construyan desde las regiones”, afirmó el congresista.

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¡Exigen captura ya! Militar de la Armada acusado de feminicidio en San Antero sigue prófugo pese a orden de cárcel.

Familiares de Nayelis Medina Ladeuth, la joven asesinada en el barrio Severá de San Antero, denunciaron que el presunto responsable del crimen, Camilo Andrés Martínez Urango, integrante activo de la Armada Nacional, permanece prófugo.

Aunque un juez le impuso medida de aseguramiento en la cárcel Las Mercedes por los delitos de feminicidio agravado y tentativa de homicidio, el uniformado no ha sido capturado. Martínez Urango compareció de manera virtual a las audiencias preliminares, pero una vez se ordenó su reclusión intramural, no fue localizado por las autoridades.

Según los allegados de la víctima, el acusado y Nayelis mantenían una relación sentimental extramatrimonial. Ella habría decidido terminarla, decisión que el hoy investigado no aceptó.

El día de los hechos, la joven se encontraba en una fiesta cuando él llegó. Al verlo, corrió asustada hasta la casa de sus abuelos, donde fue atacada en repetidas ocasiones con un arma blanca. Un ciudadano que intentó auxiliarla resultó herido.

Los familiares de Nayelis hicieron un llamado urgente a las autoridades para que aceleren la captura del procesado y se cumpla la decisión judicial.

“Lo único que pedimos es que este feminicidio no quede en la impunidad. Queremos que sea capturado y responda ante la justicia por lo que le hizo a Nayelis”, expresaron.

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Política Nación

Fiscalía cae sobre contrato de 32 millones de dólares: judicializan a exfuncionario de Defensa y dos particulares por helicópteros MI-17.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán, y a los particulares Carlos Martín Uribe Forero y el ciudadano estadounidense James Lester Montgomerie, por presuntas irregularidades en el proceso contractual para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

El contrato, valorado en aproximadamente 32 millones de dólares, se adelantó entre septiembre y diciembre de 2024. Según la investigación, el proceso habría sido direccionado a favor de una empresa mediante una modalidad de contratación que no era procedente.

La Fiscalía estableció que Buitrago Galán habría impartido instrucciones para favorecer al contratista, coordinado el intercambio de información con los particulares e incluso actuado como traductor en las comunicaciones con el empresario extranjero. También se investiga un anticipo de alrededor de 16,2 millones de dólares (el 50 % del valor), entregado cuando el avance de los trabajos era significativamente menor.

A los procesados se les imputaron, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Ninguno de los tres aceptó los cargos.

El caso forma parte de uno de los mayores escándalos de contratación del sector defensa en los últimos años y deja en el aire el estado de decenas de aeronaves de la flota de helicópteros del Ejército.

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Boletines

Montelíbano decreta severas restricciones de orden público tras violentos disturbios por desalojo predial

Frente a la escalada de alteraciones al orden público registradas durante el fin de semana, el alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, oficializó una serie de medidas drásticas para contener las protestas y salvaguardar la infraestructura del municipio. La decisión gubernamental surge como respuesta a las intensas jornadas de manifestación que iniciaron el pasado viernes 24 de julio, cuando cientos de pobladores bloquearon la vía que comunica a Montelíbano con La Apartada en rechazo al desalojo del predio privado denominado ‘La Manuela’.

​Dentro del paquete de restricciones de carácter indefinido, la administración municipal prohibió la circulación de motocicletas con parrillero en el casco urbano entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. Asimismo, se decretó la ley seca, ordenando el cierre de establecimientos nocturnos y la suspensión del expendio de bebidas alcohólicas a partir de las 6:00 p.m. de cada jornada hasta el día siguiente, medida que se mantendrá vigente hasta que se restablezca la normalidad en la zona.

