Categoría: Opinión

Por: Erasmo Elías Zuleta Bechara.
Gobernador de Córdoba

Parafraseando a Aristóteles Onassis, los países y las entidades territoriales no tienen enemigos, solamente competidores.

Aunque en los últimos días revistas tan influyentes como The Economist hablan de un nuevo orden económico mundial donde la globalización parece estar en retirada, lo cierto es que a nivel regional las empresas locales e internaciones continúan tomando decisiones de expansión en los lugares donde más les es favorable invertir. Es por esto que, como gobernantes departamentales, procuramos porque en nuestros territorios tengamos las condiciones más favorables para atraer inversionistas. Pero también es fundamental que desde el gobierno nacional exista el mismo propósito y convicción. La competitividad es un trabajo a varias manos.

Para el caso del departamento de Córdoba, vamos en el camino correcto. A pesar que para el año 2023 descendimos a la posición número 22 en el Índice Departamental de Competitividad elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, principalmente por los pilares de instituciones, sofisticación y diversificación, infraestructura, educación básica y media y entorno para hacer negocios, espero como Gobernador del Departamento de Córdoba, que con el Plan de Desarrollo Departamental 2024 – 2027 muchas de estas debilidades se conviertan en fortalezas al culminar mi mandato.

El Plan de Desarrollo Departamental 2024 – 2027, “Córdoba lo tiene todo para estar a otro nivel”, consta de 5 ejes: Córdoba más equitativa e incluyente, Córdoba primera en competitividad, Córdoba más sostenible, Córdoba segura, en paz y con justicia y el quinto eje corresponde a fortalecimiento institucional. Cada uno de estos ejes cuenta con un conjunto de componentes y proyectos estratégicos a implementar con el objetivo de convertir al departamento en un territorio de desarrollo y progreso.

Pero todos estos esfuerzos territoriales requieren también del esfuerzo coordinado del Gobierno Nacional y su colaboración con los territorios. En este frente hay mucho por hacer. De acuerdo con el Ranking Mundial de Competitividad 2023 del International Institute for Management Development, la competitividad de Colombia ha descendido de la posición 52 en el año 2019 a la posición 58 en el 2023, destacándose una fuerte caída en los pilares de eficiencia gubernamental y eficiencia en los negocios.

Muy especialmente en los frentes tributarios, de seguridad y de confianza inversionista se demandan acciones concretas. Desde el frente tributario, por ejemplo, de conformidad con el Índice Internacional de Competitividad Fiscal 2023 realizado por Tax Foundation, Colombia ocupa la última posición de competitividad tributaria entre 38 economías analizadas. En el frente de seguridad, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, COLFECAR, asegura que en lo que va corrido del año se han generado perdidas para el sector por COP$ 1.1. billones por bloqueos, donde desafortunadamente en el departamento de Córdoba es donde más bloqueos se han presentado después del Atlántico y La Guajira. Y los anteriores dos componentes mezclados con algunos anuncios ministeriales no ha generado tranquilidad en los inversionistas, ni locales ni internacionales.

De parte de las entidades territoriales y del Departamento de Córdoba, estamos haciendo lo que nos corresponde para ser más competitivos, pero hay unos factores del orden nacional donde solicito el apoyo gubernamental para salir adelante. La competitividad se logra, a varias manos.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

En un mundo donde las necesidades de transformación social son cada vez más ostensibles, se hace indispensable estructurar toda una política pública de desarrollo encaminada a mejorar el sistema económico del país, con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas, sumadas a otras variables indispensables que garanticen el bienestar de las personas.

En este sentido, rememoro el proverbio chino que resuena con fuerza: «Dale un pez a un hombre y comerá hoy. Enséñale a pescar y comerá el resto de su vida», el que sin duda deja una gran enseñanza de lo que debemos impulsar para contrarrestar el aumento de la pobreza y las ayudas asistencialistas.

Partiendo de esta sabia filosofía, es imperativo diseñar y ejecutar políticas públicas que fomenten la autonomía y el desarrollo sostenible, fundamentales para estimular el emprendimiento, especialmente en las comunidades más vulnerables.

