“Nos sacarán muertos, pero no nos vamos”: Juez de Bogotá ordena desalojo forzoso de familias en San Pelayo por Ruta al Mar.
Un juez de Bogotá ordenó el desalojo forzoso de Ingrid López y su familia de la finca que habitan en la vereda Carrillo, en el municipio de San Pelayo (Córdoba). La diligencia está programada para el 25 de agosto y se enmarca en un proceso de adquisición de predios impulsado por la concesión Ruta al Mar para la construcción de la vía que conecta Córdoba y Sucre.
Las familias afectadas aseguran que nunca han recibido un solo peso por sus tierras y rechazan ser tratadas como invasoras. “No somos delincuentes para que nos persigan y nos echen de nuestras tierras”, afirmó Ingrid López.
En el predio viven dos grupos familiares. En una vivienda habitan Eder Hernández, Ingrid Ramos y un menor de edad. En la otra, Margarita María Negrete, Dolly López y José Miguel Ramos. Todas ellas se resisten a abandonar el lugar que consideran su hogar.
“De aquí no saldremos. Es nuestro hogar. Nos sacarán muertos, pero no nos vamos a ir. Esa tierra no es de ellos, es nuestra”, dijo entre lágrimas Margarita María Negrete, una de las adultas mayores afectadas.
La decisión judicial ha generado preocupación en la comunidad de Carrillo, donde los habitantes sostienen que el predio forma parte de una larga disputa derivada de las obras del proyecto vial.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el impacto social de los procesos de adquisición de terrenos para infraestructura en la región.
El contexto es aún más complejo: un tribunal ordenó recientemente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pagar 3,57 billones de pesos a la Concesión Ruta al Mar, tras reconocer incumplimientos y declarar la terminación del contrato.
Con la salida de la empresa, las comunidades se preguntan ¿quién asumirá ahora la responsabilidad por los daños y los desalojos forzados que dejaron a varias familias en la incertidumbre?.
Hasta el momento, ni Ruta al Mar ni las autoridades involucradas se han pronunciado sobre el cumplimiento de la orden judicial ni sobre posibles alternativas para las familias que, según ellas, serán expulsadas sin haber recibido compensación alguna.
