Categoría: Opinión

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026; participé en calidad de panelista en el conversatorio «Del privilegio al derecho»; el nuevo modelo de formación de alto nivel para la democratización científica en Colombia. Espacio donde compartimos reflexiones alrededor de la investigación científica y, en particular, los esfuerzos para formar el capital humano a nivel de maestrías y doctorados.

Cabe señalar, que es necesario retomar el informe elaborado por la última Misión de sabios; quienes formularon unas apuestas en materia de ciencia, tecnología e innovación. La Misión definió 8 focos estratégicos que Colombia debe trabajar; a saber: biotecnología, bioeconomía y medio ambiente. Ciencias de la vida y la salud. Energía sostenible. Océanos y recursos hidrobiológicos. Ciencias básicas y del espacio. Ciencias sociales, desarrollo humano y equidad. Industrias creativas y culturales; además, Tecnologías convergentes e industrias 4.0. Sectores estratégicos para el desarrollo, en donde debe centrarse el esfuerzo en investigación e innovación. Para ello, es inevitable construir capacidades científicas, tecnológicas y humanas; de esta forma, fortalecer las existentes.

En este orden, el país debe ser autosuficiente y autónomo en conocimiento básico para alcanzar un desarrollo económico; de este modo, poder disputar posiciones relevantes en la economía global. Consecuentemente, necesitamos desarrollar tecnologías propias. Como ya se dijo, continuar aumentando los recursos públicos en ciencia, tecnología e innovación; por lo tanto, una educación para la diversificación económica, que incluya nuevas industrias tecnológicas; formación de un capital humano que permita transitar a una verdadera sociedad del conocimiento.

La inversión total en investigación y desarrollo es de 0.24% del PIB; la meta es llegar a 1.5% del PIB en ciencia tecnología e innovación; no hacer esta inversión, es continuar rezagados en productividad y progreso social. Invertir para el futuro, va de la mano con la formación de capital humano en los niveles de maestrías y doctorados; especialmente en formación doctoral; nivel para formar investigadores en áreas estratégicas y pertinentes para el desarrollo.

En este sentido, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha venido avanzando con convocatorias públicas; soportadas en un modelo más público, equitativo y regionalizado con formación de capital humano de alto nivel; lo que permite democratizar el acceso; históricamente concentrado en pequeñas minorías o elites académicas; además, condensado en regiones del país; en particular: Bogotá, Antioquia y Valle de Cauca con el 60% de la oferta de formación doctoral. El esfuerzo de Minciencias, adquiere sentido cuando observamos que Colombia tiene un rezago en formación doctoral; solo 19 doctores por cada millón de habitantes. Estos datos los comparamos con países de la región, como Brasil, con 107 doctores por millón de habitantes; Chile, con 45 doctores por millón de habitantes; Argentina, con 41; y países de Europa, como España, con 233 doctores por millón de habitantes y Portugal, con 221 doctores por millón de habitantes.

Asimismo, el liderazgo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha sido, continuar la política pública de formación de capital humano, a través de convocatorias públicas financiadas; de esta forma, pasamos del privilegio al derecho para la juventud colombiana con enfoque territorial. En esta misma línea, las universidades colombianas hemos construido capacidades con más de 400 programas de formación doctoral, pertinentes a las necesidades de los territorios.

Dado lo anterior, es necesario replantear la destinación de los recursos de regalía en actividades de ciencia, tecnología e innovación; actualmente, se destina el 10% de las regalías; la Misión propone elevar ese porcentaje al 25%. Estos recursos se destinarían a educación con atención integral para menores de cinco años de las Regiones. Financiación de centros e institutos de innovación e investigación para las regiones; lo cual permitiría la formación de magíster y doctores. Necesitamos políticas públicas de Estado en materia de ciencia, investigación y desarrollo para hacer del conocimiento un derecho y no un privilegio.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

En días recientes, los medios de comunicación difundieron una información relacionada con los salarios de algunos profesores de la Universidad de Sucre; observando valores excesivos en comparación con el resto de profesores del Sistema Universitario Estatal; esta información generó un sentimiento moral de indignación y rechazo por parte del estamento estudiantil; exigiendo explicación y respuestas a los directivos del ente universitario.

Este tema, copa la atención de la comunidad académica y la opinión pública; lo que requiere, asumirse y explicarse con responsabilidad y veracidad. Para ello, debemos ilustrar la comprensión del mismo.

