Categoría: Opinión

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

Recientemente, el papa León XIV publicó su primera carta encíclica Magnífica Humanitas, la que hace referencia a la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Esta encíclica marca y reafirma el pensamiento de la Iglesia católica centrado en la verdad, la difusión y defensa del mensaje cristiano en tiempos de turbulencia e incertidumbres. El papa plantea que la magnifica humanidad, que es una creación de Dios, se encuentra hoy ante un dilema decisivo: levantar una nueva Torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos.

En este orden, para el Papa León, cada generación hereda una historia diversa y plural; pero configura y define una forma a su propio tiempo; esa forma es una contribución, un aporte en la maduración de la historia; es decir, cada generación es responsable del presente que le corresponde vivir y asumir. La maduración de la historia es aprendizaje, memoria y conciencia que proteja, realice y dignifique la condición humana, a través de la promoción de la justicia y la fraternidad entre los seres humanos. En palabras del filósofo Levinas: «El otro puedo ser yo; yo me reflejo en el rostro del otro».

De acuerdo con lo anterior, el Papa centra gran parte de su mensaje en la reafirmación y defensa de la dignidad humana; en estos tiempos de guerras, superioridad racial, acumulación de riqueza, destrucción del medio ambiente, injusticias y desigualdades sociales aberrantes. Es a través de la realización de la dignidad humana, la forma como podemos madurar la historia; de no hacerlo, en palabras del Papa; damos paso a un mundo más inhumano e injusto y, con ello, el riesgo de que la humanidad pierda su rostro.

En este contexto, el papa León invita a asumir con lucidez y responsabilidad, los retos de nuestro tiempo, adoptando normas capaces de salvaguardar la justicia y contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico; aunque el tema en cuestión, no se limita a la regulación; sino a quién detenta ese poder tecnológico y qué fines lo orientan. Recordemos que en el pasado ese poder lo impulsaban y ostentaban los Estados; en cambio, hoy, son actores privados representados en grandes transnacionales con recursos y poder superior a los gobiernos y enfocados al control social, económico, político y cultural, desconociendo el bien común.

Por ello, la encíclica del Papa plantea la pregunta de cómo vivir con responsabilidad en la era de la inteligencia artificial. Para responder a esta pregunta, bastante abierta a la interpretación, el santo padre hace referencia a dos imágenes bíblicas: La construcción de la Torre de Babel y la reconstrucción de los muros de Jerusalén. El relato de Babel se sitúa en los orígenes de la humanidad, inmediatamente después de las genealogías de los hijos de Noé. Los seres humanos, habiéndose establecido en la llanura de Senaar, deciden construir una ciudad y una torre «cuya cúspide llegue hasta el cielo». Quieren así asegurarse estabilidad y poder, y, sobre todo, «perpetuarse un nombre». La empresa parece imponente: una sola lengua, una sola tecnología, una sola dirección; sin embargo, el proyecto esconde un profundo engaño: es una obra concebida sin referencia a Dios, sustentada por una uniformidad que elimina la diversidad y que, en lugar de la comunión, elige la homogeneización.

Conforme a lo dicho, cuando la ciudad se edifica sobre el orgullo y la pretensión de bastarse a sí misma, la comunicación se rompe, las lenguas se confunden y los seres humanos ya no se comprenden. El resultado no es la unidad, sino la dispersión. Babel revela así el límite de toda construcción que, por grandiosa que sea, surge de la absolutización de lo humano y de su pretensión de autosuficiencia, sacrifica la dignidad de las personas en aras de la eficiencia y aspira a alcanzar el cielo sin la bendición de Dios.

Recordemos que, el libro de Nehemías comienza en un momento de gran vulnerabilidad en la historia del antiguo Israel. Tras el exilio babilónico, una parte del pueblo ha regresado a Jerusalén, pero la ciudad sigue en ruinas, las murallas se han derrumbado y las puertas han sido quemadas. Nehemías, un judío al servicio del rey persa Artajerjes, recibe la noticia del desastroso estado en que quedó la ciudad de sus padres. Pide permiso al rey para regresar a Jerusalén y, una vez allí, examina en silencio los lugares destruidos. No impone soluciones desde lo alto. Convoca a las familias, confía a cada una un tramo de muralla para reconstruir, escucha los temores, coordina los esfuerzos y hace frente a las oposiciones.

El relato muestra, cómo la ciudad renace, no gracias a la iniciativa de una sola persona, sino a través de la responsabilidad compartida de todo el pueblo. Es una obra que tiene a Dios en el centro y reconstruye los vínculos, incluso antes que las piedras. En aquel tiempo, la antigua Jerusalén recupera así un lenguaje común; no el de la uniformidad, sino el de la comunión: la armonía que nace cuando cada uno asume su parte y todo el pueblo reconoce que su fuerza viene del Señor.

En los tiempos que corren, la inteligencia artificial se ha convertido en una nueva Torre de Babel que controla y enajena; desconociendo la dignidad y el bien común. Estas referencias, permiten interpretar el momento político del país y el mundo determinado por torres de Babel que excluyen y niegan al otro por pensar diferente; la consecuencia es, una sociedad que no se integra y vive, totalmente dispersa.

