Categoría: Opinión

Por: Jairo Torres Oviedo.

Rector de la Universidad de Córdoba.

Las noticias falsas —falseadas o infundios, conocidas en inglés como fake news— se han proliferado y masificado en estos tiempos de posverdad, internet e inteligencia artificial. Se trata de un fenómeno social que amerita análisis desde distintos factores: el derecho y ejercicio de las libertades ciudadanas, la responsabilidad social de los medios de comunicación y su función esencial de informar, educar y recrear; contribuyendo así a la formación ciudadana y a la construcción de la democracia. Una tarea amplia, compleja y vital para el funcionamiento del orden social y democrático.

Cuando los medios de comunicación actúan con objetividad e independencia, alejados de la manipulación y los prejuicios, los ciudadanos acceden a una comunicación que informa y educa con rigor. Ello no impide que los medios profesen o defiendan ideologías o creencias; siempre y cuando lo hagan con autonomía, ética y respeto por el otro.

Contrario a ello, produce y profundiza la polarización, degradando y desvirtuando la función social de los medios. Esto se evidencia cuando las líneas periodísticas se inclinan de manera dogmática hacia militancias políticas o intereses de quienes los financian, falseando así la responsabilidad social y la ética periodística.

Cabe anotar que, en los últimos años, los avances en radio, televisión e internet transformaron radicalmente la forma de ejercer la comunicación social. En un abrir y cerrar de ojos, la comunicación migró a la virtualidad, convirtiéndose en un fenómeno masivo y abierto que cambió el oficio, facilitando la multiplicación de medios y de quienes lo ejercen.

Consecuentemente, necesitamos un manejo responsable de la comunicación; estableciendo e interiorizando normas legales y morales, que impidan y sancionen ejemplarmente a quienes abusen, manipulen, persigan, calumnien e injurien la honra, buen nombre y dignidad de las personas.

En este sentido, la proliferación de medios de comunicación; puede ser interpretado como un síntoma que revitaliza la democracia, facilitando la expresión, control y veeduría ciudadana, cuando es ejercido con transparencia y responsabilidad; pero hay excepciones. Cuando un determinado medio, asume comportamientos, posiciones y líneas de información centrada en la presión, parcialidad, exclusión y militancia partidista, ideológica y/o empresarial; dedicados a construir intencionalmente un determinado relato en favor o en contra de personas, grupos, e instituciones; utilizando un lenguaje centrado en el linchamiento y señalamiento moral; desconociendo derechos fundamentales como la presunción de inocencia y debido proceso.

Este problema encuentra una de sus explicaciones, cuando se ejerce la comunicación de manera irresponsable, desconociendo y vulnerando regulaciones legales y éticas. Debido a esto, es imperioso, elaborar una legislación rigurosa, que sancione de forma ejemplarizante la conducta y accionar lesivo de quienes hacen usos de los medios con tal propósito; del mismo modo, los que utilizan perfiles falsos para injuriar y calumniar.

Ante esta insostenible situación, nuestro ordenamiento jurídico, abordó esta realidad; pero ha sido endeble frente al problema; a pesar de que el constituyente del 91, consagró en el Artículos 15. “Todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”. En este orden, el Artículo 21. garantiza el derecho a la honra; la ley señalará la forma de su protección. Constituyéndose el concepto en un derecho fundamental. De la misma forma, la Corte Constitucional se ha pronunciado en la Sentencia T 550 de 2012. El derecho al honor opera como un límite insoslayable a la libre expresión, prohibido como está que alguien se refiera a una persona de manera insultante o injuriosa, o atentando injustificadamente contra su reputación, demeritándola ante la opinión ajena.

Por ello, la libertad de expresión no cobija las “expresiones formalmente injuriosas e innecesarias para el mensaje que se desea divulgar, en las que simplemente su emisor exterioriza su personal menosprecio o animosidad respecto al ofendido”.

Por todo lo anterior, necesitamos medios de comunicación objetivos e imparciales, que aporten en la formación de opinión pública y revitalicen la democracia. Lo cual indica que, urge construir, no un Estado de opinión; sino de derecho.

Por: Jairo Torres Oviedo.
Rector de la Universidad de Córdoba.

Las noticias falsas —falseadas o infundios, conocidas en inglés como fake news— se han proliferado y masificado en estos tiempos de posverdad, internet e inteligencia artificial. Se trata de un fenómeno social que amerita análisis desde distintos factores: el derecho y ejercicio de las libertades ciudadanas, la responsabilidad social de los medios de comunicación y su función esencial de informar, educar y recrear; contribuyendo así a la formación ciudadana y a la construcción de la democracia. Una tarea amplia, compleja y vital para el funcionamiento del orden social y democrático.

Cuando los medios de comunicación actúan con objetividad e independencia, alejados de la manipulación y los prejuicios, los ciudadanos acceden a una comunicación que informa y educa con rigor. Ello no impide que los medios profesen o defiendan ideologías o creencias; siempre y cuando lo hagan con autonomía, ética y respeto por el otro.

