Categoría: Opinión

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador del Departamento de Córdoba y Presidente de la Federación Nacional de Departamentos.

Finalizada la Cumbre de Gobernadores “Caribe energético, oportunidad, sostenibilidad y futuro”, realizada hace unos días en la ciudad de Riohacha, La Guajira, la principal conclusión fue solicitar al Estado colombiano (y el Estado somos todos) no estigmatizar los proyectos de exploración ni explotación del sector minero-energético y, por el contrario, apoyarlos. Esto no significa una renuncia a un proceso de transición energética planeado y ordenado, sino que, por el contrario, es inherente a la misma transición.

Mientras en las principales economías del mundo aún se debate el ritmo de disminución de la oferta y demanda de combustibles fósiles, en medio de continuos cambios de posiciones políticas al respecto, en Colombia los indicadores de desigualdad y pobreza no dan tregua. Y si aún el país cuenta con recursos minero-energéticos por extraer, y el precio de estos hace viable su comercialización y la obtención de recursos para combatir la pobreza, ¿por qué renunciar a estas actividades?

Mientras en Colombia parece impulsarse cierta estigmatización en contra del sector, los ilegales lo aprovechan. Hace poco, la revista The Economist afirmaba que, para muchas bandas criminales, la extracción ilegal de oro constituía un mejor negocio que el narcotráfico y que, en el caso colombiano, casi la totalidad de las exportaciones de este mineral eran ilegales.

La materialización de la falta de apoyo hacia el sector minero-energético se siente en los territorios, a través de las regalías que estos reciben y con la proyección de estas hasta 2034. De conformidad con el Plan de Recursos del Sistema General de Regalías, el cual contiene una proyección de las fuentes de financiamiento del sistema a diez años, los recursos de regalías pasarían de COP$12,7 billones en 2025 a COP$6,3 billones en 2034 a nivel nacional, lo que representaría una disminución del 50 % en términos nominales. Para el caso del departamento de Córdoba, los recursos pasarían de COP$388 mil millones en 2025 a COP$241 mil millones en el mismo periodo, lo que representaría una disminución del 38 %.

Esta disminución en los recursos de regalías tendrá efectos directos en las inversiones sociales que se puedan realizar en los territorios.

En los países nórdicos, la exploración y explotación minero-energética ha sido motor de desarrollo durante décadas, y los Estados Unidos pasó de ser importador a exportador de petróleo en los últimos años. Ellos ven el sector minero-energético como motor de desarrollo y progreso. De estas buenas prácticas deberíamos aprender en Colombia, y no dejar la riqueza de estos recursos enterrada o en manos de organizaciones ilegales.

Con tantas necesidades, diferentes pueden ser los usos de los recursos de regalías. Por ejemplo, podrían reinvertirse en otros sectores económicos generadores de ingresos que, a futuro, sustituyan a las mismas regalías, como el turismo. Así lo vienen realizando los países de Oriente Medio, pensando en diversificar sus economías. Nosotros también podríamos hacerlo.

Los recursos que se dejan de recibir por regalías son recursos que se dejan de invertir para combatir la pobreza y la desigualdad del país.

*Gobernador del Departamento de Córdoba y Presidente de la Federación Nacional de Departamentos.

Por: Jairo Torres Oviedo.
Rector de la Universidad de Córdoba.

