Categoría: Opinión

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

La descentralización del deporte se presenta como una política clave para impulsar el desarrollo social y personal. Institutos deportivos descentralizados actúan como puentes entre los sectores público, privado y deportivo, promoviendo el crecimiento no solo en competencias sino también en la cohesión familiar y comunitaria. El ejemplo del IMDER en Montería ilustra la importancia de formar ciudadanos íntegros y comprometidos.

Este enfoque renovado en el tejido social y el respaldo integral a los jóvenes resalta la importancia de programas que incluyan nutrición, apoyo psicosocial y atención a la salud mental. Iniciativas que no solo fomentan el éxito deportivo, sino también el desarrollo de ciudadanos responsables. La experiencia de Montería ofrece un modelo poderoso para todo el país, mostrando cómo el deporte puede ser una herramienta para resolver problemas sociales y construir una identidad nacional robusta, impulsando un desarrollo económico y social sostenible.

En este primer año he sido testigo de la consolidación del IMDER, un sueño compartido por todos nosotros, que no solo ha transformado el paisaje deportivo de nuestra comunidad, sino que también ha cimentado un camino hacia el futuro para las generaciones venideras. Desde su inauguración, se ha convertido en un baluarte para la promoción de la cultura deportiva, sirviendo como un bastión para el desarrollo de nuestros jóvenes y adultos por igual. Bajo la dirección de un equipo con liderazgo comprometido y visionario, se ha consolidado un crecimiento exponencial en la participación de la comunidad en diversas actividades deportivas y recreativas, con varios programas implementados y la creación de un entorno donde el deporte es accesible para todos, sin barreras económicas.

Es crucial reconocer que el deporte no solo refuerza el cuerpo, sino que también está íntimamente ligado a la educación y la salud mental. Integrar el deporte en los entornos escolares ayuda a mejorar el rendimiento académico, desarrollar habilidades sociales y fomentar la disciplina. Además, la actividad física es un potente aliado para la salud mental, reduciendo el estrés y la ansiedad, y promoviendo el bienestar emocional. Al identificar talentos deportivos, podemos encauzarlos para que el deporte se convierta en un camino sostenible de desarrollo personal y profesional.

Para lograr estos objetivos, la financiación es esencial. Instituciones descentralizadas como el IMDER desempeñan un papel crucial al proporcionar los recursos necesarios para crear circuitos deportivos regionales adaptados a las fortalezas específicas de cada área. Las escuelas deportivas gratuitas e integrales no solo desarrollan habilidades atléticas, sino que también fomentan una comunidad cohesionada y consciente de sus capacidades y potencialidades.

La apuesta por el deporte como herramienta de transformación social ha sido clara. Mediante la implementación de estrategias efectivas, el IMDER ha logrado establecer un amplio espectro de programas deportivos gratuitos que promueven estilos de vida saludable, siendo la inclusión el eje central para garantizar que cada ciudadano, independientemente de su edad o condición, tenga la oportunidad de participar y beneficiarse.

Sin duda el deporte es un pilar esencial para el desarrollo sostenible del país, cuna de grandiosos deportistas que se deben continuar apoyando en las regiones con iniciativas desde la formación y temprana edad, asegurando bienestar, oportunidades de educación, empleo y salud para las futuras generaciones.

Recordemos que el verdadero triunfo reside en cada paso dado hacia una vida más sana y activa, bajo la bandera del deporte, con un esfuerzo conjunto y la promoción de políticas públicas que fomenten la práctica del deporte de manera efectiva. Colombia así lo requiere, tenemos a lo largo y ancho de nuestra geografía talentos que están a la espera de tener oportunidad y con los que el país seguirá destacándose en las canchas, pistas, cuadriláteros, piscinas y demás escenarios deportivos internacionales.

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador de Córdoba 

“El mundo es un libro y aquellos que no viajan leen sólo una página”, decía San Agustín de Hipona. Iniciando la temporada de fin de año, mi invitación a los colombianos y lectores foráneos es a que vengan a conocer el departamento de Córdoba, en cualquiera de sus 30 municipios. Contamos con una gran riqueza cultural, natural, gastronómica y con una idiosincrasia que estoy convencido será inolvidable en sus vidas. Además de la gran experiencia para los visitantes, la industria turística representa para el país y la región uno de los sectores detonantes de prosperidad y crecimiento económico.

Y tenemos muy buenas noticias para el departamento y turistas en este sector. Según el Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia del 2024, elaborado por Cotelco y Unicafam, el departamento de Córdoba se ubica en la posición número 23, entre 33 entidades territoriales, ascendiendo 8 escalones desde su versión del 2023, cuando se ubicó en la posición 31. Todo lo anterior enmarcado en la capacidad del departamento para posicionarse sosteniblemente en el mercado, ofreciendo una gran experiencia para sus visitantes.

