Burbuja Política

Los Juegos Intercolegiados Nacionales alcanzaron la cifra histórica de 642.625 deportistas inscritos, un hecho que ratifica el compromiso del Gobierno nacional de garantizar el derecho a la práctica deportiva, la recreación y la integración de miles de niños, niñas y jóvenes de los 32 departamentos del país.

Así lo informó el Ministerio del Deporte, el cual agregó que la cifra de entrenadores y delegados también batió récords, con un consolidado de 36.142 inscritos, lo que valida la importancia del apoyo y respaldo a los futuros medallistas olímpicos de Colombia. En total, el proceso cerró con 678.458 inscritos.

Este hito, según se dijo, se logra gracias a las acciones articuladas con los entes departamentales, establecimientos educativos, docentes, entrenadores, rectores, federaciones deportivas y organizaciones que atienen a personas con discapacidad.

En total, 9.661 instituciones educativas de todo el país participaron activamente en el proceso de inscripción de atletas y Para atletas. La edición 2026 contempla 26 modalidades deportivas (12 individuales y 7 de conjunto), así como tres Para deportes, tres mini deportes y festivales escolares.

Las competencias individuales estarán compuestas por ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo, ciclismo de ruta, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekwondo y tenis de mesa. Los para deportes serán boccia, para natación y para atletismo.

Por otro lado, los deportes de conjunto serán baloncesto, baloncesto 3×3, balonmano, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y voleibol. Las demás modalidades ofertadas son: mini baloncesto, mini fútbol sala y mini voleibol.

Para la realización de las justas, el Ministerio del Deporte destinó un total de $64.500 millones, con los cuales se llevarán a cabo las fases: municipales, zonales, departamentales, regionales, final nacional y también se asegura la participación de la delegación colombiana que represente al país en los XXX Juegos Escolares Sudamericanos que se llevarán a cabo en Ecuador.

En un movimiento que sacude la operatividad del sistema de salud en Colombia, el superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, propuso una solución radical para enfrentar el incumplimiento de las EPS en la entrega de fármacos: transferir el dinero directamente a los bolsillos de los usuarios para que estos realicen la compra de forma particular.

La propuesta surge tras la crítica situación de una menor de 12 años, paciente trasplantada, a quien la entidad Ofimédicas no le entregó a tiempo el Tacrolimus, un fármaco inmunosupresor vital para evitar el rechazo de órganos. Ante el riesgo inminente para la vida de la niña, Quintero reveló que intervino personalmente:

“Hablé con su mamá y le giré $900 mil. Ella pudo comprar el medicamento de inmediato, sin filas ni trámites”, afirmó el superintendente, subrayando que este modelo de emergencia debería institucionalizarse.

¿Cómo funcionaría el mecanismo?

La estrategia planteada por la Superintendencia busca que, ante la falta de entrega oportuna, el Estado gire los recursos del tratamiento directamente a la familia afectada. Posteriormente, ese monto sería descontado a la EPS del presupuesto que recibe por cada afiliado (Unidad de Pago por Capitación – UPC).

Más allá de la propuesta económica, el funcionario fue enfático en que habrá consecuencias legales. Se confirmó la apertura de investigaciones formales contra la EPS responsable y la firma Ofimédicas por poner en riesgo la estabilidad clínica de la menor.

El Ministerio de Salud expidió la Resolución 695 de 2026, mediante la cual actualiza el listado de servicios y tecnologías que no serán cubiertos por las EPS dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

La medida busca priorizar intervenciones esenciales y excluir aquellas sin respaldo científico, de carácter estético o de uso personal.

La decisión se adoptó tras un proceso participativo que incluyó consultas con asociaciones científicas, expertos, pacientes y ciudadanía. Estas sesiones se desarrollaron en 25 departamentos y en Bogotá.

Según la cartera de Salud, la actualización se fundamenta en criterios de evidencia científica, seguridad, eficacia clínica y pertinencia. En ese sentido, se excluyen servicios que carecen de soporte técnico, no cuentan con autorización de las autoridades competentes, tienen fines cosméticos o son considerados experimentales.

