Categoría: Opinión

No controlar velocidades, factor base de riesgo de siniestros viales, es aceptar sacrificar vidas humanas, es aceptar poner en riesgo al conjunto social, por el capricho de unas minorías que no respetan la vida de los otros.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

En medio de toda esta vorágine de información y nuevos datos sobre tragedias viales en Córdoba, llama la atención el silencio eucarístico de concejales, diputados y congresistas. En los recintos de concejos municipales y en la Asamblea de Córdoba, no se escucha la voz que exija y pida parar el desangre en las vías.

Es lamentable, pero las únicas muertes en las vías que generan solidaridad es la de los personajes, como integrantes de agrupaciones vallenatas, deportistas o de víctimas del mundo empresarial o político.

Al cierre de esta columna, los datos sobre víctimas mortales en siniestros viales en Córdoba, son escalofriantes, 15 fallecidos durante el mes de marzo, y 61 durante el presente año. En promedio 20 personas al mes mueren en las carreteras del departamento, y la principal causa es exceso de velocidad.

No controlar velocidades, factor base de riesgo de siniestros viales, es aceptar sacrificar vidas humanas, es aceptar poner en riesgo al conjunto social, por el capricho de unas minorías que no respetan la vida de los otros.

Cuando no se controlan velocidades, dejamos indefensos a los más vulnerables, peatones, ciclistas, ancianos y niños, quienes quedan a mercede de los violentos viales. Ya esto no se trata de simples infracciones de tránsito, porque, debido al daño que ellos causan a la vida y a la integridad física, estamos frente a otra forma de violencia: la violencia vial.

En medio de la socialización con transportadores de la ciudad, de un proyecto de modernización de la Secretaría de Tránsito Departamental, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, entregó las siguientes cifras: “Desde el año 2017 al cierre del 2024, en Córdoba fallecieron 2 mil personas aproximadamente en siniestros viales”. No se necesita ser un experto en seguridad vial para concluir que la génesis de esa historia de muerte y dolor es el exceso de velocidad.

Toda política de seguridad vial tiene un costo político y el gobernador Erasmo Zuleta decidió asumirlo. “Se trata de la búsqueda de un aliado estratégico para fortalecer las capacidades que permitan, salvar vidas, mejorar los procesos y procedimientos internos de la Secretaría de Tránsito Departamental y gestionar ingresos con destinación específica hacia el fortalecimiento de la seguridad vial del departamento y todos sus actores” les dijo el gobernador a transportadores del departamento.

Esa política de seguridad vial, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial no puede desechar la Inteligencia Artificial y las ayudas tecnológicas (Cámaras de fotodetección)

Precisamente, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra)acaban de anunciar nuevas estrategias para fortalecer el control del exceso de velocidad en las vías del país.

La circular 023 de 2025 contiene unas disposiciones que pretenden reducir la siniestralidad vial mediante operativos de vigilancia, pedagogía y fiscalización. La ANSV diseño una guía de Control de Velocidad con lineamientos para la detección y SANCIÓN del incumplimiento de los límites de velocidad vigentes. Las acciones estarán enfocadas en la FOTODETECCIÓN, operativos manuales y campañas de sensibilización dirigidas a los conductores. Ya esto es una política nacional de seguridad vial.

El ejemplo de Francia.

Francia llegó a tener 18 mil muertos año en siniestros viales. En el 2024 reportaron 3190 víctimas fatales en 2 millones de kilómetros de vías y con 40 millones de vehículos.

¿Y cómo lo hicieron? Implementaron muchas medidas, pero la de mayor impacto fue la de reducir la velocidad (hoy en ninguna ciudad europea la velocidad permitida es mayor a 50Km/h). Ellos acudieron a las SAST (sistemas automáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones). Ese sistema de sanción control automático fue acompañado por una política de educación y prevención, para mejorar comportamiento en las vías.

En el año 2004, el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac (q.e.p.d) señaló que “El objetivo de una buena política de seguridad vial es el de mejorar los comportamientos”

A algunos no les gustan las cámaras de fotodetección, porque las consideran costosas para el bolsillo de los conductores. Yo formulo una pregunta ¿Será que es menos costoso poner cruces (altares) en las vías que controlar velocidades?