Recientemente el director del DPS, Gustavo Bolívar, manifestó la intención del Gobierno de entregar capital semilla, que no es de carácter devolutivo, en vez de los subsidios, aumentado así el monto que reciben los beneficiarios para que puedan emprender.

Esta es una iniciativa interesante que debe ser desarrollada de manera transitoria y con total responsabilidad para no poner en riesgo el ingreso de la población que depende de los subsidios con los que se sostienen, por lo que se hace indispensable construir una política de acceso eficaz a la banca para el apoyo del emprendimiento.

En la actualidad, los colombianos requieren con urgencia de ese capital semilla para romper el ciclo canalla y atroz del préstamo gota a gota. Logrando así ampliar el espectro de oportunidades para fortalecer la microeconomía en los barrios y corregimientos.

Incrementar la asignación de recursos para financiar nuevos emprendimientos y pequeñas empresas, así como fomentar el acceso a la banca para aquellos colombianos que nunca han tenido la oportunidad, es crucial para impulsar la cultura empresarial e innovadora en comunidades históricamente marginadas.

En Montería, durante la pandemia que desencadenó una crisis económica mundial, reconocimos las dificultades financieras de los emprendedores locales y lanzamos con éxito el programa CrediExpress de la Gente, beneficiando a más de 1.600 personas.

Con determinación, convertimos $1.000 millones de recursos del municipio en $19.600 millones con el respaldo de Bancoldex, brindando apoyo a aquellos que buscaban desesperadamente un impulso, una inyección de oxígeno para rescatar sus negocios. Gracias a esta estrategia, más del 75 % de los beneficiarios lograron posicionar sus ideas, generando empleo y abriendo nuevas oportunidades.

Somos un país de gente trabajadora e ingeniosa, y es muy importante que desde las regiones se diseñen estrategias público-privadas encaminadas a la generación de riqueza. Sigamos este camino, donde cada pequeño paso hacia el emprendimiento se convierte en un salto hacia un futuro más justo y próspero para todos los colombianos.

Por: Jairo Torres Oviedo Rector

Celebramos el día del maestro y la maestra.

En esta ocasión, es oportuno reflexionar sobre una profesión que forma y transforma vidas; simbolizando un Prometeo valiente y decidido que da luz, que desde el conocimiento libera a los hombres del oscurantismo. En particular, en estos tiempos confusos y angustiosos, momentos de soledad y falta de referentes definidos; época de incertidumbres y desconfianzas en las instituciones y quienes la representan, donde la gente se siente engañada, frustrada, excluida y traicionada en medio de una función de maestro relegado. Los momentos que transitamos, demandan liderazgo de maestros que trasciendan y se conviertan en referentes de inspiración y motivación para las presentes generaciones. No olvidemos que, atravesamos, más que una crisis económica, una crisis del modelo de vida líquido, difundido y normalizado; donde gran parte de la sociedad lo contempla, y que hoy esperan la salvación de quienes nos han llevado hasta ahí. No hay que olvidar, que el liderazgo de los maestros consiste en recuperar los valores morales sustituidos por las lógicas del mercado; donde todo tiene precio; propio de una sociedad consumista.

Esta generación de maestros no debe ser de simples espectadores; sino, liderar esta causa emancipadora con principios y convicciones. Continuar trabajando de manera decidida por restaurar la memoria y construir desde la educación un referente para los jóvenes que necesitan reconocerse y ser reconocidos. Retomando las palabras del papa Francisco: «…insistimos en la necesidad de mantener la memoria del futuro, no sustituir el camino por recorrer, por detenernos en cualquier oasis, que representa un espejismo, que ha hecho cambiar el rostro humano por las pantallas de televisión; lo real por lo virtual, las preguntas que desgarran por las respuestas fáciles; lo fácil anestesia». Por ende, la preocupación y ocupación del maestro son los niños y jóvenes que necesitan una formación integral para transformar sus vida y entorno social.

