Familia de Kevin Acosta exige millonaria indemnización al Estado por presunta negligencia de la Nueva EPS en su fallecimiento
La familia de Kevin Acosta, el menor de edad que padecía hemofilia y cuya muerte conmocionó al país tras denunciarse la falta de suministro de medicamentos esenciales, ha iniciado formalmente un proceso legal para exigir una reparación integral por parte del Estado colombiano. A través de una solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, once familiares del niño buscan que se reconozca la responsabilidad de diversas entidades públicas y privadas en el desenlace fatal del menor, quien permaneció cerca de dos meses sin recibir el tratamiento vital que debía garantizarle la Nueva EPS.
La reclamación económica, que asciende a una cifra superior a los 1.816 millones de pesos en su totalidad, se divide en dos grandes conceptos que buscan resarcir tanto el dolor afectivo como el impacto económico futuro. Por un lado, la familia solicita 892.961.550 pesos por concepto de perjuicios morales, distribuidos entre su madre, hermanos, abuela y tíos, siguiendo los topes establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por otro lado, la demanda incluye una pretensión de 923.269.715 pesos por perjuicios materiales, bajo la figura del lucro cesante, argumentando la pérdida de la ayuda económica que el menor habría representado para su núcleo familiar de haber alcanzado su vida productiva.
El documento de conciliación señala directamente a entidades de alto nivel, vinculando en el proceso al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), al Ministerio de Salud y Protección Social, y a la Nueva EPS. La defensa de la familia sostiene que la omisión en la entrega oportuna de los medicamentos para la hemofilia fue el factor determinante en el deterioro de la salud de Kevin, configurando una falla en el servicio de salud que el Estado debe entrar a compensar.
Este proceso administrativo representa el primer paso antes de una posible demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La solicitud se fundamenta en la sentencia de unificación del Consejo de Estado que tasa el daño moral según el nivel de parentesco, asignando en este caso el máximo de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la madre del menor y montos proporcionales para el resto de sus allegados. Con esta acción, los familiares de Kevin Acosta no solo buscan una compensación económica, sino que el sistema judicial siente un precedente sobre la responsabilidad estatal en la protección del derecho fundamental a la salud de los niños.