Por: General William Rincón Zambrano Director de la Policía Nacional de Colombia

Hoy me dirijo a ustedes como director de la Policía Nacional y como servidor de la institucionalidad, consciente de la responsabilidad que tenemos en este momento decisivo para el país. La coyuntura electoral presidencial representa una oportunidad para fortalecer nuestra democracia y reafirmar la voluntad de los colombianos, quienes podrán participar de manera libre, informada y con todas las garantías necesarias para ejercer su derecho al voto, este 31 de mayo de 2026.

Durante los últimos días, cada municipio, vereda y ciudad ha experimentado una etapa determinante para el país. Los espacios cotidianos se han convertido en escenarios de participación ciudadana y construcción democrática, donde millones de colombianos han expresado sus ideas y expectativas sobre el futuro de la nación. En ese contexto, la Policía Nacional de Colombia ha actuado con absoluta neutralidad, garantizando el orden, las libertades fundamentales y las condiciones necesarias para que la jornada electoral se desarrolle en paz y tranquilidad.

Nuestro deber no ha consistido en favorecer campañas, candidatos o corrientes ideológicas, sino en garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto con libertad, tranquilidad y plenas garantías, en un entorno seguro, libre de presiones, de violencia o de cualquier tipo de interferencia.

Esa es la esencia del servicio policial en el sistema democrático. Frente a esta coyuntura, hoy presentamos al país la segunda fase el “Plan Democracia 2026” orientado a garantizar condiciones de seguridad y transparencia durante la jornada electoral, mediante un despliegue operacional integral soportado en capacidades de inteligencia, investigación criminal, prevención, control territorial y tecnología, en el marco de la Estrategia S2D (Seguridad, Dignidad y Democracia).

Nuestra estrategia se ha estructurado en cinco líneas de acción: protección de candidatos, lucha contra los delitos electorales, inteligencia anticipativa, fortalecimiento y capacitación del personal, y la activación del Equipo Especial Contra Delitos Electorales (ECODE), encargado de articular acciones de prevención, judicialización y respuesta inmediata frente a conductas que afecten la libre expresión del sufragio.

Sabemos que en contextos electorales álgidos pueden surgir rumores, desinformación y episodios de alteración del orden público. Frente a estas posibilidades, nuestra respuesta será siempre la misma: presencia institucional, actuación proporcional y protección de los derechos fundamentales.

No habrá espacio para acciones de intimidación, constreñimiento al elector, injerencias ilegales sobre la voluntad popular ni actuaciones contrarias al marco legal por parte de la autoridad. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos ciudadanos mediante un trabajo articulado con otras entidades del Estado.

Para ello, se ha dispuesto el despliegue de 120.000 policías en todo el territorio nacional: 56.867 estarán asignados a los puestos de votación, 33.045 a los entornos inmediatos y 30.088 a zonas de atención priorizada, asegurando una cobertura integral durante toda la jornada electoral.

De manera puntual, y con el propósito de enfrentar los delitos cibernéticos asociados al proceso electoral, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación hemos articulado capacidades a través de un Puesto de Mando Unificado (PMU) Ciber Electoral, orientado a proteger la infraestructura digital, así como a investigar y judicializar conductas de fraude electoral.

Además, tenemos la responsabilidad de custodiar el 57% de los puestos de votación del país (7.692 de 13.489), garantizar la seguridad en el 90% de las mesas de votación (106.598 mesas) y proteger a cerca de 37 millones de colombianos, equivalentes al 92% del censo electoral. Para esta misión, el despliegue operacional contará con el direccionamiento estratégico de 16 brigadieres generales y tres coroneles del Curso Estratégico de Seguridad (CESEP) en territorios críticos.

Este dispositivo contará con el apoyo de 94 aeronaves para fortalecer la capacidad de reacción inmediata ante situaciones asociadas a la acción de grupos criminales; priorizando 32 municipios en territorios críticos, en los que concentraremos capacidades operacionales para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática.

A partir de estas responsabilidades, a cada uniformado le digo: su arma más poderosa en estos días no es el bastón Tonfa, es la templanza y la integridad. Es la capacidad de actuar con firmeza cuando sea necesario, pero también con prudencia cuando la situación lo exija. Es el respeto irrestricto a la Constitución y a la Ley, incluso en medio de la tensión, incluso cuando las emociones del país estén elevadas.

A la ciudadanía, por su parte, le hago un llamado directo: este es el momento de evitar polarizaciones que deriven en afectaciones a la vida y a la infraestructura del país. Las diferencias políticas no deben incentivar la violencia. La democracia no se defiende con odio sino con participación, con respeto por el otro y confianza hacia las instituciones. A través de la Línea Anticorrupción 157 los invitamos a seguir utilizando este canal de denuncia para facilitar la actuación oportuna de las autoridades.