Contrario a ello, produce y profundiza la polarización, degradando y desvirtuando la función social de los medios. Esto se evidencia cuando las líneas periodísticas se inclinan de manera dogmática hacia militancias políticas o intereses de quienes los financian, falseando así la responsabilidad social y la ética periodística.

Cabe anotar que, en los últimos años, los avances en radio, televisión e internet transformaron radicalmente la forma de ejercer la comunicación social. En un abrir y cerrar de ojos, la comunicación migró a la virtualidad, convirtiéndose en un fenómeno masivo y abierto que cambió el oficio, facilitando la multiplicación de medios y de quienes lo ejercen.

Consecuentemente, necesitamos un manejo responsable de la comunicación; estableciendo e interiorizando normas legales y morales, que impidan y sancionen ejemplarmente a quienes abusen, manipulen, persigan, calumnien e injurien la honra, buen nombre y dignidad de las personas.

En este sentido, la proliferación de medios de comunicación; puede ser interpretado como un síntoma que revitaliza la democracia, facilitando la expresión, control y veeduría ciudadana, cuando es ejercido con transparencia y responsabilidad; pero hay excepciones. Cuando un determinado medio, asume comportamientos, posiciones y líneas de información centrada en la presión, parcialidad, exclusión y militancia partidista, ideológica y/o empresarial; dedicados a construir intencionalmente un determinado relato en favor o en contra de personas, grupos, e instituciones; utilizando un lenguaje centrado en el linchamiento y señalamiento moral; desconociendo derechos fundamentales como la presunción de inocencia y debido proceso.

Este problema encuentra una de sus explicaciones, cuando se ejerce la comunicación de manera irresponsable, desconociendo y vulnerando regulaciones legales y éticas. Debido a esto, es imperioso, elaborar una legislación rigurosa, que sancione de forma ejemplarizante la conducta y accionar lesivo de quienes hacen usos de los medios con tal propósito; del mismo modo, los que utilizan perfiles falsos para injuriar y calumniar.

Ante esta insostenible situación, nuestro ordenamiento jurídico, abordó esta realidad; pero ha sido endeble frente al problema; a pesar de que el constituyente del 91, consagró en el Artículos 15. “Todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”. En este orden, el Artículo 21. garantiza el derecho a la honra; la ley señalará la forma de su protección. Constituyéndose el concepto en un derecho fundamental. De la misma forma, la Corte Constitucional se ha pronunciado en la Sentencia T 550 de 2012. El derecho al honor opera como un límite insoslayable a la libre expresión, prohibido como está que alguien se refiera a una persona de manera insultante o injuriosa, o atentando injustificadamente contra su reputación, demeritándola ante la opinión ajena. Por ello, la libertad de expresión no cobija las “expresiones formalmente injuriosas e innecesarias para el mensaje que se desea divulgar, en las que simplemente su emisor exterioriza su personal menosprecio o animosidad respecto al ofendido”.

Por todo lo anterior, necesitamos medios de comunicación objetivos e imparciales, que aporten en la formación de opinión pública y revitalicen la democracia. Lo cual indica que, urge construir, no un Estado de opinión; sino de derecho.

Por Luis Fernando Ballesteros Meza

El Pacto Histórico representa de manera armónica al pueblo y sus luchas. Esa es nuestra vocación y debemos demostrarla con hechos. Somos un partido de puertas abiertas para quienes compartan nuestros principios y quieran construir una Montería y una Córdoba con oportunidades para todos.

Aquí tienen lugar los militantes, los simpatizantes y las organizaciones sociales. Las luchas por la tierra, el empleo, la vivienda, la educación y la dignidad deben encontrarse en un proyecto capaz de convertir esas demandas en decisiones de gobierno.

Con ese propósito presentamos las aspiraciones a la Alcaldía de Montería de Fredy Benedetti, Mauricio Calderón, Juan Corrales, Alexander Mendoza, Delascar Molina, Roberto Montalvo y Mario Montes de Oca. Sus propuestas, trayectorias y compromiso con las comunidades deben alimentar una alternativa real de poder para nuestra ciudad.

Como congresista, respaldo al Pacto Histórico y trabajo por su unidad. Mi responsabilidad es ayudar a construir esa alternativa y demostrar que el voto libre sí sirve: permite elegir representantes que respondan al pueblo y tengan independencia para defenderlo. Así se rompe la creencia de que todos los políticos son iguales.

Durante demasiado tiempo hemos normalizado que se compren votos y que unas pocas familias decidan quién puede aspirar y quién gobierna. Nos acostumbraron a creer que sin dinero ni padrino político no se puede ganar. Nuestra tarea es romper esa dependencia con organización y conciencia.

Por eso debemos hablar de coherencia. Si nos identificamos con Petro, con Iván Cepeda y con una visión progresista de país, ese compromiso también debe expresarse al elegir nuestros gobiernos locales. No podemos pedir cambios en Colombia mientras seguimos sosteniendo el clientelismo en nuestros municipios.

La transformación se construye de abajo hacia arriba: desde los barrios, las veredas y las organizaciones populares, conquistando representación en las juntas administradoras locales, los concejos, las alcaldías, las asambleas, las gobernaciones y el Congreso. Necesitamos un pueblo organizado que sostenga este proyecto más allá de cualquier gobierno nacional.