Las relaciones internacionales históricamente marcada por ciclos de guerra y paz; dominada por potencias expansionistas y colonialistas; como el caso de Inglaterra en el siglo XIX y Estados Unidos en el XX; este último siglo, denominado por Habermas: “nuestro breve siglo veinte”, caracterizado por la Primera y Segunda Guerra Mundial, sin dejar a un lado la Guerra Fría; fueron acontecimientos que definieron la historia y configuraron un nuevo orden internacional determinado por el poder y supremacía de los Estados Unidos, como uno de los amos del mundo; al lado de Rusia, China e Israel. Este último, toma relevancia con Donald Trump, un presidente con liderazgo autoritario poniendo en crisis la estabilidad democrática de norteamérica y occidente. Es importante comprender, que pese al carácter autoritario, egocéntrico y xenofóbico de Trump; la democracia norteamericana está cimentada, no solo sobre la base de una estable constitución redactada en el año 1787, que representa el pacto que funda la nación americana; complementada con una riqueza nacional, amplia clase media, sociedad civil organizada, división de poderes y sólidas reglas democráticas; condiciones que garantizan la estabilidad y sostenibilidad de un sistema democrático. Cuando estas condiciones son inexistentes, un sistema democrático es débil y vulnerable. Lo que viene sucediendo en EE. UU., pone a prueba estas condiciones. En este sentido, la lógica del poder del gobierno Trump; poco analizada en el debate público colombiano; está centrada en la estrategia de generar miedo y mover la ciudadanía hacia una dirección; respondiendo al talante de quien ejerce el poder de forma autoritaria; la naturaleza del poder autoritario consiste en tratar de someter la voluntad de los otros, a la voluntad de quien lo ejerce; desconociendo las reglas de funcionamiento del orden democrático; no solo en E.E. UU., sino en las democracias occidentales.

No hay que olvidar, que la era Trump y quienes lo acompañan, responden a un grupo de poderosos billonarios, que reivindican y defienden la supremacía del hombre blanco americano; bajo la consigna: “América para los americanos”; línea de conducta con la cual gobiernan a Estados Unidos, y a la vez, orientan la política internacional. Como evidencia, tenemos, los decretos presidenciales en materia de persecución y repatriación de inmigrantes, cierre de la frontera con México, aumento de aranceles a las importaciones, negación del cambio climático, iniciativas de neocolonialismo frente a Canadá, Groenlandia, Panamá y menosprecio por América Latina. Además, el poyo a Ucrania en la guerra con Rusia, alianza con Israel; permitiendo y avalando el genocidio contra Palestina en la Franja de Gaza; aliado de Israel bombardeando a Irán. Asimismo, amenazan con sanciones económica a quienes desconozcan sus orientaciones, imposición de condiciones para que los países pertenecientes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) incremente aportes para el fortalecimiento armamentista de la alianza atlántica; inclusive, amenazando a España si no hace los aportes a la OTAN; es decir, pisoteando la autodeterminación y soberanía de los Estados. Sorprende que, la Europa que gestó la Ilustración, el Renacimiento, la Revolución Francesa, el Enciclopedismo; asuma una posición sumisa y enajenada a uno de los amos del mundo.

Este es el escenario en el que se mueve la geopolítica internacional; con el resurgimiento de nuevos nacionalismos centrados en la supremacía racial y la negación de los principios esenciales de la democracia liberal. El gobierno Trump, amplía la percepción creciente de que la democracia está en un período de retroceso en el mundo, en donde los casos abundan por toda la geografía global. Para Larry Diamond, una de las autoridades académicas en teoría de la democracia, considera que nos hemos internado en un período de recesión democrática. Y con ello, el resurgimiento de todas las formas de autoritarismo; en particular, el impuesto por EE. UU., ordenando una lógica de poder única y supremacista, que reivindica una sola visión y forma de ver el mundo; determinando el presente y futuro de las democracias y las relaciones internacionales.

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El Departamento de Córdoba, fundado un 18 de junio de 1952, celebra 73 años de vida; emergió de una tierra que ha construido su propia historia y cultura, en medio de los desencuentros, complejidades y sueños compartidos. El reto que hoy nos asiste, es continuar formando una conciencia en las generaciones presentes; de esa forma que, se pueda crear una identidad que defina quienes somos y de dónde venimos; con la noble intención de amar, cuidar y jalonar su progreso. Es la ocasión para reflexionar sobre el presente del Departamento, en medio de adversidades y potencialidades. En este sentido, prevalece la capacidad de resiliencia para sobreponerse a las complejidades de un contexto cambiante; superar esas adversidades con carácter; a la vez, edificar un presente más justo y equitativo. Sin duda, esta es una oportunidad para pensar el pasado y presente construido con el empuje de su gente; de tal forma, que podamos cerrar las brechas sociales que aún subsisten en nuestro medio geográfico y cultural. Cabe mencionar la preocupación de la dirigencia política al lado de la institucionalidad; el trabajar por la dignidad humana de los cordobeses, como una de verdadera forma de reafirmar nuestra identidad. Esta tierra que nos vio nacer y crecer, ha sido privilegiada por la naturaleza, la que siempre ha contado con una gran riqueza natural biodiversa y pluricultural, se valora por su posición estratégica para incrementar el desarrollo y competitividad del territorio.