La democracia exige que quienes aspiran a dirigir el país puedan hacerlo en condiciones reales de protección y confianza. Por esta razón también hemos acompañado las solicitudes de seguridad de 11 candidatos presidenciales y 11 fórmulas vicepresidenciales, a través de 22 esquemas de protección mixtos con la Unidad Nacional de Protección, con un equipo de 164 policías que están cuidando cada desplazamiento y actividades inherentes al proceso democrático.

Para complementar todas estas estrategias, el monitoreo en tiempo real del proceso electoral tendrá un enfoque diferencial, al reconocer la diversidad sociocultural del país; ajustando el despliegue operacional a las condiciones de cada territorio, en zonas rurales, comunidades étnicas y regiones prioritarias. De hecho, nuestra Dirección de Tránsito y Transporte implementó dispositivos especiales para asegurar el transporte, custodia y movilidad del material electoral en los corredores viales del país; y la Dirección de Educación Policial ha capacitado a más de 30 mil funcionarios en delitos electorales. Cada una de estas capacidades converge en un mismo propósito: impedir que cualquier actor social o ilegal interfiera en la voluntad soberana de los colombianos.

Hoy Colombia no define su futuro electoral sola: vota acompañada por sus instituciones, por integrantes de la Fuerza Pública que están en cada rincón del país, y por una ciudadanía que, a pesar de sus diferencias, sigue creyendo en la fuerza del voto como una de las mayores expresiones de la libertad de opinión, en un gran esfuerzo colectivo de confianza.

Nuestro objetivo es claro: que el día de elecciones sea el más seguro del calendario nacional y que cada colombiano pueda votar con la certeza de que su decisión será respetada y protegida. Por ende, convocamos a todos los ciudadanos a denunciar cualquier conducta que pretenda afectar la legalidad del proceso, porque la defensa de la democracia no recae solo en las instituciones, sino en el compromiso colectivo de toda la Nación.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo

 Rector de la Universidad de Córdoba 

Los ciudadanos están a pocos días de acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto y elegir al nuevo presidente de Colombia; el líder que dirigirá la nación durante los próximos cuatro años. Este escenario político-electoral se caracteriza por la ausencia de propuestas e iniciativas capaces de marcar el debate público y la deliberación ciudadana. Al igual que en procesos anteriores, predomina la mutua descalificación y la narrativa del odio, el miedo, la desinformación y la violencia verbal; factores que desnaturalizan y degradan el discurso argumentado y la esencia misma del ejercicio político.

En este contexto, enviamos un mensaje a los candidatos presidenciales: a quien reciba el respaldo popular y asuma las riendas de la República, le corresponde gobernar sin odios ni resentimientos, y buscar por todos los medios racionales, dialógicos y constitucionales, el entendimiento necesario para convivir en medio de las diferencias. En ello consiste la salud de una democracia: un desafío difícil, pero una apuesta que debemos sostener con persistencia.

Lo anterior, implica continuar insistiendo en las reformas sociales que se han venido postergando, que son necesarias para construir una nación justa, equitativa y con justicia social. Por ello, desde el sector de la educación superior, representado en el Sistema Universitario Estatal (SUE) En la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) hemos propuesto, no solo un diagnóstico sobre la educación superior; sino una propuesta para tener en cuenta e integrarla en la agenda de desarrollo del próximo gobierno. Entre ellas, podemos mencionar: 1. Reafirmar la educación como un derecho fundamental progresivo, tendiente a la realización de la dignidad humana y la justicia social de amplios sectores poblacionales que históricamente han sido excluidos del acceso a la educación superior en condiciones de calidad y pertinencia; en consecuencia, debe continuar fortaleciendo la universidad pública, centrado en la ampliación de cobertura, gratuidad, capacidades humanas, físicas y tecnológicas; igualmente, ampliación de cobertura con enfoque territorial. En este orden, continuar avanzando en una gratuidad de la educación superior pública integral, que incluya, no solo la matrícula; sino también, alimentación y transporte.

En este sentido, es importante insistir en que, la educación superior, como un servicio público, es suministrada y soportada en un sistema mixto; es decir, público y privado. En consecuencia, una política de ampliación de cobertura debe reconocer y fortalecer el sistema. 2. Continuar fortaleciendo la universidad pública; ampliando nuevas sedes regionales, con la finalidad de alcanzar una cobertura universal. 3. El próximo gobierno debe priorizar la reforma y fortalecimiento del Icetex, que defienda las políticas de acceso, cobertura y permanencia. 4. Articular los niveles del sistema educativo con la educación superior. 5. Construir una política de aseguramiento de la calidad, haciendo énfasis en el fomento y no solamente en la inspección y vigilancia como modelo dominante. 6. Articular el trabajo de Minciencias con el Ministerio de Educación; de esta forma, generar más impacto en la ciencia, la tecnología y la innovación que promueven las universidades. 7. Impulsar una agenda estratégica de transformación digital y adopción ética y soberana de la inteligencia artificial; asimismo, fortalecer la internacionalización como política de Estado.

