Categoría: Opinión

Por: Oswaldo Marchena Mendoza

@marchenojob

“Mejor intercambiar sombreros que enterrar muertos. Mejor que florezca la verdad y se marchite el odio. La reconciliación es una narrativa que necesita símbolos” Hubert Ariza.

Una parte importante de la historia de Córdoba está escrita con sangre, repleta de víctimas y teñida de luto. Esas circunstancias propiciaron un entorno de terror, pobreza y miseria en el departamento. Cualquier rayo de luz que alumbre ese túnel oscuro de violencia y muerte, abre un nuevo capítulo de esperanza en un territorio atribulado por su reciente pasado de violencia.

El encuentro de Gustavo Petro y Salvatore Mancuso en un mismo escenario frente a las víctimas, es el faro que puede iluminar las tinieblas de la guerra, o del conflicto (la forma de describirlo es lo de menos).

Las reacciones políticas tras el encuentro, van desde masacrar mediáticamente la firmeza del presidente Petro a la hora de buscar la paz, con Mancuso como aliado (gestor de paz), tras apuntar que es una afrenta a las víctimas. Quienes critican esa apuesta del presidente, lo hacen desde sus cómodas oficinas en Bogotá (políticos, periodistas y redes sociales). Igual, ellos no saben lo que es llorar un familiar mientras agoniza después de un atentado.

En la fría Bogotá o en la primavera de Medellín desde donde tratan de detonar el puente que tendieron Petro y Mancuso entre las víctimas y sus verdugos, no saben lo que es tener que abandonar un pedazo de tierra con sus cosechas y animales, para engordar los cinturones de miseria en los centros urbanos. “Es muy fácil auspiciar la guerra, pero cuando los muertos son los hijos de otro. No los de uno.” Dijo en el 2014, el entonces ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.

“Cuándo miré por primera vez a los ojos de las víctimas en las primeras audiencias de justica y paz, fue cuándo pude dimensionar el dolor qué le causamos a ellos y a todas sus familias” dijo Mancuso ante víctimas del conflicto en el coliseo Happy Lora de Montería, durante un evento donde esas víctimas recibieron más de 8 mil hectáreas de tierras que el gobierno nacional les quitó a los violentos.

Más que una confesión, las palabras de Mancuso son un punto de inflexión en la historia del conflicto. Los avatares de la guerra comienzan a mostrar banderas blancas, ondeadas por el gobierno nacional y por quien es su momento lideró un poderoso ejército de autodefensas o de paramilitares (insisto que la interpretación o descripción es lo que menos importa ahora).

Resulta positivo para esta nueva puerta que se abre a la paz en Córdoba, el lenguaje pacifista del gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta Bechara, quien a pesar de no haber acompañado al candidato Gustavo Petro, fue el primer mandatario regional que le propuso abrir una ventana para diálogos regionales de paz. Con esa petición el gobernador, Zuleta Bechara le madrugó a subirse al bus de la paz total de Petro.

En ese acto de entrega simbólica de más de 8 mil hectáreas de tierras a campesinos por parte del gobierno nacional, el gobernador Erasmo Zuleta, le propuso al presidente Gustavo Petro trabajar de manera coordinada para cerrar el ciclo de negociación que se realizó en Santa Fe de Ralito, en el año 2004, con las Autodefensas Unidas de Colombia. El presidente reaccionó a la solicitud y dijo que su gobierno contempla la posibilidad de retomar esas negociaciones, las cuales también consideró inconclusas.

Zuleta Bechara dijo estar listo para asumir el compromiso y recordó que ese acuerdo fue un proceso que se quedó en el papel porque las víctimas no han sido reparadas en su totalidad.

“Frente a ustedes, asumo la responsabilidad que me corresponde por tanto dolor, sufrimiento y lágrimas por el despojo de tierras. Desde lo más profundo de mi corazón les pido perón”, les dijo Salvatore Mancuso a las víctimas ante un escenario repleto de euforia y esperanza.

“Hoy es un día especial, difícil de abarcar, incluso difícil de entender. Han pasado 19 años desde que conocí a Salvatore Mancuso y la situación cambió para usted y para mí. Lo nombré a usted Salvatore, gestor de paz, para que ayude a la paz, para que no se repita lo que se vivió en el pasado” dijo emocionado el presidente Gustavo Petro.

Ahora el reto es pasar “del dicho al hecho”, atrás deben quedar los discursos, los abrazos y las emociones. Mientras el gobierno siga repartiendo tierras a campesinos y campesinas, el presidente que estuvo en la guerrilla en el pasado y el excomandante paramilitar, deben avanzar en armar ese complicado rompecabezas de la paz.