También debemos tener claro para qué queremos ganar. Cuando el único objetivo es llegar, cualquier alianza parece conveniente. Pero quien busca poder para transformar tiene que cuidar cómo llega. Los compromisos adquiridos en campaña pueden terminar definiendo para quién se gobierna.

El Pacto no puede ganar a cualquier precio. Una Alcaldía atada a los negociantes de la política puede ser una victoria electoral y, al mismo tiempo, un fracaso para el cambio. La forma de llegar al poder determina la libertad para gobernar. Esa libertad se construye con el voto ciudadano y el respaldo popular, sin empeñar el gobierno a los clanes.

Nuestra llegada a la Cámara demostró que en Córdoba podemos abrir caminos con el voto libre. Ahora nos corresponde honrar esa confianza con una verdadera representación. Y debemos trabajar para que Montería también pueda elegir una Alcaldía nacida de la voluntad popular.

Nuestros aspirantes tienen una gran responsabilidad. El Pacto es más fuerte que cualquiera de nosotros individualmente. Sus candidaturas deben estar al servicio de esta construcción colectiva, con honestidad, coherencia, preparación y trabajo social. La ciudadanía debe estudiar sus perfiles y escoger a quien mejor represente ese compromiso.

Queremos una Montería que genere empleo, impulse la industria, fortalezca la economía campesina y dignifique a los trabajadores informales. Una ciudad donde la tierra sirva al bienestar colectivo y el desarrollo se mida por la calidad de vida de su gente.

A la militancia, a los simpatizantes, a las organizaciones sociales y al pueblo que quiere un cambio les hago un llamado: organicémonos, participemos y respaldemos las candidaturas que definamos democráticamente. Sumemos nuestros liderazgos y cuidemos la unidad.

Pacto vota Pacto. Que esa convicción se traduzca en votos libres, organización y gobiernos que le cumplan al pueblo. Montería y Córdoba pueden cambiar, y nos corresponde construir la fuerza para hacerlo.

Por: Jairo Torres Oviedo.

Rector de la Universidad de Córdoba.

En el marco del Consejo Nacional de Rectores número 161, presentamos el informe de gestión del Consejo Directivo y la Presidencia de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, correspondiente al período 2024-2026. Este balance reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento del sistema mixto de educación superior y su contribución al desarrollo del país.

Durante estos dos años, promovimos conversaciones sobre financiación, complementariedad entre instituciones públicas y privadas, ciencia, internacionalización, diálogo regional, arte, cultura, deporte y participación democrática. Defendimos la pertinencia del sistema mixto, convencidos de que sus instituciones comparten propósitos y aportan capacidades complementarias para responder a las necesidades nacionales. Fortalecimos nuestra presencia en las regiones mediante encuentros y sesiones ampliadas del Consejo Directivo, con participación de instituciones de educación superior, empresarios y representantes gubernamentales. Estos espacios permitieron reconocer particularidades territoriales y consolidar una interlocución cercana con los actores del desarrollo regional.

En este orden de ideas, el diálogo interinstitucional se expresó en 444 eventos virtuales y presenciales, nacionales y regionales, dirigidos a rectorías, vicerrectorías y equipos universitarios. Compartimos experiencias, buenas prácticas y desafíos; analizamos asuntos comunes, impulsamos negociaciones conjuntas y fortalecimos nuestra incidencia en las políticas públicas. Asimismo, acogimos eventos internacionales y participamos en misiones e intercambios que abrieron escenarios de cooperación en Europa, América Latina, Asia y África.

Frente a las dificultades del sector, reafirmamos nuestra capacidad solidaria y el compromiso con el bienestar integral de las comunidades universitarias. Abordamos la salud mental, la permanencia estudiantil y el desarrollo de juegos y festivales universitarios. Tras el sismo del 10 de agosto, las rectorías acordaron rápidamente un plan conjunto de apoyo a las comunidades e instituciones afectadas.

En este sentido, informe constituye también un punto de partida. Nuestra agenda reconoce la diversidad institucional y promueve acuerdos que fortalezcan la acción conjunta de las universidades colombianas. Emprendimos un proceso de actualización normativa y renovación de los mecanismos de incidencia en política pública. Fortalecimos capacidades para liderar encuentros, iniciativas y proyectos interinstitucionales, y avanzamos en documentos y propuestas para acompañar una agenda renovada ante la construcción de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

Cabe señalar que, los desafíos actuales exigen una visión compartida de la educación superior. El cambio demográfico, la disminución de la natalidad, la transformación tecnológica, la inteligencia artificial, el cambio climático y la transición energética demandan respuestas integrales. A ello se suman las exigencias sociales de equidad, inclusión y justicia ambiental. Por eso, debemos consolidar un Sistema Nacional de Educación con enfoque de derecho, bien público y corresponsabilidad social.

De igual modo, la educación superior debe articular esfuerzos intergeneracionales, fortalecer la confianza, generar conocimiento y formar ciudadanía, ofreciendo soluciones sostenibles a los problemas del país. Esta tarea requiere una gobernanza intersectorial que promueva trayectorias educativas flexibles y diversas, y amplíe oportunidades para quienes han sido excluidos por su edad, condición laboral o ubicación territorial.