Abordar estas y otras iniciativas aportadas por los actores organizados de la educación superior, requiere una mirada de país; de igual manera, una convicción de la necesidad de construir consensos para lograr decisiones políticas y normativas que permitan el avance de la educación superior como una apuesta intergeneracional, concebida como compromiso de Estado. Lo cual permitirá cimentar colectivamente una visión de futuro y avanzar en las transformaciones del sector. No es solo una postura sectorial, sino una verdadera apuesta de país: la convicción sobre el desarrollo sostenible, la justicia social; la paz y productividad dependen de un sistema de educación superior sólido, articulado e innovador. Esperamos, que estas iniciativas, que hacen parte del debate nacional sobre la educación superior; sean asumidas por el próximo gobierno como un compromiso con la juventud colombiana.

Por: Erasmo Zuleta 

Gobernador del departamento de Córdoba

Esta semana el país conoció los resultados del estado de inseguridad alimentaria en Colombia durante el año 2025, medida con la escala FIES (Food Insecurity Experience Scale) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta escala permite medir las dificultades de acceso a los alimentos debidas a razones económicas, pasando desde solo preocuparse acerca de la capacidad para obtener alimentos hasta pasar hambre.

Los resultados a nivel nacional fueron alentadores. Entre 2024 y 2025, el número de personas con inseguridad alimentaria moderada o grave en Colombia pasó de 14.4 millones a 12 millones, y el número de personas con inseguridad alimentaria grave pasó de 2.7 millones a 1.9 millones.

El departamento de Córdoba fue uno de los departamentos que disminuyó en mayor proporción tanto la inseguridad alimentaria moderada o grave como la grave, pasando la primera del 47.6 % de los hogares al 40.2 % y la segunda, del 9.4 % de los hogares al 5.9 %. En personas, esto significa que 121 mil personas del departamento ya no padecen inseguridad alimentaria moderada o grave y 46 mil personas ya no padecen inseguridad alimentaria grave; es decir, ya no pasan hambre.

Para la mayoría de los lectores que tienen la posibilidad de leerme a través de dispositivos electrónicos o en medio físico, no pasar hambre puede ser la norma, pero no es la realidad aún para miles de colombianos. Y esta dura realidad es la que se puede transformar desde el servicio público con programas y proyectos que promuevan, junto con el sector privado, la generación de empleos que permitan al país generar riqueza y a las personas vivir con dignidad.

Estos resultados departamentales son la cara humana de los resultados económicos que se lograron en 2025. Por ejemplo, cuando se indicó que la tasa de desempleo departamental había disminuido a 10.5 % desde 10.9 % en 2024, esto significó que el número de desempleados cayó en 106 mil personas, un número muy similar a la caída en las personas que sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave.

Y hay algo que me parece muy importante resaltar. Entre 2023 y 2025, el número de empleos del sector público disminuyó en 4.1 mil personas, y los sectores que más han jalonado la generación de empleo en ese periodo fueron el sector agropecuario (+33.7 mil), el sector de alojamiento (+8.9 mil) y los sectores transporte y construcción (+7.3 mil cada uno). Esto significa que, en Córdoba, cada vez más es el sector privado quien promueve su crecimiento y bienestar a través de la vinculación de personal y no necesariamente el Estado, lo que históricamente ha implicado, en diferentes latitudes, mayores eficiencias.

Esto demuestra que las políticas públicas departamentales que multiplican la generación de ingresos por parte del sector privado son fundamentales. Estas incluyen la provisión de servicios y bienes públicos y la promoción del departamento como un lugar amable para los inversionistas, donde los ciudadanos no solo quieran visitarlo, sino que quieran vivir, hacer deporte, estudiar y producir.

Los éxitos económicos del departamento de Córdoba tienen rostro y son una prueba de que Córdoba lo tiene todo.

Por: Jairo Torres Oviedo.
Rector de Unicórdoba.

En días recientes, se dio a conocer el informe relacionado con los índices de competitividad en el país; nuevamente el Departamento de Córdoba queda rezagado, ocupando el puesto 22 entre 33 departamentos, lugar que se ha venido ocupando en los últimos años, generando la reacción repetitiva y narrativas de siempre; continúan ausentes las acciones en materia de políticas públicas que generen impactos y cambios estructurales del sistema productivo del Departamento.

De acuerdo con lo anterior, hay que tener en cuenta que los indicadores de competitividad son instrumentos métricos utilizados para evaluar la capacidad de los países, regiones o empresas para generar y atraer talento e inversión; además, alcanzar altos niveles de productividad y bienestar social. Estos indicadores están enfocados en medir las capacidades de un territorio en materia de infraestructura, entorno económico, educación, salud, innovación y sostenibilidad ambiental; en lo cual, el Departamento de Córdoba tiene rezagos estructurales. Lo dicho, no solo es preocupante, sino que requiere de una apertura y acuerdos de los actores organizados de la institucionalidad pública y privada, que apalanquen la puesta en marcha de políticas públicas; en otras palabras, pasar del diagnóstico, la narrativa de buenas intenciones, al trabajo de expertos y transitar de las alianzas a la acción.