Ya es hora de poner en la práctica las palabras de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco “Señor presidente Gustavo Petro, este sin duda es el camino correcto, pero no podemos hacerlo solo, el gobierno por más voluntad que tenga no puede solo. Con respeto y humildad le pido que no nos deje por fuera de la agenda de paz total”

Al final de la tarde los ciudadanos, la comunidad internacional y los campesinos que hoy reciben tierras del gobierno nacional necesitan que ese momento histórico que protagonizaron Gustavo Petro y Salvatore Mancuso ayude a armar el rompecabezas de la paz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

La paz, como un derecho humano esencial, debe garantizarse sin discriminación. Su realización requiere fundamentos de verdad, justicia y reparación, así como elementos sociales, políticos y económicos. El Estado tiene el deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, así como el de cumplir sus compromisos contraídos en el marco de las negociaciones con grupos al margen de la ley, logrando este equilibrio podremos consolidar una paz duradera.

La unidad nacional en Colombia ha sido un anhelo constante y un gran desafío a lo largo de nuestra historia. En un país marcado por el desplazamiento de más de 8 millones de personas debido al conflicto armado, la búsqueda de una auténtica reconciliación se vuelve más urgente que nunca.

La reciente reunión en Montería entre el Presidente Gustavo Petro y campesinos cordobeses, en la que hizo presencia Salvatore Mancuso, presupone un diálogo abierto entre todos los actores del conflicto, incluso entre quienes alguna vez fueron adversarios, por lo que considero que toda conversación debe ir acompañada de un diálogo inclusivo que incorpore a periodistas, empresarios, académicos y todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad civil. Es crucial pasar de los simbolismos a acciones concretas que transformen la vida de los más vulnerables, especialmente la población campesina, que ha sido testigo y víctima del conflicto durante tantos años.

En esta reunión también se realizó el lanzamiento del Gran Acuerdo Nacional, iniciativa que busca desescalar las tensiones políticas que nos afectan y parte de la premisa de que la paz y la concordia solo se lograrán mediante la articulación de posiciones antagonistas, que respeten la legalidad y la preservación de nuestra democracia.

La entrega de tierras es un buen comienzo, pero debe ir de la mano con un apoyo integral que incluya asistencia técnica, apoyo social, acceso a capital semilla, capacitación y acceso a tecnologías modernas para convertir el campo colombiano en un motor de desarrollo y competitividad. Estas herramientas serán clave para fortalecer los procesos productivos y abrir nuevas oportunidades en el mercado nacional e internacional.

Además de ello, el diálogo social debe estar fundamentado en la equidad, evitando exclusiones políticas, religiosas, ideológicas o raciales. La construcción de una paz genuina requiere de la contribución de todos, asegurando que nuestros campesinos tengan acceso a créditos bancarios y ruedas de negocios que les ayuden a cultivar y transformar sus tierras.

Es fundamental no caer en la trampa de los favoritismos, sino que es necesario que se reconozca y amplifiquen las voces de todas las comunidades, especialmente aquellas que han sido históricamente marginadas. La paz no es simplemente la ausencia de confrontaciones; es un compromiso activo de construcción y reparación social, que implica un cambio de mentalidad y la voluntad de sanar los vínculos rotos.

Construir una Colombia en paz no es tarea sencilla, pero es posible si hacemos de la inclusión y la justicia social nuestras prioridades. Es momento de transformar décadas de dolor en una historia de progreso y desarrollo, y está en nuestras manos tomar las riendas del presente para forjar la Colombia que todos merecemos y anhelamos.

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

En los últimos años, los sectores de la educación, ciencia, tecnología e innovación (CTI) en Colombia han venido siendo intervenidos por una larga lista de proyectos de ley; esto, con el propósito de reformarlos con buenas intenciones, pero reflejan un desconocimiento relacionado con estas reformas. En este sentido, desde la Asociación Colombiana de Universidades Ascun; organismo que agrupa el 90 % de las universidades públicas y privadas del país, hemos revisado el proyecto de Ley 132 de 2024 que pone en riesgo la continuidad del Fondo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El mencionado proyecto de ley tiene por objeto: «Modificar los artículos 332, 360 y 361 de la Constitución Política de 1991, con el fin de fortalecer la Autonomía Territorial y la Descentralización Administrativa de las entidades territoriales receptoras de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR). La iniciativa establece que los departamentos, distritos y municipios participen del 98 % de los recursos del SGR, con el propósito de garantizar un proceso efectivo que permita el cierre de brechas mediante la ejecución de proyectos de inversión necesarios en los territorios, asegurando una distribución equitativa y eficiente de los recursos». Esta iniciativa de reforma constitucional, si llegara a prosperar, una de sus consecuencias sería la extinción del Fondo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que, son financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Por consiguiente, desde Ascun hemos hecho observaciones y comentarios para la discusión de este Proyecto. Debido a que, esta iniciativa de reforma desconoce la realidad de la ciencia en Colombia; adolece de una larga tradición de desconocimiento y marginalidad por parte de los distintos gobiernos.

