Alcaldes de municipios del Caribe afectados por el frente frío hicieron un llamado urgente a la Corte Constitucional para que analice con criterios técnicos los decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica expedidos por el presidente Gustavo Petro, al considerarlos fundamentales para la recuperación de sus territorios.
Los mandatarios locales advirtieron que una eventual anulación de estos decretos afectaría gravemente la capacidad institucional y las inversiones necesarias para responder a la crisis humanitaria que impacta a más de 120 mil familias en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena.
»Respaldamos este decreto porque es la única salida que tenemos en nuestros territorios para ejecutar la fase de recuperación. Su anulación nos pondría en una situación muy compleja. La recuperación de Tierralta, por ejemplo, tiene un valor cercano a un billón de pesos. Esos recursos no los tiene ni el municipio, ni el departamento, ni siquiera el Gobierno; solo podrían obtenerse a través del decreto de emergencia», aseguró el alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras.
»Realizamos un recorrido de siete horas para llegar a Montería. Hicimos el esfuerzo de venir porque entendemos la importancia del decreto para los municipios del Caribe afectados por el frente frío. Como municipalidad, no tenemos la capacidad de atender de manera autónoma las situaciones que enfrentan nuestras comunidades ni de contar con los recursos necesarios», afirmó Fermín Cruz Quintero, alcalde de La Gloria, Cesar.
En respaldo a este llamado, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, señaló que los decretos están debidamente sustentados y responden a un fenómeno climático imprevisible y sobreviniente.
»La única razón por la que la Corte Constitucional podría tumbar el decreto de emergencia económica sería política y no basada en argumentos técnicos. La decisión está debidamente sustentada y obedece a un fenómeno climático atípico que afectó a más de 120 mil familias en el Caribe colombiano», afirmó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.
El llamado unánime de los alcaldes a la Corte Constitucional se da durante la construcción del Plan de Recuperación Temprana, liderado por la UNGRD, que orientará la inversión de $8,7 billones destinados a superar la emergencia y sentar las bases de una recuperación sostenible en los territorios afectados.
La fase de recuperación temprana está proyectada para un periodo de hasta dos años y busca garantizar derechos básicos a la población damnificada, como vivienda digna, acceso a agua potable, salud, educación, seguridad alimentaria, infraestructura, obras de mitigación del riesgo y recuperación de suelos.
Los mandatarios locales advirtieron que la eventual anulación de estos decretos por parte de la Corte Constitucional podría afectar gravemente la capacidad institucional para responder a la crisis humanitaria, ambiental y económica que enfrentan sus municipios.
Por esta razón, solicitaron formalmente a la Corte una audiencia en la que puedan ser escuchados y exponer de primera mano la magnitud de la emergencia, el impacto en sus territorios y la necesidad de mantener vigentes los decretos como herramienta fundamental para avanzar en la recuperación de las comunidades afectadas.