¿Son menos costosas las vidas que se apagan en las vías?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

En un país donde las diferencias suelen ser motivo de confrontación, hoy más que nunca se hace urgente transformar esas diferencias en una fuerza colectiva. Colombia no puede seguir avanzando dividida. Por eso, hablar de Paz Política no es solo una frase simbólica, es una necesidad real. Una que nace de la convicción de que construir juntos es más poderoso que señalar desde la distancia. Es desde esa certeza que nació Propósito Colombia, una iniciativa que no distingue colores ni ideologías, pero sí prioriza el bienestar de los ciudadanos.

Para mí, el mayor honor ha sido servir a Montería, y desde hace más de un año, he tenido el privilegio de unirme a un grupo de exalcaldes de distintas regiones, visiones y trayectorias, con el fin de trabajar por las comunidades del país. Con Propósito Colombia hemos recorrido el territorio, escuchado a la gente y compartido una idea simple, pero transformadora, Colombia puede construir unidad desde sus diferencias.

Durante años he sostenido que no podemos estar bien si todos no estamos bien. Esta no es solo una frase, es un principio de vida y de gobierno. La verdadera política pública debe ser incluyente, construida desde las voces de las regiones, y con la capacidad de cerrar brechas que impiden a miles de familias alcanzar su bienestar. La equidad y la competitividad no pueden ser privilegios de unos pocos, sino oportunidades para todos.

En esa dirección, el exalcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, lo expresa con claridad: “No hablamos de una propuesta basada en criticar, por el contrario, planteamos una propuesta desde el conocimiento de las regiones.” No hay mejor forma de construir país que reconociendo el valor de la experiencia territorial, porque las regiones son el corazón del país, y desde allí debe partir toda visión de nación.

También lo ha dicho con firmeza Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga: “Colombia necesita Paz Política para poder avanzar.” Y Juan Carlos Saldarriaga, exalcalde de Soacha, quien insiste en que debemos “despetrificar al país”, porque este es un equipo que conoce el camino para hacerlo. No hay otra ruta más que la del consenso, el respeto y el trabajo conjunto.

Nuestro más reciente encuentro en Barranquilla ratifica que es hora de descentralizar el país. Las decisiones que se toman desde el gobierno central deben reflejar las realidades que se afrontan en los territorios. No podemos seguir gobernando a través de decretos que no escuchan ni benefician a los municipios y departamentos. Seguir haciéndolo es poner en riesgo el empleo, la industria, los servicios y, sobre todo, la dignidad de millones de colombianos.

Temas clave como la transición energética, el acceso a la salud, la articulación institucional y la seguridad ciudadana han sido protagonistas en nuestras discusiones. La falta de confianza en las instituciones, la creciente pobreza y la inseguridad no solo amenazan la calidad de vida, sino también la economía de las familias. Un país con miedo es un país que no progresa.

Por eso insistimos que se necesitan políticas que unan a Colombia. Es el momento de construir, de cuidar los recursos públicos y dirigirlos a cerrar las enormes brechas sociales. No podemos permitir más improvisaciones y más divisiones. Es hora de garantizar oportunidades para todos, sin importar clases sociales o ideologías.

Colombia necesita encaminarse de nuevo por el camino del respeto, de la escucha y del trabajo en equipo. Tenemos una oportunidad histórica de transformar la forma en que nos gobernamos y desde Propósito Colombia estamos listos para seguir aportando, con experiencia, con propuestas y, lo que es más importante, con amor por nuestro país. Cuando Colombia logre una verdadera unidad nacional alejada de las malas prácticas, la corrupción y la politiquería, no habrá reto que no podamos superar y así convertirnos en un ejemplo mundial de cómo construir país desde la diversidad y la unión.

Por: Jairo Torres Oviedo

 Rector de la Universidad de Córdoba 

La rendición de cuentas es un ejercicio legal, a través del cual se reafirma la política de transparencia y buen gobierno de Unicórdoba; mostrando de esta forma a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, los resultados de los procesos misionales, administrativos y financieros. Esta es una muestra de credibilidad y confianza que se hace frente a la sociedad.

Durante estos años de trabajo y gestión académica, alcanzamos la acreditación y reacreditación institucional; acreditación de alta calidad de 15 programas académicos, acreditación internacional de los programas de ingeniería agronómica e ingeniería de alimentos por ARCOSUR; además, el incremento de nuestra oferta de posgrados, con 7 especializaciones, 23 maestrías y 7 doctorados. Aumentamos la planta de docentes de tiempo completo vinculados a través de concurso público de méritos; por ello, hoy contamos con 362 profesores de planta; el 40% con título de doctor, lo que da como resultado, una relación de 38 estudiantes por profesor.