Pero las buenas noticias no paran. Este año fortalecimos las relaciones con el sector y estamos trabajando de la mano con el clúster de turismo, participamos en la validación de 5 nuevas rutas de turismo, logramos la incorporación de 4 de nuestros municipios en el inventario turístico nacional, gestionamos más conectividad aérea, apoyamos a los municipios referencia a visibilizar sus acciones en la encuesta nacional de turismo, desarrollamos el 1er encuentro nacional de turismo de salud, priorizamos en el plan de desarrollo por primera vez el ordenamiento de playas, y en este momento estamos co-creando con las diferentes fuerzas vivas del territorio el Plan Sectorial de Turismo con el objetivo de potenciar nuestros destinos y crear experiencias inolvidables para los visitantes, todo lo anterior de una forma sostenible.

Y es que el turismo tiene mucho por ofrecer al país y al departamento. Por ejemplo, mientras para 2023 las divisas provenientes de las exportaciones de un producto icónico para el país como el café ascendieron a los USD 2.7 mil millones, según la cuenta corriente del Banco de la República, las exportaciones provenientes del turismo (servicios de viaje y pasajeros) ascendieron a los USD 8.9 mil millones, casi igualando la cifra de las divisas provenientes de las exportaciones de carbón, que fueron de USD 9.1 mil millones. Además de lo anterior, el efecto multiplicador del turismo en sectores como el comercio, el inmobiliario y el industrial hace que sus efectos positivos se irriguen fácilmente en los territorios.

La diversificación de nuestra canasta exportadora y productiva es posible, y el turismo ya demostró ser uno de los principales renglones económicos con grandes oportunidades para potencializar de manera sostenible. Mi invitación es a que leamos el libro viajando, como decía San Agustín, y el departamento de Córdoba puede ser una de las páginas más gratificantes.

Córdoba lo tiene todo!!

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo

 Rector de la Universidad de Córdoba 

Desde la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, gremio que integra el Sistema mixto de educación superior, conformado por universidades oficiales y no oficiales, manifestamos la disposición para acompañar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia Potencia mundial de la vida»; en particular, lo concerniente con el componente de educación superior.

En este sentido, expresamos la necesidad de ampliar y fortalecer el diálogo con el Ministerio de Educación Nacional; alrededor, de una agenda común para avanzar en las metas del sector, como son: 1. Ampliación de cobertura con un modelo de regionalización de la universidad pública, que integre la privada, con enfoque territorial; es decir, las regiones donde el indicador de cobertura está por debajo de la media nacional, lo cual exige un plan de infraestructura física y tecnológica que modernice y amplíe los campus universitarios. 2. Es necesario que las sedes regionales oferten programas académicos pertinentes para el desarrollo del país, que cuenten con metodologías y pedagogías de virtualización hasta donde sea posible con la conectividad existente. Lo anterior, requiere, por parte del Ministerio de Educación Nacional, repensar la estructura normativa que regula el actual Sistema de Aseguramiento de la Calidad, permitiendo compartir registros calificados entre las universidades; por ello, la ampliación de cobertura requiere reformas y recursos financieros. 3. Es urgente la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que permita un nuevo modelo de sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior públicas. Igualmente, es necesario continuar una discusión amplia entre los actores del sistema de educación superior encaminado a una reforma integral de la Ley 30 de 1992. La planeación y puesta en marcha de una reforma tan importante, requiere integración de los actores del sector, considerándolos a todos como parte constitutiva del mismo, en donde primen reglas claras, para que el proceso alcance su cometido. 4. Coincidimos con el PND cuando propone una reconceptualización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, racionalizando procesos y trámites enfocados a una gestión del fomento de la calidad, para el mejoramiento continuo de los procesos misionales en la educación superior; dicho de otro modo, una política de aseguramiento de la calidad con énfasis en la gestión del fomento y, no solo, en la inspección y vigilancia que ha sido el modelo dominante, con el cual, se ha ejercido presión sobre rectores e instituciones de educación superior. 5. Desde el sistema mixto de educación superior, reiteramos el llamado al diálogo, a convertir nuestros campus universitarios en ágoras públicas donde se delibere con argumentos sobre aspectos institucionales y el proyecto de nación que nos debe convocar. La violencia es la negación no solo de la racionalidad, sino de la esencia misma de la universidad. Este es el camino que debemos seguir insistiendo y recorriendo, que todos convenimos arropar y defender. Este es el mejor mensaje de rechazo a los violentos que se mimetizan en la universidad para desnaturalizarla y negar su esencia y naturaleza. 6. Ampliar y profundizar el diálogo con el Ministerio de Ciencias, con el fin de retomar y jalonar las apuestas científicas del país.