El Decreto 1279, expedido el 19 de junio de 2002; tiene el siguiente campo de aplicación: en las universidades estatales, a quienes se vinculen a través de concurso público de mérito como empleados públicos docentes, el mencionado decreto establece los factores para asignación de puntos salariales de la remuneración inicial; es decir, salario de enganche. Esta remuneración mensual inicial se establece multiplicando la suma de los puntos adquiridos en su hoja de vida, por el valor del punto. Los factores valorados son: títulos profesionales, estudios universitarios, la categoría dentro del escalafón docente, la experiencia calificada, y la productividad académica (libros, capítulos de libros, obras artísticas, software, artículos científicos, entre otros).

En ese orden, este marco normativo y legal establece el procedimiento que define la remuneración salarial de los profesores de las universidades oficiales; el cual es coordinado y liderado por el Comité Interno de Asignación de Puntaje, Ciarp. de cada universidad. La intención y espíritu del 1279; no solo es permitir salarios dignos, acordes al nivel de formación profesional; sino un estímulo e impulso para la producción académica, cultural, tecnológica y científica que aporte con criterios de pertinencia en la transformación social y económica de los territorios; espíritu desvirtuado en muchas ocasiones con «producción de nuevos conocimientos» sin aportes e impactos en las dinámicas de desarrollo de la ciencia y, mucho menos, en los territorios de influencia. Nuevos conocimientos publicados en revistas depredadoras, sin reconocimiento en el mundo de la ciencia; muchas de ellas, construidas virtualmente para cobrar por publicaciones sin ninguna trascendencia; artículos elaborados por inteligencia artificial, trabajos repetidos, coautorías, entre otras prácticas, validadas como construcción de ciencia; lo que, en la práctica, no es más que una caricatura degradante de mercantilizar la ciencia y la producción de conocimiento.

Ahora bien, esta conducta no podemos generalizarla; en las universidades públicas tenemos profesores e investigadores que hacen investigación científica con rigor y calidad académica; de esta forma, generan patentes, prototipos, libros y artículos científicos publicados en revistas de alto impacto y citados por la comunidad científica. En este sentido, el tema debe asumirse con responsabilidad y criterio selectivo.

El tema es amplio y profundiza una discusión planteada y deliberada en la comunidad académica; no solo legal; sino ética. El 1279, no es el problema, sino la regulación y aplicación, manipulada y abusada sistemáticamente; en consecuencia, estamos frente a una conducta éticamente reprochable; al mejor estilo de la tradición latina «hecha la norma, hecha la trampa»; sin reparo y sin escrúpulo; es decir, actuaron sin principios éticos. Por supuesto, en el caso de la Universidad de Sucre, a los profesores señalados, debe dárseles las garantías del debido proceso y presunción de inocencia; además, los organismos de control deben adelantar las auditorías correspondientes para determinar las responsabilidades respectivas.

El debate está abierto y requiere, en el marco de la autonomía universitaria; la crítica y autocrítica. No es tapando y ocultando la complejidad, la forma de resolver el caso; sino asumiéndola con responsabilidad y ética profesional para corregir y no repetir. Necesitamos una regulación del 1279 con límites, rigor y calidad en la producción científica. La esencia de la universidad es la ciencia y debe reafirmarse en ella para no perecer; para ello, debemos difundirla con pertinencia, criterio social y condición humana sin mercantilismo.

Por: Erasmo Elías Zuleta Bechara

Gobernador del departamento de Córdoba

“Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia”, afirmaba Nelson Mandela. Y lo que ha sucedido en los últimos años en Córdoba representa el mayor acto de justicia sobre sus habitantes: entre el año 2024 y el 2025 la pobreza multidimensional (PM) disminuyó 5,9 puntos porcentuales (PP), la segunda mayor caída en el país durante ese periodo, y se encuentra en su menor nivel desde el año 2018, alcanzando un 19,8%.

Solo para recordar: hace 7 años el nivel de PM era de 34,4 % y hace 2 años era de 21,4 %. ¿Y qué significa disminuir el índice de PM? Significa que los cordobeses pueden acceder más fácilmente a servicios de acueducto, que las condiciones laborales han mejorado, significa que el hacinamiento de nuestros hogares ha disminuido y que las condiciones educativas de nuestros jóvenes han progresado.

Hace falta mucho por mejorar, pero ciertamente el departamento avanza en la dirección correcta. Mientras la tasa de desempleo departamental en 2023 fue del 12,1 %, en 2025 fue del 10,5 %. Esto significó que, entre otras, el departamento pasara de tener 765 mil ocupados en 2023 a 818 mil en 2025, creciendo durante el periodo el número de empleados en sectores tan importantes como el agropecuario, el de turismo y el de transporte. Más empleos significan más ingresos y mayor bienestar para los cordobeses al permitirles contar con los recursos necesarios para vivir mejor.