Además de lo anterior, el fortalecimiento de grupos de investigación con resultados positivos en la última convocatoria de Minciencias, en donde el 35% de nuestros grupos pasarán a la categoría A1 y A; y, presencia académica y científica en 11 departamentos de la geografía nacional, con investigaciones pertinentes que resuelven problemas en los territorios. Una política de internacionalización fortalecida con 87 convenios internacionales activos, movilidad entrante y saliente de estudiantes, profesores, proyectos de investigación en conjunto y publicaciones científicas; igualmente, el mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades de infraestructura, equipos de laboratorio para la investigación y certificación de los mismos. Como se puede observar, volcamos la Universidad a la sociedad con el modelo: «Córdoba transformada»; mostrando e interviniendo con soluciones a problemas estructurales que el departamento ha padecido. Resultados que muestran el liderazgo y compromiso por hacer del alma mater una de las mejores universidades del Caribe colombiano y el país.

 Asimismo, el fortalecimiento del bienestar estudiantil con los distintos programas como son: deporte, arte, cultura, becas trabajo, almuerzos subsidiados, residencias universitarias, gratuidad de la matrícula; incidiendo de este modo, en la permanencia y reducción de la deserción estudiantil.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

La consulta popular es un mecanismo que permite a la ciudadanía participar en decisiones políticas importantes, ejerciendo su soberanía. Convocada por el Presidente con el respaldo del Congreso y los ministros, es esencial que las reformas debatidas se centren en garantizar el bienestar de todos los colombianos. En un contexto de desafíos complejos, es vital que el gobierno opte por la consulta popular, alejándose de ideologías políticas y buscando decisiones que prioricen el desarrollo sostenible y el interés colectivo sobre intereses particulares.

Para ello es crucial la participación activa de la comunidad, no solo para fortalecer los mecanismos de la democracia, sino también para generar un entorno donde la información veraz puede circular libremente. Las redes sociales, reuniones comunitarias y foros son herramientas valiosas para difundir datos precisos y combatir la desinformación que tanto daño hace a nuestra sociedad. La movilización y participación ciudadana son el corazón de cualquier reforma exitosa.

Por lo tanto, organizar debates y encuentros ciudadanos se convierte en una estrategia vital para discutir el tema de manera crítica. Incentivar la inscripción y actualización de documentos para votar en la consulta no es solo un acto cívico; es un deber hacia el futuro que deseamos construir. Las campañas de sensibilización juegan un papel trascendental al aumentar la participación y el involucramiento de los ciudadanos.

Comprender el contenido de la consulta y sus implicaciones legales y sociales es clave para evitar caer en manipulaciones, lo que implica formar ciudadanos críticos y comprometidos, capaces de participar activamente en el proceso democrático, fomentando un pensamiento analítico y el deseo de contribuir al bienestar colectivo de la sociedad.

Desde cada uno de nuestros roles cívicos, podemos hacer la diferencia utilizando redes y medios de comunicación para crear conciencia. Combatir la desinformación con datos verificados no solo empodera al ciudadano, sino que también asegura que las discusiones se centren en hechos, no en discursos políticos vacíos o engañosos. Es nuestra responsabilidad promover un análisis técnico sobre los efectos de la consulta, evitando que el debate se convierta en un choque entre ideologías políticas.

Además, es esencial que seamos críticos con nuestras fuentes de información, las que deben ser confiables y diversas para evitar sesgos que distorsionen la realidad y nos lleven a decisiones erróneas. Crear espacios de debate donde se privilegie el análisis crítico permitirá que la ciudadanía forme su propio juicio respecto a la conveniencia o perjuicio de la consulta.

No debemos dejarnos llevar por promesas falsas o exageradas sobre los efectos de las reformas. Es crucial entender cualquier decisión sin caer en manipulaciones ideológicas que busquen dividir a la población. Promover la transparencia en el discurso es un valor que debemos reafirmar constantemente.

Denunciar intentos de manipulación electoral y el uso indebido de recursos públicos no es solo un acto valiente; es un compromiso con la ética y la responsabilidad democrática. A través de mecanismos de veeduría ciudadana, podemos garantizar la imparcialidad del proceso, creando un ambiente de confianza y respeto entre todos los participantes.