Recordemos que, en las últimas décadas, se han adelantado varios estudios sobre los escenarios de competitividad del Departamento; sin resultados evidentes. El último fue la Agenda Córdoba 2052, que contiene la visión de los próximos 30 años. Esta iniciativa de planificación prospectiva, convertida en hoja de ruta, permite pensar, planear y priorizar el desarrollo económico y social para alcanzar el progreso y la justicia social que dignifique las condiciones de vida de los cordobeses.

La Agenda Córdoba 2052 inicia con un diagnóstico social, económico y ambiental del Departamento, donde identifica y explica los factores que inciden en la baja productividad, competitividad y desarrollo humano; entre los que podemos mencionar: 1. Un tejido productivo poco complejo, diverso y de baja productividad, que hace de Córdoba, uno de los departamentos con bajos ingresos per cápita 2. Poco aprovechamiento de la conectividad departamental. 3. Interdependencias económicas limitadas a las proximidades geográficas del Departamento; es decir, pocas relaciones con los principales mercados nacionales e internacionales. 4. Alta informalidad y baja productividad. 5. Formación del talento humano, a través de la ampliación de cobertura en educación técnica, tecnológica y universitaria en condiciones de calidad y pertinencia. 6. Priorizar la sostenibilidad ambiental como un factor de competitividad.

Estos factores, identificados en el diagnóstico, visualizan las apuestas e intervenciones en materia de planificación y diseño de políticas públicas. Es paradójico que un territorio como Córdoba; con amplias ventajas comparativas, brindadas por la naturaleza, tenga bajos niveles de productividad y competitividad, en donde la mayor parte de su población está sumergida en la pobreza, en especial los jóvenes, afectados por la complejidad y adversidad social, impidiendo construir oportunidades de formación y empleo como medios que generen la movilidad social y superación de la pobreza.

Sin duda alguna, esta apuesta de transformación y desarrollo requiere de la acción decidida de la institucionalidad pública y privada, incluyendo la academia como actor central, representada en las universidades. No podemos continuar repitiendo la vieja tradición de recurrir a los expertos cuando las cosas no andan bien; con la particularidad de traer expertos de otras latitudes geográficas y presentarlos como mesías y redentores; cuando una de nuestras fortalezas como territorio es la construcción de capacidades científicas e intelectuales. Hago referencia a los expertos, sin desconocerlos, pero es recurrente en Córdoba acudir a ellos en momentos de crisis, como la tragedia invernal recientemente vivida, para impulsar los indicadores de competitividad.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 30 de abril de la presente anualidad, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución No. El 011572 otorgó a la Universidad de Córdoba el registro calificado para ofrecer el Programa Académico de Medicina, por un término de siete (7) años. Este logro es resultado del trabajo en equipo de una comunidad académica integrada por profesores, profesoras y directivos, con el acompañamiento y asesoría de la Facultad de Medicina de la «cuasi bicentenaria» Universidad de Cartagena.

Este resultado académico hace parte de un pensamiento universitario construido de manera autónoma y centrado en la ciencia, la ética y la estética; orientador en la última década del destino de la alma mater cordobesa. Pensamiento universitario impulsor de transformaciones institucionales alrededor de la tarea misional y una forma de pensar y concebir la universidad; la que ha estado siempre en sintonía con las necesidades de formación e investigación del territorio.

Consecuentemente, impulsando el fortalecimiento, la transformación académica, científica y humana de la Universidad. En esta dirección, nuestra apuesta ha sido, diversificar la oferta académica de pregrado y posgrado, pertinente con las demandas de formación; de esta forma, se alcanzó la acreditación y reacreditación institucional de alta calidad. Hoy contamos con 11 especializaciones, 26 programas de maestría y 7 doctorados; además, 7 nuevos programas académicos de pregrado, incluyendo medicina.

Los programas de Medicina, Bacteriología, Enfermería Profesional, Regencia de Farmacia, Administración en Salud, maestría en Salud Pública y doctorado en Medicina Tropical; constituyen la Facultad de Ciencias de la Salud. La construcción del documento de condiciones iniciales para acceder al registro calificado del Programa de Medicina, demandó un liderazgo planificado y autónomo, nacido desde nuestra comunidad académica y soportado por profesores y profesoras que aportaron tiempo, experiencia e inteligencia para hacerlo posible; como ya se dijo, con la asesoría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Fueron dos años de trabajo continuo, sumado a las capacidades institucionales en materia de infraestructura física, tecnológica y humana en los últimos años; además, los convenios de docencia y servicio con la Red Hospitalaria de la Región, quienes, de forma voluntaria, contribuyeron con la formalización de los mismos.

Todas estas capacidades, hacen posible la construcción, registro calificado y puesta en funcionamiento del Programa de Medicina; disciplina en la que formaremos científica, académica y humanamente las presentes y futuras generaciones de jóvenes; especialmente, la juventud marginada y excluida que habita en la ruralidad geográfica del Departamento; por ello, de 40 cupos habilitados por semestre; 20 los asignaremos a este grupo poblacional; es decir, aplicaremos un factor diferencial; esto, con el compromiso de que, al graduarse como médicos; deben regresar por un tiempo determinado a sus comunidades de origen y aportar sus conocimientos.