No obstante, desde las universidades hemos manifestado reiteradamente, la pírrica inversión que hace el Estado en ciencia, tecnología e innovación; solo el 0,24% del PIB, por debajo de países de América Latina y la Ocde. Además, en contravía de tendencias globales y voces de organismos internacionales como: (Unesco, Ocde, Foro Económico Mundial, Onudi), la Misión Internacional de Sabios y destacados académicos que insisten en destinar mayores recursos al conocimiento. Esta es una inversión que ha demostrado ampliamente sus beneficios en la construcción de equidad y desarrollo.

En calidad de miembros de Ascun, rechazamos la iniciativa de acabar el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías; debido a que esto, profundizaría el retroceso y estancamiento científico y tecnológico de la Nación; lo anterior, en sintonía con la reducción del presupuesto de Minciencias en los últimos años. Por ello, las universidades en Colombia, responsables de cerca del 95 % de generación de nuevo conocimientos y otros actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación, observan con preocupación la falta de compromiso estatal para liderar el desarrollo de sus capacidades institucionales en investigación y ciencia.

Desde Ascun, insistimos al país político representado en el Congreso, que vean la ciencia y la tecnología, como sectores estratégicos para el desarrollo del país, lo que significa mantener el esfuerzo para que Colombia transite hacia una sociedad de la economía del conocimiento. No puede ser un contrasentido que los países con mayor desarrollo invierten más en ciencia, tecnología e innovación. Seguir bajando la inversión en CTI y tomar los recursos para estas como fondos de libre destinación, nos ha costado el atraso; incluso, frente a otros países de América Latina y el Caribe. La ciencia no puede seguir padeciendo una miopía política.

Es una paradoja que en una misma jugada se sientan ganadores tanto la izquierda como la derecha. Por eso la gestión de Gregorio Eljach será vigilada con lupa desde ambas orillas

Por: Hubert Ariza

Columna de opinión tonada de El País (España)

El Senado de la República eligió con 95 votos al ex secretario general de esa corporación por 12 años, Gregorio Eljach, como procurador general de la Nación, lo que en la práctica significó una derrota política del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y un triunfo del presidente Petro y la clase política tradicional.

Es una paradoja que en una misma jugada se sientan ganadores tanto la izquierda como la derecha, y que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, califique la decisión como una bandera blanca del Ejecutivo al Legislativo, después de dos años de intensa guerra fría.

Qué tanto incidirá esta elección en la aprobación de la agenda legislativa del Ejecutivo estará por verse. En este caso hay que recordar la máxima de que en política las cosas no son en blanco y negro, cada día es diferente y lo único cierto es lo que ya pasó.

El próximo 17 de enero, entonces, comenzará una nueva era en la Procuraduría, fundada en abril de 1830, en la que su mayor reto será blindarse para seguir existiendo, ante los constantes ataques de sus detractores, entre quienes se encuentra el propio jefe de Estado y el derrotado Vargas Lleras.

En los pasillos del viejo edificio de la calle 15 de Bogotá, en consecuencia, comenzará a escucharse en 2025 el canto gregoriano del presidente Petro, que no puede ser otra cosa que una sinfonía de anhelos represados para modificar profundamente esa entidad, quizá como parte de una reforma a la justicia, dentro del acuerdo nacional que promueve el ministro del Interior. Una tarea bastante difícil si se tiene en cuenta que cada partido político defenderá su botín burocrático, en una nómina abultada que contiene miles de cargos bien remunerados, cientos de ellos equivalentes a los más altos del Estado.

En tiempos de campaña electoral, además, poco futuro tiene cualquier iniciativa que signifique menoscabar el poder de la clase política.

Con la elección de Eljach, la Procuraduría se sumará a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República como entidades cercanas a la Casa de Nariño. Nada diferente a lo que ha ocurrido en la mayoría de los gobiernos anteriores, pero que en tiempos de enorme polarización alimenta la preocupación de la extrema derecha, angustiada por recuperar el poder en 2026 y huérfana de liderazgos capaces de cumplir esa tarea.

Muchos son los retos del nuevo jefe del ministerio público, en especial demostrar autonomía e independencia de la Presidencia de la República, defender la existencia de esa histórica institución bajo su mando, posicionarla en la agenda pública después de cuatro años de invisibilidad, recomponer la confianza con las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, diseñar una agenda que la reconecte con las comunidades en los territorios, tener presencia en las regiones y ser decisiva en la lucha contra la corrupción.