Y la encuesta de calidad de vida del DANE también da cuenta de mejores condiciones para los cordobeses. Por ejemplo, mientras en déficit habitacional, que es un indicador de las deficiencias de carácter estructural y no estructural de las viviendas en el departamento, fue de 60,6 % en 2022, para 2025 este fue de 55 %.

Un comportamiento similar se presentó en los servicios públicos esenciales. Entre 2023 y 2025, 19 mil hogares más del departamento pudieron acceder al servicio de recolección de basuras, 16 mil hogares más pudieron acceder al servicio de acueducto, 10 mil hogares más pudieron acceder al servicio de alcantarillado y 32 mil más al servicio de energía. Y en acceso a internet no estamos atrás: mientras en 2023 tenían acceso 276 mil hogares, en 2025 tuvieron acceso 361 mil hogares, es decir, 85 mil más.

Estos resultados, entre otros muchos a ser informados en los próximos días por parte de mi administración, son el resultado de la interacción de todos los estamentos sociales del departamento: del sector público, del sector privado, de los empresarios, de los trabajadores, de la academia, de los docentes, de los estudiantes y de todos los cordobeses.

El único camino que le espera a Córdoba es el camino del progreso.

Posdata: Aprovecho este espacio para invitar a todos los colombianos y extranjeros a asistir a la Feria Nacional de la Ganadería en su versión 64, a celebrarse en Córdoba entre el 5 y el 15 de junio. Este es un espacio que reúne lo mejor del departamento: arte, cultura, folclore, gastronomía, negocios y esparcimiento.

¡Córdoba, lo tiene todo!

Por:Jairo Torres Oviedo.
Rector de la Universidad de Córdoba

En días recientes, el Colegio La Salle de Montería fue escenario de una conducta social bastante común y recurrente en las instituciones de educación básica y media, e incluso en el nivel superior: el acoso escolar.

En el lenguaje técnico, este fenómeno se denomina bullying y se define como una forma de violencia sostenida en el tiempo, ejercida de manera física, psicológica o verbal por uno o varios estudiantes sobre otro que se encuentra en estado de indefensión, generando afectaciones a su salud física y mental.

Lo particular de este caso es que la conducta fue difundida y puesta en conocimiento público a través de un video, en el cual se observa a un menor de edad incurriendo en acoso escolar contra otro compañero. Este hecho, más allá de la indignación inmediata que provoca, merece un análisis académico y social profundo, pues refleja un comportamiento característico de los ambientes escolares.

En consecuencia, la escuela como institución no puede permanecer indiferente: tiene la obligación moral y pedagógica de asumir el problema con un enfoque integral que permita su estudio, comprensión e intervención, involucrando activamente a todos los actores de la comunidad educativa. Considero que solo mediante este compromiso colectivo será posible transformar la cultura escolar y garantizar que la formación no se vea empañada por prácticas de violencia que contradicen la esencia misma de la educación.

El bullying es un tema complejo, que encarna la complejidad social y los procesos de socialización donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes configuran la identidad y personalidad. Pensamos que solo la escuela debe asumir este problema y resolverlo, desconociendo que la intervención y respuestas están sujetas e integradas a un sistema cultural de acción, constituido por la escuela, la familia, el Estado, la Iglesia, entre otros. Entregamos a la escuela, como institución de educación y formación, responsabilidades que también deben asumir otras instituciones, lo cual incluye la familia.

El caso observado en el Colegio La Salle de Montería deja en evidencia una problemática social que evadimos, tratamos de ocultar y/o entregamos a la escuela para que la asuma; es decir, la escuela es la esponja que absorbe la incapacidad de asumir responsabilidades y fracasos de las otras instituciones que hacen parte de los sistemas culturales de acción; en particular, la familia. Pero paralelo a esta incapacidad consciente de comprender y asumir responsabilidades frente a problemas como el bullying, la estrategia mediática fue juzgar y condenar, sin derecho a la defensa y al debido proceso, a una institución educativa caracterizada por el rigor y calidad en sus procesos formativos, arraigada en una filosofía y valores cristianos, formando generaciones de jóvenes monterianos. Desconocieron la historia y tradición del Colegio La Salle-Montería; fueron ligeros, juzgando y condenando; olvidaron un valor esencial de la vida: «agradecimiento»; eso merece esta institución educativa, gratitud por lo hecho y lo que continúa haciendo por la juventud monteriana; lo anterior no exime de responsabilidad, pero tampoco lapidar la imagen de esta institución.