En este sentido, uno de los énfasis y características distintivas del médico formado en Unicórdoba es la salud preventiva y las enfermedades tropicales. Lo anterior, teniendo en cuenta la experiencia y el acumulado científico que la Universidad ha construido en las últimas décadas en materia de investigación en enfermedades tropicales y atención primaria en salud. Por ende, nuestros egresados tendrán una sólida formación en promoción, mantenimiento de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad.

En este orden, hay que reconocer el liderazgo del Ministerio de Educación en la apuesta de política pública para abrir programas de ciencias de la salud; en especial, medicina en las universidades públicas Tradicionalmente, este programa académico ha estado concentrado en las grandes ciudades y en sectores sociales con mayor poder adquisitivo; debido a los elevados costos de la matrícula. Tener un programa de medicina en una universidad de región como Córdoba, es una de las formas de superar barreras sociales y económicas construidas desde una lógica predeterminada que, condena y excluye a amplios sectores de la sociedad y la oportunidad para construir derechos y dignidad de manera justa. La educación construye dignidad; a la vez, permite observar el mundo desde un mejor horizonte.

Con este nuevo programa académico, la Universidad de Córdoba reafirma su responsabilidad y compromiso por la formación académica, científica y humana de la juventud cordobesa; una educación para formar y transformar seres humanos y construir un presente más justo y equitativo.

Por: Erasmo Elías Zuleta Bechara*

Gobernador del departamento de Córdoba

En un mundo en constante transformación, la competitividad dejó de ser una opción para convertirse en una condición indispensable para avanzar. Los territorios que logran fortalecer sus capacidades institucionales, productivas y sociales son los que generan más oportunidades, atraen inversión y elevan la calidad de vida de sus habitantes.

Por eso resultan valiosas iniciativas como las del Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, que cada año elaboran distintos índices nacionales de competitividad. Estas herramientas permiten identificar fortalezas y desafíos en cada región, y ofrecen información clave para orientar decisiones tanto del sector público como del privado.

En esa medición, Córdoba ha mostrado avances importantes. En el Índice Departamental de Competitividad, cuya escala va de 0 a 10, el departamento pasó de 4,23 en 2021 a 4,59 en 2025. Aunque a primera vista puede parecer un aumento moderado, representa un progreso significativo si se tiene en cuenta que el mayor puntaje del país, correspondiente a Bogotá D.C., es de 8,13.

Estos resultados reflejan que Córdoba está avanzando. Y avanzar en competitividad significa mejorar las condiciones de vida de la población. Las cifras recientes respaldan esta tendencia. Entre 2024 y 2025, la tasa de desempleo del departamento se redujo de 10,9 % a 10,5 %. La cobertura del servicio de acueducto aumentó de 72,04 % a 74,1 %, mientras que el acceso al servicio de energía eléctrica alcanzó el 100 %. A ello se suma un hecho especialmente relevante: en 2025, los estudiantes cordobeses alcanzaron los mejores resultados históricos en las Pruebas Saber 11.

Conscientes de que la competitividad debe ser una política de largo plazo, dentro de la Agenda Córdoba 2052 —construida junto a la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la academia y sector productivo del departamento— hemos establecido una alianza estratégica con la Universidad del Rosario y su Centro de Estudios para la Competitividad Regional (SCORE). El propósito es construir una agenda subregional de competitividad que involucre a todos los actores del territorio, porque la competitividad no es exclusiva de las grandes ciudades o de las grandes empresas, también depende de los pequeños productores que deben avanzar hacia la formalización, de los emprendedores con potencial exportador, de los jóvenes que se preparan para el mercado laboral y de las comunidades que apuestan por la innovación y el desarrollo.

A partir del 12 de mayo se iniciará una agenda territorial y sectorial que permitirá fortalecer la articulación entre instituciones, gremios, academia y ciudadanía. Este proceso busca que cada sector comprenda su papel en la construcción de un departamento más productivo y con mayores oportunidades. Si cada política pública se diseña, financia y ejecuta con una visión orientada a la competitividad, estaremos sentando las bases de un futuro más próspero para todos. Córdoba tiene un rumbo claro. Y ese rumbo es el del progreso, la productividad y la competitividad. Córdoba está en sintonía con la competitividad.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026; participé en calidad de panelista en el conversatorio «Del privilegio al derecho»; el nuevo modelo de formación de alto nivel para la democratización científica en Colombia. Espacio donde compartimos reflexiones alrededor de la investigación científica y, en particular, los esfuerzos para formar el capital humano a nivel de maestrías y doctorados.