Lo anterior, está representado en cada Subregión del Departamento; en primer lugar: la Costanera, denominada por sus habitantes, el Caribe cordobés, la cual cuenta con 124 kilómetros de costa sobre el Mar Caribe, con potencialidades para el turismo, la pesca y desarrollo portuario. El sur de Córdoba, subregión que cuenta con que el 60% de los bosques húmedos tropicales, como lo es, Parque Nacional Natural Paramillo; donde nacen los Ríos San Jorge, Sinú, Manso, Esmeralda y Verde; considerado una estrella fluvial y fábrica de agua que abastece la mayoría de los municipios del Departamento; igualmente, una riqueza minero energética. En este orden, el Bajo y Medio Sinú; la Subregión Sabanera y la ciudad capital, Montería, muestran el potencial económico, cultural y social; aspecto representativo del Departamento de Córdoba. Sumada a esa riqueza natural, encontramos la diversidad cultural, expresada en el arte, la cultura, la música y todas las expresiones culturales que definen la identidad de los cordobeses. Además, la gastronomía diversa en olores y sabores que expresan el sentir de la gente que puebla este espacio geográfico. Sin duda, vivimos en un pueblo bueno, que ha hecho de la resistencia y resiliencia una forma de lucha para no claudicar; en estos radica nuestra grandeza.

El desafío y apuesta de presente, es incrementar los niveles de productividad y competitividad para avanzar en la lucha contra la pobreza. El presente de Córdoba esta ligado, especialmente a los jóvenes; quienes no han podido acceder a las oportunidades de formación y empleo como medios de movilidad social; de acuerdo con el diagnóstico de la Agenda Córdoba 2052, el Departamento tiene una población menor de 15 años mayor que otras regiones del país, pero su fortalecimiento dependerá de las oportunidades para dignificar sus vidas; en consecuencia, para mejorar la productividad económica y competitiva; por ello, necesitamos profundizar la formación académica de los jóvenes que representan el presente del Departamento.

En este sentido, la Agenda Córdoba 2052 indica la transformación social y humana del Departamento, que apunta al reconocimiento y potenciación de las ventajas comparativas en cinco grandes apuestas productivas: clúster cárnico, agroindustria, turismo, minero-energético y tecnologías. En este orden de ideas, el diagnóstico presentado permite construir de manera participativa la agenda prospectiva; priorizando sectores estratégicos, recursos financieros, enfoques y lógicas de desarrollo; que jalonen el progreso social y humano del territorio. Es necesario impulsar esta apuesta visionaria y moderna del desarrollo, con un criterio incluyente de los actores del territorio; en particular, la academia. Por consiguiente, Unicórdoba reafirma su compromiso, poniendo al servicio de la sociedad, la ciencia y el conocimiento para un mejor mañana. Nuestro deber institucional es Córdoba y su gente; que es lo que hemos venido haciendo en los últimos 61 años; contribuyendo a delinear y dibujar la historia de nuestra tierra. Feliz cumpleaños… tierra querida.

Por Ricardo Ernesto Villa Sánchez
@rvillasanchez

“Si los hermanos del corazón del mundo se matan entre sí, no habrá Paz en el mundo.”
—Gustavo Petro Urrego

El silencio de los fusiles puede anunciar una guerra nueva o una ventana de oportunidad para la reconciliación. Esta vez, desde lo alto de la Sierra Nevada, un grupo armado con fuerte presencia territorial ha declarado un cese unilateral al fuego. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, han puesto sobre la mesa un mensaje directo: están dispuestas a conversar. Y el Estado debe escuchar, con atención, sin ingenuidad, pero también sin arrogancia. Diálogo social, diálogo de saberes, de buena fe.