Desde el Sistema mixto de educación superior, reiteramos nuestra disposición y acompañamiento en la materialización del Plan Nacional de Desarrollo; nuestro propósito y compromiso es la transformación de Colombia desde la educación superior. Desde la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, gremio que integra el Sistema mixto de educación superior, conformado por universidades oficiales y no oficiales, manifestamos la disposición para acompañar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia Potencia mundial de la vida»; en particular, lo concerniente con el componente de educación superior.

En este sentido, expresamos la necesidad de ampliar y fortalecer el diálogo con el Ministerio de Educación Nacional; alrededor, de una agenda común para avanzar en las metas del sector, como son: 1. Ampliación de cobertura con un modelo de regionalización de la universidad pública, que integre la privada, con enfoque territorial; es decir, las regiones donde el indicador de cobertura está por debajo de la media nacional, lo cual exige un plan de infraestructura física y tecnológica que modernice y amplíe los campus universitarios. 2. Es necesario que las sedes regionales oferten programas académicos pertinentes para el desarrollo del país, que cuenten con metodologías y pedagogías de virtualización hasta donde sea posible con la conectividad existente. Lo anterior, requiere, por parte del Ministerio de Educación Nacional, repensar la estructura normativa que regula el actual Sistema de Aseguramiento de la Calidad, permitiendo compartir registros calificados entre las universidades; por ello, la ampliación de cobertura requiere reformas y recursos financieros. 3. Es urgente la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que permita un nuevo modelo de sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior públicas. Igualmente, es necesario continuar una discusión amplia entre los actores del sistema de educación superior encaminado a una reforma integral de la Ley 30 de 1992. La planeación y puesta en marcha de una reforma tan importante, requiere integración de los actores del sector, considerándolos a todos como parte constitutiva del mismo, en donde primen reglas claras, para que el proceso alcance su cometido. 4. Coincidimos con el PND cuando propone una reconceptualización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, racionalizando procesos y trámites enfocados a una gestión del fomento de la calidad, para el mejoramiento continuo de los procesos misionales en la educación superior; dicho de otro modo, una política de aseguramiento de la calidad con énfasis en la gestión del fomento y, no solo, en la inspección y vigilancia que ha sido el modelo dominante, con el cual, se ha ejercido presión sobre rectores e instituciones de educación superior. 5. Desde el sistema mixto de educación superior, reiteramos el llamado al diálogo, a convertir nuestros campus universitarios en ágoras públicas donde se delibere con argumentos sobre aspectos institucionales y el proyecto de nación que nos debe convocar. La violencia es la negación no solo de la racionalidad, sino de la esencia misma de la universidad. Este es el camino que debemos seguir insistiendo y recorriendo, que todos convenimos arropar y defender. Este es el mejor mensaje de rechazo a los violentos que se mimetizan en la universidad para desnaturalizarla y negar su esencia y naturaleza. 6. Ampliar y profundizar el diálogo con el Ministerio de Ciencias, con el fin de retomar y jalonar las apuestas científicas del país.

Desde el Sistema mixto de educación superior, reiteramos nuestra disposición y acompañamiento en la materialización del Plan Nacional de Desarrollo; nuestro propósito y compromiso es la transformación de Colombia desde la educación superior.

La jurisdicción de Justicia y Paz fue creada con la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, A pesar de que se consideró que en su momento este procedimiento podría funcionar como una justicia transicional, lo cierto es que jamás se alcanzó a dimensionar que tendría que enfrentarse a temas tan diversos como la macro criminalidad y macro victimización que se generan alrededor de estas conductas delictivas, por lo que se ha desdibujado la principal característica de este marco jurídico que es la temporalidad y ya lleva alrededor de 20 años siendo incluso más larga que la justicia ordinaria.

Al tratarse de una justicia novedosa, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, sobre la marcha se fueron construyendo los conceptos y procedimientos, pues el universo de víctimas que aún sufren con la existencia y actuar ilícito de los grupos en todo el territorio nacional, claman por justicia verdad y reparación. Razón por la cual se presentó el Proyecto de Ley 303 de 2024, cuyo principal objetivo es definir la situación jurídica de aquellas personas que actualmente están siendo procesada bajo esa jurisdicción, fortalecer la institucionalidad tanto en talento humano como en capacitación del mismo, la admisión de personas que por diferentes motivos debieron ser investigadas por Justicia y Paz y no lo fueron, además la creación de un procedimiento abreviado especial que conlleve a la celeridad de las actuaciones, en aras de cerrar definitivamente el proceso de Justicia y Paz, y la incorporacion de terceros y agentes del estado en este marco legal.