​El decreto también restringe de manera estricta la venta y el transporte de combustibles, escombros y sustancias peligrosas en vehículos de carga, buscando neutralizar el uso de estos elementos como material incendiario o contundente por parte de los manifestantes. A la par, las autoridades locales dispusieron el cierre preventivo del acceso vehicular y peatonal a las vías perimetrales de las instituciones gubernamentales y sedes de seguridad, con el fin de blindar estos inmuebles de eventuales actos vandálicos.

​La medida incluye además la suspensión del porte de armas de fuego en toda la jurisdicción, facultad que queda restringida de forma exclusiva a los miembros de la Fuerza Pública y al personal de vigilancia privada acreditado.

​Entre tanto, la tensión persiste en el territorio. Mientras la comunidad asentada de manera irregular en ‘La Manuela’ denuncia supuestos excesos de fuerza por parte del personal de la Unidad Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO) durante los operativos de desbloqueo, las autoridades defienden el proceder institucional sosteniendo que las intervenciones se han desarrollado bajo la estricta observancia del marco legal vigente.

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Política Nación

Juliana Guerrero tira la toalla: renuncia como delegada de Petro en la Universidad Popular del Cesar

Juliana Guerrero anunció este lunes su renuncia irrevocable al cargo de delegada del Presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC).

La decisión fue comunicada a través de su abogado. Según explicó, deja el cargo para dedicar tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones penales que actualmente cursan en su contra.

Guerrero enfrenta procesos por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con la obtención de títulos académicos en la Fundación Universitaria San José.

La Fiscalía ya tiene lista la acusación y la audiencia de formulación está programada para el 5 de agosto.

Su nombramiento como delegada presidencial en la UPC había generado fuertes rechazos por parte de sectores estudiantiles y académicos, que en reiteradas ocasiones pidieron su remoción argumentando falta de idoneidad y los cuestionamientos judiciales que la rodean.

Con esta renuncia, Guerrero se aparta de uno de los últimos cargos de representación institucional que mantenía vinculados al Gobierno.

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Política Córdoba

¡Inaudito! Juzgado de San Pelayo ordena desalojo de familias en Carrillo, por terrenos de una carretera que Ruta al Mar ya no construirá

Los ocupantes de una casa-finca ubicada a la orilla de la carretera San Pelayo-Carrillo recibieron el aviso oficial 02401 del Juzgado Municipal de San Pelayo, en el que se les informa que serán desalojados por la fuerza el próximo 25 de agosto en horas de la mañana si no abandonan voluntariamente la propiedad.

En el predio viven dos grupos familiares: en una vivienda Eder Hernández, Ingrid Ramos y un menor de edad; en la otra, Margarita Negrete, Dolly López y José Miguel Ramos.

Según las autoridades, los terrenos serán usados para la construcción de una carretera.

“No entendemos por qué pasa esto, si ya Ruta al Mar no construye la carretera. Pero nos llevamos la sorpresa de que los procesos siguen y seremos echados a la calle y sin plata”, denunció Ingrid Ramos.

La finca tiene un valor estimado de 300 millones de pesos. Anteriormente, la Concesión Ruta al Mar les ofreció pagar solo 100 millones.

Las familias creían haber superado el conflicto tras el abandono del proyecto vial, pero ahora enfrentan una nueva amenaza: procesos de desalojo que, según afirman, se originaron durante la ejecución de la obra.

Aunque la concesión ya no está a cargo de la construcción, un tribunal ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pagar 3,57 billones de pesos a la Concesión Ruta al Mar, tras reconocer incumplimientos y declarar la terminación del contrato de la vía que conecta a Córdoba y Sucre.

La decisión pone fin a la participación de la empresa.

Ante la salida de la concesionaria, las comunidades de la zona se preguntan quién asumirá la responsabilidad por los daños y los desalojos forzados que se originaron durante el proyecto.