El momento exige reflexión. ¿Qué significa realmente este gesto en uno de los territorios más complejos del país? La pregunta sería clara: la paz que se construye en el Gobierno del Cambio no puede limitarse al desarme ni a la desmovilización; debe ser una transformación estructural, real, territorial y participativa. En otras palabras, no basta con que cesen las balas. Tiene que cambiar la forma en la que el Estado se relaciona con el territorio, con las comunidades y con la legalidad.
La Sierra Nevada ha sido olvidada, intervenida selectivamente, y capturada por poderes armados durante décadas. Su geografía sagrada y biodiversa ha sido también campo de guerra, narcotráfico, contrabando, minería ilegal, control social y silencios impuestos. Por eso, que desde allí se proponga un espacio de conversación, por precario que parezca, no puede ser ignorado.

El enfoque no parte de una negociación política entre pares. No se trata de legitimar estructuras armadas, sino de abrir un espacio sociojurídico con fines claros: desmantelamiento, sometimiento a la justicia y justicia restaurativa. El Estado no puede presentarse únicamente con la fuerza pública. Debe llegar con inversión social, institucionalidad legítima, garantías de participación y protección para quienes se acojan al proceso.

Este tipo de conversaciones no son para premiar a los armados, sino para desmontar sus redes de control y ofrecerle al territorio un camino diferente. La prioridad no es lo que se pacte en una mesa, sino lo que se transforma en la calle, en la escuela, en el hospital, en la montaña. La Paz es la transformación del territorio, con la participación de la sociedad en su conjunto.

La paz que se espera no es un favor. Es un derecho fundamental. Y como tal, es responsabilidad del Estado garantizarla desde sus tres ramas del poder público, no solo desde el Gobierno. El Congreso debe legislar con enfoque territorial; la justicia debe actuar con mecanismos eficaces de transición, sanciones equitativas y segundas oportunidades para el acogimiento a la justicia y la reconciliación; y el Ejecutivo debe implementar sin dilación políticas públicas que devuelvan dignidad.

Las comunidades, por su parte, no deben ser observadoras sino protagonistas. En este tipo de procesos, la concurrencia de actores es vital. No solo las autoridades nacionales y locales, sino también organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, defensores de derechos humanos, Iglesia y cooperación internacional deben tener voz, veeduría y compromiso.

Porque este proceso —si avanza— no será sostenible sin una inversión social sostenida en la Sierra Nevada. Sin escuelas, hospitales, vías, acceso a tierra, cultura de paz, justicia y oportunidades reales para los jóvenes, la paz no pasará del papel a la vida.

La historia nos lo ha enseñado con dureza: los firmantes del Acuerdo de 2016 fueron asesinados, estigmatizados, desplazados porque se quedaron esperando esas garantías, mientras hacían trizas la Paz. No se puede repetir el error. Es clave acá una zona de ubicación temporal que vaya dirigida a un pacto territorial para una región de paz.

El cese unilateral al fuego, en este caso tan breve, ojalá se extiende a un cese multilateral al fuego sobre todo entre los grupos en disputa territorial, y sea definitivo, como lo planteó el señor presidente en X. Además, debe ser visto como un primer paso hacia la creación de un nuevo pacto territorial, una agenda compartida de paz en el territorio, que reconozca las particularidades de la Sierra, su gente y su historia. Un pacto que no se escriba en Bogotá, entre gente que piense que nosotros somos esclavos de los tiempos del Caribe, del “sí pero ajá”, sino que se construya desde los senderos de la memoria, del pensamiento crítico, la resistencia, el movimiento social campesino y ancestral, las mujeres, y el liderazgo sentipensante del Magdalena, La Guajira y el Cesar, donde habita la esperanza.

Esta no será una paz exprés. Tampoco será simple. Pero puede ser un hito si se construye con valentía, con responsabilidad, sin ambigüedades, segregación ni sectarismo, y con verdad. Lo importante es que no se negocie desde el miedo ni desde el oportunismo, sino desde una ética democrática que ponga en el centro la vida, la justicia y la dignidad.

