Categoría: Opinión

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

A través del Sistema Universitario Estatal (SUE), constituido por las 34 universidades públicas del país, enviamos al Ministerio de Educación Nacional observaciones al borrador del decreto reglamentario de la Ley 2568 de 2026, sobre ajuste de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992; concerniente con el modelo de financiamiento de las instituciones de educación superior oficiales. En este sentido, es importante mencionar que en el numeral cuatro del parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 2568 de 2026, el cual estableció que, desde el presupuesto general de la nación, se dispondrán recursos adicionales a las universidades estatales u oficiales que se distribuirán conforme a los siguientes criterios:

Aumentar progresivamente el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes de pregrado. Cierre de brechas territoriales y sociales como factor transversal para distribución de recursos. Financiar programas de mejoramiento de la calidad educativa, investigación, innovación y la infraestructura física y tecnológica. Financiar las variaciones del régimen salarial y prestacional docente; formalización laboral y fortalecimiento de las plantas docentes y administrativas.

Los criterios en mención hacen parte del componente estructural de la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30; no obstante, en el borrador del decreto reglamentario, estos no quedaron definidos; por consiguiente, desde el Sistema Universitario Estatal enunciamos las siguientes observaciones: vemos con preocupación que, el decreto no contiene explícitamente la forma de garantizar la financiación del Sistema Salarial y Prestacional Docente y Funcionarios Administrativos; en particular, la financiación del Decreto 1279 de 2002, los decretos anuales de fijación salarial de los empleados y servidores públicos adicional al IPC; de igual forma, las demás normas que tengan efectos en materia salarial y prestacional; situación apremiante para el SUE, que debe incorporar y subsanar el decreto reglamentario de la Ley 2568 de 2026; contexto crítico que impulsó la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. En este orden, se evidencia que, el borrador del Decreto en su versión actual, permite la continuidad de los nuevos recursos sujetos al cumplimiento de nuevas metas de ampliación de cobertura, regionalización, nuevos programas académicos y bienestar; aspectos estructurales para continuar avanzando como política de Estado, en donde los indicadores muestran avances significativos; entre ellos, una cobertura que supera el 60% y fortalecimiento del sistema público de educación superior.

Asimismo, el decreto que reglamenta la Ley 2568 de 2026 para tener impacto estructural en la financiación de las universidades públicas, demanda del Gobierno Nacional; incluir en el mismo, la garantía de asumir el costo presupuestal del Decreto 1279 de 2002, igualmente, su regulación orientada a la calidad académica y sostenibilidad presupuestal; además, los decretos de incremento salarial de funcionarios públicos. Por lo anteriormente expuesto, esperamos que el nuevo decreto reglamentario, contenga un compendio de lineamientos claros, precisos y ágiles, que permitan subsanar los mayores problemas de financiamiento de las universidades públicas.

No obstante, la primera versión del proyecto de decreto presenta en primer lugar la carencia de financiación del Sistema Salarial y Prestacional Docente y demás costos laborales de funcionamiento de las universidades; por otro lado, construyen una serie de trámites y procedimientos excesivos que debe implementar el SUE, incluyendo un compendio de guías operativas utilizadas durante los últimos años, que contienen requerimientos para la aprobación, ejecución y seguimiento, tal como metodologías y modelos de distribución determinados unilateralmente por el MEN.

Para concluir, es importante que en el Decreto reglamentario reconozcan la diversidad de modalidades educativas y costos asociados a la educación presencial, virtual, a distancia e híbrida; observando las particularidades, estructuras de costos, capacidades tecnológicas, modelos pedagógicos y alcances territoriales. Esta situación requiere especial revisión, toda vez que, el sistema de educación superior colombiano es diverso y está conformado por instituciones con misiones, poblaciones, modelos educativos, capacidades tecnológicas y formas de presencia territorial diferenciadas. Esperamos que este trabajo de reglamentación y expedición del decreto; lo realicemos de manera articulada entre los actores del sector y, responder al problema estructural que motivó e impulsó la reforma de los artículos 86 y 87.

Recibo con profunda preocupación la información sobre la muerte de un ciudadano colombiano de apenas 26 años, ocurrida en Biddeford, Maine, en un incidente en el que, según los reportes conocidos, estarían involucrados agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE.

