La Fiscalía ya había adelantado una pesquisa contra el ahora congresista por hacer parte de una organización criminal liderada por el exmagistrado Carlos Alberto Vargas que torpedeaba acciones judiciales.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció el martes 9 de agosto que abrirá una investigación formal contra el representante a la Cámara, Néstor Leonardo Rico por presunta corrupción cuando fue contralor de Cundinamarca.
Concretamente, esta pesquisa la inició en primera instancia la Fiscalía General de la Nación cuando el ahora congresista era contralor departamental. De acuerdo con el ente de control, en ese entonces habría integrado también una organización criminal que habría sido liderada por el magistrado Carlos Alberto Vargas, del Tribunal Administrativo de ese departamento e integrado por abogados que torcieron varias acciones judiciales.
Vargas Bautista, junto con su novia, Kelly Eslava, lideraban una empresa que amañaba fallos a cambio de altas sumas de dinero. De hecho, una de las decisiones más importantes que se tomó dentro de esta red fue contra el Acueducto de Bogotá: se determinó que la capital colombiana debía pagar una millonaria indemnización por haberse negado a comprarle a un civil un predio que estaba adjunto al humedal Jaboque, ubicado en la localidad de Engativá.
En audiencia llevada a cabo en junio, Eslava confirmó lo que investigaba la Corte: que ambos desviaban fallos del Tribunal de Cundinamarca. También había detallado las presiones que ejercían sobre sus clientes para que, antes de que el exmagistrado renunciara a su cargo, pagaran las altas sumas de dinero de las decisiones judiciales emitidas.
Además, confirmó las hipótesis de la Fiscalía sobre la sociedad ilegal que vendía los fallos, precisando que otro de los casos grandes que tenía en su despacho era proteger a una empresa de un embargo de 800 millones de pesos por parte del Hospital El Salvador. “De manera incisiva yo le hago saber al ingeniero ‘póngase las pilas, formalice los acuerdos que tiene que formalizar con el magistrado Vargas porque su compañía depende de eso’”, dijo Eslava en la diligencia.
En este y en otros procesos, el exmagistrado torpedeó los procesos para condenar a la nación y que pagara altas sumas a particulares que previo a las decisiones, habían contactado a este y a Eslava. Sumado a eso, durante el proceso la Fiscalía ocupó sus bienes con fines de extinción de dominio. En total fueron “tres inmuebles ubicados en Tibacuy (Cundinamarca), uno en Rivera (Huila), uno en Icononzo (Tolima), uno en Bogotá y un edificio en Bucaramanga (Santander); además de cuatro vehículos y una motocicleta”.
Asimismo, el órgano de control fiscal argumentó que al parecer, estas propiedades “fueron adquiridas con los dineros que, supuestamente, recibió por direccionar sus decisiones para favorecer los intereses de algunas de las partes en los procesos”. Sumado a eso, indicaron que estuvieron avaluadas en 9.000 millones de pesos.
Para la entidad, el extogado del Tribunal Administrativo departamental se habría valido “de un primo suyo y una abogada que fue judicante de su despacho”, encontrando además evidencia de manipulaciones al sistema de reparto y demás irregularidades asociadas con el traslado de determinados casos a su despacho.
Dentro de este proceso, además del nombre de Néstor Leonardo Rico, también apareció el de William Rojas, ingeniero de profesión y que actuó como demandante en el proceso contra el Hospital El Salvador. De acuerdo con el testimonio de Eslava, este cobró una suma de dinero en el Tribunal y, para ello contrató a la mujer.
Tomado de; Infobae