Por ello, necesitamos consensos que permitan fortalecer el acceso, la cobertura y la permanencia; definir un financiamiento integral y sostenible del sistema mixto; transformar su gobernanza y reorientar el aseguramiento de la calidad. También debemos desarrollar políticas integrales de bienestar, impulsar la transformación digital y la adopción ética y soberana de la inteligencia artificial, y fortalecer la internacionalización como política de Estado.

Dado lo anterior, desde el Consejo Directivo, invitamos a preservar el diálogo, la construcción colectiva y la unidad del sistema como fundamentos de nuestra incidencia. ASCUN demuestra que es posible tramitar las diferencias y trabajar por la confianza de la sociedad en sus instituciones. Concebir la educación superior como una apuesta intergeneracional y un compromiso de Estado permitirá construir una visión de futuro.

Para concluir, el desarrollo sostenible, la justicia social, la paz y la productividad requieren un sistema sólido, articulado e innovador, capaz de contribuir a las transformaciones que Colombia necesita.

Por: Antonio Correa Jiménez

El Registro Nacional de Personas y Organizaciones, propuesto en el Estatuto Antiterrorista, plantea riesgos que debemos examinar con rigor: ¿puede una decisión de una autoridad extranjera afectar el buen nombre y los derechos de un ciudadano en Colombia sin una verificación previa?

Desde el Senado defenderemos reglas claras, derecho a la defensa, posibilidad de contradicción y control judicial efectivo. No se trata de defender terroristas, sino de proteger la Constitución y las garantías de todos los colombianos.

La seguridad nacional es fundamental, pero jamás puede convertirse en una excusa para vulnerar derechos fundamentales ni para imponer condenas sin jueces.

¡La lucha contra el terrorismo debe hacerse dentro del marco de la Constitución y el Estado de derecho!

Por: Jairo Torres Oviedo.
Rector de la Universidad de Córdoba.

A finales del mes de septiembre, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior Icfes, publicó los resultados de las pruebas Saber 11; presentadas por 650 mil estudiantes de grado once de instituciones públicas y privadas; utilizadas como instrumento de evaluación para medir la calidad educativa.

La prueba permite pensar y mejorar los procesos educativos y formativos del país; aunque los resultados no siempre son alentadores, se convierten en una fuente valiosa de información para orientar políticas y acciones que fortalezcan la educación.

En estos resultados, es destacable y merece una mención especial; el liderazgo, compromiso y planificación, que adelanta la Alcaldía de Montería; alcanzando resultados importantes; no solo en el promedio de la prueba, sino en avances en calidad educativa; lo cual ha venido progresando en los últimos años.

Lo anterior, es fruto del trabajo planificado entre Alcaldía, instituciones educativas públicas, rectores, profesores, la disciplina y dedicación de estudiantes y acompañamiento de padres de familia; es decir, la comunidad educativa.

Importante analizar que, los resultados de la prueba en Montería, estudiantes de grado 11 de las 64 instituciones educativas oficiales de la ciudad, presentaron dicha prueba; en donde se pasó de 254 puntos en el año 2023 a 269 en 2025; es decir, en una senda ascendente con un incremento de 15 puntos en los dos últimos años; pero los resultados en el año 2026, muestran un promedio de 269,5; evidenciando un promedio similar al alcanzado en el año 2025, señalando la intención de avanzar mucho más.

Un aspecto relevante en los últimos años, es el cierre de brecha en calidad educativa entre instituciones urbanas y rurales; un buen trabajo realizado en las 31 instituciones educativas rurales del municipio de Montería. Lo que ha venido incrementando el promedio desde el año 2022: pasando de 230, 240, 251, 254 y en el año 2026 con un promedio de 257 puntos. O sea, cerrando brechas de calidad entre la educación urbana y rural; un especial reconocimiento al Colegio del Km 12; Institución Educativa Rural que nos enseña, que la educación permite vernos en horizontalidad y el medio más poderoso para construir equidad.

En consecuencia, los resultados de la Prueba, motivan la discusión sobre el alcance, pertinencia y validez de la misma, como indicador para medir y evaluar el proceso educativo y nivel de conocimiento en los estudiantes. La prueba es aplicada de forma estandarizada; generando interpretaciones diversas desde quienes piensa que es excluyente y desconoce las inequidades sociales, económicas y regionales; y otros, que la defienden con lógica determinista.

Para comprender lo anterior; analicemos los resultados de la prueba Saber del año 2025, donde evaluaron a 557.379 estudiantes. Los resultados evidencian, que la Prueba como instrumento de evaluación estandarizada, continúa siendo ineficiente para mejorar el nivel educativo del país; de acuerdo con las áreas evaluadas: lectura critica, matemáticas, ciencias sociales, y ciudadanía, ciencias naturales e inglés. El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes evaluados en el examen fue de 256 puntos, sobre 500, en donde más de la mitad de estudiantes están por debajo del puntaje promedio; reafirmando la persistencia de brechas de calidad entre instituciones educativas públicas y privadas, regiones del país, zonas urbanas, rurales y ruralidad dispersa. Existen aún, desigualdades en los distintos ciclos de vida y niveles educativos.