Hoy, más que nunca, el balón está en la cancha de la Paz Total. No en los discursos, sino en los actos. No en las intenciones, sino en las decisiones. Porque una tregua puede ser un espejismo o un punto de partida. Y esta vez, no hay margen para fallar. La coyuntura es propicia, hay voluntad e iniciativa, es necesario avanzar en la hoja de ruta que se concerte con hechos concretos.
Adenda: Les comparto con agrado mi tema: Es mi Sierra Nevada. Aún inédito: https://youtube.com/shorts/ubQd7DoLFuc?si=DqxX9h1F1Fudp1iu

Por: Jesús Mora Diaz

En un panorama musical donde lo urbano gana terreno y las fusiones mandan la parada, hay voces que se levantan como resistencia noble y elegante, voces que no solo cantan, sino que evocan. Una de esas es la de Mario Cerchar, joven cantante guajiro que hoy se perfila como una de las grandes promesas del vallenato clásico, gracias a una interpretación que recuerda, con inevitable nostalgia, al inolvidable Jorge Oñate, el Jilguero de América.

Pero lo de Cerchar no es simple imitación: es simetría emocional. Su tono de voz guarda un asombroso parecido con el de Oñate, sí, pero es su capacidad para imprimirle a cada verso una carga de autenticidad, temple y modernidad lo que marca la diferencia. En sus presentaciones, la nostalgia no se ancla al pasado, sino que se transforma en una fuerza viva que atrae a nuevas audiencias sin traicionar la esencia del género.

Al lado de Jesús “Chucho” Ocampo Ospino, acordeonero laureado con coronas como Rey Vallenato Infantil 2006 y Rey Aficionado 2015, Cerchar ha encontrado un complemento perfecto. Juntos conforman una fórmula que no solo respeta los pilares del vallenato —el canto sentido, el verso bien dicho, la melodía de acordeón bien ejecutada— sino que además le imprime vitalidad, energía escénica y una estética que conecta con las nuevas generaciones.

Cerchar no canta para competir con las modas. Canta como quien rinde homenaje, como quien lleva en su pecho una misión: mantener encendida la llama del vallenato auténtico. “No basta con cantar bonito —ha dicho en varias entrevistas—, hay que sentir cada canción como si fuera la historia de uno mismo”.

Y eso se nota. En su repertorio, que mezcla composiciones propias con clásicos de la vieja guardia, hay una narrativa coherente: la del joven que conoce sus raíces, las honra y las transforma en vehículo para enamorar nuevos públicos. Su voz, cálida y profunda, no necesita excesos para estremecer; basta con que suene un par de versos para que el público, de cualquier edad, sepa que está frente a un artista distinto.

El futuro del vallenato necesita referentes que miren hacia adelante sin olvidar de dónde vienen. En Mario Cerchar hay una síntesis poderosa: herencia y renovación. Con él, el eco del Jilguero no solo se mantiene vivo, sino que se proyecta hacia una nueva era donde la tradición y la juventud pueden coexistir.

Y en ese canto que se niega a morir, está también la promesa de que el vallenato, como cultura viva, todavía tiene muchas historias que contar.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

La sociedad colombiana continúa repitiendo su diario discurrir de crímenes y demás actos violentos, lo que tiene como catalizador, la incapacidad de convivir en la intolerancia y diferencias entre sí; factor predominante de todas las violencias del país. Desde los inicios de la independencia, y pasando por la construcción de la república, se ha venido construyendo una sociedad fundamentada en conflictos políticos, sociales, económicos y culturales aún no resueltos, que han arrojado como resultado, una violencia perpetua, condenando a la sociedad, a un espiral de muertes.

Para validar lo anterior, es necesario revisar, con detenimiento, la historia de Colombia, en donde los tiempos actuales se han caracterizado por un alto nivel de degradación de la convivencia social. Por ello, es imperioso reflexionar sobre la responsabilidad del liderazgo político; a la vez, observar cómo incide en la transformación y el bienestar social. Como señala el profesor Boaventura de Sousa Santos, cuando se refiere al peso de la historia, pertinente en los actuales momentos de la realidad nacional. El peso de la historia es variable, hay períodos en los que la historia es pesada y en otros liviana. Los períodos pesados generan desalientos, resignación; al parecer, no podemos cambiar, no existen alternativas ni fuerzas que generen opciones. Las generaciones que viven en períodos de historia pesada, se denominan huérfanas. Lo anterior, para hacer referencia a la generación que emerge a partir de los años 90; no solo en Colombia, sino a nivel global; una época de cierre, definida por Fukuyama como el «fin de la historia», fin de una época. Un mundo sin posibilidades, un mundo sin futuro; lo que trajo como consecuencia, un período de la historia huérfano en comparación con las épocas anteriores.

