«Cargar efectivo no es delito»: Escolta capturado con millonaria suma y propaganda politica queda libre y sin cargos
Un juez penal municipal con función de control de garantías de La Guajira decretó la ilegalidad de la captura y ordenó la libertad inmediata de Luis Alfredo Acuña Vega, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al esquema de seguridad del Secretario General de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. El funcionario había sido detenido en el municipio de Hatonuevo mientras transportaba $145 millones en efectivo distribuidos en siete sobres marcados con nombres de localidades, además de material publicitario del candidato al Senado Daniel Restrepo, lo que para la Policía Nacional representaba una presunta estructura de compra de votos.
La defensa del procesado, liderada por el abogado Iván Cancino, logró demostrar ante el estrado que el procedimiento policial incurrió en graves violaciones a las garantías procesales. Cancino argumentó que su cliente permaneció privado de la libertad durante casi 33 horas sin ser presentado ante un juez, superando los términos legales establecidos. Asimismo, el jurista fue enfático al señalar que, bajo la legislación colombiana, el porte de dinero en efectivo o de propaganda política no constituye un delito en flagrancia, lo que desvirtuó la base de la detención realizada en la vía Distracción-Cuestecitas.
Tras la audiencia, el juez no solo otorgó la libertad al escolta, sino que ordenó la devolución del dinero incautado, al considerar que no existen pruebas que vinculen los recursos con un origen ilícito o con la comisión de delitos electorales. El abogado Cancino, quien reveló que asumió el caso como un favor personal al Secretario Jaime Luis Lacouture, destacó que su defendido ni siquiera fue imputado por la Fiscalía, manteniendo intacta su presunción de inocencia. Según la defensa, el ente acusador erró al intentar señalar un presunto delito de omisión de declaración de bienes, el cual no aplicaría para la condición de los detenidos.
Pese a este revés judicial para las autoridades, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, mantuvo la tesis institucional de que el hallazgo del dinero oculto y la publicidad segmentada por municipios evidenciarían una posible red de corrupción al elector. No obstante, por ahora el caso se cierra sin cargos formales contra Acuña Vega ni contra el conductor de la grúa que también había sido capturado en el procedimiento, dejando el millonario botín nuevamente en manos de los implicados a pocos días de la jornada electoral del 8 de marzo.