Una tarea pendiente en estos últimos cuatro años, en el que la procuradora saliente cierra su gestión con broche de oro al archivar el proceso disciplinario contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, en el sonado caso de los Centros Poblados, en el que se perdieron 70 mil millones de pesos. La exfuncionaria del Gobierno Duque es del mismo sector político de la disciplinadora saliente.

El ministerio público, asimismo, debe ser propositivo en la defensa de los derechos humanos y en la agenda de paz total, que lidera el Gobierno nacional, y que busca silenciar el conflicto armado interno que por décadas ha afectado a Colombia.

Esa iniciativa vive en permanente crisis, ahondada por el rompimiento del proceso con el ELN. Es vox populi que las organizaciones sociales que habían recuperado la confianza en la Procuraduría, durante la gestión de Fernando Carrillo Flórez, le dieron nuevamente la espalda a la entidad, en el último cuatrienio, ante su pasividad frente a la agenda de derechos humanos. Primero, durante la segunda mitad de la gestión presidencial de Duque, en la que la muerte de líderes sociales se convirtió en una crisis permanente que convocó la solidaridad de la comunidad internacional.

Y, luego, durante la administración Petro, en la que la defensa de la vida es percibida como una bandera política para atacar al Gobierno del cambio, ante su ineficacia en la atención de ese fenómeno, que no deja de alimentar la máquina de la guerra en los territorios, golpeando en especial a los líderes ambientales que rechazan la minería criminal y a quienes se oponen a la suplantación de los liderazgos sociales por el ELN y las disidencias.

La gran expectativa hoy es qué va a pasar con el ente de control bajo el mando de Eljach, durante los 18 meses del período del presidente Petro, quien ha tenido con esa institución una pésima relación y busca su transformación total.

Hay que recordar que, siendo alcalde de Bogotá, el 8 de diciembre de 2013, Petro fue destituido por 15 años por el entonces procurador Alejandro Ordoñez, un fanático religioso que cerró las puertas a las organizaciones sociales y la agenda de derechos humanos y atacó a los líderes de izquierda. Esa decisión fue revocada tras la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que ordenó medidas cautelares de protección a los derechos del alcalde Petro, lo que obligó la modificación de la legislación disciplinaria interna.

La victimización de Petro y la derrota de su fanatizado verdugo, lo catapultaron políticamente. A Petro lo empoderó aún más en su ascenso hacia la jefatura del Estado. Y, como presidente de la República, ha denunciado a la saliente jefa del ministerio público, Margarita Cabello, seguidora del expresidente Duque, como perseguidora de sus funcionarios y su agenda de cambio.

“En la Procuraduría yo espero, una Procuraduría independiente, que no sea enemiga del Gobierno en el sentido de que la Procuraduría no está para convertirse en la policía política como desde hace dos años para acá viene sucediendo. La Procuraduría tiene es que ayudarnos a que no haya corrupción”, dijo desde México, donde asistió a la posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué significa no ser enemiga del Gobierno? Sin duda, ahí estará la lupa de la oposición y de los medios sobre la gestión del recién elegido procurador, que deberá cumplir a cabalidad el mandato legal de prevenir y disciplinar a los funcionarios públicos, contribuyendo a investigar y erradicar con eficacia cualquier denuncia de corrupción oficial, castigando a los agentes gubernamentales del presidente que se desvíen, como ya ocurrió con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, que ha sido el golpe más duro en la credibilidad del primer mandatario y su lucha contra la ilegalidad.

Los casos abiertos por ese episodio tendrán especial interés para la opinión pública y, sin duda, serán elemento central en la campaña presidencial ya en marcha.

El presidente Petro ya le trazó una ruta de acción a Eljach: “Tenemos un camino que recorrer para cumplir las sentencias internacionales de DDHH, abandonar cualquier camino peligroso de ‘lawfare’ y adentrarnos en un acuerdo nacional para una transformación real de Colombia”. Aunque el 10 de abril de 2022, antes de ser elegido presidente, había trinado: “Propongo que la Procuraduría pase al poder judicial y se constituya como la gran fiscalía anticorrupción”.

El canto gregoriano de Petro en la Procuraduría apenas comienza. Habrá que esperar a ver qué tanto se acopla el país a esa nueva tonada de nuestra macondiana historia. Eljach, un hombre sereno, que ha capoteado por décadas la clase política, tendrá que demostrar que llegó para hacer historia, no por cerrar la Procuraduría, sino por darle un nuevo impulso en la lucha contra la impunidad y la construcción de una sociedad respetuosa de la vida.

Por Orlando Benítez Quintero.

Recuerdo a Radio Mango, un intento radial en el municipio de Los Córdobas del que alguna vez escribí. Era una emisora peculiar: unas bocinas instaladas en lo alto de un frondoso palo de mango de una casa en el centro de la población transmitían información local bajo demanda (avisos parroquiales).