Para comprender lo dicho, basta revisar la historia colombiana y reflexionar, cómo la generación que antecedió a la década de los 90 se caracterizó por su ímpetu y liderazgo utópico para transformar; claro está, fue una época de amplia y masiva politización ideológica, tendiente a materializar determinado modelo de sociedad que, entre otras cosas, no fue posible; pero, condujo a una generación, a un modo de exterminio; en unos casos, planificado, y en otros, como mártires.

Cuando recordamos lo que fue esa generación inaugural que vivenció Colombia y, que las fuerzas oscurantistas y retardatarias de siempre impidieron su ejercicio, su capacidad intelectual y moral como opción transformadora y de cambio; podemos decir que, frenó desde la violencia y la guerra, una generación inaugural, entusiasta y utópica que pudiera desplegar su potencial creativo e innovador; posiblemente, el presente fuera distinto. De ahí que, el atentado criminal al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; al igual, que todo colombiano; merece el rechazo unánime de los estamentos gubernamentales; asimismo, reaccionar frente al tipo de sociedad que estamos viviendo; vivimos tiempos de Posverdades, donde impera una nueva concepción de democracia y debate político, marcado por la ausencia de reconocimiento y respeto por el otro; creando con esto, un escenario de mutua satanización. Asistimos a tiempos de incertidumbres fabricadas; construcción de relatos, narrativas y ficciones que tiene como finalidad, controlar la subjetividad, e imponer nuevos discursos sobre la verdad. En este nuevo escenario, tienen responsabilidad los líderes políticos y los medios de comunicación; solo ello, puede construir un espacio en donde el debate público se caracterice por la prevalencia del mejor argumento; a su vez, este sea lo único permitido y no la violencia.

En estos momentos, donde la historia es muy pesada y nuestra generación está huérfana de cambios, sin alternativas y fuerzas que la impulsen por un camino distinto al pesimismo, a la narrativa del miedo, la desinformación y el desencanto; en estos momentos de polarización, satanización ideológica y mesianismos redentores; es cuando realmente necesitamos liderazgos con ímpetu, visión y entrega, que dignifique el ejercicio de la política y la sitúe al servicio de la vida misma.

Por: Edgardo Miguel Espitia Cabrales

Cuando pienso en Montería, mi corazón se llena de orgullo. Las Fiestas del Río 2025, que acabamos de celebrar, no solo fueron una explosión de alegría y cultura, sino también un reflejo del inmenso potencial que tiene mi ciudad para brillar como un referente de progreso, convivencia y dinamismo económico.

No puedo evitar emocionarme al ver cómo esta tierra, bañada por nuestro imponente río Sinú, se consolida como un ejemplo de lo que se puede lograr cuando la institucionalidad, la ciudadanía y la fuerza pública trabajan de la mano.

Este año, las Fiestas del Río reunieron a más de 45.600 personas en siete eventos principales que hicieron vibrar a la ciudad. No fue solo una celebración; fue una inyección de vida para nuestra economía. Las cifras hablan por sí solas: $1.793 millones en ventas, 2.690 empleos generados —1.300 directos y 1.390 indirectos—, y un impacto directo en el bolsillo de 533 vendedores ambulantes que sumaron ingresos por $319 millones.

El comercio formal, por su parte, reportó ganancias de $1.473 millones. Estos números no son solo estadísticas; son historias de familias monterianas que encontraron en las fiestas una oportunidad para crecer, soñar y prosperar.

Pero más allá del impacto económico, lo que realmente me llena de esperanza es la transformación que estamos viviendo en materia de seguridad. Durante los días de las fiestas, del 29 de mayo al 7 de junio, Montería demostró que es posible disfrutar en grande y en paz. Los homicidios intencionales cayeron un 67%, los hurtos a personas un 78%, la violencia intrafamiliar un 60% y, lo que más emociona es que las lesiones en accidentes de tránsito se redujeron en un 100%.

