Autor: burbuja

El expresidente Gustavo Petro respondió este lunes al discurso fiscal de Abelardo de la Espriella y anunció que citará una réplica formal. Según Petro, el mandatario busca “engañar a la nación para esconder su propia incapacidad”.

Petro sostuvo que su gobierno pagó la deuda que, según dijo, dejó el hoy vicepresidente José Manuel Restrepo cuando fue ministro de Hacienda de Iván Duque. Afirmó que canceló “casi 100 billones de pesos” en empréstitos del FMI, el subsidio a la gasolina y transferencias a dueños de EPS en la época del covid, “hasta el último peso” de las deudas externas e internas.

De acuerdo con su relato, lejos de aumentar el endeudamiento, lo bajó del 61 % al 58 % del PIB. “Eso demuestra eficiencia de nuestro gobierno”, escribió. Añadió que, con las trabas de la Corte Constitucional y el Congreso para gravar a los más ricos, su administración redujo la deuda, creció la inversión productiva y el empleo, y bajó “sustancialmente” la pobreza y el hambre.

El expresidente acusó a De la Espriella de haber subido el presupuesto que él presentó al Congreso para pagar el bono pensional “con deuda y no con los 25 billones ahorrados por los trabajadores”, recursos que, según Petro, los dueños de las administradoras de fondos privados se llevaron del país y no quieren devolver. “Son 25 billones que Abelardo deja hurtar”, dijo.

El Gobierno nacional ya tiene fecha para decidir qué pasará con las siete EPS que permanecen intervenidas: el corte es el 31 de diciembre de 2026.

Así lo anunció la ministra de Salud, Ana María Vesga, al presentar el diagnóstico de su primer mes en el cargo.

“Ese es el plazo que nos hemos puesto”, dijo la funcionaria. El plan no será el mismo para todas las entidades. El Ministerio revisará una por una su viabilidad financiera, su operación y la red de atención disponible para determinar cuáles pueden recuperarse y cuáles deben avanzar hacia la liquidación.

Las siete EPS intervenidas concentran 22,4 millones de afiliados. Según datos de la Contraloría General citados por el Gobierno, acumulan pasivos por $52 billones y patrimonios negativos superiores a $24 billones. Esas deudas presionan a clínicas, hospitales y proveedores.

Vesga descartó una salida única. Liquidarlas de un solo golpe afectaría a millones de usuarios. Nacionalizarlas implicaría que el Estado asuma esos pasivos, algo que, según el Ministerio, el Gobierno no puede absorber.

La decisión de liquidar, en cualquier caso, corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud.

Mientras se define ese futuro, el Ministerio prepara un plan de choque para aliviar la presión del sistema. Priorizará pacientes según gravedad y riesgo: primero, trasplantados y personas con enfermedades huérfanas, cáncer, diabetes insulinodependiente y VIH; después, quienes tienen alta probabilidad de hospitalización; y luego, otras enfermedades crónicas. A corte del 30 de agosto, los medicamentos representaban el 70 % de la represada de atención. El 75 % de esa fila está en las EPS intervenidas.

El presidente Abelardo de la Espriella responsabilizó este domingo a Gustavo Petro por la crisis fiscal que enfrenta Colombia y cuestionó el manejo de las finanzas públicas durante el gobierno anterior. Lo hizo en una alocución desde la sede de la Presidencia en Barranquilla.​

El mandatario aseguró que recibió unas finanzas públicas “en un estado lamentable” y afirmó que la crisis “no es un accidente ni el resultado de factores externos”, sino el producto del gasto, el endeudamiento y lo que calificó como corrupción de la administración saliente.​

Según De la Espriella, en la última semana de ese gobierno se comprometieron $10 billones. Esos recursos, dijo, no estaban destinados a inversión ni a obras, sino al “robo masivo del tesoro público”.

El presidente insistió en que el servicio de la deuda se disparó: Colombia pasó de destinar uno de cada seis pesos de sus ingresos tributarios al pago de obligaciones a cerca de uno de cada tres. También sostuvo que el cupo de endeudamiento previsto para financiar 2026 se ejecutó casi por completo en los primeros siete meses del año y que en agosto ya se había usado alrededor del 97 %.

