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Política Nación

La MOE enciende las alarmas por el aumento de la violencia política, el acoso a la prensa y la desinformación a una semana de las elecciones presidenciales

una semana de que se abran las urnas para la primera vuelta presidencial, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó un exhaustivo y preocupante panorama sobre las garantías democráticas en el país durante la decimocuarta Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral. La organización encendió las alarmas sobre varios frentes críticos que amenazan el normal desarrollo de los comicios, los cuales van desde un incremento en la violencia focalizada contra políticos y periodistas, hasta un alarmante ecosistema de desinformación y hostilidad en el entorno digital.

En el plano de la seguridad y el orden público, la MOE reveló cifras inquietantes sobre el deterioro de las condiciones para hacer campaña. Hasta la fecha se han registrado 63 afectaciones directas al proselitismo político en 21 departamentos del país, una problemática que se concentra en un 57% en Antioquia, Norte de Santander, Bogotá y Santander. El reporte detalla 24 casos de daños a publicidad electoral, 17 ataques a sedes de campaña, 11 hostigamientos a militantes, dos afectaciones a material electoral y un enfrentamiento en un evento público. Especial gravedad revisten los ocho hechos de control político territorial ejercido por grupos armados ilegales.

Esta radiografía se complementa con un acumulado de 565 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales ocurridos entre enero de 2025 y abril de 2026; si bien la cifra global muestra una disminución respecto a los comicios de 2022, la MOE alertó que los asesinatos y las agresiones dirigidas específicamente contra líderes políticos registraron un preocupante repunte.

La libertad de prensa y el debate en las plataformas digitales también atraviesan un momento crítico. Citando datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la MOE denunció que entre enero y mayo de 2026 se han perpetrado 44 agresiones contra periodistas y medios de comunicación que cubren el proceso electoral, lo que representa un vertiginoso aumento del 175% en comparación con el año 2022, incluyendo un fuerte componente de hostigamientos digitales y violencias basadas en género. Asimismo, el monitoreo de la conversación en redes sociales arrojó que el 94,4% de los mensajes analizados están cargados de insultos, polarización, ridiculización y humillación, un ambiente de crispación alimentado por campañas de desinformación que buscan socavar la credibilidad de la organización electoral y de las distintas candidaturas mediante montajes audiovisuales y la difusión de falsas amenazas al orden público.

Por otra parte, la participación ciudadana ha empezado a canalizar denuncias a través de la plataforma de veeduría Pilas con el Voto, donde los colombianos han reportado de manera reiterada posibles irregularidades relacionadas con la participación indebida en política por parte de funcionarios públicos y diversas presiones que afectan el voto libre, quejas que se localizan principalmente en Bogotá, Antioquia, Cauca, Nariño y Tolima. Como contrapeso institucional y para garantizar la transparencia del proceso en el exterior, la MOE anunció un despliegue internacional sin precedentes que sigue en expansión: un equipo de 134 observadores acompañará las votaciones en 49 ciudades de 27 países, con presencia clave en puntos de alta votación o complejidad como Madrid, Nueva York, Miami, Buenos Aires, Londres, Seúl, Pretoria y Caracas. Ante este complejo escenario, el organismo electoral formuló un llamado urgente a las autoridades, los partidos políticos y la ciudadanía en general para atender estas alertas y blindar las instituciones de cara a la inminente jornada democrática.

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Autoridades fortalecen estrategias de seguridad para las festividades y eventos de impacto en Córdoba

Consejo extraordinario de seguridad define acciones para la Feria de la Ganadería, protección de líderes sociales y certámenes electorales

Con el propósito de garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de las actividades programadas durante la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería, la Gobernación de Córdoba presidió una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con la participación de las autoridades político-administrativas, organismos de seguridad y fuerza pública del departamento.

Durante la jornada se analizaron temas prioritarios relacionados con la seguridad durante las festividades feriales, la protección de líderes sociales y las estrategias para garantizar el normal desarrollo de los próximos certámenes electorales en el departamento de Córdoba.

En materia de feria y eventos masivos, las autoridades definieron acciones enfocadas en el fortalecimiento de los dispositivos de vigilancia, controles operativos, acompañamiento permanente a las actividades culturales y refuerzo de la presencia institucional en los diferentes escenarios donde se desarrollará la agenda ferial, buscando brindar tranquilidad tanto a propios como a visitantes.

De igual manera, se revisaron las medidas de protección y seguimiento a líderes sociales, ratificando el compromiso institucional de continuar trabajando articuladamente para salvaguardar la integridad y seguridad de quienes desempeñan labores sociales y comunitarias en los diferentes municipios del departamento.