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Política Nación

Cepeda critica el discurso de De la Espriella: “Su proyecto regional es guerra, extractivismo y pobreza”

El senador Iván Cepeda lanzó una dura radiografía del proyecto territorial del presidente electo Abelardo de la Espriella, desmontando su promesa de “gobernar desde las regiones”.
“El señor De la Espriella anuncia que gobernará ‘desde las regiones’. Pero, en realidad, ¿en qué consiste su visión de los territorios y las comunidades rurales?”, cuestionó Cepeda. Y respondió con contundencia: “Su proyecto para las regiones y territorios es guerra, extractivismo, pobreza para el campesinado”.
Según el senador, esa visión no solo afecta al campesinado, sino también a los pueblos indígenas y a los territorios rurales del país, a los que considera víctimas de una agenda de destrucción sistemática.
Cepeda completó el diagnóstico con otra crítica: el supuesto “desarrollo regional” incluiría el fortalecimiento de poderosos clanes políticos de la costa Caribe, como los Char (con influencia en Barranquilla, contratos públicos y medios) y los Gnecco (con peso en el Cesar y vinculados a intereses agroindustriales y extractivos).
Para el congresista, no se trata de inclusión territorial, sino de clientelismo: fortalecer a quienes ya tienen poder, a costa de quienes históricamente han sido excluidos.

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Política Nación

Senador Antonio Correa radica proyecto para frenar abusos en peajes y exigir transparencia

El senador Antonio José Correa Jiménez radicó un Proyecto de Ley orientado a poner reglas claras a los peajes en Colombia y a exigir mayor rendición de cuentas a las concesiones que los administran.
Según el congresista del Partido de la U, los colombianos están cansados de pagar peajes sin conocer en qué se invierte el dinero recaudado y de perder horas en largas filas.
Por eso, su iniciativa busca eliminar privilegios, garantizar tarifas diferenciales para quienes realmente las necesitan, levantar las talanqueras cuando los trancones sean excesivos, fortalecer la atención al usuario y obligar a las concesiones a informar con total transparencia.

“Los peajes no pueden seguir siendo una caja cerrada ni un abuso para los ciudadanos. Es hora de defender el bolsillo de los colombianos y de hacer que cada peso que pagan se traduzca en mejores vías, mejor servicio y resultados verificables”, señaló Correa.
Entre los puntos centrales de la propuesta se encuentran:
Tarifas diferenciales obligatorias para personas que viven, trabajan o estudian cerca de un peaje.
Beneficios para el transporte público intermunicipal y especial.
Levantamiento de las barreras en casos de congestión excesiva, sin cobro durante ese tiempo.

Reglas claras y transparentes para acceder a las tarifas diferenciales.
Publicación permanente de los recursos recaudados en cada peaje y de la fecha de terminación de las concesiones.
Impulso al telepeaje sin afectar los derechos laborales de los trabajadores actuales.
El senador invitó a la ciudadanía a conocer el ABC del proyecto y a respaldar la iniciativa, que forma parte de una agenda legislativa que también incluye otros proyectos sobre alimentación escolar, fotodetecciones, regalías y tarifas de energía.

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Capturada en Brisas del Sinú con 17 dosis de bazuco durante operativo de patrullaje policia

la Policía nacional en Montería realizó la captura en flagrancia de una mujer por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en el barrio Brisas del Sinú, al sur de la ciudad.

Los hechos se registraron mientras uniformados realizaban labores de patrullaje preventivo por la orilla del río Sinú, en el sector conocido como “La Olla del Bazuco”. Durante el recorrido, los policías observaron a una ciudadana que, al notar la presencia de los uniformados, adoptó una actitud nerviosa, motivo por el cual fue abordada para un procedimiento de registro y verificación.

En el lugar donde se encontraba sentada, debajo de unas cortinas, los uniformados hallaron una bolsa plástica de color verde con morado que contenía en su interior 17 bolsas plásticas con cierre hermético. Cada una almacenaba una sustancia rocosa que, por sus características de forma, color y olor, se asemeja a la base de coca, conocida comúnmente como bazuco.