Además, algunos medios de comunicación apoyados por padres de familia construyeron un relato mediático, despertando morbo y revictimizando a un par de jóvenes menores de edad, quienes necesitan orientación, acompañamiento y formación para aprender y desaprender; un acompañamiento que les permita construir una conciencia moral humanizante. Sin duda alguna, el manejo mediático fue asumido irresponsablemente; olvidando que el problema debió ser abordado con mucha prudencia, con responsabilidad social y moral por los actores de la comunidad educativa; teniendo en consideración a los afectados: un par de jóvenes menores de edad en proceso de formación, sus familias, el colegio, directivos, profesores y la comunidad educativa.

Cabe señalar que, la educación tiene una responsabilidad: formar para transformar; una transformación humana y social que humanice y supere la barbarie. No son tiempos para continuar juzgando y condenando, sino para comprender, construir, formar y transformar.

Por: Erasmo Elías Zuleta Bechara

Gobernador del departamento de Córdoba

Tanto a nivel nacional como a nivel territorial, compartimos con urgencia la misma necesidad: atraer inversión para crecer como país y no solo crecer, sino recuperarnos de las peores inundaciones en la historia, a nivel departamental.

Cuando hace unos días se informó que el crecimiento económico de Colombia en 2025 había sido del 2.6%, la primera reflexión que debemos realizar para evaluar esta variación es con respecto a qué nos vamos a comparar. Nos podemos comparar con nuestra propia historia y con otras latitudes. Si nos comparamos con respecto a nuestra propia historia, el crecimiento de 2.6% fue inferior al del promedio 2006-2024, que fue del 3.6%, e inclusive inferior al del periodo 2018-2022 que, aun con pandemia, fue del 3.5%. De otra parte, si nos comparamos con otras latitudes, el mundo en 2025 creció un 2.8% y las economías emergentes y países en desarrollo (grupo al que pertenece Colombia) lo hicieron en un 3.7%.

A renglón seguido, revisamos en dónde existen mayores oportunidades de crecimiento y cuáles tienen riesgo de sostenibilidad. En 2025, mientras la inversión creció un 2.1%, el gasto público lo hizo un 7.1% y el consumo de los hogares un 3.6%. Con respecto a la expansión del gasto público, preocupa el nivel de endeudamiento del país para continuar por esta senda, y entonces donde tendríamos oportunidades es desde la inversión, tanto local como extranjera.

A nivel territorial, las necesidades de una mayor inversión también son importantes. No solo para crecer con respecto a los años anteriores, sino para que la economía y bienestar del departamento se recuperen después de unas inundaciones que afectaron a 25 de 30 municipios y dejaron a más de 225 mil personas damnificadas, 154 mil hectáreas de cultivos bajo el agua y cuantiosas pérdidas de infraestructura y medios productivos.

Para atraer la inversión a nivel nacional, es indispensable recuperar la confianza de los inversionistas. La reciente rebaja de calificación del país es un mensaje urgente de hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos de las políticas públicas en términos de responsabilidad fiscal y estabilidad institucional.

Entretanto, a nivel territorial, es fundamental la buena planificación, ejecución y consecución de fuentes de financiación para financiar la recuperación del departamento. Para esto, he solicitado al Gobierno nacional la formulación de un documento CONPES que se constituya como una hoja de ruta técnica y financiera para la recuperación integral del territorio. Esto permitiría una priorización de recursos, asegurando seguridad financiera y presupuestal, coordinación intersectorial y una visión de recuperación y crecimiento de largo plazo.

Como país, a todos los estamentos nos conviene atraer inversión y, para esto, debemos construir confianza con acciones concretas, definidas y coordinadas. Es momento de que, desde el actual Gobierno central y las candidaturas actuales a la Presidencia del país, se planteen acciones concretas para promover la inversión tanto a nivel nacional como para un departamento tan afectado por el cambio climático como Córdoba.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo Rector de la Universidad de Córdoba 

Era el 6 de abril de 1964 cuando la Universidad de Córdoba abrió sus puertas al destino. Fue el acto más revolucionario que conoció el Departamento, y el bien común más valioso de sus gentes. En un territorio marcado por la rigidez del pensamiento conservador, Unicórdoba se alzó como estremecimiento y promesa, abrazando un ideario moderno e integrador, centrado en la inclusión, la formación y la transformación de lo humano y lo social.