Asimismo, se establecieron estrategias de coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad durante los certámenes electorales, fortaleciendo las capacidades operativas y preventivas que permitan proteger el ejercicio democrático y brindar confianza a la ciudadanía durante el proceso electoral.

El señor coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, destacó la importancia del trabajo articulado entre las instituciones para mantener condiciones de seguridad en el territorio.

_“Estamos comprometidos con la seguridad integral de todos los cordobeses. Trabajamos de manera coordinada para garantizar unas festividades tranquilas, proteger a nuestros líderes sociales y brindar todas las garantías de seguridad durante los certámenes electorales en el departamento”._

La Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería continuará desarrollando acciones preventivas y operativas en articulación con las autoridades departamentales y municipales, fortaleciendo la convivencia ciudadana y consolidando entornos seguros para toda la comunidad

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Política Nación

Fuerza Pública desplegará más de 400.000 efectivos para garantizar la seguridad en las elecciones presidenciales

A menos de una semana de que el país elija al próximo Presidente de la República para el periodo 2026–2030, el Gobierno nacional presentó un completo plan estratégico para asegurar la jornada electoral.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado por la cúpula militar y de policía, anunció el despliegue de 408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional. El objetivo principal de este dispositivo es blindar los 13.489 puestos de votación y asegurar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera libre y en paz.

Dentro de las medidas prioritarias se encuentra la protección a los 13 candidatos presidenciales y a sus familias, así como el acompañamiento a los eventos públicos de campaña. Para fortalecer estas acciones, el Gobierno Nacional ha ofrecido una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos a quien entregue información que permita anticipar posibles atentados contra los aspirantes.

Hasta la fecha, las autoridades ya han custodiado 625 actividades en plaza pública, coordinando esfuerzos entre las Fuerzas Militares, a cargo del 43% de los puestos de votación, y la Policía Nacional, que asumirá el 57% restante.

En la rueda de prensa, el ministro fue enfático al señalar el compromiso de las instituciones con el orden constitucional. Aseguró que “la Fuerza Pública brindará todas las garantías y hará lo necesario para proteger la democracia», un mensaje con el que buscó dar un parte de tranquilidad al país frente a las tensiones políticas de los últimos días y la volatilidad que se vive de cara a los comicios.

Adicionalmente, el jefe de la cartera de Defensa hizo un llamado a rechazar cualquier manifestación violenta que pretenda sabotear la jornada electoral o sembrar el miedo entre los votantes. En un tono contundente, Sánchez advirtió sobre las consecuencias de los ataques y la desinformación en las redes sociales que buscan generar zozobra, manifestando textualmente que “la violencia en las elecciones nos aleja de la democracia y nos acerca a la barbarie».

Durante la rueda de prensa recordó que sigue activa la ‘Línea de Transparencia 157’, una herramienta que ofrece recompensas de hasta 50 millones de pesos por denuncias sobre delitos electorales, tales como el fraude o la compra y venta de sufragios. Esta estrategia ya arrojó resultados importantes durante las pasadas elecciones legislativas del 8 de marzo, donde se recibieron 7.096 llamadas, se incautaron 3.759 millones de pesos en efectivo y se hicieron efectivas 88 capturas relacionadas con estas conductas ilícitas.

Finalmente, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó que, basándose en antecedentes históricos y denuncias recientes, se elaboró un mapa de prevención y seguridad electoral. Este diagnóstico permitió priorizar 67 municipios en todo el país que registran un mayor nivel de riesgo. En estos puntos clave se concentrarán dispositivos especiales y de atención institucional inmediata, diseñados para contener de forma oportuna cualquier acción que pretenda alterar la normalidad de las votaciones.

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Política Región

Reconocido futbolista de Montelíbano muere electrocutado en Segovia, Antioquia

El balón se detuvo y los tres palos quedaron en silencio. La comunidad deportiva de Montelíbano se encuentra sumida en un profundo luto tras confirmarse el trágico fallecimiento de Yeferson Blanco, un joven guardameta que no solo tapaba goles, sino que se había ganado el corazón de su municipio a punta de carisma, humildad y liderazgo dentro de las canchas locales.

El fatídico hecho se registró en el municipio de Segovia, Antioquia, lugar al que Blanco se había trasladado por motivos laborales. Según los primeros reportes de las autoridades locales, el deportista se encontraba desempeñando sus funciones de trabajo cuando sufrió una fuerte descarga eléctrica. Pese a los intentos por auxiliarlo, el impacto fue letal y le causó la muerte de manera instantánea.

