Mes: noviembre 2026

Mi Gobierno tomó una decisión histórica: No prorrogar el contrato del Fomag con Fiduprevisora, después de 36 años y 43 otrosíes”, afirmó el Presidente Abelardo De La Espriella al anunciar una auditoría forense al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y al ratificar que no le dará continuidad al contrato con Fiduprevisora.

El Jefe de Estado, al explicar la decisión del Ejecutivo, indicó que “encontramos un Fondo con un patrimonio negativo reportado de más de 3,1 billones de pesos”.

Asimismo, manifestó que los hallazgos incluyen “graves deficiencias en la atención médica, retrasos en los pagos y maestros obligados a luchar por servicios de salud que les corresponden por derecho”.

El Mandatario, además, exigió investigar denuncias sobre presuntas cuotas políticas y beneficios indebidos.

“Si hubo políticos, abogados, funcionarios o contratistas que utilizaron los recursos de los maestros para pagar favores y alimentar redes clientelistas, tendrán que responder ante la justicia, caiga quien caiga”, advirtió.

También afirmó que es necesario investigar todo lo relacionado con temas de “reparto político del Fomag y la existencia de cuotas millonarias” para politicos y abogados.

En tal sentido, el Presidente fue enfático al manifestar que en su Gobierno no habrá lugar a cuotas políticas, favores y negocios con los recursos del magisterio colombiano.

Debido a las irregularidades denunciadas, el Jefe de Estado anunció el Fomag será sujeto a una profunda auditoria y que los resultados serán entregados a los organismos del control.

“He dispuesto una auditoría forense para esclarecer qué ocurrió con los recursos, identificar irregularidades y establecer responsabilidades. Los hallazgos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría”, sostuvo.

En medio de la difícil situación en el Fondo, el Jefe de Estado destacó que el Gobierno va a garantizar la continuidad de los servicios de salud y las prestaciones del magisterio.

En el mismo contexto, el Mandatario aseveró que su Gobierno desarrollará una “transición transparente hacia un nuevo esquema de administración” en el Fomag.

“El Estado no puede seguir siendo una caja menor de intereses particulares. El que se robe un peso de los colombianos tendrá que responder ante la justicia”, enfatizó.

Una alerta general emitieron las autoridades para esclarecer con celeridad las presuntas intimidaciones denunciadas por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos. Los actos de acoso habrían comenzado a registrarse luego de que el funcionario hiciera pública una grave acusación relacionada con la supuesta instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

Entre los hechos que son materia de investigación por parte de la fuerza pública se destaca la incursión no autorizada de tres personas en el interior del inmueble del alto directivo. A este episodio se suma la presencia sospechosa de desconocidos merodeando las inmediaciones del establecimiento educativo al que asisten sus hijos, una situación que encendió las alarmas sobre la seguridad del alto funcionario y su núcleo familiar.

El expresidente Gustavo Petro y el jurista Andrés Felipe Caballero protagonizaron un duro choque público en la red social X tras la renuncia del abogado a la defensa de Deicy Jiménez. El exmandatario cuestionó severamente las actuaciones de Caballero en el marco de la diligencia reservada del pasado 29 de octubre ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, señalando que, a pesar de la orden de reserva impartida por el magistrado del caso, el jurista incurrió en una abierta violación del debido proceso al revelar detalles falsos ante los medios de comunicación y difamar a su equipo.

Frente a estas actuaciones, Petro anunció que su abogado, Alejandro Carranza, radicó un memorial solicitando a la Sala la adopción de medidas disciplinarias y penales por la filtración, así como la protección del material probatorio, al tiempo que calificó de “suspicaz” la renuncia de Caballero justo después de radicadas dichas peticiones.

Por su parte, Andrés Felipe Caballero rechazó de manera tajante las acusaciones formuladas por el exjefe de Estado y defendió la legalidad de sus declaraciones públicas. El jurista sostuvo que únicamente abordó aspectos generales que la misma declarante ya había hecho públicos en medios abiertos y aclaró que la entrega del dispositivo móvil con las pruebas probatorias se coordinó al margen de la diligencia, por lo que no estaba cobijada por la reserva procesal.