Cabe señalar, que es necesario retomar el informe elaborado por la última Misión de sabios; quienes formularon unas apuestas en materia de ciencia, tecnología e innovación. La Misión definió 8 focos estratégicos que Colombia debe trabajar; a saber: biotecnología, bioeconomía y medio ambiente. Ciencias de la vida y la salud. Energía sostenible. Océanos y recursos hidrobiológicos. Ciencias básicas y del espacio. Ciencias sociales, desarrollo humano y equidad. Industrias creativas y culturales; además, Tecnologías convergentes e industrias 4.0. Sectores estratégicos para el desarrollo, en donde debe centrarse el esfuerzo en investigación e innovación. Para ello, es inevitable construir capacidades científicas, tecnológicas y humanas; de esta forma, fortalecer las existentes.

En este orden, el país debe ser autosuficiente y autónomo en conocimiento básico para alcanzar un desarrollo económico; de este modo, poder disputar posiciones relevantes en la economía global. Consecuentemente, necesitamos desarrollar tecnologías propias. Como ya se dijo, continuar aumentando los recursos públicos en ciencia, tecnología e innovación; por lo tanto, una educación para la diversificación económica, que incluya nuevas industrias tecnológicas; formación de un capital humano que permita transitar a una verdadera sociedad del conocimiento.

La inversión total en investigación y desarrollo es de 0.24% del PIB; la meta es llegar a 1.5% del PIB en ciencia tecnología e innovación; no hacer esta inversión, es continuar rezagados en productividad y progreso social. Invertir para el futuro, va de la mano con la formación de capital humano en los niveles de maestrías y doctorados; especialmente en formación doctoral; nivel para formar investigadores en áreas estratégicas y pertinentes para el desarrollo.

En este sentido, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha venido avanzando con convocatorias públicas; soportadas en un modelo más público, equitativo y regionalizado con formación de capital humano de alto nivel; lo que permite democratizar el acceso; históricamente concentrado en pequeñas minorías o elites académicas; además, condensado en regiones del país; en particular: Bogotá, Antioquia y Valle de Cauca con el 60% de la oferta de formación doctoral. El esfuerzo de Minciencias, adquiere sentido cuando observamos que Colombia tiene un rezago en formación doctoral; solo 19 doctores por cada millón de habitantes. Estos datos los comparamos con países de la región, como Brasil, con 107 doctores por millón de habitantes; Chile, con 45 doctores por millón de habitantes; Argentina, con 41; y países de Europa, como España, con 233 doctores por millón de habitantes y Portugal, con 221 doctores por millón de habitantes.

Asimismo, el liderazgo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha sido, continuar la política pública de formación de capital humano, a través de convocatorias públicas financiadas; de esta forma, pasamos del privilegio al derecho para la juventud colombiana con enfoque territorial. En esta misma línea, las universidades colombianas hemos construido capacidades con más de 400 programas de formación doctoral, pertinentes a las necesidades de los territorios.

Dado lo anterior, es necesario replantear la destinación de los recursos de regalía en actividades de ciencia, tecnología e innovación; actualmente, se destina el 10% de las regalías; la Misión propone elevar ese porcentaje al 25%. Estos recursos se destinarían a educación con atención integral para menores de cinco años de las Regiones. Financiación de centros e institutos de innovación e investigación para las regiones; lo cual permitiría la formación de magíster y doctores. Necesitamos políticas públicas de Estado en materia de ciencia, investigación y desarrollo para hacer del conocimiento un derecho y no un privilegio.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

En días recientes, los medios de comunicación difundieron una información relacionada con los salarios de algunos profesores de la Universidad de Sucre; observando valores excesivos en comparación con el resto de profesores del Sistema Universitario Estatal; esta información generó un sentimiento moral de indignación y rechazo por parte del estamento estudiantil; exigiendo explicación y respuestas a los directivos del ente universitario.

Este tema, copa la atención de la comunidad académica y la opinión pública; lo que requiere, asumirse y explicarse con responsabilidad y veracidad. Para ello, debemos ilustrar la comprensión del mismo.

El Decreto 1279, expedido el 19 de junio de 2002; tiene el siguiente campo de aplicación: en las universidades estatales, a quienes se vinculen a través de concurso público de mérito como empleados públicos docentes, el mencionado decreto establece los factores para asignación de puntos salariales de la remuneración inicial; es decir, salario de enganche. Esta remuneración mensual inicial se establece multiplicando la suma de los puntos adquiridos en su hoja de vida, por el valor del punto. Los factores valorados son: títulos profesionales, estudios universitarios, la categoría dentro del escalafón docente, la experiencia calificada, y la productividad académica (libros, capítulos de libros, obras artísticas, software, artículos científicos, entre otros).

En ese orden, este marco normativo y legal establece el procedimiento que define la remuneración salarial de los profesores de las universidades oficiales; el cual es coordinado y liderado por el Comité Interno de Asignación de Puntaje, Ciarp. de cada universidad. La intención y espíritu del 1279; no solo es permitir salarios dignos, acordes al nivel de formación profesional; sino un estímulo e impulso para la producción académica, cultural, tecnológica y científica que aporte con criterios de pertinencia en la transformación social y económica de los territorios; espíritu desvirtuado en muchas ocasiones con «producción de nuevos conocimientos» sin aportes e impactos en las dinámicas de desarrollo de la ciencia y, mucho menos, en los territorios de influencia. Nuevos conocimientos publicados en revistas depredadoras, sin reconocimiento en el mundo de la ciencia; muchas de ellas, construidas virtualmente para cobrar por publicaciones sin ninguna trascendencia; artículos elaborados por inteligencia artificial, trabajos repetidos, coautorías, entre otras prácticas, validadas como construcción de ciencia; lo que, en la práctica, no es más que una caricatura degradante de mercantilizar la ciencia y la producción de conocimiento.