Como Senador de la República de Colombia, expreso mi solidaridad y mis condolencias a su familia y a sus seres queridos.

Pero la solidaridad no es suficiente: Colombia debe exigir respuestas.

Solicito formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y a nuestra representación diplomática y consular en los Estados Unidos que activen de manera inmediata todos los canales diplomáticos y de asistencia consular para acompañar a la familia y solicitar información oficial, completa y verificable sobre las circunstancias en las que murió nuestro connacional.

Igualmente, hago un llamado a las autoridades competentes de los Estados Unidos y al FBI para que se adelante una investigación rápida, independiente y transparente. Deben preservarse las grabaciones de cámaras corporales, videos de vigilancia, comunicaciones operativas y todos los elementos materiales probatorios relacionados con estos hechos.

No estamos haciendo señalamientos anticipados ni condenando sin una investigación. Estamos exigiendo algo elemental: verdad, transparencia y debido proceso.

Tener una condición migratoria, cualquiera que ella sea, jamás puede significar perder el derecho a la vida, a la dignidad humana ni al esclarecimiento pleno de una muerte ocurrida en medio de una operación de una autoridad estatal.

Desde el Congreso de Colombia haremos seguimiento a este caso. La vida de un colombiano en el exterior no puede convertirse en una cifra más ni en una simple estadística migratoria.

Su familia merece saber la verdad. Colombia debe acompañarla y exigir respuestas.

Por: Jairo Torres Oviedo.
Rector de la Universidad de Córdoba.

El pasado 4 de julio, conmemoramos los 35 años de promulgación de la Constitución Política de Colombia. Constitución que nació del liderazgo de una generación de colombianos que pudo, no solo leer la convulsionada, violenta y compleja realidad social colombiana; sino interpretar, comprender y proponer salidas propositivas por las vías democráticas. Dentro de esas salidas, se construyó una nueva constitución política que representa un acuerdo o pacto social entre los distintos actores y sectores que representan la pluralidad y diversidad de la sociedad.

La Constitución del 91 repensó un nuevo contrato social moderno que, reemplazaba a la premoderna Constitución de 1886. Sin equívocos, la Constitución del 91 representa el pensamiento moderno; modernidad que permitió pensar y construir un orden social más equitativo, justo y con libertades, reconociendo la pluralidad de pensamientos e ideologías; creencias que identifican la cultura colombiana, que en ocasiones tratamos de desconocer y anular por vías violentas y excluyentes; pero ha prevalecido; y con ello, la sociedad colombiana.

Este ideario de libertades, justicia y dignidad humana, representa el proyecto de la modernidad; gestado por las revoluciones modernas en Europa y el nacimiento de un orden social civilizatorio que, para el caso de América Latina, dicho ideario motivó e impulsó procesos revolucionarios y emancipatorios; inspirando, en el caso colombiano, los procesos de independencia y edificación de la república. En este sentido, la Constitución del 91 representa un pensamiento que configuró y dio forma a un contrato social moderno, plural e incluyente; encarnando un sistema político, social y civilizatorio; con muchos intentos por desconocerla, cambiarla, reformarla y construir una nueva; cuando la prioridad debería ser, llevarla a la práctica, desarrollarla y liberar su fuerza transformadora; tarea aún pendiente. Recordemos, que Colombia continúa siendo en gran medida, un país premoderno; es decir, ha postergado y dejado de hacer los cambios estructurales en materia social, política, económica y cultural.

Esa tensión entre el pensamiento moderno que representa la Carta del 91; y la tradición premoderna que ha marcado la historia de Colombia ha permitido los avances sociales significativos y la configuración de un nuevo país; pero del mismo modo, aún existen traumas sociales violentos e irresueltos que permanecen y degradan; condenándonos a un ciclo de violencia perpetua. Por consiguiente, y frente al contexto descrito; es necesario mencionar los avances y reivindicaciones de derechos alcanzados y garantizados por la Constitución del 91; que, en medio de las tensiones y conflictos sociales, transformó a Colombia en un Estado social de derecho, estableciendo principios orientadores; entre ellos, la dignidad humana, lo que garantizó derechos fundamentales; entre ellos, la vida, la dignidad, libertad e igualdad. Derechos sociales, económicos y culturales, garantizando el trabajo, la salud y la educación, en donde hemos avanzado; pero, con mucho por hacer. Derechos colectivos y del medio ambiente, permitiendo un ambiente sano y protección de la biodiversidad. Del mismo modelo estableció los mecanismos de participación ciudadana para fortalecer la democracia participativa e incorporó la acción de tutela como una herramienta jurídica inmediata para tutelar derecho vulnerado; igualmente, el voto, referendo, consulta popular, cabildo abierto, revocatoria del mandato…

