Una fuerte controversia política y diplomática se desató luego de que el alcalde de Medellín,3 Federico Gutiérrez, denunciara públicamente que el régimen venezolano impidió el ingreso de una delegación del Cuerpo de Bomberos de la ciudad y del DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres), quienes viajaron para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto que sacudió a Venezuela.
Según detalló el mandatario local a través de sus canales oficiales, el equipo de socorristas colombianos permaneció retenido por más de cuatro horas en una sala de espera de un aeropuerto en territorio venezolano, sin recibir la autorización correspondiente para desplegarse en las zonas afectadas.
La situación no solo expuso diferencias con las autoridades venezolanas, sino también con el manejo de la Cancillería y el Gobierno Nacional de Colombia. De acuerdo con Gutiérrez, el Ejecutivo colombiano insistió en que cualquier tipo de ayuda o despliegue humanitario debía ser coordinado y aprobado estrictamente a través de los canales de la administración central.
Esta postura fue fuertemente criticada por el alcalde de Medellín, quien calificó las trabas burocráticas como una falta de empatía ante la urgencia de la tragedia. Gutiérrez enfatizó que las labores de rescate de sobrevivientes y recuperación de cuerpos no deberían estar sujetas a formalismos políticos de «invitación», tildando de «arrogantes y soberbios» a los funcionarios de ambos gobiernos involucrados en el cruce administrativo.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ni las autoridades migratorias de Venezuela han emitido un pronunciamiento oficial para aclarar las razones técnicas o de visado por las cuales se restringió el acceso de la unidad de rescate antioqueña, mientras las comunidades en las zonas del siniestro continúan solicitando apoyo internacional para acelerar la remoción de escombros.
