En la apertura de incidente de desacato se señala además que «han pasado más de cinco (5) años de la orden del Tribunal, sin que a la fecha el municipio de Cereté cuente con el sistema de tratamiento de sus aguas residuales, por lo que sigue arrojándolas directamente al río Sinú, contaminando aguas abajo, afectando el ecosistema, el goce de un ambiente sano, los sistemas de captación de agua para consumo aguas abajo y con ello la salubridad pública”
Contexto
El abogado, Pedro Nel Quintero Villareal, interpuso una demanda en Acción Popular contra el municipio de Cereté y la entonces, empresa UNIAGUAS (hoy Aqualia), donde solicitó “proteger los derechos e intereses colectivos al acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna y a la salubridad pública de los habitantes de la vereda Las María del municipio de Cereté.
El profesional del derecho señaló en la acción judicial “En la vereda Las Marías de Cereté, el servicio de agua no les llega de una manera eficiente y oportuna, por lo que les ha tocado abastecerse de las aguas del río Sinú, pero la vereda está ubicada cerca del vertimiento de aguas servidas del sistema de alcantarillado del municipio, razón por lo cual muchos de los pobladores en su mayoría niños se han enfermado”
La juez Quinta Administrativa Mixta del circuito de Montería, Luz Elena Petro Espitia, dio apertura al trámite incidental de desacato contra la Alcaldía de Cereté, Uniaguas y La Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) por incumplimiento de fallos de una acción popular.
Esta decisión tiene que ver con el incumplimiento por parte del municipio y la empresa Uniaguas de una orden judicial proferida el 23 de febrero del 2017 mediante sentencia de segunda instancia, en la que se ordena al municipio de Cereté y a la empresa Uniaguas S.A. ESP, la adecuación de la disposición final de las aguas residuales, para que fueran previamente tratadas antes de su vestimenta al Río Sinú.
» adecuar la disposición final de sus aguas residuales a través de la construcción de la respectiva Laguna de oxidación», dice la sentencia.
En la apertura de incidente de desacato se señala además que «han pasado más de cinco (5) años de la orden del Tribunal, sin que a la fecha el municipio de Cereté cuente con el sistema de tratamiento de sus aguas residuales, por lo que sigue arrojándolas directamente al río Sinú, contaminando aguas abajo, afectando el ecosistema, el goce de un ambiente sano, los sistemas de captación de agua para consumo aguas abajo y con ello la salubridad pública»
Situación que ha generado además la reclamación por parte del municipio de San Pelayo, localizado aguas abajo del punto de vertimiento ilegal de aguas residuales que tienen el municipio de Cereté y la empresa Aqualia SA ESP, así fue expuesto por dicho ente territorial ante el Consejo Territorial de Salud Ambiental COTSA.
Por su parte la empresa, ante el requerimiento realizado por la Procuraduría mediante oficio PJAA-197-2022, guardó silencio, razón por l
a que se acudió a presentar acción de tutela, y solo de esta manera procedió a dar respuesta mediante oficio del 9 de marzo de 2023 suscrito por el señor Edgardo Antonio Burgos Mejia Jefe de Servicios de Córdoba, en la que indicó, que la empresa es operadora de la prestación del servicio público domiciliario en el marco de un contrato de operación, a través del cual entró como cesionario por parte de Uniaguas A ESP.; que la fecha de operación de Aqualia inició el dia 6 de marzo de 2021, que debido a que el fallo de la acción popular es de 2009 desconoce el mismo, que la acción popular recae en la persona jurídica Uniaguas S.A. E.S.P. y por lo tanto la empresa Aqualia como nuevo prestador de la operación del servicio no está directamente vinculado al cumplimiento del fallo.
Sin embargo, que pese a lo anterior, en aras de brindar una correcta prestación del servicio ha realizado varias actividades, entre ellas un convenio con la Alcaldía Municipal de Cereté y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para la ejecución de obras de alcantarillado entre optimización y extensión de redes por cerca de 40.000 millones de pesos.
De esta respuesta se concluyó que la empresa Aqualia se niega a cumplir con el fallo, pese a ser cesionaria del contrato para la operación del servicio público de alcantarillado que estaba a cargo de Uniaguas A ESP, lo que le obliga a asumir todos los derechos y obligaciones que tenía la empresa cedente respecto del negocio cedido, incluso las que se derivan de decisiones judiciales. De la gestión que informa la empresa Aqualia, no hay ninguna evidencia de que se avance en la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales para evitar que estas sigan llegando directamente al río Sinú.
De todo lo anterior, los suscritos procuradores judiciales alertan sobre el incumplimiento de la decisión judicial por parte del alcalde de Cereté y del representante legal de la empresa Aqualia SA SEP; de los informes que rinden ni siquiera hay evidencia de la gestión predial para la construcción de la PTAR, ni diagnóstico de cuál sería el mejor sistema de tratamiento, ni resultados del proyecto que se gestiona ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
