Al acoger argumentos de la Procuraduría, Consejo de Estado amparó derechos de víctimas de la masacre de Santuario, Antioquia.
Al acoger la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, el Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y el acceso a la administración de justicia de los familiares de cinco personas asesinadas por miembros de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, en Santuario, Antioquia, el 28 de noviembre de 1996.
En fallo de tutela, los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo ordenaron al Tribunal Administrativo de Antioquia proferir, en un plazo no mayor a 20 días, una nueva sentencia donde apliquen los criterios de flexibilización probatoria para graves casos por violación a los derechos humanos, los cuales fueron desconocidos por esa instancia en desarrollo de un proceso de reparación directa interpuesto por los familiares de las víctimas de esa masacre.
En su concepto, el Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado señaló que el Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció los estándares mínimos de flexibilidad probatoria, y que en el expediente obraban medios de prueba que no fueron debidamente valorados, como las versiones libres y declaraciones de testigos, entre ellos exjefes paramilitares, que relataron los vínculos y apoyo de terceros a grupos de justicia privada en la región.
Por esa razón, sostuvo que el Tribunal “incurrió en un defecto sustantivo porque soslayó las obligaciones derivadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, en especial las que exigen al Estado investigar y sancionar las graves violaciones a los DDHH, entre los que se cuentan la Declaración Universal de los DDHH, la Convención Americana de los DDHH y los Convenios de Ginebra.
En la masacre fueron ultimados cinco hombres que vivían en el municipio de Cocorná, Antioquia, quienes fueron sacados a la fuerza de sus viviendas por miembros de ese grupo paramilitar. Sus cuerpos fueron hallados horas después con signos de tortura muy cerca al municipio de Santuario, en un lugar conocido como ‘La Mayoría’. Las víctimas se desempeñaban como vendedores ambulantes en la región.