Aunque rudimentaria, esa iniciativa funcionaba gracias a la pasión y el esfuerzo de su creador, Jaime Paternina —también entrenador de boxeo—, quien con dedicación la mantenía sonando en lo más alto. Hoy, en el Caribe y en otras regiones, aún existen muchos ‘Radio Mangos’: portales digitales, emisoras comunitarias y pequeños periódicos que enfrentan dificultades similares para sobrevivir, esforzándose por mantener la calidad del periodismo local.

En este contexto, el reciente anuncio del Gobierno Nacional de destinar el 33% de la pauta oficial a medios alternativos, comunitarios y digitales tiene el potencial de convertirse en un salvavidas para estos proyectos, siempre y cuando mantenga su loable espíritu y no se convierta en un instrumento de manipulación o censura.

La política busca incluir a los medios pequeños que no suelen acceder a los recursos públicos y podría fortalecer la democracia al dar espacio a más voces de los territorios. En muchas zonas donde los grandes medios no llegan, estos medios locales son esenciales, ya que ofrecen información cercana y relevante para sus comunidades. Sin embargo, esta oportunidad también plantea riesgos. Si no se implementan los filtros necesarios, medios que no cumplan con los estándares éticos y periodísticos podrían sacar provecho.

El Presidente de la República ha señalado que el objetivo de esta medida es democratizar la información y fortalecer a los medios pequeños, que son parte esencial del tejido social del país. Es una meta ambiciosa, pero para que sea exitosa, es clave gestionar adecuadamente el proceso para asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente informan con veracidad y compromiso.

Es imperativo evitar que los «medios bodegueros» —plataformas que distorsionan la información para servir a intereses particulares— se beneficien indebidamente, afectando a los medios comprometidos con la verdad.

El desafío principal debería ser asegurar que los fondos se distribuyan de manera equitativa y responsable. Los medios comunitarios y alternativos deben ser pilares de información confiable, no herramientas de desinformación o manipulación. En este sentido, las agremiaciones periodísticas, tanto a nivel local como nacional, juegan un papel crucial: deben vigilar el proceso, denunciar irregularidades y garantizar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los merecen.

Otro factor de riesgo es que la entrega de pauta se convierta en un mecanismo de censura, de blindaje o de ataque coyuntural a los grandes medios en un país con libertad de expresión. Por ello, procesos como este deben garantizar independencia editorial, monitoreo, equilibrio y criterio ético.

Al final, es ideal que los «Radio Mango» de hoy —con su humilde pero valiente vocación de servicio— encuentren en esta iniciativa el apoyo que necesitan para seguir informando, sin desmedro de todas las formas de buen periodismo. Al igual que aquellos que transmitían desde lo más alto de un palo de mango, estos medios continúan luchando por dar voz a sus comunidades y deben sobrevivir.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Colombia, nuestra patria, ha sido históricamente un escenario de grandes conflictos políticos y sociales. Sin embargo, considero que la historia no puede pensarse únicamente como la reflexión del pasado, sino, como la posibilidad de replantear el presente y construir el futuro como si fuera un camino que nos conduzca a concretar el destino y alcanzar la meta.

Precisamente cobijado por esta premisa surgió Propósito Colombia, un noble esfuerzo que reúne a los alcaldes del periodo 2020-2023 comprometidos con el desarrollo y bienestar de nuestra nación.

El tercer encuentro de Propósito Colombia, celebrado en Montería, ha resultado satisfactorio. Con un excelente grupo estamos poniendo al servicio del país nuestra valiosa experiencia y conocimiento adquirido durante nuestros mandatos. Este esfuerzo inédito reúne a líderes que, tras culminar sus periodos, han decidido dejar atrás las diferencias políticas para unirse en la construcción de soluciones para nuestras comunidades.

Durante este enriquecedor evento, tuvimos la oportunidad de interactuar con la academia en un conversatorio en la Universidad Cooperativa. En ese magno recinto de la academia y la inteligencia, dialogamos con los estudiantes en un ambiente de verdadera democracia sus ideas, visiones de país, anhelos y sueños, recordándonos que el verdadero cambio siempre surge de quienes tienen la valentía de imaginar un futuro mejor.

El propósito de nuestro colectivo es claro: abordar los problemas que afectan a nuestras regiones con un enfoque inclusivo y pragmático, incluyendo temas de seguridad, empleo, dinámicas económicas y política social. Con Propósito Colombia no solo trazamos un mapa de los desafíos actuales, sino que también proponemos soluciones a corto, mediano y largo plazo, dispuestos a generar las condiciones favorables que tanto necesitan los colombianos.

Con un énfasis en soluciones apartadas de ideologías políticas, buscamos devolver la voz y la esperanza a nuestras comunidades. Sabemos que las verdaderas soluciones se forjan desde las regiones, y es allí donde ponemos nuestro mayor esfuerzo para la generación de bienestar en barrios y corregimientos.