La noticia de su partida cruzó rápidamente las fronteras antioqueñas para golpear con fuerza en su natal Montelíbano. Yeferson era una figura habitual y respetada en los torneos comunitarios y regionales del departamento de Córdoba, reconocido por sus reflejos felinos y su entrega en cada partido.

Las redes sociales se han transformado en un mural de recuerdos, fotografías de sus mejores atajadas y mensajes de aliento para sus familiares. Clubes aficionados, ligas locales y amigos cercanos han expresado su consternación ante un accidente que apaga la vida de una promesa comunitaria en plena juventud.

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Política Córdoba

Con acuerdos de reparación cierra diálogo en Córdoba entre víctimas y comparecientes de la Fuerza Pública

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) lideró el cierre de un proceso de diálogo entre víctimas y exintegrantes de la Fuerza Pública en el departamento de Córdoba, en un acto simbólico denominado ‘Luz de Esperanza’, que marcó un paso hacia la reconciliación y la construcción de paz en el territorio.

En el encuentro participaron 16 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, junto a 20 comparecientes del Batallón de Infantería número 33 Junín del Alto Sinú y del Gaula Córdoba, quienes durante varios meses sostuvieron espacios de escucha, reconocimiento y reflexión sobre los hechos ocurridos.

La directora de la ARN, Alejandra Miller, destacó el valor de estos procesos para el país y la necesidad de ampliarlos a otras regiones: “Sí se puede; necesitamos que este tipo de procesos se amplifiquen en todos los territorios del país, porque aún hay mucho dolor”, afirmó, al resaltar que estos encuentros permiten avanzar hacia la reconciliación desde el reconocimiento de lo ocurrido.

Durante el acto, se desarrollaron acciones restaurativas construidas de manera conjunta, como la entrega de sombreros vueltiaos tejidos entre víctimas y comparecientes, relicarios con códigos QR que recogen la memoria del proceso y la siembra de una bonga, árbol emblemático de la región. Estos símbolos representaron la dignidad, la memoria y el compromiso de no repetición.

Uno de los momentos más significativos fue la intervención de Jesús Riascos, compareciente ante la JEP, quien reconoció el daño causado: “Hoy no venimos a cumplir un protocolo, hoy vinimos a hablarles mirándolos a los ojos, con el peso de nuestra historia; admiramos la valentía y generosidad de las víctimas; destruimos familias, vidas, proyectos, y entendimos la magnitud de nuestras acciones”.

Las autoridades destacaron que este proceso, acompañado por la JEP y con apoyo técnico de la OIM, demuestra que el diálogo y la verdad pueden abrir caminos de reparación y reconciliación. La ARN reiteró su compromiso de seguir impulsando estos espacios en el país, para que el dolor se transforme en memoria y en oportunidades de paz duradera.

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Política Nación

Supersalud destapa fallas en entrega de medicamentos en Cartagena

Filas desde la madrugada, largas esperas y fórmulas incompletas marcan el panorama encontrado por la Superintendencia Nacional de Salud durante visitas sorpresa a dispensarios de medicamentos en la capital de Bolívar, donde se evidenciaron dificultades en la atención a los usuarios.

Durante los recorridos, los equipos técnicos verificaron los tiempos de entrega, las condiciones del servicio y los reportes de medicamentos pendientes, especialmente en el punto de Audifarma Santa Lucía, operador que atiende a más de 249 mil afiliados de la EPS Mutual Ser en Cartagena.

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, advirtió sobre el impacto directo de estas fallas en la vida de los ciudadanos: “Detrás de cada fórmula sin entregar hay un paciente angustiado. Aquí no estamos hablando de papeles ni de estadísticas; estamos hablando de personas que necesitan sus tratamientos para vivir», afirmó.

La situación, según la entidad, se repite entre los usuarios, quienes deben regresar varias veces para completar sus medicamentos, enfrentar extensas jornadas de espera y superar múltiples barreras en la atención, especialmente en el caso de adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Quintero también fue enfático en exigir respuestas inmediatas a las entidades responsables: “Lo que encontramos no puede seguir convirtiéndose en paisaje. Hay personas esperando medicamentos esenciales y familias enteras desgastadas por trámites interminables. Las EPS y los operadores farmacéuticos tienen que responderle a la gente», señaló durante la visita.