Caballero desestimó cualquier vínculo entre la solicitud de la defensa de Petro y su retiro del caso, enfatizando que su decisión responde a estrictos motivos de seguridad e integridad personal y concluyó asegurando que “renuncio porque tú y tu gente son capaces de todo y la atención no debe ponerse sobre mí sino sobre tus víctimas: las mujeres y el país”.

El Gobierno Nacional radicó formalmente una solicitud de trámite de urgencia e insistencia ante el Congreso de la República con el fin de agilizar la discusión del Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, titulado “Por la cual se expide la Ley de Rescate Económico, con el propósito de estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto y generar crecimiento económico en un marco de equidad, eficiencia y progresividad, y se dictan otras disposiciones”.

La comunicación, firmada este 3 de noviembre de 2026 por el presidente Abelardo de la Espriella, está dirigida a los presidentes del Senado, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, y de la Cámara de Representantes, Nicolás Antonio Barguil Cubillos, así como a las mesas directivas de las Comisiones Tercera y Cuarta de ambas corporaciones. En el documento, el mandatario fundamentó la petición de darle celeridad al debate amparándose en “lo dispuesto en el artículo 163 de la Constitución Política, y los artículos 183 y 191 de la Ley 5ª de 1992”, buscando así acelerar la evaluación de esta iniciativa económica en las células legislativas.

El abogado Andrés Felipe Caballero anunció su renuncia formal a la representación legal de Deicy Jiménez, argumentando motivos de seguridad personal tras haber recibido diversas amenazas. A través de un pronunciamiento público, el jurista aclaró que su retiro no frena el avance de las investigaciones judiciales y enfatizó que “lo más importante aquí es garantizar que Deicy y otras mujeres puedan declarar y aportar otros elementos de prueba”, añadiendo además que “hoy estoy aun más convencido de que Deicy cuenta la verdad y estoy seguro de que la justicia actuará rápidamente contra Petro y sus secuaces”.

Respecto al impacto del trámite procesal, Caballero explicó que las actuaciones vigentes continúan firmes ante las autoridades competentes, al señalar que “la acción penal está en manos de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía; mi renuncia no afecta en absoluto los procesos en curso, y menos si hay un proceso donde rige la permanencia de la prueba”.

Finalmente, al dirigirse a sus detractores, el profesional del derecho advirtió que continuará activo en la opinión pública y concluyó expresando que “lamento informarles que me seguirán viendo muy seguido, no hay forma de que me callen; y recuerden que la verdad es como un león: la sueltas y se defiende sola”.

La mercancía está avaluada en más de $1.200 millones. En lo corrido del segundo semestre de 2026, la Gobernación ha realizado 741 visitas de sensibilización, acompañamiento y verificación de productos sujetos al impuesto al consumo.

En el marco de una diligencia de allanamiento y registro, las autoridades retiraron de circulación más de 247.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando. En el operativo participaron el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Anticontrabando de la Gobernación de Córdoba.

Lina Angarita Martínez, directora de Rentas del departamento y Secretaria de Hacienda (e), informó que el valor estimado de la mercancía supera los $1.200 millones. La funcionaria destacó la importancia del trabajo conjunto entre las autoridades para combatir el comercio ilegal y proteger los ingresos que contribuyen a financiar la salud, el deporte y la educación en Córdoba.

“Esto es un gran reto y una gran oportunidad para el departamento de Córdoba, que permite combatir el flagelo del contrabando y recuperar los recursos de la salud, el deporte y la educación en el departamento de Córdoba”, señaló Angarita.

El operativo se suma a las acciones que adelanta la Gobernación de Córdoba frente a la comercialización irregular de productos sujetos al impuesto al consumo. En lo corrido del segundo semestre de 2026, el departamento ha realizado 741 visitas que combinan la sensibilización y el acompañamiento con la verificación de estos productos.

Durante el mismo periodo se registraron 30 aprehensiones de mercancía y cerca de 15 cierres de establecimientos abiertos al público.

La plenaria del Senado dio luz verde a la iniciativa sobre el sometimiento a la justicia impulsada por la administración del presidente Abelardo de la Espriella, tras una larga y áspera discusión con los congresistas del Pacto Histórico.

Con un resultado de 57 votos a favor y 24 en contra en lo referente al título y la pregunta del articulado, la propuesta legislativa superó este escollo normativo y ahora aguarda el pronunciamiento definitivo de la Cámara de Representantes.