Todo maestro debe despertar de la simplicidad y promover la expansión de un saber que motive en los alumnos, una vocación por el conocimiento. Asimismo, privilegiar la investigación como disciplina del ejercicio docente, un ser capaz de actuar frente a otras formas de pensar, que sea un crítico de su propia autonomía, que pueda orientar con entusiasmo el desarrollo cognitivo de sus alumnos. Es la mejor forma de lograr que el alumnado tenga la voluntad de esforzarse por llegar a la claridad y disciplina del saber. Un maestro con liderazgo, comprometido con la sociedad; que haga del diálogo académico una convicción y provocación; que pueda desde su disciplina científica, interpretar los lenguajes y expresiones del contexto sociocultural en el aula. Por ello, el maestro debe responder con valentía a desafíos presentes y futuros en la formación de niños y jóvenes; de esta forma, coadyuvar en la construcción de un orden social justo, solidario y humano; no perpetuar el actual sistema elitista y desigual del mundo.

En consecuencia, los maestros y maestras que ya poseen un saber pedagógico tienen el deber moral de esforzarse por actualizarlo y compartirlo con los docentes en formación. Recuerden, maestros, que un título académico no puede centrarse en el bienestar personal, sino en un imperativo moral por construir una mejor sociedad. Que sea, un maestro con liderazgo, vocación y convicción para formar y transformar el presente.

Por: Luis Eduardo Narváez Martínez

Compartir y escuchar historias que se transmiten de generación en generación transforma vidas, las usamos todo el tiempo para educar, ahora con fuerza cada día más para aliviar dolores emocionales desde un enfoque terapéutico.

Una historia bien contada, que genere conciencia, puede no solo influir en nuestros pensamientos y comportamientos, sino también ser un motor para promover cambios colectivos y evolucionar sociedades. “Lo que antes era escabroso, por medio de las fuerzas de las historias puede ser benigno”. Contar historias y desarrollarlas nos permite encontrar elementos personales en ellas, interpretarlas y comprender los saberes culturales, normas y principios que transmiten. Dentro de este gran género literario, se encuentran diversos subgéneros narrativos, como el cuento, la novela, la leyenda, el mito, el relato y la fábula; queriendo o no, han estado presentes y han sido usados para guiarnos en la construcción de significados en la vida.

¿Quién no recuerda a esa abuela contarnos un cuento para dormir de una vez? Clásicos como el cuento «El patito feo», que nos enseña a no juzgar a las personas por su apariencia física y que solo al analizarlo a fondo podemos extraer lecciones profundas y cambiar nuestra percepción del asunto. Ahora mejor visto que nunca, reescribir historias nos permite deconstruir y reinterpretar narrativas, conociéndonos mejor y afrontando desafíos para dar sentido a nuestras experiencias. Si tuviste una un día no tan placentero, por medio de la narrativa podrás tener un mejor final y aprender de ello.

¡Incorporemos la narración consciente en nuestras vidas! Compartamos historias que inspiren, eduquen y promuevan la reflexión y el cambio en positivo. Cada relato tiene el potencial de transformar nuestro mundo y evolucionar nuestras sociedades; ahora que sabemos que también es una técnica para mejora. ¡Seamos agentes de cambio a través de nuestras narrativas bien contadas y con propósitos dirigidos!

Por Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador de Córdoba 

El primer Encuentro Nacional de Turismo Médico celebrado esta semana fue un éxito rotundo que dejó a nuestro departamento en el mapa mundial del turismo especializado en salud y bienestar, ratificando que definitivamente Córdoba lo tiene todo.

Nos llena de orgullo escuchar las conclusiones de los expertos internacionales y visitantes que participaron en un evento que se hizo por primera vez en el país gracias a una alianza estratégica con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur Colombia, la Alcaldía de Montería, la Cámara de Comercio de Montería y ProMontería; en equipo apostamos por explorar el potencial que tenemos en Córdoba en infraestructura, tecnología y atención médica.

Desde que iniciamos este gobierno, nos concentramos en transformar nuestro departamento en todos los aspectos posibles y este evento fue una oportunidad para mostrar el potencial y el gran trabajo realizado por los prestadores públicos y privados en los últimos años. Su preocupación por ofrecer servicios de calidad con la más alta tecnología, y compromiso con la mejora de la calidad de vida, logramos dar el primer paso para posicionar a Córdoba como un destino de salud y bienestar de nivel mundial.