Además de la anterior, la Prueba todavía desconoce las persistentes limitaciones para garantizar a niños, niñas y jóvenes el acceso y permanencia en la educación, en particular en las zonas rurales. Muy preocupante que, en la educación media, persista la brecha de acceso de los grupos más vulnerables de la población. Aproximadamente, uno de cada cinco jóvenes, 20% entre 16 y 22 años, abandonan la educación media sin completarla o sin iniciarla; situación que empeora en las zonas rurales; donde el 38% de los jóvenes abandonan el sistema educativo antes de terminar la secundaria; y más de la mitad que finalizaron el grado 11, no logran el tránsito a la educación superior.

Por consiguiente, la prueba Saber 11 debe ser un instrumento para evaluar y mejorar el sistema educativo; contribuyendo en la toma de decisiones por parte del Estado; de esta forma, cerrar brechas sociales y educativas; no solo para medir y competir en calidad educativa.

Por: Abelardo De La Espriella.

Llegué a la Presidencia con una convicción que no negocio: la plata de los colombianos es sagrada. No vine a administrar las costumbres de siempre ni a mirar para otro lado mientras convierten el Estado en negocio. Vine a cambiar la manera de gobernar y a defender, hasta el último peso, lo que es de la gente.

Cuando se roban un hospital, hay un colombiano esperando atención. Cuando se roban la alimentación escolar, hay un niño sin comida. Cuando inflan una carretera, un colegio o un acueducto, hay un pueblo pagando el precio. Robarse un peso del Estado es robárselo a los colombianos. Y en mi Gobierno eso tiene consecuencias.

Esta semana se lo repetí a alcaldes y gobernadores: no voy a permitir que se roben un solo peso. Curiosamente, cuando hablo de obras e inversiones, abundan los aplausos. Cuando digo que no se pueden robar la plata, algunas manos se quedan quietas. Les dije, con la ironía que merecen: «Aplaudan. ¿Por qué no aplauden?». Ese silencio es el termómetro.

Un alcalde honesto debería ser el primero en ponerse de pie cuando el presidente anuncia que la plata pública se vigila hasta el último peso. Por cada peso que mande, yo mismo voy a verificar las obras. El que toque la plata pública en la era del Tigre termina preso.

En Sucre se lo dije al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, mirándolo a los ojos. Mi deber es proteger los recursos de la Nación. No puedo ignorar sus antecedentes ni las investigaciones y actuaciones públicas que rodean su trayectoria. Le formulé la pregunta elemental: «¿Cómo pretende que, como presidente, le entregue recursos públicos sin controles y haga como si nada ocurriera?».

Yo no condeno ni reemplazo a los jueces. Tampoco cierro los ojos. Sincelejo y Sucre tendrán inversión. Pero no habrá cheques en blanco. Los recursos son de la gente, no de los gobernantes. No confío en malas prácticas para el manejo de la plata pública.

En Montería fui igual de claro con el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo. Le ordené al Ministerio de Educación, dentro de sus competencias, ejercer inspección y vigilancia sobre la rectoría, los procesos electorales y el cumplimiento de los estatutos.

La autonomía universitaria se respeta. Autonomía no es ausencia de controles ni patente para atornillarse con corrupción y politiquería. La Universidad de Córdoba no tiene propietarios: pertenece a los cordobeses y a sus estudiantes. Las autoridades dirán si hubo irregularidades. Nosotros garantizamos el debido proceso. Nadie que administre plata de los colombianos está por encima del escrutinio.

La misma mano cae sobre la Universidad de Pamplona. El Consejo de Estado anuló la elección del exrector Ivaldo Torres Chávez. Hay denuncias de manejos contractuales, poderes externos que ordenan contratación y burocracia sin sentido. Ordené a la señora ministra, Ilva Miryam Hoyos, ejercer vigilancia inmediata. Las universidades públicas no pueden seguir siendo refugio de la corrupción ni coto de caza de poderes políticos.

En Bomberos también actué con contundencia. Cuando conocí actuaciones del director Germán Miranda, claramente corruptas, su presencia se tornó incompatible con mi Gobierno. Ese corrupto rompió la confianza y la lealtad y no podía seguir en su cargo. Le pedí al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que declarara insubsistente, ipso facto, su nombramiento. Así se hizo.

Las autoridades establecerán las responsabilidades. Yo no soy juez. Soy el presidente y decido quién merece mi confianza. Una cosa es la presunción de inocencia y otra, el derecho a permanecer en un cargo. Quien pierda mi confianza por sus actos corruptos o desleales se va. No hay contemplaciones.

Estos no pueden ser esfuerzos aislados. Por eso creé el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y designé a la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia. Ella será la zarina anticorrupción de este Gobierno: carácter de hierro para una tarea de hierro.

No quiero otra oficina burocrática. Quiero resultados, información, tecnología, analítica y coordinación. La instrucción para ella es una: perseguir a los corruptos y cuidar la plata del pueblo.