En este sentido, podemos decir, que tenemos una de las constituciones más moderna y avanzadas del mundo occidental en materia de garantías y reconocimiento de derechos. Por consiguiente, el deber moral y político del Gobierno, es hacer realidad estos derechos que contiene la Constitución de 1991, que representa el contrato social que pensamos y construimos hace 35 años, con el fin de transformar a Colombia en un país moderno y civilizado.

Por lo anterior, en estos 35 años de existencia de nuestra Carta Magna, la reflexión y la acción deben centrarse en hacer realidad el contrato social que contiene la hoja de ruta de lo que Colombia debe hacer para ser una nación moderna. Ello implica, dialogar y construir entendimiento entre las distintas visiones, ideologías y concepciones que hacen parte del debate público nacional; todas son necesarias para pensar y construir país. Una nación moderna se construye desde las diferencias y con los diferentes; solo así, es posible la inclusión y el reconocimiento. Hacer lo contrario, es condenarnos a la barbarie.

Por : Monica Patricia kerguelen Jimenez 

Abogada especializada.

Colombia puede afirmar que su mayor conquista democrática ha sido colocar al ciudadano en el centro del Estado. Más que un nuevo texto constitucional, la Carta de 1991 transformó la manera de entender el poder público y la protección de los derechos.

Desde su Preámbulo, la Constitución proclama el propósito de asegurar a todos los colombianos la vida, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo. Ese ideal quedó materializado en el artículo 1, al definir a Colombia como un Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista, fundado en la dignidad humana y en la prevalencia del interés general.

El gran acierto del constituyente fue comprender que los derechos no podían quedarse escritos en el papel. Por ello creó mecanismos eficaces para hacerlos exigibles. La acción de tutela revolucionó el acceso a la justicia al permitir que cualquier persona pudiera obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales. El derecho de petición fortaleció la participación ciudadana y el control sobre las autoridades, mientras que el hábeas data consolidó la protección de la información personal frente a entidades públicas y privadas.

Gracias a estas herramientas, la Constitución dejó de ser un documento reservado para abogados y jueces para convertirse en un instrumento al servicio del ciudadano común.

En ese propósito ha sido fundamental la labor de la Corte Constitucional. Durante estos treinta y cinco años, la Corte ha cumplido con rigor la misión que le asignó el artículo 241 de la Carta: preservar la supremacía e integridad de la Constitución. A través de su jurisprudencia, ha fortalecido la protección de los derechos fundamentales y ha consolidado principios como la dignidad humana, la igualdad material y el debido proceso.

Sus decisiones también han ampliado la protección de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las personas con discapacidad, los niños, las mujeres, los adultos mayores y demás grupos que la propia Constitución reconoce como sujetos de especial protección.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 29 y 30 de junio del presente año, por invitación del Ministerio de Educación de Brasil, las rectoras, rectores y demás autoridades de las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe se reunieron en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (Unila), en la ciudad de Foz do Iguaçu, perteneciente al Estado de Paraná, Brasil, con ocasión del I Foro de Rectoras y Rectores de América Latina y el Caribe; donde se deliberó la agenda política de la educación superior orientada a las especificidades de la región, con miras a la integración regional.

Como conclusión de dicho encuentro, hacemos públicos los compromisos de continuar trabajando en conjunto por la educación superior pública, por la integración regional solidaria y la construcción de un proyecto de desarrollo soberano, democrático, social e inclusivo; por consiguiente, comprometido con nuestros pueblos.

El Foro fue concebido, como un espacio de articulación política y académica en defensa del papel y la pertinencia de las instituciones de educación superior, en un contexto regional y global, marcado por ataques a la ciencia, a los derechos humanos, a la democracia, a la autonomía universitaria y a la soberanía de los países latinoamericanos y caribeños. En este encuentro, se reafirmó la educación superior como eje estructurante de un proyecto de nación y de integración regional, indispensable para la producción de conocimiento estratégico, la formación ciudadana y la formulación de políticas públicas orientadas al bien común.