Los datos son alentadores: el mercado mundial de los viajes de salud y bienestar experimentó un crecimiento significativo en los últimos años, y Colombia se convirtió en un destino cada vez más popular para pacientes internacionales y esa es una oportunidad para el mercado médico local. El año pasado el Dane reportó 12.200 viajes para servicios médicos y de bienestar con un gasto promedio de UDS 3.600, estamos hablando de 40 millones de dólares al año.

El intercambio de conocimientos y experiencias durante el encuentro fue enriquecedor. Se abordaron temas como el desarrollo del turismo médico en Latinoamérica, los estándares de calidad en la hotelería para la atención de turistas con procedimientos médicos y las ventajas competitivas de Colombia en los mercados internacionales, así como el diseño de productos turísticos enfocados a viajeros con procedimientos médicos.

Es emocionante ver cómo Córdoba se consolida como un destino de salud y bienestar de clase mundial. Este encuentro fue solo el comienzo de un camino que estoy seguro vendrá lleno de éxitos y logros para nuestro departamento. Seguiremos trabajando arduamente para promover a Córdoba como un destino turismo médico especializado, donde la calidad y la excelencia sean parte de nuestra identidad.

Agradezco a todos los participantes, delegados, médicos, prestadores y agencias de turismo que nos acompañaron durante estos días de aprendizaje y colaboración. Y un agradecimiento especial a nuestros visitantes internacionales de México, Panamá y Brasil, a quienes desde ya designo como embajadores de Córdoba en cada uno de sus lugares de origen. ¡Gracias por creer en nosotros!

 “A MOVAI, concesionario de tránsito de Montería le preocupa exclusivamente el tema financiero y jurídico. No está entre sus afanes salvar vidas en las vías” 

Definitivamente, el alcalde Hugo Kerguelén le cierra la puerta a las fotomultas. 

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

En el atardecer de la pasada administración, segunda semana de noviembre de 2023, el concesionario de los trámites de tránsito de Montería, MOVAI volvió a la carga ante el Tribunal Administrativo de Córdoba para que el municipio cumpla el contrato 424 de 2018 que tuvo otrosí en el 2019 (fotomultas).

El TAC admitió la demanda el 14 de noviembre de 2023 (Medio de control: Reparación directa).  Recordemos que este chicharrón lo heredó la administración del entonces alcalde Carlos Ordosgoitia de Marcos Daniel Pineda, quien firmó con MOVAI con la bendición de los concejales de la época en el año 2018 el contrato de concesión, con otrosí en el 2019. Ese año no se implementaron las cámaras de fotodetección, detección electrónica de infractores de tránsito (cámaras, software, comunicaciones y notificaciones).

En el gobierno de Carlos Ordosgoitia, la pandemia impidió que se implementarán las cámaras de fotodetección y tras el final de la emergencia, MOVAI presentó demanda contra el municipio en el Tribunal Administrativo de Córdoba exigiendo una reparación directa de más de dos mil 700 millones de pesos por la no implementación de las fotomultas.

Ordosgoitia buscó reformar las condiciones de la concesión prometiendo darle cumplimiento al contrato. Debido a ello MOVAI retiró la demanda ante el TAC. Sin embargo, el tema no avanzó y en noviembre del año pasado el concesionario volvió a emprender acciones jurídicas contra el municipio.

Hugo Kerguelén le cierra las puertas las fotomultas.

Tuve la oportunidad de hablar sobre este asunto con el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, quien, a pesar de reconocer la legalidad del contrato de concesión con MOVAI, les cierra la puerta a las cámaras de fotodetección en la ciudad. En una mesa de acercamiento con MOVAI el alcalde les manifestó que las fotomultas, como están planteadas hoy no van. El alcalde es consciente que eso genera un desequilibrio en el contrato, porque así quedó consignado en el 2019 en la concesión (fotomultas como fuente de pago), y señaló que está analizando que acciones se adelantan para llegar a un acuerdo con MOVAI en términos económicos y jurídicos.

