Abelardo De La Espriella exige investigar contratos por más de $20 mil millones en La Guajira vinculados a familia de promotor de la Constituyente de Petro
El candidato presidencial Abelardo De La Espriella se pronunció frente a la investigación publicada por El Colombiano, en la que se revelan presuntos vínculos contractuales por más de $20.038 millones entre entidades del Estado y una asociación indígena de La Guajira relacionada con familiares de Armando Wouriyú Valbuena, identificado como promotor de la Constituyente impulsada por sectores cercanos al Gobierno Petro.
De acuerdo con la publicación, los contratos habrían sido suscritos entre 2023 y 2026 con entidades como el ICBF, los ministerios de Interior, Educación, Agricultura y Salud, el DANE, así como con la Alcaldía de Uribia, la Alcaldía de Riohacha y la Gobernación de La Guajira. Solo en 2024, según el informe, la contratación habría alcanzado cerca de $17 mil millones.
Para De La Espriella, estos hechos deben ser investigados de manera inmediata por los organismos de control, especialmente por tratarse de recursos públicos destinados a una región que continúa enfrentando graves problemas de acceso al agua, desnutrición infantil, pobreza, salud, vías y presencia efectiva del Estado.
El líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria considera inadmisible que, mientras miles de familias guajiras siguen esperando soluciones reales, se conozcan denuncias sobre millonarios contratos alrededor de estructuras cercanas a promotores políticos del Gobierno. Más aún cuando, según la investigación, fuentes de la región advierten que algunos programas habrían tenido baja ejecución en territorio, pese a estar dirigidos a pescadores artesanales, huertas y proyectos productivos en zonas afectadas por pobreza e inseguridad alimentaria.
El candidato pidió que se esclarezca el origen, la adjudicación, la ejecución y los beneficiarios reales de estos contratos, así como cualquier eventual relación política con la promoción de la Constituyente. El país necesita saber si los recursos destinados a las comunidades llegaron efectivamente a quienes los necesitaban o si terminaron convertidos en instrumentos de poder político.
»En La Guajira se honra la palabra. Mi compromiso con los habitantes del departamento es que los recursos públicos serán protegidos y que quienes hayan abusado de ellos deberán responder ante la justicia», afirmó De La Espriella.
En mismo sentido, el candidato reiteró que su proyecto de gobierno tiene como prioridad recuperar la autoridad del Estado, combatir la corrupción y garantizar que los recursos destinados a las comunidades vulnerables no se pierdan en redes políticas ni en intermediaciones oscuras.
A partir del 7 de agosto, la lucha contra la corrupción será una prioridad nacional. Colombia necesita un gobierno que cuide los recursos públicos, proteja a la gente y devuelva la confianza en las instituciones.