El superintendente anunció que estos operativos continuarán en distintas regiones del país como parte del #Plan100, con el fin de garantizar el derecho a la salud. Asimismo, advirtió que, de persistir las irregularidades, se podrán iniciar acciones administrativas para asegurar que las entidades cumplan con sus obligaciones y se garantice una atención oportuna y digna a los pacientes.

El #Plan100 es una estrategia de la Supersalud que realiza operativos sorpresa en todo el país para verificar que los medicamentos sean entregados a los pacientes y sancionar irregularidades.

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Política Nación

Tensión en el Gobierno: Petro y el ministro de Energía chocan por la subasta de una termoeléctrica a gas en pleno debate sobre la crisis climática

El debate sobre la transición energética y las medidas para afrontar las crisis climáticas en Colombia ha desatado un fuerte cruce de declaraciones públicas entre el presidente Gustavo Petro y su ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. La controversia estalló tras los resultados de la reciente subasta de energía, en la que se incluyó un proyecto para la construcción de una planta termoeléctrica a gas, una decisión que el primer mandatario cuestionó con dureza al considerarla una contradicción directa con el programa de gobierno elegido por los ciudadanos y un agravante para los fenómenos climáticos extremas como el «Superniño».

El presidente Petro expresó un rechazo categórico a la dependencia del gas para enfrentar las sequías, argumentando que el uso de combustibles fósiles acelera el calentamiento global, la causa raíz del problema. En su intervención, el mandatario advirtió sobre los sombríos pronósticos de la ciencia que señalan un riesgo de desertificación para el país hacia el año 2070, lo que obligaría a desplazamientos masivos de la población hacia otras latitudes.

En su lugar, propuso una alianza internacional con el gobierno de Emmanuel Macron en Francia para implementar concentradores de radiación solar en regiones estratégicas como La Guajira, el Caribe y la Altillanura, insistiendo en que la abundancia de sol durante los periodos de sequía debe aprovecharse para la generación de energía limpia y eléctrica, dejando atrás de manera definitiva el petróleo, el carbón y el gas.

Por su parte, el jefe de la cartera de Energía asumió la total responsabilidad política por la subasta, calificando los resultados como un éxito técnico y estratégico indispensable para garantizar la seguridad energética de la nación de cara al periodo 2029-2030. El ministro defendió la gestión actual recordando que administraciones pasadas dejaron al país desabastecido y sin proyectos viables, y destacó que este gobierno ha liderado el mayor número de subastas en la historia reciente, anticipando además una próxima subasta de energías renovables como el gran legado de la administración.

Asimismo, aclaró de forma tajante que el Ministerio de Minas y Energía no tiene la facultad de autorizar, aprobar ni direccionar proyectos específicos, y desestimó los cuestionamientos surgidos en redes sociales al calificarlos como ataques basados en datos inexactos, imprecisos y carentes de rigor técnico.

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Ambiente

CVS ordena la suspensión de obras del parque ecológico sector la candelaria en Montelíbano.

Mediante la resolución 0722 del 15 de mayo del presente año, la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS, impuso una medida preventiva de suspensión por 90 días a la alcaldía de Montelíbano en las obras del parque ecológico sector La Candelaria.

De acuerdo al contenido de la resolución, la Alcaldía de Montelíbano, representada por su representante legal, el alcalde Gabriel Calle Demoya, adelantó la ejecución de múltiples actividades constitutivas de infracciones ambientales derivadas de intervenciones no autorizadas sobre ecosistemas de humedal, recurso forestal, recurso hídrico y fauna silvestre, mediante remoción de cobertura vegetal, aprovechamiento forestal ilícito, construcción de canal antrópico para desviación de flujo hídrico, ocupación de cauce, relleno y compactación de cuerpos de agua, afectación a fauna silvestre y disposición inadecuada de residuos sólidos, sin contar con los permisos exigidos.

Por lo anterior, señala la CVS se generó afectación a los recursos naturales renovables y alteración de la dinámica ecológica e hidráulica de los humedales «La Candelaria» e «Isla CVS» en jurisdicción del municipio de Montelíbano.

Además, la CVS ordenó una investigación administrativa de carácter ambiental contra la alcaldía de Montelíbano por presunta ejecución de actividades constitutivas de infracciones ambientales, como el presunto aprovechamiento forestal ilícito mediante la tala de 16 individuos forestales.