Estamos cumpliendo 62 años de vida institucional; al servicio de la educación pública superior del departamento de Córdoba, la región Caribe y el país; estos años permiten continuar una reflexión inagotada sobre el discurrir y trasegar de una institución que ha contribuido a pensar, delinear y configurar el presente y futuro del territorio cordobés; soportado en el poder transformador de una educación para cambiar vidas, hacer movilidad social y construir un tejido social justo y equitativo. En este sentido, es necesaria la memoria y la historia; para de esta forma, comprender estos 62 años de existencia del alma máter de Córdoba, como conciencia y pensamiento crítico para las presentes y futuras generaciones de jóvenes cordobeses; para pensar los ideales y utopías sociales como fuerzas transformadoras cuando se materializan.

El trasegar de Unicórdoba es construido sobre una historia de adversidades y dificultades, que jalonaron la génesis y evolución de la universidad, construyendo y forjando el carácter, temple e identidad como unicordobeses. Unicórdoba ha sido hecha a pulso; creada en medio de las adversidades, carencias y conflictos; estos últimos, violentos y dolorosos; donde fuerzas retardatarias, causantes de los males del pasado y presente, “predeterminadas” para controlar y dominar; e incluso, erigiéndose como dioses que determinaban la vida y la muerte, pretendieron imponer una lógica de poder autoritario y violento; para controlar el ímpetu y rebeldía de un pensamiento moderno y liberador; pero fracasaron y continuarán fracasando en sus intentos de superioridad y dominación; porque la Universidad contiene una fuerza indomable, de pensamiento, rebeldía consciente, autonomía y autodeterminación nutrida por la ciencia y reafirmada en ella, para no perecer y salir adelante; por eso insistimos en que la Universidad debe ser el centro, donde concurran e integren a los actores del desarrollo para construir una visión compartida para la transformación social.

Por esta razón, en 62 años de vida académica; recordamos, para hacer justicia y memoria con la historia, la perseverancia y tenacidad de los fundadores, quienes, movidos por principios, convicciones y fe inquebrantable en una causa, dieron nacimiento a la Universidad de Córdoba; como una construcción con identidad propia; nacida en tierras cordobesas y concebida a través de mentes lúcidas y visionarias que entendieron y concibieron la educación como la fuerza transformadora que debía impulsar y jalonar el desarrollo del naciente Departamento de Córdoba, al mejor estilo socrático; el tiempo concedió la razón. Por consiguiente, estructuraron y edificaron las condiciones para construir la Universidad durante estos 62 años.

En esta celebración reconocemos y exaltamos el trabajo y aporte de rectores, profesores, estudiantes, trabajadores, egresados, actores institucionales y de la sociedad civil que han aportado en la construcción de este proyecto educativo y emancipatorio, formando más de 55 mil profesionales en distintas disciplinas científicas; una cobertura estudiantil de 17 mil estudiantes, el 86% pertenece al estrato 1 y el 13% al dos; 362 profesores de planta; el 40% tienen título de doctorado; 35 programas académicos de pregrado, 24 programas de maestría, 7 doctorados, 54 grupos de investigación, presencia científica en 16 departamentos de la geografía nacional, 16 programas académicos acreditados de alta calidad, acreditada y reacreditada institucionalmente.

Compartimos con el departamento de Córdoba esta celebración; en especial, con la juventud cordobesa, para que se sienta orgullosa de tener el bien público social más valioso de este departamento y una de las mejores universidades del país. Como dice nuestro himno eres grande y nos haces mucho honor; a Dios pedimos que te guarde para el bien de la nación.

Por Carmen Caballero, presidenta de ProColombia

Hay momentos en que una simple oportunidad deja de ser una opción y se convierte en un punto de inflexión para empresas, regiones y para la proyección internacional de un país. La Macrorrueda de las Américas, Colombia El País de la Belleza 2026, es uno de esos hitos: un encuentro que reúne, en un solo espacio, la ambición exportadora, la atracción de inversión y la vocación turística de Colombia.

El 14 y 15 de abril, en Corferias, Bogotá, cerca de 4.000 empresarios, nacionales e internacionales, se encontrarán en agendas uno a uno diseñadas para generar importantes negocios. Hablamos de un espacio que reunirá aproximadamente 1.200 compradores internacionales y 2.500 empresarios colombianos, entre los cuales encontraremos innovadores exportadores nacionales, inversionistas que buscan proyectos de impacto, y un componente especializado en turismo de reuniones que consolida a Colombia como destino competitivo para congresos, reuniones y eventos. Resaltamos además que una proporción muy significativa de las empresas exportadoras participantes (más del 90%), son MIPYMES de diversas ciudades y regiones del país, las cuales encuentran en esta Macrorrueda de las Américas, su primera oportunidad para presentar y ofrecer sus productos y/o servicios a potenciales clientes internacionales. Se trata así de una plataforma única, diseñada para que la oferta colombiana, desde bienes diferenciados hasta servicios experienciales, se conecte con una demanda global de alto valor.