Somos conscientes de que los retos son enormes, especialmente en tiempos desafiantes de seguridad, economía y política social, pero también sabemos que cada desafío es una oportunidad para innovar y crecer.

Propósito Colombia representa una hoja de ruta colaborativa donde las voces académicas y expertas juegan un papel crucial. Hoy extendemos la invitación a todos aquellos que compartan nuestra visión de un país unido, un país donde la esperanza es tangible y el progreso compartido.

Juntos, podemos construir un camino de bienestar genuino para que nuestras futuras generaciones lo puedan recorrer con orgullo y confianza. Visionamos un país justo, equitativo, sostenible y lleno de oportunidades para consolidar así una Colombia Grande.

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

Recientemente, hacíamos referencia acerca de la inversión del 0,24% del PIB, en ciencia, tecnología e innovación – CTI, que tiene Colombia; bastante irrisoria en relación con el número de países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – Ocde. Aumentar la inversión en CTI, incrementaría la riqueza de las naciones; así como su PIB per cápita. Lo anterior, es una característica de las economías industrializadas. Contrario a ello, en América Latina, y en particular, Colombia; el desarrollo de políticas en CTI ha sido tardío, y no obedece en principio, a iniciativas propias de los países de la región; son el resultado de extender la mirada hacia Estados Unidos y Europa, como referentes. En este sentido, es importante enfatizar las políticas públicas que generen las condiciones para el desarrollo científico y tecnológico, de esta forma, transitar y avanzar hacia una economía del conocimiento que permita, por medio del avance científico y tecnológico alcanzar altos niveles de crecimiento económico, desarrollo y bienestar social.

Revisemos algunos modelos y referentes internacionales de sociedades que hicieron de la economía del conocimiento, otra manera de pensar y concebir novedosas estrategias para generar desarrollo económico; países que constituyen los llamados «Tigres asiáticos», tales como: Singapur, Corea, Taiwán, Japón; además, China y Corea del Sur; entre muchos más. Hace 50 años, estaban en condiciones difíciles como naciones. ¿Qué hicieron para lograr niveles de desarrollo tecnológico, económico y bienestar social? Entendieron que la teoría desarrollista sobre la tenencia de recursos naturales y posición estratégica no era suficiente y los excluía. Por consiguiente, sus gobiernos implementaron una apuesta visionaria, prospectiva y sostenible, centrada en el conocimiento, e invirtieron gran parte de su PIB en ciencia, tecnología, innovación y formación de capital humano; es decir, formaron académica y científicamente a su juventud. Construyendo un presente de adelantos científicos, desarrollo económico y bienestar colectivo. Se convirtieron en referentes de la economía del conocimiento. Estos logros en materia de desarrollo económico han sido alcanzados sin poseer en sus territorios abundancia de recursos naturales; en cambio, se convirtieron en grandes productores de conocimiento que se materializa en creación de tecnologías e innovación científica.

En este contexto, Colombia tiene mucho que aprender; dado que, se debe estructurar una agenda pública y estratégica para construir una política de Estado que defina la hoja de ruta en materia de ciencia, tecnología e innovación; asimismo, incrementar los recursos financieros para el logro de lo anteriormente dicho. Para ser competitivos, no es suficiente legislar y construir normas; es necesario invertir en ciencia, tecnología e innovación; que genere conocimiento científico para hacer competitivo los sectores estratégicos del país. Persistir en lo mismo de siempre, es continuar creando normas descontextualizadas de las prioridades del país; por ejemplo, el decreto 1651 de 2019, que creó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación SNCI, basado solo en la industria y producción, excluyendo las universidades responsables del 95% de la investigación científica en Colombia; igualmente, el proyecto de ley 132/2024C que pretende otorgar el manejo a los departamentos y municipios del 98% de los recursos del sistema general de regalías; desconociendo los focos priorizados por la Misión de Sabios.

Lo anterior, reafirma la miopía del país político, que, persistentemente, desconoce el liderazgo transformador de la ciencia para el desarrollo científico y tecnológico del país.

Por: Erasmo Zuleta Bechara.

Gobernador del departamento de Córdoba.

En los últimos años hemos sido testigos de grandes transformaciones a nivel global en diferentes frentes. En materia geopolítica las divisiones son cada vez más claras y profundas, en el frente comercial hemos pasado de un proceso acelerado de globalización a una deglobalización, y, por último, tanto las economías como los negocios, se encuentran en medio de una transición acelerada a modelos más sostenibles ambientalmente. Es aquí donde quiero hacer especial énfasis dado el mayor grado de conciencia que se ha despertado con respecto a la biodiversidad.