Esta ley 975 ah tenido errores historicos los cuales con base en el aprendizaje, se buscan subsanar en este proyecto de Ley, es importante enunciar algunos de los mismos:

• Se creó una justicia transicional, cuyo objetivo era totalmente distinta a la ordinaria, sin embargo, las bases de la misma fue la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, es decir, una justicia ordinaria, el cual se trata de un procedimiento oral que investiga hecho por hecho, atribuyéndoselo a un sujeto activo, lo cual se llevó a esta jurisdicción especial y generó retrasos en los procedimientos toda vez que los hechos eran millones e investigarlos y juzgarlos uno por uno se convirtió en una labor maratónica y lo sigue siendo tanto para los jueces como para los victimarios que casi 20 anos despues siguen pegados a las audiencias eternas que los obligan a tener conectividad casi que permanente con este tribunal, cuanto tiempo mas??????, bien por el gobierno Petro que se a atrevido a hablar de cierre de un sistema que nacio con errores y tropiezos y crecio a la deriva y sin dolientes como si este fuera un proceso que busca revictimizar y recriminalizar para que el tiempo borre la verdad, la justicia y el derecho a la reparacion a las victimas, el cual hoy el Pais esta ante una realidad, han sido estafadas por avivatos que arrebataron la tierra entrgada por victimarios para las victimas y fueron utilizadas para su beneficio personal, nunca es tarde para saber la verdad, y que nuestras victimas no se sigan muriendo empobrecidas, por un cartel de indolentes y de despojadores, que le jugaron sucio a victimarios y victimas en este proceso de Paz.

Pero tambien se debe decir que hoy el congreso de la Republica puede entrar a subsanar todas estas dificultades con un proyecto de Ley que tiene sus ventajas y que ayudaria sustancialmente a la Paz y la reconciliacion de nuestro Pais, y entre estas se destacan:

• Se establece la concentración en el procedimiento, por tanto, las audiencias tramitadas dentro de este se pueden adelantar sin la totalidad de los magistrados, a menos que la decisión así lo amerite, para lo cual se deben utilizar los medios tecnológicos idóneos, lo que, además, agilizaría los procedimientos toda vez que la mayoría de retrasos que se presentan actualmente están relacionados a la lectura íntegra de las decisiones que se debe realizar con toda la sala.

• Se consagra un procedimiento especial, cuyas características son que es abreviado, oral y escrito.

• Se admiten nuevas personas dentro de la jurisdicción, como lo son terceros, agentes del Estado, las personas que accedieron a la Ley 1424 de 2010 y no han sido postuladas a Justicia y Paz y a quienes estuvieran investigados o condenados bajo la justicia penal ordinaria en el marco de su pertenencia a los grupos organizados al margen de la ley.

• Se busca un fortalecimiento institucional de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General y de los funcionarios adscritos a Justicia y Paz, incluida la creación de nuevas magistraturas y de un juez de Liquidaciones.

• Se establece como plazo máximo para el cierre definitivo de la jurisdicción de Justicia y Paz de cinco años a partir del fortalecimiento institucional antes mencionado pues es a partir de este la única manera de poder resolver las situaciones jurídicas de los postulados y desmovilizados que actualmente están en justicia y paz y los nuevos admitidos, priorizándose la definición de la situación jurídica de los comandantes.

• No se realizará la investigación de hecho por hecho, sino bajo criterios de macro criminalidad.

A pesar de lo anterior, algunos medios de comunicación y diferentes actores nacionales han tergiversado los objetivos del proyecto por lo que se aclara que:

• No es un proyecto de “segundas oportunidades” ni de “perdón social”, el objeto de este es el cierre de justicia y paz.

• No van a ingresar todos los grupos armados que a voluntad lo deseen, en principio está dirigido a desmovilizaciones particulares a menos que excepcionalmente se configuren las situaciones del artículo de los admitidos.

• No es un proyecto que elimine las penas, por el contrario, las penas a imponer toman el carácter de restaurativo y son las mismas establecidas en la Ley 975 de 2005.

Por: Jairo Torres Oviedo

 Rector de la Universidad de Córdoba 

El sector de la educación superior, asiste a un debate público oportuno y necesario sobre la reforma del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – Icetex; lo cual, evidencia la necesidad de una reforma estructural de una institución estratégica y organizada para la educación superior, fundamental para el logro de los objetivos del Gobierno nacional en materia de educación superior. En el Plan Nacional de Desarrollo – PND 2022 – 2026 Colombia potencia mundial de la vida, concibe la educación como un derecho fundamental progresivo; soportado en cuatro pilares: 1. Educación superior de calidad, pertinente y gratuita; con ampliación de cobertura. 2. Educación básica y media de calidad; que incluye formación y vinculación de nuevos docentes, mejorar condiciones de infraestructura física, reformas curriculares y reformar el sistema general de participación. 3. Plan de alimentación escolar, que garantice seguridad alimentaria a los niños y niñas dentro del sistema escolar. 4. Educación para la paz y convivencia. Estos pilares, trazan la hoja de ruta, por donde debe avanzar la educación; define qué se debe hacer; pero, no señala el cómo lo vamos a lograr.