Este espacio académico tiene como antecedentes y fuente de inspiración, el legado histórico de las Conferencias Regionales de Educación Superior; especialmente en los principios afirmados en La Habana en 1996, Cartagena en 2008, Córdoba en 2018 y Brasilia, en el 2024. Las instituciones participantes reiteran que, la educación superior es un derecho humano universal, un bien público social y un deber inalienable del Estado.

Reafirman que la autonomía universitaria, la libertad académica, el financiamiento público adecuado, la inclusión social y la internacionalización solidaria, constituyen fundamentos indispensables para el fortalecimiento de un sistema regional de educación superior comprometido con la justicia social y la soberanía; igualmente, reconocen el papel estratégico de las universidades como actores esenciales de los sistemas de educación superior en lo que respecta la promoción del desarrollo sostenible de los territorios, la soberanía, la innovación y la cohesión social en nuestros países.

A partir de los debates desarrollados en el Foro, las instituciones signatarias, asumen los siguientes compromisos estratégicos:

1. Defender la educación superior pública, gratuita, de calidad, inclusiva y, socialmente comprometida como patrimonio estratégico de los pueblos de América Latina y el Caribe; condición necesaria para el desarrollo justo y sostenible de la región. 2. Fortalecer la autonomía universitaria, la libertad académica y la gestión democrática de las instituciones de educación superior, como garantías esenciales de la vida académica y de la democracia. 3. Fortalecer los procesos de integración regional, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Consenso de Brasilia y el Mercosur, mediante la cooperación educativa en todos los niveles, especialmente en la educación superior. 4. Promover políticas de inclusión, permanencia y éxito académico, prestando atención a las desigualdades históricas que caracterizan a nuestras sociedades y asumiendo un compromiso efectivo con la igualdad racial, la equidad de género, la diversidad cultural, el respeto a los pueblos originarios, a las poblaciones afrodescendientes, a las comunidades tradicionales y a todos los grupos en situación de vulnerabilidad social. 5. Ampliar la cooperación académica, científica, tecnológica, cultural e institucional entre las universidades y los institutos tecnológicos de la región, sobre la base de relaciones horizontales, la reciprocidad, la solidaridad y el reconocimiento de las asimetrías existentes. 6. Promover la movilidad estudiantil, docente, técnica y administrativa, así como el intercambio de planes de estudio, experiencias formativas y estrategias pedagógicas que fortalezcan el sentido de pertenencia regional y la circulación del conocimiento en el espacio latinoamericano y caribeño. 8. Apoyar el fortalecimiento del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (Enlaces) como instancia estratégica de articulación regional, representación política y cooperación interuniversitaria, en consonancia con los procesos desarrollados en las Conferencias Regionales de Educación Superior. 9. Defender la educación pública y fortalecer la inclusión, la autonomía universitaria, la libertad académica y el financiamiento público, consolidando la educación superior como un derecho humano universal, un bien público social y un deber inalienable del Estado, resistiendo los ataques de carácter mercantilista.

Al concluir este I Foro, las signatarias y los signatarios manifiestan su disposición a transformar los consensos aquí alcanzados en agendas institucionales consistentes en redes de trabajo e iniciativas concretas de cooperación. Esta carta constituye no solo un registro político del encuentro, sino también, una referencia para acciones continuadas en defensa de la educación superior pública y de la soberanía científica y cultural de América Latina y el Caribe.

De cara a las próximas elecciones para la Gobernación del departamento de Córdoba y las distintas alcaldías municipales, surge una pregunta necesaria: ¿sobre qué bases se están construyendo las propuestas que se presentan a las comunidades? Hoy se evidencia un vacío en muchos discursos políticos, donde se plantean soluciones sin partir de un verdadero diagnóstico de las necesidades sociales.

La política pública no puede construirse desde la improvisación; debe nacer de las realidades de la gente y convertirse en programas capaces de enfrentar la pobreza extrema y atender a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Una verdadera planificación pública requiere identificar problemáticas, escuchar a las comunidades y priorizar las necesidades más urgentes para generar respuestas efectivas y sostenibles.