La crisis climática y medioambiental es una realidad. Según las estadísticas oficiales el 2023 fue el año con mayores temperaturas a nivel mundial desde 1850, fecha desde la cual se tienen registros. Según algunos científicos, las especies extintas en el mundo pueden rondar las 1500 en los últimos 500 años. Del año 2017 al 2024 se han emitido alrededor de 2.266 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente y solamente se han retirado durante el mismo periodo, 1.054 megatoneladas. El exceso de estos gases es el que genera, entre otros, el efecto invernadero, el calentamiento global y desaparición de especies. A lo anterior se debe sumar un sin número de actividades humanas que impulsan la extinción de determinadas especies.

Conscientes de ello, al interior de Naciones Unidas se ha venido desarrollando lo que se denomina Conferencia de las Partes o COP, que es la Convención Marco de esta institución que trata sobre cambio climático, diversidad biológica y desertificación. Esta conferencia reúne a más de 190 países. Su última sesión fue en Dubái en 2023 la cual se denominó COP28 y culminó con el compromiso de abandonar lentamente el uso de combustibles fósiles lo que implicaba una aceleración fuerte del desarrollo de energías alternativas.

En el mes de octubre, la ciudad de Cali acogerá la COP16 y se espera que en esta conferencia se materialicen las acciones conducentes a proteger la biodiversidad mundial. Para ello, es indispensable movilizar los recursos necesarios para este fin, pero también crear el ecosistema adecuado donde se incentiven, a través de mecanismos comerciales, los mercados de carbono y biodiversidad.

Los anteriores mercados tienen poco desarrollo tanto a nivel global como nacional y básicamente consisten en equilibrar por un lado la oferta de créditos de carbono o de biodiversidad con la demanda de los mismos. Lo anterior implicaría que los proveedores o vendedores del servicio, puedan garantizar la integridad de los productos que ofrecen a los demandantes y así mantener un equilibrio ambiental en términos de emisión de gases y preservación de las especies.

Desde el Caribe colombiano tenemos mucho que ofrecer en términos de biodiversidad. Pero, así como tenemos grandes oportunidades de desarrollo ambiental, tenemos grandes amenazas como la erosión costera, la minería ilegal y la deforestación. Por lo anterior, es muy importante que desde el gobierno central e inclusive desde la cooperación internacional, nos permitan tener las condiciones de financiación necesarias que permitan, por un lado, visibilizar esta gran biodiversidad, pero también protegerla de estas amenazas que son reales y crecientes, con acciones y responsables claros. Un ejemplo de esta gran biodiversidad es la Ciénaga de Ayapel (sitio Ramsar), que hace parte del macrosistema de humedales y zonas inundables de la Depresión Momposina y es un sistema de lagunas sobre la llanura aluvial del Río San Jorge.

Cuidar el tercer país más biodiverso del mundo es una responsabilidad de nuestra generación.

Por: H.S Antonio José Correa

El hombre que porta con orgullo desde hace algo más de un año la más alta dignidad de la Policía Nacional, ha logrado ganarse el cariño y la confianza de los colombianos pues no cabe duda que bajo su mando esa institución ha logrado recuperar su honorabilidad y credibilidad.

Desde mayo del 2023, con gran acierto, William Rene Salamanca Ramírez, es el Director General de nuestra querida Policía Nacional por designación del Presidente Gustavo Petro, quien lo trajo nuevamente a las filas pues había sido retirado del servicio activo tras el ascenso del General Jorge Luis Vargas.

Durante toda su exitosa carrera policial, el General Salamanca se ha hecho merecedor de 127 condecoraciones y 175 felicitaciones, más una serie de honores entre los que se destacan: la Orden de la Cruz de Boyacá, la Orden de San Carlos, la Orden de la Democracia Simón Bolívar, la Orden de la Justicia, la Medalla al Mérito Turístico, la Medalla Servicios Distinguidos del Ministerio de Defensa Nacional, la Medalla ‘Manuel Murillo Toro’ y la Medalla al Mérito Ambiental ‘Barón Alexander Von Humboldt’, incluso recibió de manos de su majestad el Rey de España; la Orden ‘Isabel La Católica’. Y por si fuera poco recibió recientemente la presidencia de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL).

Desde el primer día que lo conocí, tuve la convicción de estar frente a un hombre confiable, honorable y de resultados pero sobre todo con una característica muy especial: capaz de combinar la amabilidad y la templanza.

Las cifras de su gestión lo hacen digno de todos los reconocimientos públicos. Según el último informe del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO del 1 de enero al 13 de septiembre de 2024; las cosas van por buen camino. Aquí un breve vistazo al tema: Reducción en 9 delitos de impacto a nivel nacional: -3,5% en el homicidio; 330 vidas salvadas; – 17 de los 32 departamentos, con reducción en el homicidio; -30,5% en el secuestro, -17,1% en el hurto a personas, ; -17,5% en el hurto a residencias. Y miremos ahora los resultados operativos; 149.703 capturas por todos los delitos, en cuanto a la ofensiva contra el contrabando: Aprehensiones: 48.467.432 unidades de mercancías, avaluadas en más de $214.198 millones; 203 allanamientos a centros de acopio del contrabando.