Estos datos no son casualidad. Son el resultado de un esfuerzo colectivo, de un compromiso entre las autoridades y una ciudadanía que, como yo, cree en el poder de la convivencia.

Estas Fiestas del Río fueron, además de una celebración cultural, un ejemplo de organización, dinamismo económico y convivencia ciudadana. Caminar por las calles de Montería durante esos días fue sentir el pulso de una ciudad viva, donde la música, el arte, la cultura y el talento local se mezclaron con el respeto por los espacios públicos y el orgullo de ser monteriano. Fue una fiesta donde todos, desde los artistas hasta los vendedores, desde los policías hasta los asistentes, pusimos nuestro grano de arena para que el resultado fuera inolvidable. ¡Y sí que lo fue!

Montería está demostrando que no solo sabe celebrar, sino que tiene la capacidad de transformarse. Somos una ciudad que combina la calidez de nuestra gente con una visión de progreso que no deja a nadie atrás. Las Fiestas del Río son solo una muestra de lo que podemos lograr cuando nos unimos.

Imagino un futuro donde este espíritu de colaboración y alegría se extienda a cada rincón de la ciudad, donde sigamos construyendo un espacio en el que la cultura, la seguridad y la prosperidad sean el sello de nuestra identidad.

Como monteriano, me siento más comprometido que nunca con mi ciudad. Las Fiestas del Río 2025 no solo nos dejaron recuerdos felices, sino una certeza: Montería tiene un potencial inmenso, y está en nuestras manos seguir haciéndolo brillar. Sigamos celebrando en paz, con orgullo y con la convicción de que juntos podemos construir la ciudad que soñamos.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 – 2026: Colombia, potencia mundial de la vida, se concibe la educación como un derecho fundamental progresivo, apoyado en cuatro pilares:

1. Educación superior de calidad, pertinente y gratuita, con una apuesta por la ampliación de cobertura.

2. Educación básica y media de calidad, que incluye la formación y vinculación de nuevos docentes, la mejora de condiciones de infraestructura física, reformas curriculares y modificaciones en el sistema general de participación.

3. Plan de alimentación escolar, que garantice la seguridad alimentaria de los niños y niñas dentro del sistema educativo.

4. Educación para la paz y la convivencia.

Estos pilares trazan la hoja de ruta que debe seguir la educación y definen qué se debe hacer. Sin embargo, las estrategias de implementación; especialmente en la educación superior pública, han sido confusas, fragmentadas y carentes de una priorización estratégica. En casi tres años de gobierno, los avances en educación superior pública han sido significativos, pero aún están lejos de alcanzar las metas propuestas. Por consiguiente, podríamos señalar: 1. En materia de ampliación de cobertura, se han logrado 155.000 mil nuevos cupos, frente al objetivo de 500 mil. 2. La construcción de nuevas sedes universitarias regionales ha tenido inconvenientes y lentitud en su ejecución. 3. La Ley de educación presentada al Congreso, no alcanzó los consensos, hundida por el Senado de la República. 4. El proyecto de ley para reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, sin iniciar trámite en plenaria del Senado, postergando con ello, la construcción de un nuevo modelo de sostenibilidad financiera de la universidad pública. 5. Avances en la reconceptualización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad; racionalizando procesos y trámites enfocados a una gestión del fomento de la calidad; es decir, una política de aseguramiento de la calidad centrada en la promoción de la misma, no solo en la inspección y vigilancia como modelo dominante. 6. En cuanto a la gratuidad de la matrícula, convertida en política pública para los estudiantes de escasos recursos económicos. 7. La ampliación de recursos para funcionamiento adicional al IPC ha sido un avance para mejorar las condiciones financieras de las universidades.

Recientemente, el presidente de la república anunció en un encuentro con rectores del Sistema de Educación Superior Público; la destinación de 2.14 billones de pesos para funcionamiento; esto, con el propósito de invertirlos en ampliación de cobertura; con ese apalancamiento financiero lograríamos un avance significativo para acercarnos a la meta de 500 mil nuevos cupos en educación superior.