En ese marco, defendió el llamado “Presupuesto de la verdad”, por $635 billones para 2027. De acuerdo con las cifras que expuso, $281 billones —el 44 % del presupuesto— vendrán de deuda y el servicio de esa deuda llegará a $155 billones en 2027, unos $55 billones más que en 2026. Eso, dijo, significa que por cada $100 del presupuesto unos $24 irán al pago de deuda y solo $14 a inversión.

De la Espriella anunció un recorte de austeridad cercano a $17,4 billones y aseguró que su gobierno perseguirá a quienes, según su denuncia, mintieron en las cifras, comprometieron recursos futuros o convirtieron el erario en un “botín”.

“El Presupuesto de la verdad es el primer paso para perseguir a toda esa bola de bandidos”, afirmó.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, entregó este domingo el reporte de las 8:00 p. m. de la Dirección Nacional de Bomberos. En el país permanecen activos 18 incendios forestales en siete departamentos. En 12 horas la cifra bajó de 20 a 18.​

Según el balance, el 89 % de los frentes ya supera el 65 % de avance y el promedio nacional de control subió a 79,7 %.

Tolima concentra siete de las emergencias.

El ministro destacó que Ortega pasó de 50 % a 90 % de avance y que también mejoraron las labores en Chaparral, Cunday, Bolívar, Útica y Chaguaní.

En el mismo informe, Lara reveló que Bomberos le reportó “indicios graves de manos criminales y acelerantes” en los incendios de Cunday, Tolima.

Las prioridades de la noche son Coromoro y Tona, en Santander, ambos con 50 % de avance. El incendio de Tona queda en inmediaciones del páramo de Santurbán.

El ministro reiteró que se mantiene la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella al Ministerio del Interior y a la Dirección Nacional de Bomberos: no parar hasta liquidar los focos que siguen activos.

El presidente Abelardo de la Espriella advirtió este domingo que las universidades públicas no seguirán siendo “santuarios de la violencia” y anunció un protocolo nacional para que la Fuerza Pública intervenga cuando haya vandalismo, terrorismo o alteraciones graves del orden público en los campus.

En alocución presidencial, el jefe de Estado sostuvo que la autonomía universitaria “no está por encima del orden público” y que esa figura no convierte los recintos académicos en territorios sustraídos de la Constitución, la ley o la autoridad del Estado.

“La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi gobierno. Pero el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil no son protestas: son conductas que el Estado tiene el deber de enfrentar de manera decidida”, afirmó.

De la Espriella indicó que dio instrucciones para crear un protocolo de actuación que permita distinguir el ejercicio legítimo de la protesta de hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. La Policía Nacional, dijo, será la primera autoridad operativa y podrá ingresar a las universidades en casos de vandalismo o terrorismo.

El mandatario envió un mensaje diferenciado a la comunidad universitaria:

“A los estudiantes que quieren estudiar, debatir y protestar pacíficamente, todas las garantías. Pero a quienes pretendan utilizar una universidad para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos o a miembros de la Fuerza Pública, les digo con absoluta claridad: la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”.

Cerró subrayando que “la universidad es territorio del conocimiento, de las ideas y el debate; no puede convertirse jamás en refugio para la violencia ni para el terrorismo”. Según el presidente, la medida busca proteger a quienes estudian y no a quienes usen los campus como retaguardia de la violencia.

La Fiscalía General de la Nación llevará este lunes 14 de septiembre un tercer delito a la audiencia de imputación contra Laura Sarabia, exjefa de gabinete, exdirectora del Dapre y exembajadora ante el Reino Unido, dentro del caso de su exempleada, Marelbys Meza.

A los cargos por abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, que el ente acusador ya había solicitado formalizar desde el 1 de septiembre, se sumará ahora el de peculado.

A horas de la diligencia judicial anunciada contra la exfuncionaria, Marelbys Meza contó que vive con temor, tiene problemas de salud y obtiene ingresos con trabajos ocasionales.

Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, pidió que la justicia determine responsabilidades por los hechos que la llevaron a someterse a un polígrafo, antes de la audiencia de imputación anunciada para este lunes 14 de septiembre de 2026 contra la exembajadora de Colombia en Reino Unido.