Aspirar a gobernar implica comprender primero las necesidades del territorio y actuar conforme a los principios establecidos en la Constitución Política, priorizando el interés general, la participación ciudadana y la garantía de derechos. Gobernar no debe limitarse a la presentación de promesas; exige construir propuestas con fundamento técnico y social, porque sin diagnóstico no hay política pública y sin política pública difícilmente existirán transformaciones reales para nuestras comunidades.

𝑨𝒔𝒊 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒐𝒃𝒊𝒆𝒓𝒏𝒐𝒔 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒆𝒏 𝒔𝒖 𝒛𝒂𝒓 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒄𝒐𝒓𝒓𝒖𝒑𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒔𝒆 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒊𝒕𝒂 𝒖𝒏 𝒛𝒂𝒓 𝒆𝒏 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒗𝒊𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒓 𝒖𝒏 𝒕𝒐𝒓𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆𝒕𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒛 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒓 𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒏𝒈𝒓𝒆 𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒗𝒊𝒂𝒔.

𝐏𝐨𝐫 𝐎𝐬𝐰𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐧𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐨𝐳𝐚

@𝒎𝒂𝒓𝒄𝒉𝒆𝒏𝒐𝒋𝒐𝒃

El presidente electo le dio un plazo a los jefes de grupos ilegales armados para que se sometan a la ley, sin ninguna clase de contemplaciones. El gobierno del tigre quiere acabar con la extorsión y muchos de los delitos que les quitan el sueño a los colombianos.

Hay otra guerra que tiene convertida a las vías del país en un campo santo; la violencia vial que en Colombia deja todos los años a miles de familias teñidas de luto, a huérfanos regados por los territorios, viudas con sueños apagados y adolescentes y adultos mayores agonizando en las carreteras.

En un país donde 8697 personas perdieron la vida en las carreteras durante el año 2025, es recomendable y urgente que el presidente (e) Abelardo De La Espriella, designe a un técnico, antes que un político, al frente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Es de las entidades que no se le pueden confiar a los políticos, algo que viene sucediendo en todos los gobiernos, incluido el que se alista para entregar los muebles en la Casa de Nariño.

La cifra de 8697 víctimas fatales en siniestros viales en año 2025, fue reportada por fuentes oficiales y medios, basados en datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y representa un aumento de 426 fallecidos más que en el 2024, un triste récord en los años recientes.

En lo corrido del 2026, hasta los días de junio, según datos preliminares de la ANSV se reportan 4 mil personas fallecidas en siniestros viales en Colombia. Así como los gobiernos tienen su zar anticorrupción, se necesita un zar en seguridad vial para instalar un torniquete capaz de parar el desangre en las vías.

Solo en Córdoba, en lo que va corrido de los días de junio se reportan 18 víctimas mortales en sus carretas.

El presupuesto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En la vigencia del año 2025, un de los años más mortales en sinestros viales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tuvo una asignación presupuestal de $204.099 millones aproximadamente, de los cuales 174 mil 456 millones corresponden a gastos de inversión para fortalecer programas de seguridad vial.

Aunque este presupuesto es relativamente modesto en comparación con otras entidades del sector transporte, llama la atención los pocos resultados a la hora de entregar el balance de vidas salvadas en las vías.

Otro asunto que influye en la mala gestión de seguridad vial en Colombia es que se diseñan políticas nacionales y pocas veces tienen en cuenta las causas de siniestros en las regiones. No se puede aplicar en Cartagena una campaña se seguridad vial diseñada para desarrollarse en Bogotá o Medellín.

Por lo general la política de seguridad vial se diseña y se financia desde Bogotá, mientras gobernadores y alcaldes deben “raspar la olla” del presupuesto para adelantar “tibias campañas de cultura vial”.

El 2026 amenaza con ser otro año letal en materia de seguridad vial y solo un compromiso serio y contundente del gobierno nacional lo puede evitar. Independiente del nombre del nuevo ministro o ministra de transporte, al frente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se necesita una persona con experiencia en este tema y que llegue con el propósito ineludible de salvar vidas en las vías.

¡Nadie nace para morir en la vía!

Por: Jairo Torres Oviedo.

Rector de la Universidad de Córdoba.