En este sentido, desde el Sistema Universitario Estatal, SUE, aportamos experiencias y capacidades para lograr ese propósito. Para ello, es necesario un liderazgo amplio y vinculante del Ministerio de Educación Nacional, que involucre de manera concertada a los actores del sector, con el fin de operativizar y poner en marcha las estrategias de ampliar cobertura; teniendo como prioridad, las regiones y territorios donde el indicador de acceso es bajo, sin dejar de lado las zonas azotadas por la violencia y el abandono estatal y, no continuar repitiendo el modelo centralista de distribución de recursos. La apuesta del Gobierno ha sido amplia y ambiciosa en materia de cobertura, infraestructura, regionalización, financiamiento, integración de los niveles del sector; que tiene como finalidad, garantizar la educación superior como un derecho fundamental de manera progresiva.

El Gobierno ha propuesto en materia de educación superior, los cambios y transformaciones que por décadas hemos demandado. En consecuencia, su realización implica un liderazgo que incluya la diversidad y pluralidad del sector; necesitamos una educación de calidad y pertinente, que esté al alcance de los jóvenes.

Aún estamos a tiempo de alcanzar la meta.

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador del Departamento de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND)

En los últimos años, el mundo entero ha enfrentado una economía más lenta después de la pandemia. Los altos costos de insumos agropecuarios, los conflictos internacionales y las restricciones al comercio han afectado el crecimiento global, que pasó de un 6,6% en 2021 a cerca del 3,3% en 2024. En Colombia, el crecimiento también bajó: de un 10,8% en 2021 a un 1,6% en 2024.

Pero en medio de este panorama retador, Córdoba marca la diferencia. Nuestro departamento ha logrado crecer por encima del promedio nacional en 2023 y 2024. Mientras el país creció 0,7% en 2023, Córdoba avanzó al 1,3%. Y en 2024, mientras Colombia creció un 1,6%, el departamento alcanzó un 1,9%.

Este desempeño nos consolidó como líderes de crecimiento en la región Caribe. Córdoba superó a departamentos como Magdalena (1,8%), Atlántico (1%), Sucre (0,9%) y Bolívar (0,7%), en un contexto donde incluso algunos departamentos registraron crecimientos negativos.

Estos resultados no son casualidad. Son el fruto de un trabajo planificado, serio y territorial. Hemos impulsado sectores estratégicos como el turismo, el deporte, el agropecuario, los servicios públicos y la infraestructura, trabajando de la mano con los municipios, los empresarios y la comunidad.

La Feria Nacional de la Ganadería, los torneos deportivos y el mejoramiento de infraestructura recreativa, los nuevos destinos turísticos, las vías que mejoran la conexión entre municipios y las obras de acueducto y alcantarillado, están cambiando la dinámica económica del departamento. Para ilustrar: en 2005, las actividades culturales y de entretenimiento representaban el 2% del PIB departamental; hoy ya están en 2,6%. También los servicios públicos han ampliado su participación en la economía.

Este crecimiento se refleja en empleo y oportunidades reales. En 2022, la tasa de ocupación en Córdoba era del 54%; hoy supera el 57%. Eso significa que tenemos cerca de 70 mil nuevos ocupados en los últimos dos años, y el desempleo ha bajado del 12,5% al 10,9%.

Esto es lo que hemos llamado la Revolución de Córdoba en marcha: una transformación económica, social y territorial que avanza con responsabilidad, transparencia y un manejo riguroso de los recursos públicos. Cada peso de los cordobeses se traduce en obras, empleo y desarrollo visible para la gente.

Colombia es la suma de sus regiones. Y Córdoba hoy demuestra que, con planeación y liderazgo, es posible crecer, generar empleo y ofrecer bienestar, incluso en los tiempos más difíciles.

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El exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, será el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Ángela María Buitrago.

este jueves 5 de junio su hoja de vida será publicada en la página oficial de la Presidencia y se espera que el próximo jueves se posesione.

El propio presidente Gustavo Petro le hizo el ofrecimiento a Montealegre y él aceptó el ministerio a menos de dos años de finalizar la actual administración.

Montealegre se ha convertido en uno de los abogados del país más cercanos al petrismo. De hecho, ha validado algunas de las propuestas que provienen del Pacto Histórico.