El Parque Ecológico Sector La Candelaria (también conocido como Ecoparque Candelaria o Parque Lineal Ambiental La Candelaria) es un proyecto en desarrollo en Montelíbano y se ubica en el humedal La Candelaria, en el sector nororiental de la zona urbana, afectando barrios como La Candelaria, Candelaria Alta, Candelaria Baja, Los Laureles y San Isidro

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Política Nación

De la Espriella, Valencia y Cepeda lideran el gasto electoral en la recta final hacia la presidencia de 2026

A solo seis días de las elecciones presidenciales de 2026, el más reciente informe de Transparencia por Colombia en la plataforma Cuentas Claras revela que las campañas de Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda lideran con holgura el gasto electoral en el país.

El abogado Abelardo de la Espriella Otero encabeza la lista con un robusto presupuesto de 32,000 millones de pesos en ingresos, de los cuales ya ha ejecutado más de 26,087 millones. Le sigue la senadora Paloma Valencia, quien registra ingresos por 30,000 millones de pesos y un gasto consolidado de 17,775 millones. Por su parte, el congresista Iván Cepeda se posiciona fuertemente en el ala alternativa con un reporte de 15,000 millones de pesos recibidos y una inversión que ya alcanza los 12,507 millones de pesos.

Este millonario despliegue de recursos por parte de los tres aspirantes refleja la tendencia de la contienda actual: el 93.9% de la financiación global de los candidatos proviene de créditos con el sector bancario privado, mientras que el 74.1% de los presupuestos totales se ha concentrado estrictamente en propaganda electoral para captar el voto ciudadano en los últimos días de campaña.

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Política Nación

Radiografía financiera de las presidenciales 2026: Bancos privados concentran el origen de los fondos y la propaganda lidera el gasto

A solo seis días de que se abran las urnas para las elecciones presidenciales de 2026, el financiamiento de las campañas políticas se encuentra bajo la estricta lupa de la ciudadanía. El más reciente informe de la organización Transparencia por Colombia, actualizado a las 8:00 a. m. de este lunes 25 de mayo, revela que 12 de las 14 candidaturas registradas ya están rindiendo cuentas de manera activa a través de la plataforma estatal Cuentas Claras.

El reporte financiero expone una marcada dependencia del sector bancario privado, ya que el 93.9% de los ingresos reportados por los aspirantes proviene de créditos con entidades financieras. En contraste, hasta la fecha de la actualización, ninguna de las campañas presidenciales ha registrado ingresos bajo el concepto de anticipos estatales. En cuanto al destino del dinero, la tendencia es contundente: el 74.1% de los recursos totales se ha inyectado directamente a la propaganda electoral, mientras que apenas un 15.7% se ha destinado a la cobertura de gastos administrativos y de funcionamiento logístico.

La radiografía detallada de los presupuestos individuales deja ver marcadas diferencias en el músculo financiero y los niveles de ejecución de los candidatos. En el ala de los presupuestos más robustos se destaca la senadora Paloma Valencia Laserna, quien registra ingresos por 30,000 millones de pesos y gastos ejecutados por 17,775 millones. En una línea similar se ubica el abogado Abelardo de la Espriella Otero, con un reporte de 32,000 millones de pesos recibidos y egresos que superan los 26,087 millones. Por su parte, el congresista Iván Cepeda Castro reporta ingresos fijos de 15,000 millones de pesos, de los cuales ya ha invertido 12,507 millones en su carrera hacia la Casa de Nariño.

El tablero general del informe de Transparencia por Colombia —respaldado por la cooperación del gobierno de Suecia— también visibiliza los movimientos de otros competidores clave. El exgobernador Carlos Eduardo Caicedo registra ingresos por 1,407 millones de pesos (con gastos de 1,302 millones), seguido por Sergio Fajardo Valderrama con 1,827 millones reportados y Mauricio Lizcano con 926 millones de pesos en su balance de ingresos.

En el extremo opuesto del espectro financiero figuran candidaturas con presupuestos mucho más austeros o con dinámicas de reporte más recientes. Claudia López Hernández registra ingresos por 97.3 millones de pesos y gastos por 86.9 millones, mientras que Roy Barreras reporta 100 millones de pesos en ingresos. Casos particulares como el de Luis Gilberto Murillo evidencian un ingreso de 99 millones de pesos pero con cero gastos ejecutados en la plataforma, misma situación del nuevo reporte de Santiago Botero Jaramillo, quien registra ingresos por 226 millones de pesos y mantiene su casilla de egresos en cero. Finalmente, Gustavo Matamoros reporta un balance equilibrado de 35 millones de pesos tanto en ingresos como en gastos, cerrando un panorama electoral donde el dinero de los bancos y el gasto en publicidad digital y tradicional definen la recta final de la contienda.

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