Concejo de Momil le gana otro round a Efrén Puche: Juez le ordena garantizar un lugar seguro para el desarrollo de sesiones.
Un grupo de 6 concejales le están amargando la recta final del mandato al alcalde de Momil Efren Puche. Primero le frenaron un crédito de 5 mil millones de pesos, y ahora vía tutela obligan a la Alcaldía que les garantice un lugar seguro para la realización de las sesiones.
El Juzgado Promiscuo Municipal de Momil, tras resolver una acción de tutela presentada por 6 concejales del municipio, resolvió ordenar a la Alcaldía garantizar condiciones materiales razonables para el desarrollo de las sesiones y el ejercicio de las funciones constitucionales y legales de dicha corporación.
Contexto.
El grupo de los citados concejales
promovieron acción de tutela
contra la Alcaldía Municipal de Momil por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad, petición, debido proceso, desempeño de funciones públicas y participación política.
Expusieron que el Concejo Municipal venía funcionando en el recinto ubicado en el Centro Cultural del Bajo Sinú, inmueble en el que igualmente desarrollaban sus actividades otras dependencias municipales, entre ellas la Personería Municipal, la UMATA y la Inspección fe Policía.
Manifestaron que mediante comunicación de 8 de octubre de 2026 la Dirección
Administrativa y Financiera de la Alcaldía informó la existencia de un supuesto riesgo
estructural en el inmueble y dispuso la suspensión inmediata de su uso y la evacuación del recinto utilizado por el Concejo Municipal. Afirman que dicha medida fue adoptada sin acompañarse de estudios, evaluaciones o conceptos técnicos que permitieran verificar la
existencia y alcance del riesgo invocado.
Los accionantes señalaron que, pese a expresar su disposición de acatar las medidas de seguridad que resultaran necesarias, solicitaron a la administración municipal la habilitación de un recinto alternativo que permitiera la continuidad de las sesiones de la corporación y garantizar el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. Indicaron igualmente que
requirieron copia de los soportes técnicos que fundamentaban la restricción impuesta.
Sostuvieron que la actuación de la Alcaldía vulneró el derecho a la igualdad, al haberse
dirigido la medida exclusivamente contra el Concejo Municipal mientras otras entidades continuaban funcionando en el mismo inmueble; el derecho al debido proceso, por la ausencia de estudios técnicos conocidos que respaldaran la decisión administrativa; y el derecho de petición, por considerar que las respuestas suministradas por la administración no resolvieron de manera satisfactoria las solicitudes relacionadas con la entrega de los soportes técnicos de la medida adoptada ni con la definición de una alternativa para el funcionamiento del Concejo Municipal.
Asimismo, afirmaron que la falta de una solución locativa inmediata afectaba el ejercicio de sus funciones públicas y su participación política, dado que el período ordinario de sesiones correspondiente al mes de noviembre de 2026 se encontraba próximo a iniciar y el Concejo debía adelantar actividades propias de deliberación, control político, estudio de proyectos y trámite presupuestal.
Finalmente, los accionantes señalaron que la medida adoptada por la administración
municipal coincidió con decisiones previamente asumidas por el Concejo respecto de asuntos de interés municipal, particularmente frente a iniciativas promovidas por el alcalde, razón por la cual estiman que la actuación cuestionada pudo estar relacionada con el ejercicio independiente de las funciones de la corporación.
Con fundamento en ello
solicitaron el amparo de los derechos fundamentales invocados y la adopción de medidas encaminadas a garantizar la continuidad del funcionamiento institucional del Concejo Municipal.
Pidieron a la Alcaldía de Momil, que evalúe y materialice, en el marco de sus competencias y posibilidades jurídicas, una alternativa de recinto concreta, segura, accesible y operativamente apta para el desarrollo de las sesiones del Concejo en la cabecera municipal, sin supeditar dicha solución a diferencias políticas sobre iniciativas distintas.
El Juzgado Promiscuo Municipal de Momil, le acaba de dar la razón a los concejales.