Entre los principales servicios excluidos se encuentran:

Procedimientos y cirugías estéticas

Se excluyen aquellos realizados con fines cosméticos o de embellecimiento, como:

Rinoplastia estética

Liposucción

Mamoplastia estética

Gluteoplastia

Blefaroplastia por envejecimiento

Ritidectomía (estiramientos faciales)

Cliteroplastia, himenoplastia e himenorrafia

Engrosamiento o alargamiento de pene

Depilación láser con fines estéticos

Dermoexfoliación (peelings)

Correcciones estéticas de nariz, cejas o arrugas

Medicamentos y tratamientos específicos

También se excluyen algunos medicamentos según su uso o indicación clínica, entre ellos:

Analgésicos combinados como acetaminofén con codeína u opioides en ciertos contextos

Diacereína para algunos casos de artritis

Minoxidil para alopecia dentro del PBS

Buprenorfina en usos específicos

Otros fármacos dependiendo de su indicación

Fertilidad y reproducción asistida

La resolución excluye procedimientos como:

Fecundación in vitro (FIV), incluso con ICSI

Inseminación artificial

Tratamientos de reproducción asistida en general​

El Ministerio reiteró que estas exclusiones buscan optimizar el uso de los recursos públicos, garantizando la financiación de servicios con efectividad comprobada y mayor impacto en la salud de la población.

Consulte la Resolución 695 de 2026.

El Consejo de Estado admitió una demanda que busca anular la elección de las congresistas María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán (Cámara por Bogotá) y María del Mar Pizarro (Senado) para el periodo 2026-2030. El recurso, interpuesto por la veeduría «Control Social y Efectivo», señala presuntas irregularidades en su inscripción y un posible caso de doble militancia.

Se cuestiona su participación en la consulta interpartidista del Pacto Histórico en octubre de 2025 y si cumplieron con los tiempos de ley para renunciar a sus colectividades anteriores antes de aspirar por la coalición actual.

El alto tribunal, bajo la ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas, negó la suspensión provisiona de sus credenciales. Esto significa que las tres legisladoras podrán ejercer sus cargos sin impedimentos mientras avanza la investigación.

Ahora el tribunal deberá evaluar pruebas clave sobre la fusión de los partidos Colombia Humana y Pacto Histórico, así como el alcance legal de los resultados de la consulta interna para determinar si hubo una violación a las normas de disciplina partidaria.

Las tensiones internas en el Partido Liberal han alcanzado un punto de no retorno. Un bloque de diez representantes a la Cámara, autodenominado “Sin Piedad”, ha decidido desmarcarse de las directrices del expresidente César Gaviria para forjar una alianza estratégica con el senador Iván Cepeda, una de las figuras más visibles del progresismo en Colombia.

Este grupo, conformado exclusivamente por mujeres con fuerte arraigo territorial, representa una fractura significativa en la estructura tradicional del liberalismo. Las congresistas que integran este bloque provienen de diversas regiones del país, desde el Amazonas hasta San Andrés:

Karina Bocanegra (Amazonas)

Sandra Aristizábal (Quindío)

Gilma Díaz (Caquetá)

Olga Beatriz González (Tolima)

María Eugenia Lopera (Antioquia)

Yezmi Barraza (Atlántico)

Kelyn González (Magdalena)

Karyme Cotes (Sucre)

Flora Perdomo (Huila)

Elizabeth Jay Pang (San Andrés)

El movimiento de este bloque, ejemplificado en figuras como la representante Kelyn González, sugiere una lectura pragmática del momento político actual. González, quien en el pasado ha mantenido alianzas con sectores tradicionales del Magdalena, parece haber identificado que el capital político hoy se negocia en otros términos.

Más que un giro ideológico hacia la izquierda que representa Cepeda, el acercamiento responde a la necesidad de encontrar **»oxígeno político»** fuera de una colectividad que, bajo el mando de Gaviria, ha perdido cohesión y capacidad de respuesta frente a las demandas territoriales.

La consolidación de “Sin Piedad” funciona en la práctica como una microbancada independiente. Al agruparse, estas representantes ganan autonomía para negociar agendas propias con el Gobierno Nacional, enfocadas en desarrollo social y representación regional, alejándose de la «obediencia» partidista.

Este realineamiento no solo debilita el liderazgo de César Gaviria en el Congreso, sino que fortalece la coalición que rodea a Iván Cepeda, otorgándole un puente directo con las bases regionales que estas diez mujeres controlan.

La Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior, al confirmar en segunda instancia la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La decisión desestima las pretensiones de una demanda que buscaba la nulidad de su designación, argumentando que no se vulneraron los requisitos legales ni las normas de inhabilidades alegadas por los demandantes.

​A pesar de ratificarlo en el cargo, el alto tribunal incluyó un exhorto preventivo debido a las denuncias sobre presuntas agresiones verbales del funcionario hacia una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. El fallo subraya la obligación de las autoridades judiciales de actuar con perspectiva de género y proteger la integridad de las mujeres en el ejercicio de sus funciones.

​Por tal motivo, el Consejo de Estado ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que inicie las investigaciones disciplinarias correspondientes. El Ministerio Público deberá determinar si la conducta de Benedetti frente a la magistrada constituyó una falta, mientras el funcionario continúa al frente de la cartera política.