Por Hubert Ariza.
Columna de opinión tomada de El País de España.
Para Abelardo de la Espriella, Colombia estuvo arrodillada ante el crimen durante los últimos años. Ahora comienza una nueva fase de la guerra interminable que el país vive desde hace más de seis décadas.
La política en Colombia se vive con vértigo. Los acontecimientos suceden a una velocidad tal que quien parpadee puede perderse entre el mar de desinformación de las redes sociales, los titulares de los medios tradicionales, la batalla por imponer una narrativa entre la derecha y la izquierda, la disputa cultural y los egos de los protagonistas de una agenda política que cambia permanentemente.
Hace tan solo 20 días, el país se despertó con un terremoto de 7,4 que golpeó con fuerza a cinco departamentos y dejó más de 153.000 familias damnificadas, 319 fallecidos, 4.506 heridos, 260 desaparecidos y 31.461 viviendas destruidas, además de cientos de edificios en lista para ser demolidos. Después de la tragedia, las réplicas ya suman 332.
A pesar de la magnitud de la catástrofe y de la responsabilidad que tiene el Gobierno nacional con las víctimas, la atención de la opinión pública pareciera haberse desplazado nuevamente hacia el acontecer político.
El dolor de las víctimas, el heroísmo de los sobrevivientes, la respuesta inmediata de los empresarios, la solidaridad de los colombianos, la cooperación extranjera y la gestión del Gobierno han quedado relegados en la agenda mediática por un tema que domina el interés nacional desde hace más de seis décadas: el conflicto armado interno.
A este escenario se suma el debate en el Congreso sobre el proyecto de reforma económica que impulsa el ministro de Hacienda, una iniciativa que ha despertado la atención de los expertos por el inusitado incremento de las cifras del Presupuesto General de la Nación.
En la Patria Milagro está cerrada la puerta de la paz negociada y la Paz Total quedó sepultada. Después del fracaso de esa política implementada durante la administración de Gustavo Petro, la narrativa que busca imponerse es la de la victoria militar sobre los grupos armados ilegales, ahora calificados como terroristas.
“La paz en la que cree este Gobierno es la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, señaló el mandatario en Riohacha. Una tesis que ha repetido en varias ocasiones y que, para el jefe de Estado, constituye el camino para establecer una paz “verdadera y duradera”.
Los golpes a los cabecillas de las estructuras armadas ilegales le han dado más alas al Ejecutivo para consolidar una estética de poder militar que pasó de los anuncios a los hechos.
El jefe de Estado se esfuerza en mostrarse como un hombre cercano a la tropa, un comandante que conduce a las Fuerzas Militares hacia una hipotética victoria, cuyo ideal sería el sometimiento de los actores armados ilegales sin mayores concesiones por parte del Estado.
Con su nueva vestimenta de tropero, el mandatario construye la puesta en escena de los grandes anuncios: bombardeos a campamentos guerrilleros y bajas de integrantes de organizaciones armadas ilegales. Ese presidente tropero, en un país que continúa en guerra, parece dispuesto a imponer la narrativa de que la única salida es militar y a desechar los caminos exitosos de negociaciones de paz anteriores.
El país tendrá que acostumbrarse a un presidente que alienta la ofensiva militar en los territorios, presenta resultados de operaciones y busca apoyarse en Estados Unidos para escalar la confrontación contra las organizaciones armadas ilegales. Un mandatario que, además, tampoco pareciera dispuesto a ceder ante la protesta social que se anuncia y que podría manifestarse con fuerza en las zonas históricamente afectadas por el conflicto.
Colombia parece repetir algunos elementos de los años del gobierno de Álvaro Uribe y su política de Seguridad Democrática y mano dura, aunque esta vez sin el lema del “corazón grande”, cuando el entonces presidente era recibido en el rancho de su homólogo estadounidense, George W. Bush.
Durante esos ocho años de gobierno, el incremento de las acciones bélicas, los bombardeos y los ataques produjo una presión permanente por mostrar resultados militares. La degradación de la guerra contra las Farc terminó degradando también la democracia hasta desembocar en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente: los llamados falsos positivos.