Si nos enfocamos en los hechos y fundamentamos nuestros argumentos en bases sólidas, no cabe duda de que Colombia saldrá ganando. El reto es complejo, pero una ciudadanía educada y activa puede superar la politiquería y el populismo. La clave está en unir fuerzas, cultivar una conversación constructiva, y reafirmar que el bienestar de nuestro país es tarea de todos, porque las decisiones del presente son determinantes y marcan el camino del futuro que deseamos para Colombia. Votar positivo, negativo o abstenerse es una decisión particular que depende de la concepción cívica y social de cada ciudadano con el objetivo de construir un mejor futuro para el país.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo

 Rector de la Universidad de Córdoba 

Durante los días 20 y 21 de marzo, en la sede de la Universidad Gran Colombia, se realizó el 158° Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. En el marco de este escenario académico, ASCUN y la Conferencia de Rectores de Alemania (HRK) se reunieron para fortalecer la cooperación entre las universidades de ambos países.

Las asociaciones en mención, confirman que, existen intereses comunes y la voluntad de mantener y fortalecer relaciones fructíferas entre las universidades de estos países. También comparten la necesidad de seguir desarrollando los sistemas de educación superior y la cooperación internacional para contribuir con nuestros estudiantes y demás comunidades académicas; a las cuales servimos en nuestros países.

Al mismo tiempo, ASCUN y HRK enfatizan, que las universidades juegan un papel fundamental en la transformación de los escenarios de nuestras sociedades, a través de la responsabilidad en todos los ámbitos de sus funciones misionales: enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento, así como en sus operaciones, infraestructura, gobernanza y capacidades.

Conscientes del impacto transformador de las universidades en la construcción de sociedades más inclusivas y sostenibles; confirmamos nuestro compromiso de fortalecer a las instituciones de educación superior como actores clave en el dinámico “rectángulo del conocimiento” de la educación, la investigación, la innovación y la cultura; además, fomentar su contribución a largo plazo en la solución de los desafíos del siglo XXI.

Reconociendo la cooperación duradera, confiable y fructífera entre las universidades alemanas y colombianas, y, convencidos de que la estrecha cooperación internacional es un requisito previo e importante que incluye la contribución esencial para el logro de sus objetivos, ASCUN y HRK se comprometen a trabajar juntos en las siguientes líneas estratégicas:

1. Reafirmar la autonomía universitaria como principio esencial para garantizar la libertad académica y la independencia científica, contribuyendo así al progreso social y al desarrollo sostenible.

2. Adaptar e innovar ante los cambios sociales y demográficos, buscando soluciones que permitan a nuestras instituciones evolucionar y garantizar su sostenibilidad, impactando positivamente en las comunidades a las que servimos.

3. Fortalecer un sistema universitario mixto, plural, diverso y colaborativo que fomente la cooperación entre distintos tipos de instituciones de educación superior, asegurando la pluralidad en los enfoques académicos y promoviendo la equidad en el acceso a la educación superior.

4. Promover estrategias para superar la xenofobia y la discriminación en las instituciones de educación superior.

5. Liderar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en la educación superior ante los retos de la era digital, asegurando su integración ética y responsable en la investigación, la docencia y la gobernanza.

6. Continuar promoviendo la movilidad académica y cultural en todas sus formas: geográfica, virtual e intersectorial; como herramienta clave para el enriquecimiento cultural, científico y social de nuestras naciones.

7. Buscar oportunidades para potenciar la cooperación en investigación y educación superior entre las instituciones que representan, abogando por una internacionalización segura y sostenible de una educación superior de calidad.

8. Promover la ciencia abierta y la ética en la investigación, fomentando la colaboración científica basada en los principios de transparencia, inclusividad y ética, para generar conocimiento accesible y aplicable a los retos globales.

9. Compartir buenas prácticas en formación dual en la educación superior.

10. Realizar reuniones de seguimiento de los acuerdos suscritos.

En este sentido, ASCUN, continúa fortaleciendo la política de internacionalización en función de las universidades asociadas; con ello, al sistema mixto de educación superior del país.

POR; ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ

Las fotomultas en Colombia han sido presentadas como una medida para reducir la siniestralidad vial y mejorar el cumplimiento de las normas de tránsito. Sin embargo, su implementación ha estado marcada por abusos, falta de transparencia y violaciones al debido proceso.

