Aguas de Córdoba le responde a Petro: la paralización del Acueducto Regional se debe a “fallas en la viabilidad del Ministerio de Vivienda ”, No a “Odio Político”

La empresa Aguas de Córdoba refutó categóricamente las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien señaló a la «élite monteriana» de sabotear por «odio» la ejecución del proyecto de acueducto regional para Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y Sahagún, a pesar de contar con una inversión inicial de $53.000 millones del Gobierno Nacional.

Maruen Jabib Janna, gerente de Aguas de Córdoba, respondió directamente al trino presidencial, argumentando que el estancamiento se debe a la estricta necesidad de rigor técnico. «Presidente querer hacer las cosas como debe ser, no es odio, es el tecnicismo que requieren los proyectos», afirmó.

La entidad detalló que el proceso licitatorio para el tramo Cereté-Ciénaga de Oro se detuvo a principios de octubre porque una revisión preliminar arrojó múltiples inconsistencias técnicas y presupuestales, obligando a descartar el proceso publicado en el Secop I y solicitar ajustes al Ministerio de Vivienda. Entre las fallas detectadas estaban el cálculo de la mano de obra con el salario mínimo de 2025 (cuando la ejecución es para 2026), errores en las profundidades de excavación y la omisión de componentes cruciales como las válvulas de purga en el presupuesto.

Aguas de Córdoba afirmó que el proceso se cayó por «falencias en la viabilidad otorgada por el Ministerio» y no por falta de gestión local. Además, confirmó que el ajuste técnico generó un costo adicional de $6.000 millones, que no asumirá la Nación, sino la Gobernación de Córdoba ($5.000 millones) y la Alcaldía de Ciénaga de Oro ($1.000 millones), en un esfuerzo por garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente. La entidad espera que el Ministerio viabilice el proyecto antes de finalizar octubre para republicar la licitación e iniciar las obras a principios de 2026.

Con ello, la administración departamental y el Plan Departamental de Aguas (PDA) defienden su compromiso de garantizar que la millonaria obra se ejecute «correctamente, con rigor técnico y transparencia», despojando la polémica de la capa política con la que el presidente Petro intentó relacionarla.