Mes: agosto 2026

Ante las diversas dudas e inquietudes que se han manifestado en torno a sus procesos de contratación, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) emitió este 1 de agosto un pronunciamiento público en el que asegura que todas sus actuaciones responden de manera estricta al cumplimiento de los deberes legales de planeación, continuidad administrativa y salvaguarda del patrimonio público.

​Frente al Concurso de Méritos adelantado para la selección del corredor de seguros, la institución aclaró que este trámite no compromete recursos del presupuesto ni representa erogación alguna para la entidad, dado que, según la normatividad vigente, la remuneración de dicho intermediario es asumida en su totalidad por las compañías aseguradoras. En ese sentido, la entidad enfatizó que los fondos destinados a la formación de los colombianos no se verán impactados de ninguna manera.

​Asimismo, la entidad precisó que la estructuración e inicio del proceso del Programa de Seguros Institucional se ejecutó con la debida oportunidad para prevenir cualquier eventualidad y asegurar la continuidad de las coberturas que protegen sus activos y bienes patrimoniales. De acuerdo con la postura institucional, no haber realizado estas acciones a tiempo habría expuesto al SENA a riesgos innecesarios. Se confirmó además que la adjudicación y la firma del nuevo contrato quedarán en manos de la administración entrante, con el propósito de garantizar una transición ordenada, transparente y respetuosa del cronograma previsto.

​Para reforzar la transparencia en la gestión, el SENA dio a conocer que solicitó de forma voluntaria el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, registrado bajo el radicado No. 01-9-2026-064885, buscando asegurar mayores garantías de legalidad y objetividad durante el proceso. Finalmente, la institución reiteró su disposición absoluta para colaborar con los organismos de control y reafirmó su compromiso de actuar bajo el marco de la Constitución y la ley para la protección del erario y la prestación ininterrumpida de sus servicios a la ciudadanía.

Un juez de Bogotá ordenó el desalojo forzoso de Ingrid López y su familia de la finca que habitan en la vereda Carrillo, en el municipio de San Pelayo (Córdoba). La diligencia está programada para el 25 de agosto y se enmarca en un proceso de adquisición de predios impulsado por la concesión Ruta al Mar para la construcción de la vía que conecta Córdoba y Sucre.

Las familias afectadas aseguran que nunca han recibido un solo peso por sus tierras y rechazan ser tratadas como invasoras. “No somos delincuentes para que nos persigan y nos echen de nuestras tierras”, afirmó Ingrid López.

En el predio viven dos grupos familiares. En una vivienda habitan Eder Hernández, Ingrid Ramos y un menor de edad. En la otra, Margarita María Negrete, Dolly López y José Miguel Ramos. Todas ellas se resisten a abandonar el lugar que consideran su hogar.

“De aquí no saldremos. Es nuestro hogar. Nos sacarán muertos, pero no nos vamos a ir. Esa tierra no es de ellos, es nuestra”, dijo entre lágrimas Margarita María Negrete, una de las adultas mayores afectadas.

La decisión judicial ha generado preocupación en la comunidad de Carrillo, donde los habitantes sostienen que el predio forma parte de una larga disputa derivada de las obras del proyecto vial.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el impacto social de los procesos de adquisición de terrenos para infraestructura en la región.

El contexto es aún más complejo: un tribunal ordenó recientemente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pagar 3,57 billones de pesos a la Concesión Ruta al Mar, tras reconocer incumplimientos y declarar la terminación del contrato.

Con la salida de la empresa, las comunidades se preguntan ¿quién asumirá ahora la responsabilidad por los daños y los desalojos forzados que dejaron a varias familias en la incertidumbre?.

Hasta el momento, ni Ruta al Mar ni las autoridades involucradas se han pronunciado sobre el cumplimiento de la orden judicial ni sobre posibles alternativas para las familias que, según ellas, serán expulsadas sin haber recibido compensación alguna.

Gracias al trabajo de control que adelanta la Policía Nacional en Montería, a través de la Seccional de Investigación Criminal, adelantó un nuevo resultado a la criminalidad al lograr la recuperación de un vehículo que había sido arrebatado a su propietario bajo el terror de un atraco con arma de fuego.

De acuerdo con las investigaciones permitió ubicar e incautar el automotor, frustrando las intenciones de los delincuentes de comercializarlo o despiezarlo en el mercado negro de la ilegalidad.

De acuerdo con información obtenida de trabajo de campo investigativo el modus operandi de los Criminales es hurtar los automotores en las calles de Montería mediante la intimidación directa y el uso de arma de fuego.

_»El mensaje es claro y contundente: quien se atreva a robar bajo amenazas en nuestra ciudad enfrentará todo el peso de la ley. No vamos a descansar hasta desmantelar cada red criminal y devolverle la tranquilidad a los monterianos» Policía Nacional de Todos los Colombianos._

Con esta acción decisiva, la Policía Nacional reafirma su compromiso absoluto con la seguridad ciudadana, demostrando que la Seccional de Investigación Criminal pisa los talones a los delincuentes y neutraliza el delito en cualquiera de sus modalidades.

En el marco de la estrategia #RevoluciónDelAgua, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, lideró una jornada de supervisión en territorio para verificar el avance del Acueducto Interveredal Rural de Moñitos, una obra que ya alcanza el 46 % de ejecución.

Durante el recorrido, el mandatario destacó la importancia de este proyecto para el desarrollo social y productivo de la zona costanera del departamento, caracterizada por su alta vocación agrícola, especialmente en cultivos de plátano.

“Estamos cumpliéndole a nuestra gente con obras que transforman vidas. Este acueducto no solo llevará agua potable, sino también dignidad, salud y mejores oportunidades para nuestras comunidades rurales”, expresó el gobernador Zuleta.

La obra beneficiará a cientos de familias que durante años han tenido que transportar agua en pimpinas para el consumo diario y sus actividades productivas.

Con la puesta en funcionamiento del sistema, se garantizará el acceso continuo y de calidad al recurso hídrico, impactando positivamente su calidad de vida.

El Acueducto Interveredal de Moñitos hace parte del compromiso del Gobierno Departamental por cerrar brechas en el acceso al agua potable y fortalecer el desarrollo del campo cordobés, llevando bienestar a cada rincón del territorio.