Uno de los principales problemas de estas es su carácter mercantilista. En lugar de ser un sistema de regulación para mejorar la seguridad vial, se ha convertido en una fuente de ingresos para empresas privadas que instalan y operan las cámaras. La remuneración de estos operadores se basa en un porcentaje de las multas impuestas, lo que genera un incentivo perverso para incrementar el número de infracciones registradas, sin considerar si las sanciones son justas o si realmente contribuyen a reducir la accidentalidad. Según la Ley 1843 de 2017, la remuneración a la inversión privada no debe superar el 10% del recaudo total, mientras que el 90% restante debe destinarse a educación y seguridad vial, que hoy se le viene haciendo conejo a través de la figura de alianza publico privadas, y con la no publicación tanto de lo recibido por esta actividad, como cuales son las actividades implementadas, lo que vemos es un montón de capacitaciones, con firmas ilegibles que legalizan un vulgar atraco.

El sistema de fotomultas en Colombia ha estado marcado por la falta de garantías procesales. Muchas sanciones se imponen sin que se identifique al conductor infractor, cargando automáticamente la responsabilidad sobre el propietario del vehículo. La Sentencia C-038 de 2020, por ejemplo, estableció que es necesario implementar mecanismos que permitan individualizar al conductor responsable, respetando el principio de responsabilidad personal. Además, la notificación de las infracciones ha sido deficiente, con plazos que no siempre se cumplen y sin garantizar el derecho a la defensa de los ciudadanos. El Ministerio de Transporte ha expedido oficios en lugar de actos administrativos para la imposición de multas, impidiendo que los afectados interpongan recursos de apelación. Esto representa una clara vulneración al derecho al debido proceso y al acceso a la justicia.

Otro problema estructural del sistema de fotomultas es la ausencia de transparencia en su operación. No existe una regulación clara sobre la instalación de cámaras ni un control efectivo sobre su funcionamiento. En muchas carreteras del país, los dispositivos de foto detección no están debidamente señalizados, lo que genera sorpresa y desconfianza en los conductores. Además, no hay un mecanismo que permita a los ciudadanos conocer con claridad en qué se invierten los recursos recaudados a través de las fotomultas. Un modelo justo y democrático debería garantizar que estos fondos se utilicen para mejorar la infraestructura vial, fortalecer la seguridad en las carreteras y promover campañas de educación vial. Sin embargo, en la práctica, una parte significativa de los ingresos se destina a pagar a los operadores privados, perpetuando un esquema de negocio en detrimento del bienestar colectivo.

La necesidad de una reforma estructural es imperiosa. La tecnología biométrica y la verificación documental deben ser implementadas para evitar que se sancione indiscriminadamente a los propietarios de los vehículos. Asimismo, es fundamental establecer criterios técnicos claros para la instalación de cámaras de fotomultas, priorizando zonas de alta siniestralidad y garantizando su correcta señalización. No se puede permitir que estos dispositivos sean utilizados únicamente con fines recaudatorios.

Para garantizar un sistema de fotomultas justo y eficiente, es necesario reglamentar varios aspectos claves: Identificación del conductor infractor, ubicación y señalización de cámaras: auditoría y control ciudadano, transparencia en el uso de recursos, calibración y certificación de dispositivos, regulación del uso de inteligencia artificial, límites en la distancia entre fotomultas, reducción de la remuneración privada, mejoras en el proceso de notificación.

En conclusión, en el 2017 dimos un paso importante pero solo represento el inicio a la verdadera solución, que está en la imperiosa necesidad legislativa de regular un negocio que afecta el bolsillo de los colombianos, esté sistema de fotomultas debe ser revisado y reformado para garantizar una aplicación justa, transparente y orientada al bienestar ciudadano. La política de seguridad vial no puede ser utilizada como un negocio privado, auspiciado por alcaldes, gobernadores, que presentan el proyecto a la ANSV y a sus concejos y Asambleas, pidiendo facultades para colocarles la “garrocha” a sus coterráneos a través de un supuesto de salvar vidas en las carreteras.

Ñapa: 10 Foto cámaras listas para “garrochar” en el Departamento de Córdoba, vamos bien.

 

Por: Erasmo Zuleta 

Gobernador del departamento de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos.

«El bien se deriva de la ciencia soberana, de la ciencia más fundamental de todas; y esta es precisamente la ciencia política», decía Aristóteles. Pero también afirmaba que la política no es nada si no recibe sus cimientos de la moral. Según el filósofo griego, la política prescribe, en nombre de la ley, lo que se debe hacer y lo que se debe evitar, las materias que se deben impulsar en una sociedad y las que no.

A pesar de la nobleza e importancia de la actividad política, en Colombia la opinión favorable sobre los partidos políticos y sus actores, en muchos casos, no es la mejor. En mi opinión, esto se debe a dos razones que deben cambiar: en primer lugar, a la concepción errónea del uso de la actividad política para beneficios personales, y, en segundo lugar, al incumplimiento de los compromisos de los políticos con la ciudadanía. Faltar a la palabra genera desconfianza, apatía y rechazo.