 MOVAI demanda por el no recaudo. ¿Y la seguridad vial?

En los argumentos que expone el abogado apoderado de MOVAI aparece el siguiente texto, “Sucede que hay un servicio que no se ha iniciado (el número 5 de los acordados: detección electrónica). Señala además que “otro que se ha prestado de manera descontinua (el registro de infractores, debido a faltas continuas de personal de agentes de tránsito), algo que, además -sostiene la demanda- ha afectado dos servicios más (el de patios y grúas, pues la falta de control implica no solo la falta de emisión de comparendos y de imposición de multas, sino también la falta de inmovilizaciones, ya que solo pueden ser ordenadas por agentes de tránsito.

MOVAI insiste que en el contrato de Concesión 424 de 2018 no están dadas las condiciones para la recuperación del capital, como quiera que de manera consciente el municipio (concedente) ha omitido el cumplimiento de sus obligaciones para el componente de mayor ingreso, el de detección electrónica de infracciones, con 4 años y medio sin poder iniciarse. La operación debió iniciar en 2019.

Un simple análisis a los argumentos de la demanda, podemos asegurar que no estamos ante un conflicto por temas de seguridad vial, y que se trata de un asunto fundamentalmente jurídico y económico. Otra conclusión rápida es que en la preocupación de MOVAI solo hay números, debido a la lentitud de su caja registradora porque no están operando las cámaras fotomultas (los expertos de seguridad vial las llaman cámaras salvavidas, pero que a MOVAI les salvarían el saldo en sus cuentas bancarias).

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

Recientemente, la Cámara de Representantes retomó el proyecto de reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que rige la educación superior. Recordemos, que hace un año, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate la reforma de los Artículos en mención, para de esta forma, avanzar en un nuevo modelo de sostenibilidad financiera de la universidad pública; un paso importante en el trámite de una reforma demandada por el sector de la educación superior pública. Hay que indicar que, el actual modelo de asignación y distribución de recursos financieros para las universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal SUE consta de varios componentes, como son: el presupuesto destinado al funcionamiento e inversión.

Los recursos de funcionamiento, orientado al crecimiento sostenible y provistos por el Estado para el funcionamiento de las universidades públicas, y, consta de cuatro factores: presupuesto para el funcionamiento con ajustes por diferenciales salariales, productividad docente; aumentos de cobertura y cierre de brechas interinstitucionales. Estos recursos financieros tienen un indicador de transferencia IPC. En este sentido, desde 2019 el SUE construyó un nuevo modelo de asignación de recursos financieros para la sostenibilidad de las universidades estatales, que impida los déficits anuales originados en los costos educativos superiores al IPC. Estos costos, han producido el desfinanciamiento estructural de la universidad pública, y una tendencia progresiva a la autosostenibilidad.

La construcción del Ices (Índice de la Canasta Educativa) como modelo de transferencias para la asignación estatal de recursos al SUE; reconoce la complejidad del sistema y su diversidad; a la vez que, propende por el cierre de brechas regionales, institucionales y sociales. Cuál es el contenido del modelo propuesto por el SUE: El nuevo modelo recoge las experiencias vividas por el sistema, desde la aprobación de la Ley 30 de 1992, con incrementos en cobertura, al pasar de 152 mil estudiantes en el año 1993 a 650 mil en 2023; esta ampliación de cobertura está acompañada de otros cambios como la formación de los profesores, investigación, internacionalización, acreditación de programas e institucional. Este crecimiento implicó un proceso de mejoramiento en los factores que constituyen la política de aseguramiento de la calidad. Todos los costos asociados a la educación superior pública de calidad tienen crecimientos superiores al IPC; generando un desfinanciamiento estructural. El actual modelo de transferencia de recursos financieros de la nación a las universidades públicas está soportado en el IPC; insuficiente para el financiamiento del SUE.

