Montelíbano decreta severas restricciones de orden público tras violentos disturbios por desalojo predial

Frente a la escalada de alteraciones al orden público registradas durante el fin de semana, el alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, oficializó una serie de medidas drásticas para contener las protestas y salvaguardar la infraestructura del municipio. La decisión gubernamental surge como respuesta a las intensas jornadas de manifestación que iniciaron el pasado viernes 24 de julio, cuando cientos de pobladores bloquearon la vía que comunica a Montelíbano con La Apartada en rechazo al desalojo del predio privado denominado ‘La Manuela’.

​Dentro del paquete de restricciones de carácter indefinido, la administración municipal prohibió la circulación de motocicletas con parrillero en el casco urbano entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. Asimismo, se decretó la ley seca, ordenando el cierre de establecimientos nocturnos y la suspensión del expendio de bebidas alcohólicas a partir de las 6:00 p.m. de cada jornada hasta el día siguiente, medida que se mantendrá vigente hasta que se restablezca la normalidad en la zona.

​El decreto también restringe de manera estricta la venta y el transporte de combustibles, escombros y sustancias peligrosas en vehículos de carga, buscando neutralizar el uso de estos elementos como material incendiario o contundente por parte de los manifestantes. A la par, las autoridades locales dispusieron el cierre preventivo del acceso vehicular y peatonal a las vías perimetrales de las instituciones gubernamentales y sedes de seguridad, con el fin de blindar estos inmuebles de eventuales actos vandálicos.

​La medida incluye además la suspensión del porte de armas de fuego en toda la jurisdicción, facultad que queda restringida de forma exclusiva a los miembros de la Fuerza Pública y al personal de vigilancia privada acreditado.

​Entre tanto, la tensión persiste en el territorio. Mientras la comunidad asentada de manera irregular en ‘La Manuela’ denuncia supuestos excesos de fuerza por parte del personal de la Unidad Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO) durante los operativos de desbloqueo, las autoridades defienden el proceder institucional sosteniendo que las intervenciones se han desarrollado bajo la estricta observancia del marco legal vigente.