Ahora bien, esta conducta no podemos generalizarla; en las universidades públicas tenemos profesores e investigadores que hacen investigación científica con rigor y calidad académica; de esta forma, generan patentes, prototipos, libros y artículos científicos publicados en revistas de alto impacto y citados por la comunidad científica. En este sentido, el tema debe asumirse con responsabilidad y criterio selectivo.

El tema es amplio y profundiza una discusión planteada y deliberada en la comunidad académica; no solo legal; sino ética. El 1279, no es el problema, sino la regulación y aplicación, manipulada y abusada sistemáticamente; en consecuencia, estamos frente a una conducta éticamente reprochable; al mejor estilo de la tradición latina «hecha la norma, hecha la trampa»; sin reparo y sin escrúpulo; es decir, actuaron sin principios éticos. Por supuesto, en el caso de la Universidad de Sucre, a los profesores señalados, debe dárseles las garantías del debido proceso y presunción de inocencia; además, los organismos de control deben adelantar las auditorías correspondientes para determinar las responsabilidades respectivas.

El debate está abierto y requiere, en el marco de la autonomía universitaria; la crítica y autocrítica. No es tapando y ocultando la complejidad, la forma de resolver el caso; sino asumiéndola con responsabilidad y ética profesional para corregir y no repetir. Necesitamos una regulación del 1279 con límites, rigor y calidad en la producción científica. La esencia de la universidad es la ciencia y debe reafirmarse en ella para no perecer; para ello, debemos difundirla con pertinencia, criterio social y condición humana sin mercantilismo.

Por: Erasmo Elías Zuleta Bechara

Gobernador del departamento de Córdoba

“Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia”, afirmaba Nelson Mandela. Y lo que ha sucedido en los últimos años en Córdoba representa el mayor acto de justicia sobre sus habitantes: entre el año 2024 y el 2025 la pobreza multidimensional (PM) disminuyó 5,9 puntos porcentuales (PP), la segunda mayor caída en el país durante ese periodo, y se encuentra en su menor nivel desde el año 2018, alcanzando un 19,8%.

Solo para recordar: hace 7 años el nivel de PM era de 34,4 % y hace 2 años era de 21,4 %. ¿Y qué significa disminuir el índice de PM? Significa que los cordobeses pueden acceder más fácilmente a servicios de acueducto, que las condiciones laborales han mejorado, significa que el hacinamiento de nuestros hogares ha disminuido y que las condiciones educativas de nuestros jóvenes han progresado.

Hace falta mucho por mejorar, pero ciertamente el departamento avanza en la dirección correcta. Mientras la tasa de desempleo departamental en 2023 fue del 12,1 %, en 2025 fue del 10,5 %. Esto significó que, entre otras, el departamento pasara de tener 765 mil ocupados en 2023 a 818 mil en 2025, creciendo durante el periodo el número de empleados en sectores tan importantes como el agropecuario, el de turismo y el de transporte. Más empleos significan más ingresos y mayor bienestar para los cordobeses al permitirles contar con los recursos necesarios para vivir mejor.

Y la encuesta de calidad de vida del DANE también da cuenta de mejores condiciones para los cordobeses. Por ejemplo, mientras en déficit habitacional, que es un indicador de las deficiencias de carácter estructural y no estructural de las viviendas en el departamento, fue de 60,6 % en 2022, para 2025 este fue de 55 %.

Un comportamiento similar se presentó en los servicios públicos esenciales. Entre 2023 y 2025, 19 mil hogares más del departamento pudieron acceder al servicio de recolección de basuras, 16 mil hogares más pudieron acceder al servicio de acueducto, 10 mil hogares más pudieron acceder al servicio de alcantarillado y 32 mil más al servicio de energía. Y en acceso a internet no estamos atrás: mientras en 2023 tenían acceso 276 mil hogares, en 2025 tuvieron acceso 361 mil hogares, es decir, 85 mil más.

Estos resultados, entre otros muchos a ser informados en los próximos días por parte de mi administración, son el resultado de la interacción de todos los estamentos sociales del departamento: del sector público, del sector privado, de los empresarios, de los trabajadores, de la academia, de los docentes, de los estudiantes y de todos los cordobeses.

El único camino que le espera a Córdoba es el camino del progreso.

Posdata: Aprovecho este espacio para invitar a todos los colombianos y extranjeros a asistir a la Feria Nacional de la Ganadería en su versión 64, a celebrarse en Córdoba entre el 5 y el 15 de junio. Este es un espacio que reúne lo mejor del departamento: arte, cultura, folclore, gastronomía, negocios y esparcimiento.

¡Córdoba, lo tiene todo!