Esta Macrorrueda es un motor de internacionalización que permite diversificar mercados, posicionar productos con alto valor agregado y atraer capital que potencia innovación y empleo. Además, incluye un Bloque de Soluciones con cerca de 20 entidades que acompañarán a las empresas en logística, comercio exterior y regulación. Este espacio está diseñado para que las empresas colombianas participantes puedan acceder a servicios, herramientas y asesoría especializada que faciliten sus procesos de internacionalización.

Desde ProColombia, quiero resaltar la alianza estratégica que logramos con la Gobernación del Valle del Cauca, las alcaldías de Bogotá y Cali, y las Cámaras de Comercio de ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Es gracias a sus aportes, compromiso y apoyo de los demás aliados, que nuestras empresas cuentan con facilidades determinantes para acceder a esta plataforma. Esa cooperación público-privada es la demostración clara de cómo debemos articular esfuerzos: instituciones que facilitan condiciones, y empresas que llevan el talento y la creatividad colombiana al mercado global.

La Macrorrueda de las Américas es también una oportunidad para las regiones y los territorios: llevar el País de la Belleza más allá de sus fronteras, visibilizar cadenas de valor no minero-energéticas y mostrar que la oferta colombiana es diversa, sostenible y competitiva. Para quienes buscan atraer inversión, el encuentro ofrecerá un espacio directo con inversionistas internacionales y proyectos con potencial de transformación.

En ProColombia creemos en el poder de conectar. Esta Macrorrueda es la invitación a pensar en grande, a agendar encuentros que materialicen ventas y alianzas estratégicas, y a aprovechar un espacio que, sin dudas, fortalece la posición de Colombia en el mapa comercial y turístico mundial.

Invito al tejido empresarial colombiano a ser protagonistas, a presentar la mejor versión de sus productos, a construir relaciones de largo plazo y a usar esta vitrina para escalar sus negocios. Nuestra tarea es abrir puertas; su tarea es cruzarlas con convicción y calidad para mostrar por qué Colombia es: El País de la Belleza.

Por años, Colombia ha repetido una promesa que no termina de cumplirse: convertir la riqueza del subsuelo en bienestar para la gente. Bajo ese principio nació el Sistema General de Regalías (SGR), concebido como un instrumento para cerrar brechas territoriales y llevar desarrollo a las regiones más olvidadas.

Sin embargo, entre la norma y la realidad se ha abierto una distancia preocupante. Hoy, el sistema que debía acelerar el progreso se ha convertido, en muchos casos, en un entramado que lo retrasa. Las regalías existen, los proyectos se formulan, las necesidades son evidentes. Pero entre una cosa y la otra se interpone una cadena de trámites, filtros y decisiones que terminan diluyendo el impacto de la inversión pública. La consecuencia es clara: comunidades que siguen esperando mientras los recursos duermen en la burocracia y en los bolsillos de la Corrupción, esto sumado a que en su implementación ha derivado en un modelo excesivamente centralizado, donde las decisiones clave se toman lejos de los territorios.

Uno de los puntos críticos es el proceso de viabilización de proyectos. En teoría, se trata de un filtro técnico necesario. En la práctica, se ha convertido en un cuello de botella que concentra poder y abre espacios a la discrecionalidad. Cuando la aprobación de un proyecto depende de múltiples instancias, cada una con tiempos inciertos y criterios no siempre transparentes, el sistema deja de ser un garante de calidad y pasa a ser un obstáculo para el desarrollo, muchos de estos viabilizadores contratistas externos de Planeación nacional, o de los ministerios, sin vinculación formal y con salarios precarios, son tocados por los mega contratistas quienes interfieren a través de “sobornos” la objetividad al evaluar los proyectos radicados.

A esto se suma lo que ocurre en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), órgano de decisión para las regalías de la paz y la de los territorios. Aunque su objetivo es articular niveles de gobierno, su funcionamiento ha sido cuestionado por la concentración de decisiones y influencia de la politiquería con manejos poco éticos.