La política del body count se impuso y algunos miembros de la Fuerza Pública recibieron incentivos para producir “positivos”, es decir, resultados operacionales medidos en bajas de integrantes de grupos armados. Las cifras de guerrilleros muertos terminaron convirtiéndose, en numerosos casos, en un engaño a la opinión pública y en una vergüenza para la Fuerza Pública.
En la Jurisdicción Especial para la Paz, una instancia de justicia transicional que sectores de la derecha han planteado cerrar o reformar profundamente, se han conocido testimonios de altos oficiales y soldados procesados por ejecuciones extrajudiciales. Los falsos positivos continúan siendo una herida abierta en Colombia y un episodio que algunos sectores se empeñan en negar o minimizar, mientras arremeten contra la JEP y buscan desprestigiarla.
Lo que ha visto el país durante este primer mes del mandato del presidente Abelardo no son falsos positivos, sino combatientes de organizaciones ilegales muertos en operaciones militares que el Gobierno presenta como legítimas. Sin embargo, la imagen del mandatario mostrando los cadáveres de guerrilleros muertos tras un bombardeo, introducidos en bolsas blancas, desató una tormenta política y mediática y le dio la vuelta al mundo.
Los sectores más belicistas aplauden los bombardeos contra los campamentos guerrilleros y celebran la muerte de los jefes de esas organizaciones. Pero que mueran menores de edad en esos operativos no puede ser motivo de celebración. Precisamente porque la guerra tiene límites y esos límites están establecidos, entre otras normas, por el derecho internacional humanitario.
Esos bombardeos, que podrían multiplicarse con el paso de los días, pueden marcar el comienzo de una nueva espiral de guerra que acompañará los cuatro años del Gobierno, con el respaldo de Estados Unidos. Colombia mantiene un papel estratégico en la cooperación internacional contra el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales en la región.
La ilegalidad, por su parte, está respondiendo a la ofensiva del Estado. El ataque con un carro bomba contra una estación de Policía en Los Patios, Norte de Santander, ocurrido el pasado 31 de agosto, constituye una muestra de esa respuesta violenta. Cada acción genera una reacción y el Estado tendrá que estar preparado para las consecuencias de una nueva escalada del conflicto.
La nueva estrategia de seguridad —mano dura, cero negociación, sometimiento y control territorial— parece haberse sellado con el cierre de tres mesas de negociación que habían sido abiertas durante el Gobierno Petro: con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
A los integrantes de esas organizaciones ya no se les ofrece una mesa para negociar, sino la posibilidad de una desmovilización bajo presión militar. La fórmula parece simple: sometimiento o muerte.
Ese mensaje quedó ilustrado con la muerte de Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y su esposa, Rosa Angélica Tarazona. Naín, de 26 años, era señalado como máximo cabecilla de un frente de las ACSN. La muerte lo sorprendió durante un operativo de la Policía Nacional, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, en Riohacha, La Guajira, en la madrugada del pasado viernes.
El resultado de esa operación constituye un triunfo político y militar para el nuevo Gobierno, que busca demostrar que va en serio en su ofensiva contra los cabecillas de las organizaciones armadas ilegales. La noticia fue presentada en el Batallón Cartagena de Riohacha, acompañada del ritual de los cuerpos introducidos en bolsas blancas y del jefe de Estado vestido con uniforme militar.
Es un protocolo que ya había generado enorme rechazo cuando el mandatario recorrió la fila de 23 bolsas blancas que contenían los cuerpos de los integrantes de las disidencias de las FARC muertos durante un bombardeo en el Guaviare.
“Los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes, porque aquellos que no se sometan terminarán de esta forma”, señaló el pasado viernes el presidente en Riohacha, quien no pierde oportunidad para atacar los procesos de paz desarrollados durante el Gobierno Petro.
Para él, durante los últimos años Colombia estuvo arrodillada ante el crimen. Ahora comienza una nueva fase de la guerra interminable que el país vive desde hace más de seis décadas.
El Tigre está de cacería. Pero los lobos de la guerra saben que este nuevo capítulo apenas comienza.