Con respecto a lo primero, quienes ejercemos esta profesión debemos demostrar con hechos que lo que verdaderamente nos mueve es el interés colectivo de los colombianos, resolver sus problemas sin ningún tipo de cálculo y garantizar una mejor calidad de vida.

En cuanto al cumplimiento de las promesas, debemos recuperar el valor de la palabra. Es fundamental, para la coyuntura actual del país, poder coordinar entre las diferentes instancias de gobierno con base en metas y resultados. Por ejemplo, nada se gana con hacer reuniones territoriales desde el nivel central si la voluntad e ideas no trascienden del papel. Debemos pasar de tantas reuniones a más ejecuciones que transformen.

Mi invitación a los jóvenes que quieran iniciar en la actividad política es simple: la política sin moral no es nada, como decía Aristóteles. El engaño dialéctico, en primer lugar, no dignifica esta actividad, y, en segundo lugar, se cobra en las urnas, para perjuicio de quienes lo practican.

Por:Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

Los países con mayores niveles de desarrollo y bienestar social, poseen modelo educativos incluyentes y equilibrados en todos sus niveles; permitiendo a la educación superior, que lleguen los mejores en términos de talentos y capacidades; con ello, la formación de élites académicas, social y política. Lo anterior, como resultado de procesos formativos desde la primera infancia, hasta la educación superior. En cambio, en nuestro país persistimos en la universalización de la educación superior, sin corregir los desajustes sociales y educativos; construyendo un modelo educativo que representa las asimetrías e inequidades sociales. En medio de este desajuste social, el sistema educativo; en particular, la educación superior, debería responder a la formación y transformación del talento humano joven. La universidad pública, no forma ni reproduce las elites económicas y políticas históricamente existentes; sino que la responsabilidad social ha sido formar académica, científica y humanamente una elite joven; perteneciente a los sectores sociales excluidos y marginados; en esto consiste el poder transformador de la educación superior. Un indicador para evaluar y pensar lo anterior; son las pruebas Saber Pro aplicadas a los estudiantes de últimos semestres de las universidades; sistema de evaluación que ha venido siendo utilizado para medir y competir sobre la calidad del proceso formativo entre las instituciones de educación superior.

Además de lo anterior, existen las Prueba Saber 11, aplicadas anualmente y, utilizada como instrumento de evaluación estandarizada para medir por parte del Estado, la calidad educativa ofrecida a quienes terminan la educación media y requisito de ingreso a la educación superior. Aunque la prueba permite pensar y mejorar los procesos de formación y repensar el tipo de ciudadano que estamos formando; muy pocos son los avances alcanzados. El Estado estandariza ambas pruebas de conocimiento; sin corregir las asimetrías regionales, sociales, económicas determinantes y condicionantes de donde somos formando; convirtiendo las pruebas en un instrumento para medición de desigualdad educativa y social. En consecuencia, han convertido las pruebas Saber Pro, en un ejercicio pragmático e instrumental, desconociendo los fines esenciales de la educación; conduciendo a los estudiantes a responder preguntas fuera de contexto; una tendencia progresiva y dominante impuesta como forma de competencia y medición de calidad entre instituciones educativas. Una calidad entendida como resultados; que excluye procesos y realidades; las pruebas Saber Pro, caminan en esta dirección.

Las pruebas como instrumento de evaluación estandarizada, continúan siendo ineficientes para mejorar el nivel educativo del país, de acuerdo con las competencias genéricas evaluadas: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes evaluados en las pasadas pruebas Saber 11, fue de 257 puntos, sobre 500, donde más de la mitad de estudiantes evaluados están por debajo del puntaje promedio; reafirmando la persistencia de brechas de calidad educativa entre instituciones de educación pública y privada; regiones del país, zonas urbanas, rurales y ruralidad dispersa. Desigualdades presentes en los distintos ciclos de vida y niveles educativos; inclusive, la educación superior evidencia la acumulación de estas prevalentes asimetrías. En las universidades encontramos jóvenes que ingresan con buenos puntajes del ICFES; pero, con falencias en lacto-escritura, matemática, lectura crítica e inglés. Además, las pruebas aún desconocen las persistentes limitaciones para garantizar a niños, niñas y jóvenes el acceso y permanencia en la educación; en particular, en las zonas rurales; es muy preocupante que en la educación media, la brechas de acceso de los grupos más vulnerables de la población; aproximadamente uno de cada cinco jóvenes 20% entre 16 y 22 años, abandonan la educación media sin completarla; situación que empeora en las zonas rurales; donde el 38% de los jóvenes abandonan el sistema educativo antes de terminar la secundaria; y más de la mitad de los estudiantes que finalizaron el grado 11, no logran el tránsito a la educación superior.