Por consiguiente, el nuevo modelo de financiamiento propuesto corrige el desfinanciamiento y permite la sostenibilidad. El Ministerio de Hacienda debe reconsiderar la negativa de viabilidad económica de la reforma de los Artículos 86 y 87; desconociendo lo consignado en la Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo; donde quedó establecido en el Parágrafo del Artículo 122, lo siguiente: «El Ministerio de Educación Nacional priorizará en la reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, atender los fines misionales de estas instituciones, con criterio de cierre de brechas y atención de las regiones».

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

El aumento del riesgo en nuestro país y la ocurrencia de calamidades y desastres no solo provienen de la acción de la naturaleza, sino de la vulnerabilidad manifiesta de nuestro tejido socioeconómico y del deterioro a gran escala del medio ambiente y los recursos naturales, incrementado por el crecimiento demográfico y la inadecuada utilización del espacio geográfico.

La consideración de estos aspectos determina en gran medida la formulación de actividades destinadas a evaluar el riesgo y generar medidas de prevención y mitigación, que requieren de un accionar logístico y humanitario encaminado a la atención con prontitud y máxima eficiencia en aras de brindarle a las comunidades damnificadas soluciones prontas por parte de los gobernantes departamentales y municipales.

De ahí, la importancia de descentralizar la destinación de los recursos manejados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en casos de emergencias naturales que no son previsibles.

La centralización de la gestión y los recursos por parte del Gobierno Nacional, a lo largo de los años, ha mostrado repetidamente sus limitaciones en la atención de miles de colombianos afectados por las sequías, épocas de lluvia y demás calamidades como incendios, inundaciones o deslizamientos. Cuando un desastre golpea a un departamento o municipio, cada minuto cuenta, y en estos casos las lentitudes del centralismo pueden costar vidas.

Es por ello que ante calamidades como la de Cara de Gato se requiere de un actuar rápido en el que se logre una transferencia del nivel central hacia las zonas afectadas para que los gobernantes tengan la posibilidad de brindar soluciones efectivas e inmediatas y no se caiga en errores como el de Mocoa, que luego de siete años de la tragedia por la avalancha que dejó 22.000 personas damnificadas no se han entregado la totalidad de las 1.209 casas proyectadas en el sector de Sauces I, o el caso de Montería en donde, luego de un incendio en 2021 en el sector de Zarabanda, la UNGRD se comprometió a la construcción de 100 viviendas que han quedado en el papel, pese a que desde el municipio se tenían listos los lotes para tal fin.

Desde mi concepción, es el momento de darle un giro al manejo de la gestión del riesgo en el país. Se debe conservar la centralización únicamente para la anticipación y planificación de hechos previsibles y se deben descentralizar los recursos para las eventualidades de fuerza mayor para una respuesta ágil y adaptada a las distintas realidades del territorio nacional.

Este es un paso que se debe dar de manera pronta, teniendo en cuenta el crecimiento de las cifras de personas damnificadas en el país. En lo corrido de 2024, 124.100 personas, de 11 departamentos, se han visto afectadas por la temporada seca, a las que se suman 40.282 personas damnificadas con los primeros embates de la temporada de lluvias.

Por su puesto que esta descentralización debe ser cuidadosamente planificada y ejecutada. No se trata simplemente de dividir los recursos existentes, sino de optimizar y aumentar la eficiencia del sistema de atención de emergencias y desastres, lo que implica no solo una redistribución de fondos, sino también la capacitación local, inversión en infraestructura propia y el desarrollo de metodologías acordes a los riesgos locales específicos.

A lo que se le debe sumar, la elaboración de un marco regulatorio para velar por la transparencia en el manejo de los recursos por parte de cada territorio y la construcción de un robusto marco de cooperación y coordinación intergubernamental, entre municipios y departamentos, para una gestión efectiva del riesgo, toda vez que las emergencias no conocen de límites administrativos

Se hace necesario articular acciones jurídicas y legislativas que conlleven a una atención efectiva y en tiempo real, para lo que me parece propicio trabajar en un modelo que integre asignación de recursos basada en los niveles de riesgo, participación comunitaria, uso de tecnología, revisiones y ajustes periódicos y la integración del modelo a los planes de desarrollo. Lo anterior con el propósito de asegurar una planificación urbanística y rural que tenga en cuenta los riesgos identificados.