Para ello, ya se está trabajando con agentes encubiertos en la administración pública para investigar a los corruptos. Y tengan en cuenta: la corrupción es un delito transnacional y así hemos empezado a combatirla. Los corruptos están acostumbrados a dejar en la miseria al pueblo y a disfrutar su botín en países desarrollados: se les acaba su Disney World.

Doctora Lombana, hay que vigilar los contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros, cuando la ley lo permita. Durante demasiado tiempo, el Estado buscó la plata después del robo. En mi Gobierno no vamos a permitir que se la roben. Nosotros queremos llegar antes.

Si hay evidencia de delito, falta o detrimento, se remite de inmediato a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Aquí no hay tribunales políticos. Hay denuncias y justicia.

Y que nadie crea que esto mira solo hacia adelante. También ponemos el espejo retrovisor. Los colombianos tienen derecho a saber qué pasó con sus recursos en el Gobierno anterior: cuentas, contratos, obligaciones, lo que desapareció y lo que deterioraron.

Ya aparecen asuntos que merecen explicación. Por ejemplo, he conocido el contrato interadministrativo 1166 de 2026, del programa Ciberpaz, celebrado entre la anterior administración del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la ya mencionada Universidad de Pamplona, por 14.984 millones de pesos. Casi 15.000 millones para sensibilizaciones, formaciones, inclusión digital y una estrategia de comunicación.

Señora ministra Alexandra Falla, el país debe saber en qué gastó el Gobierno pasado cada peso, cuánto costó cada actividad, dónde se hizo, quién participó, quién certificó y qué recibió el país. Que una auditoría forense determine si ese gasto tiene una justificación proporcional y verificable. Y, si es una vagabundería, que se denuncie ante la justicia.

Casos como este entran a la auditoría forense contractual. No perseguimos personas por política. Perseguimos la plata cuando hay razones objetivas para preguntar qué hicieron con ella.

Esta lucha pierde autoridad si solo mira hacia afuera. En mi Gobierno nadie tiene excepciones: ni ministros, ni directores, ni contratistas, ni aliados, ni amigos, ni los más cercanos a mi familia.

La amistad y el parentesco no dan patente de corso en el Gobierno del Tigre. Si alguien llama diciendo que viene de parte mía, de mi familia o de un cercano para pedir un favor indebido, no lo atiendan: denúncienlo.

A los funcionarios honestos, todo mi respaldo. A los ciudadanos: denuncien y documenten. A quienes todavía creen que el Estado es para enriquecerse: se les acabó la fiesta.

Vamos a mirar hacia adelante y por el espejo retrovisor. Vamos a seguir la plata, a prevenir, a denunciar y a recuperar lo que la ley permita. Empezamos por casa. Nadie está por encima de esta regla.

Yo no vine a hacer la política de siempre. Vine a cambiarla para siempre. La plata pública es sagrada. Y, mientras yo sea presidente, quien quiera robársela tendrá al Estado de frente.

De eso se trata la Patria Milagro también: cuidar hasta el último peso para que termine convertido en obras, y no en el botín de los corruptos de siempre.

¡Firme por la Patria!
¡Viva Cristo Rey!

Abelardo De La Espriella
Presidente de la República

Por: Jairo Torres Oviedo.

Rector de la Universidad de Córdoba.

Durante la semana del 22 al 25 de septiembre, la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad de Córdoba fue epicentro académico y científico del «Sexto Congreso Nacional y Tercero Internacional de Semilleros de Investigación y Emprendimiento» (Conasie 2026), bajo el enfoque One Health.

En el evento participaron 1.204 estudiantes provenientes de 50 instituciones de educación superior de veinte departamentos del país, junto con conferencistas nacionales e internacionales. Los jóvenes investigadores presentaron 667 ponencias en distintas modalidades desarrolladas en sus semilleros de investigación, consolidándose como potenciales investigadores. Las ponencias se distribuyeron en cuatro modalidades: propuestas de investigación, investigaciones en curso, investigaciones terminadas y veinte proyectos de emprendimiento.

Los trabajos abordaron diversas áreas del conocimiento, entre ellas: ciencias de la salud, ciencias biológicas, educación, ingenierías y tecnologías. Indiscutiblemente, estos jóvenes investigadores representan el presente y el futuro de la ciencia en Colombia. Para una región como Córdoba, contar con una generación de hombres y mujeres dedicados a la ciencia constituye una oportunidad para pensarnos en clave de presente y futuro, haciendo de la ciencia el eje central sobre el cual se genere conocimiento en función de los focos estratégicos que el departamento necesita desarrollar, con miras a la transferencia de valor agregado, productividad y competitividad.

Durante los dos días del congreso, los jóvenes investigadores compartieron sus trabajos y experiencias en distintas disciplinas científicas, mostrando su talento, dedicación y vocación por la ciencia. Esta generación se convierte en el soporte del presente y futuro de la investigación en el departamento, la región y el país. De ahí la importancia de crear políticas públicas de Estado en materia de investigación científica y desarrollo, que permitan a los jóvenes contar con respaldo y apoyo institucional para madurar su vocación investigativa, creativa e innovadora, contribuyendo al desarrollo y transformación del país y a la construcción de una sociedad del conocimiento.