De inmediato, la mujer fue capturada en flagrancia y se le dieron a conocer sus derechos como persona capturada, siendo dejada a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

_“Continuamos intensificando los controles y las labores de patrullaje en los sectores priorizados para contrarrestar el microtráfico y proteger la seguridad de nuestras comunidades. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la convivencia y la tranquilidad, ya que su información es fundamental para obtener resultados contundentes contra la delincuencia.”_ afirmó el señor Mayor Cristian Camilo Álvarez Cardozo, Comandante de la Estación de Policía Sur

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes y continuará desarrollando acciones operativas y preventivas para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en Montería, invitando a la comunidad a denunciar de manera oportuna cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencia 123 o del cuadrante más cercano.

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En Córdoba , Prosperidad Social fortalece proyectos de vida de víctimas del desplazamiento

-Familias en su Tierra se encuentra en ejecución, beneficiando a aproximadamente 160 hogares víctimas de desplazamiento forzado en la región.

-El programa hace presencia en Canalete y Moñitos y cuenta con una inversión que supera los 1.840 millones de pesos.

 Prosperidad Social reafirma su compromiso con la atención a los hogares víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, a través de la ejecución del programa Familias en su Tierra.

Este proyecto mejora las condiciones socioeconómicas de cerca de 30.000 hogares en todo el territorio nacional, a través de una intervención integral que incluye el fortalecimiento de capacidades para lograr integración social y comunitaria, el acceso a alimentos para autoconsumo, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y la generación o fortalecimiento de proyectos productivos.

Familias en su Tierra se encuentra en ejecución en Córdoba, beneficiando a cerca de 160 hogares víctimas de desplazamiento forzado, retornados o reubicados, en Moñitos y Canalete.

La gerente regional de Prosperidad Social, Dalila Tamayo , afirmó que: “El programa Familias en su Tierra representa una oportunidad para que los hogares víctimas de desplazamiento forzado que han retornado o se han reubicado en las zonas rurales fortalezcan sus capacidades y avancen hacia su estabilización socioeconómica.

En Córdoba, desde Prosperidad Social, hemos brindado un acompañamiento permanente a través de visitas técnicas, seguimiento en territorio y espacios de formación que fortalecen tanto las iniciativas productivas como las habilidades personales y sociales de las familias, contribuyendo a que construyan proyectos de vida sostenibles en sus comunidades.”

Este programa desarrolla su intervención a partir de cuatro componentes articulados:

*Fortalecimiento social y comunitario:* fomenta la organización, el liderazgo, la convivencia y las redes de apoyo.

*Cosechando mi huerta:* impulsa la implementación de huertas para autoconsumo (UPAA) y prácticas agroalimentarias sostenibles.

*Vivir mi casa:* promueve el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en viviendas rurales.

*Produciendo para mi hogar:* apoya la creación o fortalecimiento de iniciativas productivas que generan ingresos estables.

Cada hogar participante recibe acompañamiento técnico individual y grupal, con visitas, talleres y seguimiento continuo, lo que permite a la entidad brindar una atención adaptada a las necesidades del territorio.

En Córdoba se han desarrollado acciones de acompañamiento técnico y seguimiento permanente a los hogares participantes, mediante visitas en territorio, talleres e integraciones orientadas al fortalecimiento de sus capacidades.

Estos espacios han permitido brindar herramientas en habilidades socioemocionales, relacionamiento interpersonal, manejo de herramientas digitales, procesos de inversión y negociación, así como en la construcción de la identidad de sus iniciativas productivas, contribuyendo al fortalecimiento de sus capacidades para avanzar en su proceso de restablecimiento socioeconómico.

Prosperidad Social sigue trabajando en la atención integral que permita que los hogares permanezcan y se estabilice en el territorio, en mejores condiciones, con mayores capacidades y con herramientas sostenibles para avanzar hacia su restablecimiento socioeconómico.

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