Por consiguiente, las pruebas Saber Pro, deben ser instrumentos para evaluar y mejorar el sistema educativo; contribuyendo en la toma de decisiones por parte del Estado; de esta forma, cerrar brechas sociales y educativas, y, no solo para medir y competir en calidad educativa.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

La reforma laboral, tema de trascendental importancia para la clase trabajadora del país presupone un trabajo legislativo serio, responsable y alejado de matices ideológicos extremos. A su vez encontrar un equilibrio que garantice tanto la protección de los trabajadores como la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. En un país donde la informalidad y el desempleo presentan cifras alarmantes, esta reforma no puede ni debe tener efectos negativos a corto plazo sobre el empleo, la competitividad y la seguridad social, que dificultarían la reactivación y el crecimiento económico del país.

Colombia cuenta con una población en edad de trabajar que supera los 40 millones de personas, de las cuales un 40% se encuentra en situaciones de empleo informal. Esta realidad debe ser la base de la discusión, no solo porque impacta a miles de familias, sino porque revela la falencia estructural de nuestro mercado laboral. Frente a cifras como los 452.000 trabajadores que, según el Banco de la República, estarían en riesgo de perder sus empleos, es evidente que la reformulación de políticas laborales debe ser un proceso consensuado que involucre a todas las partes: gobierno, empleadores y gremios.

La propuesta de aumentar costos laborales entre un 17% y un 34% para las Pymes es alarmante. Si bien la protección de los derechos laborales es un principio clave, no se debe poner en riesgo la viabilidad de pequeños y medianos emprendimientos que son la columna vertebral de nuestra economía. La aprobación de un recargo del 100% por trabajo dominical y festivo, aunque busca mejorar las condiciones de los trabajadores, debe ser administrada con cautela para no provocar un efecto adverso que genere más desempleo.

Es innegable que el camino de la reforma laboral está plagada de grandes retos y laberínticos obstáculos. Los recientes datos muestran una tasa de desempleo que ha aumentado a 9,9%, y las condiciones del mercado laboral se han deteriorado. Esto exige una reflexión profunda sobre cada una de las medidas propuestas. Es fundamental que los legisladores tomen decisiones que no solo respondan a la urgencia del momento, sino que también permitan establecer un marco regulatorio estable que fomente la creación de empleo.

La economía informal, que se convierte en refugio para quienes han sido excluidos del mercado laboral formal, no puede ser ignorada. Las medidas de la reforma deben enfocarse en la inclusión, promoviendo el acceso a oportunidades formales que dignifiquen el trabajo y mejoren la calidad de vida de millones de colombianos. Al mismo tiempo, es esencial ofrecer incentivos a las empresas que fomenten la formalización de sus trabajadores.

Recientemente, se aprobaron 33 artículos en el Congreso, algunos de los cuales buscan flexibilizar los horarios y regular nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo. Este avance es positivo, pero no puede ser una isla en un sistema que necesita una visión nueva y más integral. A partir de esos artículos consensuados, se debe aspirar a un conjunto de normativas que reflejen las necesidades cambiantes del mercado laboral.

Es claro que se necesita un espacio de diálogo efectivo, donde todos los actores se sientan escuchados. La agenda reformista debe ser el resultado de un esfuerzo colaborativo que busque soluciones verdaderas, que beneficien a tanto a trabajadores como a empresarios. Solo a través de consensos se puede construir un ambiente de confianza que impulse la reactivación económica del país.

Actualmente tenemos una oportunidad histórica: la posibilidad de transformar nuestro mercado laboral en uno que priorice la dignidad del trabajo, la estabilidad de las empresas y el crecimiento inclusivo. No se trata solo de reformar, sino de construir un futuro donde los ciudadanos, a través de su capacidad de trabajo y emprendimiento, tengan el potencial de hacer de Colombia un país próspero que permita el desarrollo real de nuestra nación.

