Capturan en El Espinal a señalado agresor de una bebé de seis meses

Un operativo de alta tensión registrado en el municipio de El Espinal, Tolima, culminó con la captura de un hombre señalado como el presunto responsable de un grave delito de agresión en contra de una bebé de apenas seis meses de nacida. El procedimiento judicial, motivado por un hecho que ha generado una profunda indignación y repudio entre los habitantes de la región, derivó en una persecución por vías públicas y terminó en las instalaciones de un centro de educación superior, donde la comunidad civil intentó tomarse la justicia por mano propia ante la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el indiciado.

​De acuerdo con los reportes del caso, el sospechoso emprendió la huida al percatarse de que patrullas de la Policía Nacional le seguían el rastro de cerca. En su intento por evadir el cerco de seguridad, el sujeto ingresó a un establecimiento comercial de venta de alimentos y se ocultó en el segundo nivel de la edificación, contigua a la sede de la universidad Uniespinal. La maniobra de evasión fue frustrada gracias a la astucia de un grupo de estudiantes de la institución académica, quienes detectaron el comportamiento sospechoso del individuo, lo identificaron y dieron aviso inmediato a los uniformados que ya mantenían acordonado el perímetro.

​El momento de la detención civil y posterior aseguramiento por parte de la fuerza pública desencadenó momentos de extrema complejidad para el orden público. Una vez que el personal policial logró reducir y esposar al implicado, una multitud enardecida, compuesta por alumnos y transeúntes que se agolparon en el lugar, intentó linchar al detenido como retaliación por el crimen contra la menor de edad. Los cuadrantes policiales debieron implementar maniobras de extracción rápida para salvaguardar la vida del capturado y retirarlo del recinto universitario en medio de agresiones verbales y reclamos ciudadanos, permitiendo así su traslado hacia las celdas de seguridad. El indiciado ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que un juez de control de garantías defina su situación jurídica, mientras la población civil exige celeridad y la aplicación de penas severas.