Por: Senador Antonio José Correa Jiménez 

La UNGR que fue creada ante un fenómeno natural que golpeó inclementemente el país en el año 2010, por las lluvias que causaron la afectación de más de 1.000.000 de colombianos, en lo que se denominó el fenómeno de la niña, lo que precipito en el 2011 la creación por decreto de la denominada UNGR, la cual no ha cumplido con su carácter misional y por el contrario pareciera que fuese el triángulo de las bermudas, donde se ha manejado dinero público sin control, con contratistas consentidos por los directores de turno.
Las irregularidades van desde personas jurídicas con múltiples objetos sociales que terminaron suscribiendo contratos multimillonarios, muchas veces sin tener la capacidad jurídica y financiera. Uno de los barriles sin fondo ha sido la contratación de la maquinaria amarilla con múltiples ceros a la derecha y muchas veces incluso de manera extemporánea, con excusas de calamidades que se decretaron y se superaron años atrás. De las personas jurídicas que han contratado, muchas tienen domicilio en Montería, Valledupar, Neiva y Riohacha, y otras incluso después de suscribir contratos no volvieron a renovar sus matriculas en cámara de comercio, trasladando su domicilio o hasta cancelando dicha matricula.
En la UNGR, no existen expedientes contractuales completos de las contrataciones adelantadas por la cual es difícil determinar el estado de ejecución como también no se tiene claro el número de contratos que tiene suscritos a la fecha y los pagos pendientes. Como también existen ordenes de proveedurías las cuales a pesar de ser rápidas por la emergencia deberían tener un mínimo de requisitos técnicos y jurídicos que garanticen la calidad del contratista a escoger. Asimismo, Otras de estas órdenes están sin CDP, ósea volando y sin legalizar y con quejas de que dieron por adelantado lo que sabemos, y con conejo para los “contratistas”.
La unidad contrata por régimen especial en emergencia y no por ley 80 los requisitos para determinar a quien se contrata y el proceso, no se adelanta con la rigurosidad técnica legal, razón por la cual se terminan contratando empresas sin idoneidad, sin experiencia, y de ñapa con sobrecostos, y lo peor sin seguimiento a la ejecución, ya que los funcionarios que trabajan en la entidad no tienen experiencia en ejecución de recursos públicos, supervisión de proyectos, y contratación estatal. Por último, la Fiduprevisora que es la encargada de administrar los recursos de la unidad y de finalmente pagar, le baila el indio a los contratistas ya sea por no existir un contrato de fiducia lo que permite que no existan condiciones u obligaciones contractuales claras con unos tiempos establecidos para adelantar los trámites por parte de la misma o porque no se bajaron del bus como consta en denuncias en la FGN.
Mirando desde la orilla porque lo central lo eh dejado para el debate de control político, podemos decir que los directores que han pasado por esta entidad, muchos abrían tenido que explicarles a los órganos de control por sus actuaciones, así que no canten victoria, porque mostraremos sus perlas que no han sido vistas por una justicia que a veces se comporta con astigmatismo selectivo. De ninguna manera nuestro objetivo es desmeritar y disminuir el volumen del actual escándalo, porque ya esto es objeto de actuación de los órganos fiscales, disciplinarios y penales.
Por ultimo debo decir que estas perlas han salido a flote después de realizar debate de control político a la mojana, detecte que las irregularidades cometidas estaban en cabeza de la UNGR, y desde ese momento 2022 solicitamos debate de control político, y enviamos cuestionarios a la UNGR, que me han sido difícil conseguir toda la información a la fecha, pero con la certeza que esperamos la fecha para mostrar las evidencias que le muestren a el País que la UNGR es una entidad con problemas de corrupción desde su nacimiento a la fecha.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Montería se ha convertido desde los albores de su fundación en una ciudad pujante y en constante transformación, en donde lo más sobresaliente ha sido la construcción permanente de un tejido social en el que aflora lo mejor de su condición humana.

Escribo estas líneas, no desde la distancia de quien observa, sino desde la vivencia de quien en ella dio sus primeros pasos. