La Fuerza Pública apoyará el inicio de actividades de la Unidad de Restitución de Tierras en Tierralta, Córdoba.
Con el respaldo de la Fuerza Pública, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) comenzará trabajos misionales en Tierralta, Córdoba, como parte del proceso de intervención en esta nueva zona microfocalizada. Así se determinó este miércoles en Montería, durante el Comité Operativo Local de Restitución (COLR), en el que mandos departamentales del Ejército y la Policía dieron su aval a la entidad para ingresar a dicho territorio.
Este hecho representa un paso importante en la consolidación de los derechos territoriales de las víctimas del conflicto armado, garantizando las condiciones de seguridad necesarias para el despliegue del equipo técnico, social y jurídico de la URT.
La intervención se concentrará en los corregimientos Los morales, Cadillo, Puerto Anchica y Santa Marta. Estos territorios, profundamente afectados por la violencia, ahora inician un proceso hacia la verdad, la justicia y la reparación integral.
Gracias al aval de las Fuerzas Militares y de Policía, la Unidad podrá realizar allí jornadas de socialización con la comunidad, actividades de georreferenciación, visitas técnicas, notificación en predios y demás etapas que forman parte del proceso de restitución. La articulación interinstitucional es clave para avanzar con garantías en regiones que históricamente han sido marcadas por la exclusión y el abandono estatal.
“La seguridad es un pilar clave para poder desarrollar con éxito todas las fases del proceso de restitución. Por eso valoramos profundamente el compromiso constante de la Fuerza Pública, que hace posible que nuestro equipo llegue a las zonas priorizadas, realice trabajo de campo y garantice la participación de las comunidades en las diferentes etapas del proceso”, manifestó Esther Zabaleta, directora territorial de la URT en Córdoba y Bajo Cauca.
Con esta intervención, el Estado ratifica su compromiso con las víctimas del conflicto armado en la región y avanza en la consolidación de un modelo de justicia transicional que reconoce el derecho a la tierra como una forma de reparación integral. La presencia institucional en Tierralta abre nuevas oportunidades para construir paz y fortalecer la confianza entre el Estado y las comunidades rurales.