En este sentido, el liderazgo del Ministerio de Educación debe centrarse en convocar a los actores del sector para construir un acuerdo nacional por la educación, que impulse las apuestas educativas propuestas en el PND; cuyo propósito es la dignidad humana y justicia social con los jóvenes históricamente excluidos del derecho a la educación. Una apuesta para fortalecer la universidad pública e integrar el sistema mixto de educación superior con enfoque regional. En este contexto, el Icetex, debe rediseñarse y fortalecer; tarea pendiente y postergada. Necesitamos una institución que facilite créditos educativos a jóvenes de escasos recursos, cuyo indicador de cobertura es bajo; créditos accesibles y condonables; un Icetex jalonando la democratización del derecho a la educación. Para ello, se requiere construir un acuerdo con el sistema mixto de educación superior y actores privados del sector productivo que soporte y facilite este propósito.

En el primer semestre de 2024, el Icetex reportó un total de 931.382 beneficiarios activos a través de créditos educativos reembolsables, fondos en administración y programas internacionales. De este total, 442.369 estudiantes accedieron a créditos tradicionales, de los cuales el 92% pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3; además, 487.165 hacen parte de fondos en administración, que ofrece créditos condonables y mixtos; cumpliendo una función social transformadora que genera movilidad social. Para sostener esta responsabilidad es necesario la sostenibilidad financiera del Icetex, para ello, el Gobierno aporta el 25% del presupuesto general de la nación. Esto significa, reconocer el esfuerzo del Gobierno, en medio de la crisis fiscal del país, que garantice la continuidad de los créditos educativos. Igualmente, evidenciar la necesidad de auto sostenibilidad financiera y construcción de un modelo de gestión y generación de recursos propios, para lograr la permanencia y graduación; e impidiendo el pago de interés por crédito educativo impagables. Debido a esto, hacemos un llamado desde el sistema mixto de educación superior y el conjunto de los actores del sector; con el liderazgo del MEN, para construir una reforma del Icetex, y, convertirlo en una institución que jalone el acceso a la educación superior en condiciones de calidad y pertinencia de los jóvenes de las regiones y territorios marginales. La educación es el medio, para superar las asimetrías sociales y territoriales.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

La educación con calidad juega un papel incuestionable en el desarrollo social y crecimiento de un país, en donde el eje fundamental es el desarrollo humano basado en principios éticos y morales que permitan a la sociedad convivir en un mundo mejor, sustentado en pilares diamantinos de paz, equidad y educación.

En el debate sobre la educación superior en Colombia, el Icetex ha desempeñado un papel crucial en el acceso a oportunidades para miles de jóvenes. Sin embargo, su misión se encuentra en riesgo ante los recientes recortes presupuestales y anuncios preocupantes. El apoyo financiero que proporciona esta institución es vital para la formación profesional de los estudiantes y, por ende, para el futuro del país. No podemos permitir que decisiones de corto plazo generen una crisis de esperanza entre nuestra población estudiantil.

En relación con este tema en publicación reciente sobre el futuro de la educación, subrayé, que nuestro país enfrenta un momento crucial en su historia educativa y no me cabe la menor duda de que esta afirmación cobra mayor vigencia con el debate sobre la educación superior en Colombia y el Icetex, entidad reconocida como una efectiva herramienta del Estado para potenciar el crédito y el acceso a la educación con calidad para el desarrollo educativo de nuestro país. Sin embargo, con las restricciones presupuestales anunciadas su misión se encuentra en jaque comprometiendo el riesgo crediticio para miles de jóvenes colombianos, unos que con esperanza buscan iniciar sus estudios superiores y otros que con disciplina se esfuerzan para mantener el beneficio obtenido para continuar con sus carreras profesionales.

La seguridad jurídica y financiera para los estudiantes es indispensable. Interrumpir los giros del Icetex ocasiona pánico e incertidumbre. Por ello, es fundamental que los entes territoriales, en colaboración con instituciones nacionales, trabajen incansablemente para garantizar que la educación superior sea accesible para todos, especialmente para aquellos que provienen de contextos menos favorecidos. Muchos líderes en los sectores privado y público fueron beneficiarios del Icetex; su éxito es un testimonio del impacto positivo de esta institución.

El Gobierno Nacional debe actuar con sensatez. Las decisiones económicas deben centrarse en ofrecer oportunidades que promuevan la educación. La propuesta de financiamiento del Ministerio de Educación, que ha sido recortada considerablemente, plantea la necesidad de un replanteamiento de prioridades. Según estudios del sector, la educación superior contribuye al crecimiento económico y al desarrollo social, y cada peso invertido brinda un retorno significativo al país.