Frente a este panorama, la discusión ya no puede limitarse a ajustes marginales. Lo que se requiere es una reforma estructural del sistema de regalías, orientada a recuperar su propósito original. Esto implica, en primer lugar, simplificar el ciclo de los proyectos. Menos trámites, procesos más ágiles y el uso de herramientas tecnológicas que permitan automatizar validaciones básicas. La eficiencia no es enemiga del control; por el contrario, lo fortalece. En segundo lugar, es necesario avanzar hacia una descentralización real. Los territorios deben tener mayor capacidad de decisión sobre los recursos que les corresponden, siempre bajo esquemas claros de responsabilidad fiscal y control ciudadano.

La proximidad a las necesidades es una ventaja que el diseño actual no está aprovechando. Gobernar desde el territorio no es un riesgo; es una oportunidad para hacer más pertinente la inversión pública. En tercer lugar, la transparencia debe dejar de ser un enunciado y convertirse en una práctica verificable. La trazabilidad total de los recursos desde su asignación hasta su ejecución final es una herramienta poderosa contra la corrupción. En un país donde la desconfianza institucional es alta, abrir la información al escrutinio ciudadano no es una opción, es una obligació.

Por: Jairo Torres Oviedo.

Rector de la Universidad de Córdoba y presidente de ASCUN.

El Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), reunido en la Universidad Popular del César en Valledupar, el día 24 de marzo de 2026, tras un riguroso proceso participativo iniciado en 2025 y consolidado en siete encuentros regionales con participación de rectores, realizados entre febrero y marzo de 2026, presentamos a la Nación las conclusiones y propuestas priorizadas para el próximo cuatrienio.

Este pronunciamiento busca que quienes lideren la política pública consoliden políticas de Estado duraderas, pertinentes y capaces de responder a los desafíos de una Colombia que camina hacia el año 2030. Entre los aspectos priorizados para los años 2026-2030, mencionamos los siguientes: Una Visión de País con la Educación Superior como Eje Fundamental: Solicitamos a los aspirantes a la presidencia de la República exponer con claridad qué papel tendrá la educación superior en su visión de país al 2030 y en la consolidación de una política de Estado. Las Instituciones de Educación Superior (IES) son activos estratégicos que deben ser movilizados para resolver problemas nacionales en salud, transición energética, cambio climático y productividad, entre otros.

Defensa y fortalecimiento del sistema mixto: Reconocemos el sistema mixto como un patrimonio nacional donde las Instituciones de Educación Superior (IES), estatales y privadas, se complementan para garantizar el derecho a la educación. Por consiguiente, instamos al próximo Gobierno y al Congreso a liderar un modelo de financiamiento integral que asegure la viabilidad de las universidades estatales y fortalezca al Icetex, como instrumento de equidad, garantizando apoyos transparentes, tanto a la oferta como a la demanda. Salvaguarda la autonomía universitaria: La autonomía no es un privilegio, sino la condición esencial para el pensamiento crítico y la democracia. Requerimos reglas claras que eviten interferencias externas en el gobierno universitario, que ratifiquen la responsabilidad del Estado en su protección; equilibrándola con sistemas robustos de rendición de cuentas y transparencia.

Impulso decidido a la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI): Colombia no puede postergar más la meta de invertir el 1% del PIB en I+D; en este sentido, el próximo Gobierno debe restablecer el diálogo con el sector científico, optimizar el uso de los recursos de regalías y fortalecer a Minciencias, para que la ciencia sea motor de bienestar social y productividad.

Consolidación del Sistema Nacional de Educación: Es imperativo transitar hacia un sistema integrado y flexible que articule todos los niveles formativos, desde la educación inicial hasta la educación superior, en la lógica de aprendizaje a lo largo de la vida. Proponemos una reforma que permita trayectorias educativas diversas, facilitando el tránsito entre reconocimientos, tipos y niveles de formación.

Compromiso con el Bienestar Integral: La salud mental y la convivencia son hoy desafíos críticos; hasta un 50% de los estudiantes reportan dificultades en esta área. Por tal razón, proponemos políticas intersectoriales que no se limiten a requisitos normativos, sino que, construyan rutas territoriales corresponsables entre las IES, los sistemas de salud y las autoridades locales, entre otros actores; esto, con el fin de fomentar el bienestar integral en las comunidades educativas.

Asimismo, proponemos que la educación superior se asuma como un enfoque intergeneracional, reconociendo que el aprendizaje atraviesa todo el ciclo vital. En el país, las instituciones de educación superior son puentes que conectan a niños, jóvenes, adultos y personas mayores; de esta forma, fortalecen la cohesión social y la transferencia de saberes. En el debate electoral que llevará a la definición de liderazgos en el Gobierno y el Congreso para el período de 2026–2030, es necesario incluir propuesta sólida para una educación superior, bien financiada y con visión de futuro, capaz de conectar generaciones y construir el país que presentaremos con orgullo al mundo.