Resultados contra la extorsión: 2.014 capturas, 1.761 casos resueltos, con 81 estructuras desarticuladas. En la larga lista de resultados esta la de las operaciones contra estructuras criminales Grupos Armados Organizados (consolidado) EMC, Segunda Marquetalia, ELN y Clan del Golfo: 95 operaciones realizadas; 569 capturas, 107 cabecillas capturados, 51 integrantes muertos en desarrollo operacional; 1.776 laboratorios destruido y 71 bienes ocupados, avaluados en 45.737 millones de pesos.

Nada le queda grande a este amable y rudo oficial quien tiene ahora una misión muy especial: estructurar una línea investigativa que permita saber con certeza la presunta compra y uso del llamado software espía “Pegasus” desde el que se habrían realizado interceptaciones ilegales.

Después del debate de control político que presido en la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso, el General Salamanca declaró públicamente que tras instrucción del mandatario nacional, creó una línea investigativa en el interior de la institución y que la Policía tiene toda la disponibilidad y disposición para contribuir con lo que requiera la Fiscalía General de la Nación. Y concluyó que la más interesada es la institución en esclarecer si este software existió pues el país necesita conocer la verdad.

Adelante General Salamanca cuenta usted con todo mi apoyo y el de millones de colombianos que solo ven en su gestión éxitos tras éxitos, los que pidieron y celebraron su baja en su momento, deben estar muertos del susto porque usted viene dando, y dará con todos los auspiciadores del contrabando y el narcotráfico desde lo institucional, y con los más grandes desfalcadores de lo publico en el País, muy bien por usted que como nunca antes el pueblo colombiano, deposita y confía mucho más en nuestra Policía Nacional lo que merece exaltación para usted y para cada uno de los miembros de nuestra querida y amada Policía Nacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Desde hace muchos meses interpusimos una demanda ante el Consejo de Estado en contra de una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que establece el cobro de opciones tarifarias, cobro que ha puesto en jaque a los más de 12 millones de usuarios del Caribe, quienes deben pagar cifras exorbitantes en sus facturas, resultando en una carga financiera que ya no podemos soportar.

La realidad es clara: millones de compatriotas en nuestra región aún carecen de acceso a la electricidad, combustibles y tecnologías limpias para cocinar. Esta falta de acceso contribuye a una inseguridad energética que impacta de manera física, social y económica a nuestras comunidades. La carencia de un suministro justo y accesible no solo incrementa la pobreza, sino que, también atropella el desarrollo social. En este contexto, el clamor por tarifas de energía justas se convierte en un imperativo moral y económico.

Las implicaciones de esta situación son abrumadoras. El daño que se ha causado es incalculable y se manifiesta en la competitividad de nuestra región. La incertidumbre tarifaria ahuyenta el interés de los inversionistas, que, ante la falta de claridad y de un marco justo, prefieren mirar hacia otros horizontes donde las condiciones son más favorables. Además, afecta a las pequeñas y medianas empresas que, en un entorno ya complicado, luchan por sobrevivir y por crear empleo.

La energía es vital para la tranquilidad de los ciudadanos, y, sin embargo, el costo del kilovatio hora en el Caribe es escandaloso. Este aumento insostenible ha repercutido negativamente en los presupuestos mensuales de las familias, forzándolas a recortar gastos en alimentos y servicios esenciales. La desesperanza se apodera de los más de 12 millones de colombianos que habitamos esta región.

Hoy, los ciudadanos se sienten defraudados por las tarifas excesivas. Es esencial que el Gobierno Nacional devuelva la mirada hacia el Caribe y, a través del presupuesto nacional, implemente soluciones rápidas y eficaces. Las tarifas injustas que nos afectan no son solo un problema de precios; son una cuestión de dignidad y de derechos humanos. Es hora de que el Caribe reciba el protagonismo que merece en la agenda nacional.

Todos unidos debemos alzar nuestra voz de protesta en pos de una seguridad y equidad energética que fortalezca nuestra competitividad industrial y económica. Solo así podremos lograr un progreso social sostenible en nuestra región. Colombia debe unirse al Caribe en esta cruzada por un futuro energético más justo.

Nuestras comunidades merecen un servicio eléctrico que no esté atado a tarifas desmesuradas. La equidad energética no es un privilegio, es un derecho que debe garantizarse. Ahora, más que nunca, es momento de unir fuerzas y exigir un cambio que beneficie a cada uno de los habitantes del Caribe.