Atacar las ZER es vandalizar la posibilidad que Montería logre alcanzar una flota de buses eléctricos con aire acondicionado, y de paso migrar de un parque de buses obsoletos a uno moderno y sostenible.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

César González (q.e.p.d), cuando estuvo al frente de la Confederación Nacional de Transporte Urbano, CONALTUR, escribió, “Una ciudad verdaderamente democrática le da prioridad real y concreta al transporte público sobre el privado. Fácil decirlo, difícil de practicar”.

Con la frase “difícil de practicar”, se refería a los poderosos, a quienes guardan en sus casas hasta tres vehículos, que son a quienes, por lo general, poco o nada les interesa el transporte público. Una mala prestación de este vital servicio afecta a las clases populares, a los más pobres, al estudiante de estrato bajo que madruga para ir a la universidad, o a la madre comunitaria que se moviliza de un extremo a otro de la ciudad para llegar al CDI donde labora.

Los expertos en urbanismo y movilidad coinciden en que la forma más practica de acabar los trancones en las vías es privilegiando el transporte público. Por muchas vías que se construyan, nunca serán suficientes para brindar buenas condiciones de movilidad a la cantidad de vehículos y motocicletas que a diario se matriculan en las oficinas de tránsito.

Un ejemplo es, que si ubicamos en una sola fila los vehículos (públicos y privados) y motocicletas que circulan en Montería, nos faltarán calles.

El alcalde Hugo Kerguelén acelera dos proyectos que juegan un papel preponderante para mejorar la movilidad en la ciudad. A pesar de venir de administraciones anteriores, Kerguelén los tiene en el meridiano de su gestión porque ambos ayudan a soltar el nudo en las vías.

BUSINÚ y la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP, comienzan a dejar de ser una utopía para los monterianos. En Montería se viene hablando de Sistema Estratégico de Transporte Público desde el año 2002, cuando se expidió el documento CONPES 3167, que buscaba organizar el transporte público en las grandes y medianas ciudades de Colombia.

Hugo Kerguelén entiende que las soluciones de movilidad necesitan más resultados que excusas. El mandatario tiene una frase que ilustra en sus encuentros con la comunidad, “pasar de la retórica a los hechos”.

Los recursos de BUSINÚ están asegurados para terminar la primera fase, mientras que la operación del SETP tiene un saldo rojo. Las cuentas más optimistas estiman que se necesitan más de 22 mil millones de pesos año (pueden ser 28 mil).

A buena hora, Hugo Kerguelén, mantuvo otro proyecto de pasadas administraciones, que es fundamental para contribuir con parte de la financiación del SETP. Las Zonas de Estacionamiento Regulado ZER proyectan inyectarle al SETP 11 mil millones de pesos año (promedio).

En plata blanca, las ZER son la llave para encender la flota de buses eléctricos que necesita la ciudad, y de esa forma implementar el nuevo modelo de transporte urbano. Atacar las ZER es vandalizar la posibilidad que Montería logre alcanzar una flota de buses eléctricos con aire acondicionado, y de paso migrar de un parque de buses obsoletos a uno moderno y sostenible.

En su reciente visita a Montería, la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, destacó los avances de BUSINÚ, el sistema de transporte público fluvial que transformará la movilidad urbana a través del río Sinú. Además, propuso financiación para potenciarlo.

BUSINÚ es un modo de transporte sostenible y multimodal, que se integrará al Sistema Estratégico de Transporte Público, con modernas embarcaciones que utilizarán paneles solares y tendrán aire acondicionado. Pensando en grande, sin miedos, de eso se trata.

La titular de la cartera de transporte, aseguró, además, “Yo estoy armando un portafolio para llevar al mundo proyectos que son muy importantes, que son destacados en el país y este es uno de ellos, porque se trata de un proyecto que es un hito para Montería y todo el departamento, y ojalá se pueda replicar en otras ciudades” De esa magnitud es el modelo de transporte BUSINÚ

En el mediano plazo los habitantes de Montería tendrán la posibilidad de movilizarse por el río en unas embarcaciones con panales solares, espacio para la bicicleta, aire acondicionado, o por las vías de la ciudad en una flota moderna de buses eléctricos con aire acondicionado.

Pero lo más importantes es la intermodalidad. Las personas tienen la posibilidad de bajarse del bus y subirse a BUSINÚ o lo contrario. Montería le está abriendo las puertas a una verdadera revolución de la movilidad urbana.

¿Por qué negarles esa posibilidad a los habitantes de la ciudad?

¡Las soluciones de movilidad en Montería requieren menos excusas y más resultados!