La ciudadanía asistió a las urnas, ejerció su derecho de participación democrática a través del voto y eligió al nuevo presidente de Colombia, el líder que dirigirá la nación durante los próximos cuatro años. El escenario político-electoral se caracterizó por la escasez de propuestas e iniciativas capaces de nutrir el debate y la deliberación pública. En su lugar, predominó la mutua satanización y las narrativas del odio, el miedo, la desinformación, las emociones exacerbadas y la violencia verbal, factores que degradaron el discurso argumentado y la esencia misma de la cultura política.

Durante meses vivimos un ambiente tenso, contaminado por la violencia verbal y simbólica, producto de la disputa electoral y amplificado por redes sociales sin control ni regulación. Convertimos la democracia en un campo de batalla, generando enemistades, disputas, señalamientos, pasiones desbordadas y sentimientos de superioridad. Todo ello dejó heridas que esperamos puedan sanar y superarse por el bien de la nación.

Este debate político por la primera magistratura del Estado dejó múltiples temas para analizar: el poder de los medios de comunicación, el papel de las redes sociales y, en particular, los avances de la inteligencia artificial utilizados para incidir en la subjetividad del electorado. La campaña del candidato ganador, con un manejo mediático sin precedentes, logró movilizar emociones y posicionar un lenguaje simbólico que apeló a valores familiares, religiosos y patrióticos, conectando con amplias capas de la población sin distinción social, económica ni generacional; por su parte la campaña perdedora utilizo una estrategia más línea y marcada por la autosuficiencia. Asimismo, influyó la presencia de gobiernos regionales, como el de Estados Unidos. La campaña triunfante irrumpió con un formato validado en otros países de la región: un candidato definido como outsider, que planteó nuevas formas de hacer política al «margen de los partidos tradicionales», convertidos en maquinarias y clientelas electorales para subsistir. Las estrategias mediáticas se centraron en la manipulación y orientación de emociones.

Ambas campañas movilizaron a su electorado y al censo en general. El resultado fue un ganador por estrecho margen, quien ahora tiene la responsabilidad de conducir el país durante los próximos cuatro años. El nuevo presidente recibe una nación dividida y polarizada, que exige ser escuchada para vivir y convivir en dignidad. Su mandato es claro: gobernar integrando, reconociendo y dialogando, para superar odios y resentimientos. En este sentido, el nuevo gobierno debe ser consciente de haber alcanzado unas mayorías con una corta y ajustada diferencia; en donde gobernará un país profundamente dividido: en lo electoral, social, económico, cultural y geográfico. Esperamos que el gobierno entrante haga del diálogo y entendimiento, referentes racionales que impulsen la deliberación pública y tramite los desencuentros para convivir pacíficamente. Compitieron dos visiones de país y una fue la vencedora; ahora necesita coexistir democráticamente; lo que exige acuerdos mínimos para continuar avanzando alrededor de las transformaciones que demanda y necesita la ciudadania.

Lo que significa, fortalecer la democracia; tarea nada fácil en un país polarizado, dividido y fragmentado; pero sí, un propósito para insistir y persistir por el bien de la nación. Igualmente, necesitamos una oposición que defienda sus propuestas y agenda programática; con argumento e iniciativas que respondan a los controles del ejercicio del poder; una oposición que haga contrapeso y con garantías constitucionales para ejercerla. No olvidemos, que en los sistemas democráticos existe la alternancia en el poder; es decir, quienes hoy gobiernan, mañana pueden ser oposición y viceversa. Por consiguiente, necesitamos oposición para defender sus tesis, ejecutorias sociales y hacer control político en democracia y, quienes gobiernan ofrezcan las garantías para ello. La oposición defenderá las reformas alcanzadas e impulsará las postergadas. Una oposición representada en fuerzas de izquierda y progresistas, con una importante bancada en el Congreso; además, un respaldo popular de la mitad del país; lo anterior, garantiza un escenario de gobierno-oposición; necesario para nuestra democracia.

En consecuencia, sería importante reconocer, que el gobierno saliente impulsó iniciativas y reformas sociales que develaron las amplias e históricas inequidades que padece gran parte de la población nacional; alcanzando el reconocimiento y apoyo de amplios sectores sociales; quienes defenderán apoyaran el ejercicio de la oposición. Por consiguiente, el nuevo gobierno debe priorizar en las reformas sociales postergadas y necesarias para construir una nación justa, equitativa y con justicia social. Esperamos los colombianos del nuevo gobierno; continuar impulsando al país, por una senda de progreso y desarrollo social con equidad y justicia social.