Importante: integrar este propósito con las recomendaciones de la Misión de Sabios. El país no puede depender de otros en conocimiento básico para lograr un desarrollo económico acelerado o disputar posiciones relevantes en la economía global. En este sentido, Colombia debe crear nuevas industrias y desarrollar tecnologías propias.

Para ello, resulta imprescindible un aumento sustancial de las inversiones públicas en ciencia, tecnología e innovación (CTI), así como en educación; con el fin de hacer posible la diversificación de la economía. Solo así será viable consolidar nuevas industrias de base tecnológica, potenciar nuestras capacidades y transitar hacia una sociedad fundamentada en el conocimiento.

La inversión total en I+D actual en Colombia es de 0.24% del PIB; la meta es llegar a 1.5% del PIB en CTI; de no hacer esta inversión, Colombia quedaría rezagada en productividad, calidad ambiental y progreso social en el corto plazo; incluso, en el contexto latinoamericano.

En este orden de ideas, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación debe liderar la estructuración de proyecto de cooperación y gestión del conocimiento que articule los vínculos entre universidad, empresa, Estado, sociedad civil y medio ambiente; de igual modo, que integre las posibilidades de cada territorio mediante redes de cooperación de carácter interdisciplinar e intersectorial.

Otra recomendación sería, la destinación de los recursos de regalía a actividades de CTI; actualmente se destina el 10% de las regalías. La misión propone elevar ese porcentaje al 25%. Estos recursos se destinarían a educación con atención integral para menores de cinco años de las distintas regiones del país; además, a la financiación de centros e institutos de innovación e investigación regional, y a los programas de los retos y las misiones. Es decir, políticas públicas en materia de investigación y desarrollo; en la cual, los jóvenes investigadores deben ser la base de dicha construcción. Esperamos que el gobierno tenga en cuenta estas incitativas.

Por: Jairo Torres Oviedo.

Rector de la Universidad de Córdoba.

Ante las recientes declaraciones del señor Presidente de la República sobre la autonomía universitaria, el orden público y la eventual intervención de la fuerza pública en los campus de las universidades públicas, los rectores que integramos el Sistema Universitario Estatal (SUE) consideramos necesario aportar a esta discusión nacional desde la serenidad, la responsabilidad institucional y la disposición permanente al diálogo.

La autonomía universitaria no constituye un privilegio de inmunidad frente al ordenamiento jurídico, ni puede utilizarse como excusa o refugio para quienes destruyen bienes públicos, agreden a integrantes de la comunidad universitaria, atacan a ciudadanos o miembros de la fuerza pública, portan armas, promueven actos vandálicos o incurren en conductas tipificadas como delito. Quienes actúan de esa manera, no ejercen la autonomía universitaria ni pueden pretender ampararse en ella.

Del mismo modo, defendemos sin ambigüedades, el derecho constitucional a la protesta pacífica, la libertad de expresión, el pensamiento crítico, la deliberación democrática y la posibilidad de disentir. La universidad debe ser un escenario para la palabra, el conocimiento y las ideas, nunca un espacio para la violencia. Tratar de reducir la autonomía universitaria a la pregunta, si la Fuerza Pública puede o no ingresar a un campus universitario, desconoce la dimensión constitucional de este principio y la complejidad que enfrentan las universidades públicas colombianas.

La autonomía también se vulnera cuando se pretende interferir arbitrariamente en la elección, designación, permanencia o remoción de sus autoridades; cuando se desconocen sus estatutos o sus órganos de gobierno; cuando lógicas de poder ajenas al ethos universitario, pretenden convertirla en escenarios de disputa o control político; de igual manera, cuando las transferencias, los presupuestos y las decisiones administrativas se utilizan como mecanismos de presión, cuando el desfinanciamiento estructural limita materialmente la capacidad institucional para cumplir su misión; o cuando se intenta condicionar la libertad académica, científica y de pensamiento.

Las amenazas a la autonomía también se vulneran cuando grupos armados ilegales, organizaciones criminales, estructuras vinculadas al microtráfico u otros actores violentos pretenden controlar espacios universitarios, intimidar a estudiantes, profesores, trabajadores o directivos, capturar organizaciones universitarias o imponer mediante la amenaza lo que no pueden defender a través de las ideas.

Frente a cualquiera de estas formas de presión, nuestra posición es inequívoca: la universidad pública no pertenece al Gobierno, partidos políticos, grupos armados, ni a organizaciones criminales. Pertenece a la sociedad colombiana; para contribuir desde el conocimiento, la educación, la ciencia y la cultura, al desarrollo del país. Por ello, cualquier protocolo que se proponga para atender situaciones excepcionales de violencia en los campus deberá construirse mediante el diálogo con las universidades; reconocer las competencias de sus autoridades y órganos de gobierno; además, establecer con absoluta claridad, criterios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad y respeto por los derechos humanos.

