“Ceden por miedo”: Angie Rodríguez revela que Juliana Guerrero usaba supuestos nexos con el ELN para presionar decisiones en el Gobierno Nacional

En una explosiva entrevista con la revista Semana, la actual gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, destapó una feroz guerra interna en el Gobierno Nacional. El eje central de sus denuncias apunta a la exasesora presidencial Juliana Guerrero, a quien Rodríguez señala de ejercer un poder desmedido y coercitivo dentro de diversas entidades. Según la funcionaria, ella misma alertó al presidente Petro sobre presuntas irregularidades en los títulos profesionales de Guerrero antes de que el escándalo fuera público, lo que habría desatado una persecución en su contra. Rodríguez fue más allá al afirmar que Guerrero se ufana de tener cercanía con miembros del ELN, asegurando que bajo esa narrativa «genera presiones en la toma de decisiones porque la gente cede por miedo».

La denuncia describe una red de aproximadamente 20 altos funcionarios que actuarían en bloque para influir en la burocracia y el manejo de recursos. Rodríguez vinculó en este grupo al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, a quien acusó de infiltrar un «espía» en el Fondo de Adaptación para grabarla y fotografiarla clandestinamente. Según su testimonio, existen chats y videos donde se mencionan estrategias de «Caballo de Troya» y advertencias de que dentro de la entidad «le llovería candela». La gravedad de las acusaciones escaló al plano personal cuando Rodríguez sugirió que el jefe de despacho presidencial, Raúl Moreno, era el único que conocía la ubicación de la casa de sus padres, lugar que fue recientemente asaltado por sujetos encapuchados.

Finalmente, la exdirectora del DAPRE calificó el ambiente en la Casa de Nariño como un «juego por el poder y el dinero», impulsado por funcionarios que intentan asegurar cuotas políticas ante la incertidumbre sobre la continuidad del proyecto actual. Tras revelar estos nombres y modalidades de presión, Rodríguez hizo un angustioso llamado a las autoridades y al propio presidente para que se garantice su vida y su integridad física, manifestando un temor real de ser asesinada por romper el silencio sobre las fracturas éticas y de seguridad que, según ella, carcomen el corazón del Gobierno.