La ciudadanía asistió a las urnas, ejerció su derecho de participación democrática a través del voto y eligió al nuevo presidente de Colombia, el líder que dirigirá la nación durante los próximos cuatro años. El escenario político-electoral se caracterizó por la escasez de propuestas e iniciativas capaces de nutrir el debate y la deliberación pública. En su lugar, predominó la mutua satanización y las narrativas del odio, el miedo, la desinformación, las emociones exacerbadas y la violencia verbal, factores que degradaron el discurso argumentado y la esencia misma de la cultura política.

Durante meses vivimos un ambiente tenso, contaminado por la violencia verbal y simbólica, producto de la disputa electoral y amplificado por redes sociales sin control ni regulación. Convertimos la democracia en un campo de batalla, generando enemistades, disputas, señalamientos, pasiones desbordadas y sentimientos de superioridad. Todo ello dejó heridas que esperamos puedan sanar y superarse por el bien de la nación.

Este debate político por la primera magistratura del Estado dejó múltiples temas para analizar: el poder de los medios de comunicación, el papel de las redes sociales y, en particular, los avances de la inteligencia artificial utilizados para incidir en la subjetividad del electorado. La campaña del candidato ganador, con un manejo mediático sin precedentes, logró movilizar emociones y posicionar un lenguaje simbólico que apeló a valores familiares, religiosos y patrióticos, conectando con amplias capas de la población sin distinción social, económica ni generacional; por su parte la campaña perdedora utilizo una estrategia más línea y marcada por la autosuficiencia. Asimismo, influyó la presencia de gobiernos regionales, como el de Estados Unidos. La campaña triunfante irrumpió con un formato validado en otros países de la región: un candidato definido como outsider, que planteó nuevas formas de hacer política al «margen de los partidos tradicionales», convertidos en maquinarias y clientelas electorales para subsistir. Las estrategias mediáticas se centraron en la manipulación y orientación de emociones.

Ambas campañas movilizaron a su electorado y al censo en general. El resultado fue un ganador por estrecho margen, quien ahora tiene la responsabilidad de conducir el país durante los próximos cuatro años. El nuevo presidente recibe una nación dividida y polarizada, que exige ser escuchada para vivir y convivir en dignidad. Su mandato es claro: gobernar integrando, reconociendo y dialogando, para superar odios y resentimientos. En este sentido, el nuevo gobierno debe ser consciente de haber alcanzado unas mayorías con una corta y ajustada diferencia; en donde gobernará un país profundamente dividido: en lo electoral, social, económico, cultural y geográfico. Esperamos que el gobierno entrante haga del diálogo y entendimiento, referentes racionales que impulsen la deliberación pública y tramite los desencuentros para convivir pacíficamente. Compitieron dos visiones de país y una fue la vencedora; ahora necesita coexistir democráticamente; lo que exige acuerdos mínimos para continuar avanzando alrededor de las transformaciones que demanda y necesita la ciudadania.

Lo que significa, fortalecer la democracia; tarea nada fácil en un país polarizado, dividido y fragmentado; pero sí, un propósito para insistir y persistir por el bien de la nación. Igualmente, necesitamos una oposición que defienda sus propuestas y agenda programática; con argumento e iniciativas que respondan a los controles del ejercicio del poder; una oposición que haga contrapeso y con garantías constitucionales para ejercerla. No olvidemos, que en los sistemas democráticos existe la alternancia en el poder; es decir, quienes hoy gobiernan, mañana pueden ser oposición y viceversa. Por consiguiente, necesitamos oposición para defender sus tesis, ejecutorias sociales y hacer control político en democracia y, quienes gobiernan ofrezcan las garantías para ello. La oposición defenderá las reformas alcanzadas e impulsará las postergadas. Una oposición representada en fuerzas de izquierda y progresistas, con una importante bancada en el Congreso; además, un respaldo popular de la mitad del país; lo anterior, garantiza un escenario de gobierno-oposición; necesario para nuestra democracia.