Las universidades también debemos asumir nuestra responsabilidad. La autonomía exige capacidad de autorregulación, prevención y actuación institucional. Convenimos fortalecer nuestros mecanismos de convivencia, seguridad, mediación y resolución pacífica de conflictos. Proteger a nuestras comunidades, cooperar con las autoridades competentes cuando se presenten conductas delictivas; y evitar que nuestros campus sean instrumentalizados por organizaciones que pretendan sustituir la deliberación democrática por la intimidación o la violencia.

Este debate puede convertirse en una oportunidad para el país. Colombia inicia un nuevo período de gobierno y las universidades públicas tenemos la disposición de contribuir activamente a los grandes desafíos nacionales. En este sentido, invitamos respetuosamente al señor Presidente de la República y a la señora Ministra de Educación Nacional a sostener, junto con los rectores y las comunidades universitarias, un diálogo franco, constructivo y transparente sobre lo que el país espera de sus universidades públicas y sobre lo que estas requieren del Estado para cumplir plenamente su misión constitucional.

Queremos conversar, no solo sobre orden público. Deseamos hablar de financiación y sostenibilidad; calidad, cobertura y acceso; bienestar y permanencia estudiantil; ciencia, tecnología e innovación; inteligencia artificial y transformación digital; desarrollo regional; inclusión y equidad; formación ciudadana; emprendimiento y productividad; cultura; construcción de paz; y, en general, sobre el papel que las universidades públicas están llamadas a desempeñar en la construcción del presente y futuro de Colombia.

Por: Jairo Torres Oviedo.

Rector de la Universidad de Córdoba.

Recientemente, conocimos los resultados de las pruebas Pisa, evaluación aplicada en 2025 y publicada hace poco. Esta prueba se realiza cada tres años, los estudiantes colombianos obtuvieron un desempeño bajo y retrocedieron en lectura y matemáticas.

En Matemáticas, el país obtuvo 381 puntos (dos menos que en 2022). El 71 % de los estudiantes no alcanzó el nivel 2, considerado el mínimo de desempeño básico. Menos del 1 % llegó a los niveles altos (5 y 6). En Lectura, el puntaje fue de 399, registrando una caída de 10 puntos frente a la medición anterior de 2022. El 55 % de los jóvenes quedó por debajo del nivel mínimo establecido. En Ciencias, fue la única área con una leve mejora, alcanzando 414 puntos.

Estos resultados muestran, en términos generales, que Colombia continúa por debajo del promedio de los países de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en todas las áreas evaluadas. A nivel de América Latina, el país se situó en el sexto puesto en matemáticas, por encima del promedio regional, pero lejos de los punteros como Chile. Es importante resaltar que la medición global reflejó una caída generalizada y preocupación internacional por el rendimiento escolar tras la pandemia y los retos de la era digital.

En 2025 participaron 760.000 estudiantes de 91 países y, a nivel nacional, 7.268 estudiantes de 266 instituciones educativas públicas y privadas, tanto rurales como urbanas. El nombre Pisa corresponde a las siglas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos; proyecto de la Ocde , cuyo propósito es evaluar la formación de los alumnos al final de la enseñanza obligatoria, hacia los 15 años. El Programa ha sido concebido como un recurso para ofrecer información que permita a los países miembros adoptar decisiones y políticas públicas necesarias para mejorar los niveles educativos. La evaluación cubre las áreas de lectura, matemáticas y competencia científica, con énfasis en el dominio de procesos, la comprensión de conceptos y la capacidad de actuar en diversas situaciones.

Estos resultados han generado todo tipo de comentarios y opiniones, que oscilan entre el pesimismo, la percepción de fracaso y las propuestas sobre lo que debe hacerse para que el país asuma e implemente los correctivos que la evaluación sugiere, diseñando e implementando políticas públicas en materia educativa.

En reflexiones recientes se ha señalado que, en el contexto internacional, Colombia se ubica entre los países con peor desempeño de la región en las pruebas Pisa , con puntajes por debajo de los países de la Ocde y de la mayoría de los latinoamericanos. Además, los estudiantes del nivel socioeconómico más bajo, que habitan en zonas rurales y asisten a colegios públicos, han presentado sistemáticamente los peores resultados en las pruebas estandarizadas. La brecha entre el quintil de ingresos más alto y el más bajo es de casi 100 puntos en cada una de las áreas evaluadas.

En cuanto al género, también se observan diferencias: los hombres tienen mejor desempeño en matemáticas y ciencias, mientras que las mujeres obtienen mejores resultados en lectura. En este sentido, los resultados de las pruebas PISA se alinean con la tendencia de las pruebas Saber 11, donde persisten las brechas sociales y se amplían entre grupos étnicos, colegios privados y públicos; así como entre instituciones rurales y urbanas.

En consecuencia, el fracaso no es solo del sistema educativo, sino del país y del Estado, que no ha considerado la educación como un derecho fundamental ni como prioridad para construir nación. Tenemos un sistema educativo que refleja el país que hemos construido: profundamente inequitativo y desigual. Por ello, debemos centrar los esfuerzos en transformar las causas y no quedarnos únicamente en la discusión de las consecuencias, señalando responsables.

En definitiva, no se trata de un fracaso, sino de una oportunidad para repensar y reconstruir el país desde la educación.