Este Consejo Nacional de Rectores reafirma su compromiso de participar de manera articulada en el debate público, aportando la capacidad transformadora de nuestras instituciones estatales y privadas para construir el presente y futuro que Colombia merece.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

El pasado 14 de marzo del año en curso, falleció el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas a los 96 años El último filósofo vivo fundador de la Escuela de Frankfurt, creada por un grupo de pensadores asociados al Instituto de Investigación Social de Alemania, en donde nació la «Teoría Crítica» de la sociedad.

Además, la teoría de la acción comunicativa, la ética del discurso, convertidas en paradigmas de investigación en las ciencias sociales. Igualmente, Conciencia moral y acción comunicativa, Verdad y justificación, Facticidad y validez, Conocimiento e interés, entre muchos otros textos que contienen y representan un pensamiento filosófico, sociológico y político para pensar y comprender la complejidad del mundo moderno; en particular, los tiempos de la posguerra. Lo cual hace pensar en estos tiempos complejos desde el rescate del ideal de la razón ilustrada, que entra en crisis por el dominio de una razón instrumental y científico-técnica, que para Habermas coloniza el mundo de la vida. En este contexto, el esfuerzo de Habermas es hacer posible un tipo de razón comunicativa y dialógica que haga posible que los miembros de una sociedad puedan dialogar, entenderse y ponerse de acuerdo, no solo sobre asuntos normativos, sino éticos, morales y políticos. Habermas fue un filósofo comprometido con la formación y ejercicio de la ciudadanía, la participación política y democrática; asimismo, un intelectual imprescindible, una voz autorizada y presente en la vida pública alemana y en el contexto de la cultura política occidental; su obra, traducida a más de 20 idiomas, y su presencia académica en universidades, centros e institutos de investigación filosófica y sociológica; incluso, nutriendo los debates de los escenarios del poder político. El pensamiento habermasiano enseñó que la democracia no son las urnas, sino también la participación y deliberación ciudadana sobre asuntos de la vida pública; denominada democracia deliberativa. Un concepto avanzado de democracia, que requiere de formación ciudadana y cultura política. Por ello, en inicios de su vida intelectual; Habermas centró su ejercicio académico en la idea de desarrollar una teoría de la sociedad con intenciones prácticas; el desarrollo de esta idea permite hacerle seguimiento a las distintas vertientes del pensamiento habermasiano; en este sentido, elaboró una teoría sobre la sociedad, aportando a la realización de los objetivos emancipatorios de la modernidad ilustrada; de igual manera, continuó trabajando en las realización de los ideales de la modernidad; principalmente, haciendo posible que la razón ocupara un espacio en la historia humana; una razón no dogmática, ni instrumental, sino dialógica y práctica; una razón que soporte y libere en términos de acción, la comunicación humana.

En este sentido, cuando hacemos referencia al ideal de la Ilustración; nos referimos a un proyecto emancipatorio centrado en la libertad y la justicia. La emancipación en términos kantianos; debe entenderse como la capacidad de pensar y decidir por uno mismo; es decir, ser autónomo. En esto consiste el proyecto ideal de la ilustración, que, Habermas retoma como tema prioritario de su trabajo académico e intelectual. El esfuerzo de Habermas, retomado de los maestros de la Escuela de Fráncfort; consistió en ampliar y fortalecer la teoría crítica de la sociedad, cuyo interés es la supresión de la injusticia social. La teoría crítica encarna y representa una fuerza utópica, donde Habermas dedicó su vida académica como filósofo y sociólogo. Inclusive, sostenía la idea de que, las injusticias históricas tan solo pueden ser erradicadas mediante una praxis que esté anclada en la libertad de dominación.

Por consiguiente, el aporte de Habermas con la teoría discursiva, convertida en un referente teórico, conceptual y metodológico; generó procesos de enseñanza sobre el uso del lenguaje, como forma racional de interactuar en el mundo. Una racionalidad comunicativa, construye espacios para las relaciones intersubjetivas de carácter lingüístico, generando procesos de entendimiento y acuerdos; reemplazando la racionalidad unidimensional e instrumental, característicos de la modernidad clásica, por una racionalidad comunicativa; esto, con el fin de hacer frente a la colonización del mundo de la vida; de esta forma, construir normas sociales y jurídicas para la integración social.