En consecuencia, sería importante reconocer, que el gobierno saliente impulsó iniciativas y reformas sociales que develaron las amplias e históricas inequidades que padece gran parte de la población nacional; alcanzando el reconocimiento y apoyo de amplios sectores sociales; quienes defenderán apoyaran el ejercicio de la oposición. Por consiguiente, el nuevo gobierno debe priorizar en las reformas sociales postergadas y necesarias para construir una nación justa, equitativa y con justicia social. Esperamos los colombianos del nuevo gobierno; continuar impulsando al país, por una senda de progreso y desarrollo social con equidad y justicia social.

Por: Luis Fernando Ballesteros Meza

Representante a la Cámara por Córdoba

Las victorias políticas nunca aparecen por casualidad. Detrás de cada resultado electoral existen años de organización, cientos de reuniones, miles de conversaciones y una causa capaz de movilizar a una sociedad.

En Córdoba, esa historia no comenzó el día de una elección. Comenzó en enero de 2025, cuando un grupo de hombres y mujeres decidió recorrer el departamento convencido de que había llegado el momento de construir una alternativa política desde abajo, junto a las organizaciones sociales y no desde las maquinarias tradicionales.

No nos unía simplemente el deseo de ganar una curul. Nos unía una causa: la defensa del campesinado y de la reforma agraria; la recuperación de las ciénagas y los ecosistemas; el derecho a la vivienda digna; una economía productiva; y la ampliación de la democracia con nuevos liderazgos para Córdoba.

Fue esa visión compartida la que comenzó a despertar el poder popular.

Por eso la consulta del Pacto Histórico del 28 de octubre de 2025 no fue simplemente una elección interna. Fue el primer gran ejercicio democrático de organización del pueblo cordobés alrededor de un proyecto político común.

En aquella consulta participaron Miguel Leonardo Martín Peña, Claudia Leonor Jiménez Martínez, María Clemencia García Sanclamente, Ezio Fernando Montes Hoyos, Manuel Enrique Navarro Díaz, Cilenia Gregoria Salcedo Montalvo y quien escribe estas líneas, entre otros liderazgos que decidieron someter sus aspiraciones al voto ciudadano. Más de 161.000 cordobeses participaron en ese proceso.

Lo verdaderamente importante no fue quién obtuvo la mayor votación. Lo trascendental fue que miles de ciudadanos demostraron que era posible construir organización política desde la participación democrática. Aquella consulta dejó mucho más que un candidato: dejó comités municipales, equipos de trabajo, dirigentes comunitarios fortalecidos y organizaciones sociales articuladas.

El 8 de marzo de 2026, ese trabajo produjo un hecho que durante muchos años parecía imposible: Córdoba eligió por primera vez un representante a la Cámara proveniente de un proyecto alternativo construido desde el voto de opinión y la organización popular. Esa credencial pertenece a miles de hombres y mujeres que decidieron organizarse alrededor de una causa colectiva.

Posteriormente llegó la campaña presidencial. La estructura política y social construida durante ese año y medio volvió a ponerse en movimiento. Organizaciones campesinas, procesos de vivienda popular, docentes, jóvenes, mujeres, sindicatos, comunidades y distintos sectores democráticos confluyeron alrededor de una propuesta nacional de cambio. Aunque el resultado presidencial fue distinto al esperado, Córdoba dejó un mensaje político de enorme significado: existe una fuerza social organizada capaz de disputar democráticamente el futuro del departamento.

Las campañas terminan. Las alianzas electorales son coyunturales. Pero el poder popular permanece cuando existe una causa que lo mantiene unido.

El Pacto Histórico debe seguir consolidándose como la expresión política de las luchas del campesinado, de las mujeres, de la juventud, de los trabajadores, de las comunidades populares y de todos aquellos ciudadanos que durante años sintieron que no tenían voz en las decisiones públicas.

El poder popular no consiste en cambiar de élites. Consiste en que el pueblo organizado sea protagonista permanente de las decisiones sobre el destino de Córdoba.

La primera representación alternativa en la Cámara fue apenas el comienzo. El verdadero desafío empieza ahora: transformar esa fuerza ciudadana en una mayoría democrática capaz de gobernar Montería y Córdoba con participación, justicia social y respeto por el territorio. Porque las elecciones pueden marcar una fecha, pero son las causas las que cambian la historia.