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Política Nación

Más de 18.000 hectáreas de tierra que habían estado en poder de narcos y testaferros, gracias al Gobierno Petro ahora están en manos del campesino del Magdalena Medio.

El presidente Gustavo Petro regresará este jueves al Magdalena Medio para entregar resultados concretos de la Reforma Agraria.

La visita del jefe de Estado se da al cumplirse cuatro meses de la firma del convenio de transferencia de predios entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

El Magdalena Medio fue una de las regiones más azotada por la violencia, allí se concentró el conflicto de distintos actores armados, luchas sociales y disputas por el territorio, por ese motivo, en esta subregión se ubican fincas que fueron utilizadas como centros logísticos para el procesamiento de droga, entrenamiento de grupos armados, y almacenamiento de armas. Fincas que hoy se recuperan y están regresando a manos campesinas para que puedan trabajar la tierra.

A la fecha, el mandatario ha estregado más de 18.000 hectáreas a familias campesinas y víctimas del conflicto, tierras que estaban bajo administración de la SAE, compradas por la ANT y recuperadas mediante operativos de aprehensión material en articulación con la Policía Nacional.

En total, 10 municipios de seis departamentos fueron beneficiados:

Caldas: La Dorada (713 ha).

Santander: Cimitarra (2.584 ha) y Sabana de Torres (179 ha).

Boyacá: Puerto Boyacá (3.289 ha).

Antioquia: Puerto Nare (1.255 ha), Puerto Berrio (2.613 ha), Puerto Triunfo (846 ha) y Yondó (3.676 ha).

Tolima: Honda (1.109 ha).

Cundinamarca: Puerto Salgar (1.757 ha).

Entre los predios más significativos, recuperados por el Gobierno nacional, figuran las tierras de Puerto Boyacá que pertenecieron a Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’, así como las fincas donde el mercenario israelí Yair Klein entrenó a los primeros grupos paramilitares. Hoy, esas hectáreas pasaron a manos de organizaciones rurales.

La histórica entrega llegó a organizaciones campesinas como la Corporación de Pescadores Artesanales y Campesinos del Magdalena, Acoem, Asociación Granjeros Campesinos Alameda, Corpividcamh, Asocampestu, Asociación Agrofuturo, Asomillas y Cooipa, entre otras.

En Honda (Tolima), 416 hectáreas fueron adjudicadas al pescador Arnulfo Ordoñez y a 39 familias más de la Asociación de Pescadores Artesanales, cumpliendo una promesa de campaña del presidente.

Con este acto, el Gobierno del Cambio cumple un mandato popular y reafirma la autoridad de tierras en el país que le permitirá a la Reforma Agraria continuar recuperando predios arrebatados con violencia y despojo, para devolverlos a las manos campesinas.

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Política Córdoba

¿El exalcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, respalda la campaña de Edgardo Espitia al Senado?.

Una publicación reciente en las redes sociales del exalcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, ha generado especulaciones sobre un posible respaldo a la campaña de Edgardo Espitia al Senado de la República. El exmandatario compartió una fotografía junto a Espitia, en la que incluso se le ve usando una gorra con la marca del candidato.

Este gesto público, que ocurre tras un periodo de distanciamiento entre ambos sectores, sugiere que las diferencias del pasado podrían haberse superado. En su publicación, Ordosgoitia destacó que la reunión sirvió para «compartir experiencias en movilidad, seguridad y turismo», buscando así impulsar el futuro de Montería y Córdoba.

¿Podría esta fotografía ser el inicio de una nueva alianza política en la región?

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Política Nación

Caso Miguel Uribe: dos capturados por el magnicidio fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad fuera de Bogotá.

En un movimiento estratégico para fortalecer la seguridad y el control sobre los presuntos autores del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, las autoridades confirmaron el traslado de dos de los implicados claves a cárceles de máxima seguridad. Elder José Arteaga Hernández, conocido con el alias de «Chipi», y William Fernando González, apodado «El Hermano», fueron reubicados en distintas prisiones por fuera de Bogota, marcando un paso más en el proceso judicial.