El déficit de $2,1 billones en el presupuesto para educación es un claro llamado a la acción. La ley de financiamiento propuesta por el Gobierno busca cerrar esta brecha, pero este esfuerzo requiere el respaldo de toda la sociedad. La experiencia sugiere que, si no se toman medidas ahora, el daño a nuestro sistema educativo podría ser irreparable, poniendo en peligro los sueños de 62.000 jóvenes que tienen el derecho a una educación digna.

Es imperativo que unamos esfuerzos y enfoquemos nuestra atención en garantizar que el Icetex no solo sobreviva, sino que se fortalezca. Propuestas de financiamiento alternativas, reformas en la gestión de Icetex e iniciativas conjuntas entre el sector público y privado son esenciales para asegurar su futuro. Además, es crucial que la comunidad educativa, las empresas y la sociedad civil participen activamente en este proceso.

Hoy más que nunca, debemos mantener viva la esperanza por nuestros jóvenes. La educación es un pilar fundamental del progreso, y al invertir en ella, estamos invirtiendo directamente en el futuro de Colombia. No dejemos que la incertidumbre apague las aspiraciones de las futuras generaciones.

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador del Departamento de Córdoba

El frágil crecimiento del PIB, dado a conocer por el DANE a sep-24, representa un llamado a las autoridades económicas a tomar decisiones responsables, pero contundentes, para su fortalecimiento. Y es que, mientras el crecimiento acumulado a sep-24 fue de un 1.6% vs. 0.6% a sep-23, esta leve mejoría del desempeño económico colombiano es aún inferior al de países de la región, como Chile, que creció a un 2.1%, o México, que creció a un 1.7% para el mismo periodo. Estas tasas de crecimiento están muy por debajo de lo que crecerá el mundo en 2024 (3.2%) y las economías emergentes (4.2%).

Y es que el crecimiento económico nos debe preocupar a todos, porque de allí se desprenden, entre otras cosas, los empleos y los ingresos fiscales del país, y de estos ingresos, las inversiones que, desde el Presupuesto General de la Nación (PGN), se hacen en las regiones o en instituciones clave como el Icetex, entre otras. Un proceso muy similar aplica a nivel territorial en los departamentos y municipios.

Por sectores económicos, sorprende el crecimiento acumulado a sep-24 del sector de actividades artísticas y recreativas (9.8%) y del sector agropecuario, con un crecimiento de 8.9%, aunque el impacto de estas variaciones es proporcional a la participación de las mismas dentro del PIB. Mientras las actividades artísticas y recreativas representan un 3.9% del PIB, el sector agropecuario representa un 8.9% del PIB. Las actividades que mayor participación tienen dentro del PIB son comercio al por mayor, al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida (37.8%) y administración pública (15.1%). Estas actividades tuvieron un crecimiento acumulado a sep-24 de 0.2% y 4.1%, respectivamente.

Desde la perspectiva de la demanda, sorprende tanto el bajo crecimiento como la baja participación de la inversión dentro del PIB. Esta es la variable que nos habla del futuro, de nuestras esperanzas. La variación acumulada de la inversión a sep-24 fue de solo un 0.5%, y su participación dentro del PIB se ubicó en un 14.2%, comparado con un promedio histórico de 21.6% desde 2005.

Ante este panorama, es urgente la ejecución de un conjunto de medidas a nivel nacional que nos permitan impulsar el crecimiento, el recaudo tributario, el empleo y las inversiones vitales en nuestros territorios. Aunque a nivel territorial los gobernadores y alcaldes del país ejecutamos nuestros presupuestos, estos son reducidos e inflexibles en comparación con los del PGN. Las alternativas a nivel nacional para ello no son pocas en la actual coyuntura: a) Alineación de nuestras políticas con la nueva administración de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, para procurar un mayor intercambio comercial y de inversión. b) Incentivos a la atracción de empresas que, dados los aranceles enunciados por Estados Unidos a países como China, buscarán reubicarse en otros territorios para producir y exportar desde allí (lo que se denomina offshoring). c) Impulsar la DIAN para que sus promesas de recaudo se vuelvan una realidad, permitiendo que los recursos del PGN hacia los territorios se ejecuten en su totalidad, entre otras medidas.

Entre tanto, desde el departamento de Córdoba, que tiene una participación dentro del PIB nacional de 1.8% y una población de casi 2 millones de habitantes, nos encontramos ejecutando dos grandes tipos de actividades. Por un lado, estamos ejecutando un ambicioso programa que incluye obras de infraestructura vial, acueductos y escenarios deportivos, entre otras. En segundo lugar, estamos implementando una importante agenda de actividades con empresarios, cuerpo diplomático e inversionistas extranjeros, con el objetivo de internacionalizar e incorporar dentro del radar mundial al departamento.

La agenda desde las regiones se está ejecutando, pero mi llamado es a que el crecimiento económico a nivel nacional debe ser fortalecido con ejecuciones y acciones concretas de cara a las nuevas realidades, tanto locales como internacionales.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Colombia enfrenta un momento crucial en su historia educativa. Con una tasa de graduación en educación secundaria que oscila entre el 70 y el 80%, y un ingreso a la educación superior que abarca solo entre el 40 y el 50% de los graduados, nos encontramos ante un panorama que revela tanto éxitos como desafíos.

A pesar de los esfuerzos realizados, la cifra de 240.000 a 350.000 jóvenes que no acceden a la educación superior anualmente es un llamado urgente a la acción colectiva. No podemos permitir que se conviertan en estadísticas más; debemos transformar estos datos en oportunidades.

Sin embargo, los desafíos en materia educativa se agravan por la alarmante tasa de desempleo juvenil, que según el reciente informe del DANE para el trimestre móvil julio – septiembre 2024 alcanza un 16,4 % a nivel nacional. Siendo preocupante el porcentaje de ciudades como Quibdó (35,7 %), Sincelejo (25,9 %), Cartagena (23,7 %), Barranquilla (22,8 %), Ibagué (22,5 %), Riohacha (22,5 %), Montería (21,5 %), Florencia (29,8 %), Valledupar (19,3 %) y Tunja (18,9 %).

Estas cifras no solo reflejan desajustes en el mercado laboral, sino también la urgencia de adaptar la formación profesional a las demandas reales de empleo. Las políticas de formación y los programas de incentivo a la contratación son imprescindibles para mitigar esta situación. En Colombia tenemos que empezar a cerrar la brecha entre la educación y el empleo, no podemos seguir permitiendo generaciones de talentos desperdiciados.

Resulta imperativo que gremios, empresas y sectores productivos se unan en un esfuerzo conjunto para delinear los perfiles y empleos del futuro. Esta sinergia no solo debe tener en cuenta las particularidades de nuestras regiones, sino también las demandas de los mercados internacionales. Al articular una visión clara y prospectiva, la academia podrá diseñar programas educativos que respondan eficazmente a estas necesidades, garantizando así que los egresados estén alineados con las expectativas del sector. Solo a través de esta colaboración proactiva podremos generar un contexto donde la oferta de empleo crezca y se diversifique, enriqueciendo nuestra economía y ofreciendo a nuestros jóvenes un futuro más prometedor.

Complementario a ello, es indispensable la implementación de programas de bilingüismo en colegios públicos y privados como un paso vital hacia la mejora de la competitividad de las regiones. Así como la capacitación docente y el acceso a recursos tecnológicos como estrategias valiosas que también se tienen que fortalecer, toda vez que a medida que el mundo se globaliza, las futuras generaciones se enfrentan a un mercado laboral cada vez más exigente, en el que el dominio del inglés y las nuevas tecnologías no son un lujo, sino una necesidad.

Adicionalmente, se requiere del compromiso de las instituciones educativas superiores para retener a los alumnos y garantizar su graduación. Actualmente, solo entre el 50 y el 60% de los estudiantes que ingresan a la universidad logran finalizar su carrera. Es vital que se establezcan mecanismos de apoyo financiero y académico que ayuden a los estudiantes a superar obstáculos y culminar su formación profesional.

En Colombia se debe blindar el engranaje entre el gobierno, la academia y las empresas. Con esta unión de esfuerzos y la implementación de políticas educativas adecuadas, podremos cambiar el panorama actual. Es hora de que todos los actores se comprometan con esta causa, construyendo juntos un puente entre la educación y el mundo laboral. El llamado es a que construyamos juntos una nación donde cada estudiante no solo sueñe con una carrera, sino que logre culminarla y así seguir inyectándole energía al motor de una Colombia próspera, justa y equitativa. El futuro de nuestra nación depende de la educación y empleabilidad de nuestros jóvenes.

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 19 de noviembre, tomaron posesión, el presidente, vicepresidente y nuevos miembros del consejo directivo de la Asociación Colombiana de Universidades-Ascun; integrada por instituciones públicas y privadas, que constituyen el sistema mixto de educación superior del país. Asumir la conducción de la Asociación Colombiana de Universidades en los próximos dos años, representa un honor que asumimos con el compromiso de continuar trabajando por el fortalecimiento de la educación superior, con ello, al desarrollo de la nación.

Los rectores de las universidades asociadas concedieron en el reciente consejo nacional de rectores, un mandato de confianza y reconocimiento a la experiencia y liderazgo de quienes asumimos los cargos en mención. En consecuencia, la nueva junta directiva de Ascun, tiene el compromiso de orientar dicha Asociación, en sintonía con los principios y convicciones que durante 67 años han determinado el derrotero de esta; además, continuar siendo un interlocutor que lidere la discusión pública sobre temas y problemas del sector, proponiendo escenarios de cambio y transformación. Para ello, trabajaremos acorde con un plan de acción que será la hoja de ruta planificada y estratégica que orientará estos propósitos y fines de la agremiación; de esta forma, responder a los retos y demandas de la educación superior. Algunas de esas acciones estarán centradas en: Primero. Trabajar de manera mancomunada con el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de avanzar en la ampliación de cobertura, en sintonía con la apuesta del Gobierno nacional establecido en el Plan Nacional de Desarrollo; las universidades públicas y privadas ponemos a disposición nuestra experiencia para el logro de este propósito; haciendo énfasis en los territorios y regiones donde el indicador de cobertura sea bajo. Segundo. En materia normativa, desde el observatorio legislativo de Ascun, continuaremos haciendo seguimiento a los proyectos de reforma legislativa que impactan el sector; teniendo como referencia, que, algunas de esas reformas son lesivas y afectan el sistema de educación superior. Tercero. Se continuará ampliando la internacionalización, integrándonos en redes y asociaciones internacionales para fortalecer la integración académica y científica en beneficio del sistema de educación superior. Cuarto. Consolidar el vínculo entre nuestras comunidades académicas a través de escenarios de integración y cooperación mutua, como la cultura y el deporte, donde Ascun tiene un liderazgo nacional e internacional. De igual manera, la cooperación solidaria entre las IES asociadas para compartir experiencias en distintos ámbitos académicos. Quinto. Trabajar desde el conocimiento de las universidades por la reforma y fortalecimiento del Icetex; institución que beneficia a 442 mil estudiantes con créditos directos para estudios universitarios, donde el 98% pertenece a los estratos 1 y 2. Sexto. Desde la presidencia de Ascun, lideraremos un proceso de ampliación y profundización del diálogo con instituciones gubernamentales como el Ministerio de Educación Nacional, la Comisión Sexta del Senado, la Federación Nacional de Departamentos, Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación; entre otras. Esta es la mejor forma de avanzar en el desarrollo y materialización de la agenda como sector de educación superior. En este orden, en 67 años de vida institucional, Ascun ha sido una asociación líder, con reputación, credibilidad y confianza. Con liderazgo académico activo y permanente en distintas instituciones e instancias del estado.

Hoy asumimos, desde la presidencia y la junta directiva, un mandato y reconocimiento que responderemos con liderazgo, trabajo y resultados para continuar fortaleciendo la educación superior del país. El reto será continuar construyendo universidad para la transformación social.

Entendemos la salud mental, según los organismos internacionales, como un estado de bienestar que abarca las dimensiones física, psicológica y social.  Se concibe como un derecho fundamental y es mucho más que la ausencia de enfermedad mental.  Una buena salud mental permite el desarrollo personal, el aprendizaje, la integración laboral, la formación de relaciones saludables y la contribución a la comunidad.

La salud mental afecta a una gran parte de la población mundial; la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de 1.000 millones de personas viven con algún trastorno mental. La Confederación Mundial de Salud Mental advierte que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo para 2030 y que entre el 35 % y el 50 % de las personas afectadas no reciben tratamiento adecuado.  Se estima que 1 de cada 4 personas experimentará un trastorno mental a lo largo de su vida.

En Colombia, una encuesta de 2023 realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social con el Centro Nacional de Consultoría reveló que el 66,3 % de los colombianos ha enfrentado algún problema de salud mental.  Estas cifras demuestran la importancia de atender esta área crucial de la vida.  Pero, ¿por qué asistir al psicólogo incluso si consideramos que «todo va bien»?

He aquí cinco razones:

1. Es un espacio de escucha seguro: Encontrarás un lugar donde expresar tus pensamientos y sentimientos sin juicio.
2. Autoconocimiento y crecimiento: Trabajarás en reconocerte, aceptarte y en los aspectos que desees mejorar como persona, con la guía de un profesional.
3. Gestión emocional: Aprenderás a gestionar tus emociones y tomar mejores decisiones, incluso en situaciones difíciles.
4. Hábitos de autocuidado: Desarrollarás hábitos de autocuidado que benefician todas las áreas de tu vida.
5. Prevención: Recibirás educación sobre la promoción y prevención de la enfermedad mental, con la cual podrás ayudarte y ayudar a quienes estimas.

Nunca antes se había hablado tanto de salud mental como en esta época, este concepto se ha vuelto transversal en todos los sectores de la sociedad, no es para mejor, no es un lujo, es una necesidad, invertir en ella es invertir en nosotros mismos, en nuestras relaciones y en una sociedad más plena.  No esperes a que la crisis te golpee; busca apoyo profesional y construye una vida mentalmente saludable, hoy.

Autor:

@luisenarvaezm

Psicólogo

Magíster en Psicología

Especialista en Intervención Psicosocial