Elder José Arteaga Hernández, alias «Chipi», ha sido enviado a la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón, Santander. Esta prisión es reconocida por su estricto régimen y su alta seguridad, diseñada para albergar a individuos considerados de alto riesgo. El traslado de Arteaga Hernández a este centro penitenciario responde a la necesidad de aislarlo y prevenir cualquier tipo de comunicación o influencia externa que pueda afectar la investigación en curso. Su papel en el entramado del magnicidio ha sido objeto de intensa investigación por parte de las autoridades, quienes buscan desentrañar la totalidad de la red criminal detrás del atentado.

Por su parte, William Fernando González, alias «El Hermano», ha sido trasladado a la cárcel de La Dorada, en Caldas. Al igual que Palogordo, este centro penitenciario cuenta con rigurosos protocolos de seguridad. El traslado de González a este lugar busca asegurar que no pueda contactar con otros coautores o colaboradores, garantizando la integridad de las pruebas y la protección de testigos.

Los datos publicados en distintos medios han señalado a González como una pieza fundamental en la logística del crimen, aunque los detalles exactos de su participación se mantienen bajo estricto secreto sumarial para no comprometer la investigación.

Estos traslados reflejan la determinación de las autoridades colombianas de mantener un control férreo sobre los sospechosos en casos de alta relevancia nacional. La reubicación de «Chipi» y «El Hermano» a prisiones separadas y de máxima seguridad subraya la seriedad con la que se está tratando el caso, buscando evitar cualquier intento de fuga o manipulación del proceso judicial desde dentro del sistema penitenciario.

A medida que avanza la investigación, se espera que estos movimientos ayuden a consolidar las pruebas y a llevar a los responsables ante la justicia de manera definitiva.

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Política Nación

La ADRES suspende pagos a 23 IPS por presentar facturas sin tener instalaciones para prestar servicios.

Con el objetivo de asegurar el buen uso y control de los recursos de la salud, la ADRES adoptó medidas administrativas frente a 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca por la presunta inexistencia de infraestructura para atender los pacientes accidentados en la dirección física reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

​En una primera decisión (Resolución 0087804 de 2025), de las 23 instituciones identificadas, la entidad suspendió el reconocimiento y pago de reclamaciones a 12 IPS que radicaron más de $4.911 millones. Estas entidades venían facturando con anterioridad:​

En una segunda decisión (Resolución 0087805 de 2025), a 11 IPS se les suspendió de manera indefinida la solicitud de registro de las cuentas bancarias ante la ADRES. La medida les rechaza facturas nuevas a las siguientes entidades reclamantes:

En cumplimiento del debido proceso, la ADRES realizó ya la notificación a los representantes de estas IPS, las cuales tienen 10 días hábiles para presentar recurso de reposición.

La identificación de estas anomalías se da gracias a las auditorías realizadas por tres firmas contratadas por ADRES desde 2023, con visitas físicas, para hacer control, verificación y reconocimiento de pagos a entidades que presentan reclamaciones por servicios de salud y gastos de transporte derivados de accidentes de tránsito causados por vehículos sin SOAT o no identificados.

En 2024, la ADRES también adoptó medidas administrativas para suspender los pagos a otras 52 IPS que han radicado cuentas por más de 70 mil millones de pesos. De estas, la entidad puso en conocimiento de las Fiscalía General de la Nación, el presunto delito de fraude o intento de fraude, por parte de 36 entidades que no lograron demostrar que contaban con infraestructura física, pese a tener registro de habilitación para la prestación de servicios de salud.

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Política Nación

Operación de las Fuerzas Militares permitió desmantelar 11 laboratorios de droga en el sur del Meta.

El complejo cocainero era manejado por el bloque ‘Jorge Suárez Briceño’, estructura criminal asociada al cabecilla alias ‘Calarcá’ de las disidencias.

Los laboratorios funcionaban en zona rural del municipio de Puerto Rico (Meta) y fueron ubicados gracias a una labor conjunta de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía.

La operación se efectuó en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, y deja como saldo la destrucción de diez estructuras para el procesamiento de pasta base de coca y un laboratorio de clorhidrato de cocaína.

El laboratorio empleado en la producción de clorhidrato de cocaína contaba con una capacidad logística instalada en diez estructuras de madera, donde se producía tonelada y media mensual de esta sustancia, con un valor estimado de más de 30.000 millones de pesos.

El desmantelamiento de estos laboratorios representa un golpe significativo a las economías ilícitas de esta estructura armada en el sur del Meta, neutralizando su capacidad de expansión.

El Gobierno de Gustavo Petro reafirmó así su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados organizados, y continúa adelantando operaciones ofensivas para desarticular sus redes delictivas.

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Boletines

La Policía interceptó en Montería un taxi que llevaba medicamentos sin papeles, cuyo destino era el norte de la ciudad.

En la vía 21, kilómetro 5 del segundo anillo vial de Montería, unidades de la Policía Metropolitana realizaron un procedimiento de registro que permitió la incautación de 50 cajas de medicamentos, que eran transportadas mediante encomienda en un taxi el cual cubría la ruta desde el terminal de transporte hacia el sector de Garzones.

Durante la verificación, la mercancía no presentó la documentación requerida que acreditara su legalidad y procedencia, razón por la cual fue puesta a disposición de la Fiscalía de Montería. El avaluó aproximado de los elementos asciende a cuatro millones de pesos.

La Policía Metropolitana de Montería continuará desarrollando actividades preventivas, operativas y de investigación judicial en el marco de la estrategia institucional “Seguros, Cercanos y Presentes”, reafirmando el compromiso de trabajar junto a la ciudadanía por la convivencia y la seguridad en la región.

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Política Nación

‘Lluvia’ de demandas contra la elección de Carlos Camargo en la Corte Constitucional.

La elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional enfrenta una serie de desafíos legales, con un total de ocho demandas presentadas ante el Consejo de Estado. Los demandantes alegan que más de 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia estaban impedidos para votar la terna de la que Camargo fue elegido, lo que viciaría el proceso.

El argumento central de las demandas es que familiares y allegados de los magistrados de la Corte Suprema fueron nombrados por Camargo cuando se desempeñaba como Defensor del Pueblo. Este hecho, según las demandas, vulnera principios de igualdad e imparcialidad.

Una de las demandas sostiene que este vicio impidió que el Senado y la opinión pública tuvieran un escrutinio informado sobre la idoneidad de la terna. «Se le negó la información crucial que le habría permitido cuestionar la validez de la postulación del señor Camargo Assis», dice el documento.

La situación también ha llegado al Consejo de Estado, donde el magistrado Omar Joaquín Barreto, de la Sección Quinta, se declaró impedido para conocer el caso. La razón es su «amistad íntima y entrañable» con Camargo, una relación que, según Barreto, data de hace más de 20 años y es ampliamente conocida en sus círculos profesionales y sociales.

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Boletines

Buscan a mujer de Tierralta que desapareció cuando viajaba de Bucaramanga a Córdoba.

La familia de Maira Ferraro, de 29 años, está pidiendo ayuda a la comunidad para encontrarla. La joven, oriunda de Tierralta, desapareció misteriosamente mientras viajaba desde Bucaramanga, y no se tiene noticias de ella desde el pasado lunes.

Según sus allegados, Maira debía haber llegado a su hogar en Tierralta, donde su hija la espera. Su desaparición tiene a sus familiares desesperados y en profunda angustia.

Si alguien tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al número de celular  301 412 6769

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Boletines

Conferencistas internacionales destacan el impacto académico y social de la Primera Convención Internacional de Ciencias de la Educación y Humanas de Unicórdoba.

La Universidad de Córdoba continúa afianzando su liderazgo académico con la realización de la Primera Convención Internacional de Ciencias de la Educación y Humanas (CIEH 2025), que se desarrolla del 16 al 19 de septiembre en Montería, con una agenda presencial y virtual bajo el lema “Educación sin fronteras: hacia una sociedad diversa y humana”.

En el encuentro, varios de los conferencistas internacionales invitados destacaron la trascendencia de este espacio, tanto por la riqueza temática como por la proyección de la Universidad de Córdoba como referente en la región y en el ámbito global.

Silvia María Navarro Quintero (Cuba) resaltó que la convención refleja la madurez institucional de Unicórdoba. “Esta convención es expresión del valor de la universidad en la transformación social. Hemos visto la participación de los estudiantes, que son la razón de ser de la universidad, y eso nos emociona. Los invitados no venimos solo a compartir, también venimos a aprender, porque esta es una gran convención que fortalece la educación como derecho humano fundamental”, afirmó.

Por su parte, Lucie Schmidt (Alemania) resaltó la importancia de estrechar lazos académicos. “Es un gran honor estar aquí y fortalecer la colaboración entre Colombia y Alemania. Hace años sembramos esa semilla y hoy esta convención abre nuevas oportunidades para seguir trabajando juntos en innovación educativa”.

Desde Indonesia, Siti Juwariyah evidenció el valor humano del encuentro. “Esta convención conecta con el mundo. Aquí podemos entendernos en medio de la diversidad y reflexionar sobre cómo la tecnología y el lenguaje se convierten en herramientas para alimentar la humanidad”, expresó.

Mientras tanto, la española Mercedes Arriaga Flórez elogió la participación de los estudiantes y la calidad académica de la institución. “Nos asombra el interés y el nivel cultural del estudiantado de la Universidad de Córdoba. Lo que se ha organizado aquí es verdaderamente admirable y nos impacta positivamente a todos los invitados internacionales”, dijo.
El rector de la Universidad de Córdoba, profesor Jairo Torres Oviedo, aseguró que la convención es un paso más en la apuesta por internacionalizar el conocimiento y situar a la institución en la agenda global.

Precisó el profe Jairo que: “Este evento reafirma nuestra visión de abrir fronteras, de generar diálogos académicos y científicos con el mundo, y de formar ciudadanos capaces de liderar la transformación social desde la educación”.

La convención cuenta además con las conferencias magistrales de Javier Sánchez López (México), Luis Guillermo Quintero Galbán (Venezuela), Teresa Mateiro (Brasil) y Diana Patricia Rodríguez Pineda (México), quienes aportan miradas interdisciplinarias sobre el envejecimiento saludable, la innovación digital en ciencias sociales, la narrativa en la formación docente y las concepciones epistémicas en la investigación educativa.

Con esta primera edición de la CIEH 2025, la Universidad de Córdoba reafirma su compromiso con la excelencia académica, el diálogo intercultural y la construcción de una sociedad más diversa, inclusiva y humana.

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Política Córdoba

No le autorizaron a tiempo las quimioterapias: Murió joven en Córdoba tras batallar contra el cáncer y su EPS.

Mileidis Ochoa Ramos, una joven de 35 años que padecía de cáncer, falleció en la madrugada del miércoles, luego de que su EPS, Coosalud, se demorara en autorizarle las quimioterapias. Su historia fue expuesta por el portal Hablando Claro, donde se denunció la indiferencia de la entidad y la demora en su tratamiento.

La joven había sido remitida a la clínica Imat, pero allí le negaron la atención porque, supuestamente, la EPS no había pagado los servicios. Tras la denuncia pública, la entidad autorizó el tratamiento al día siguiente, pero ya era demasiado tarde. Los familiares de Mileidis aseguraron que, en la clínica, la atención que recibieron fue «por caridad», no por la gestión de la EPS.

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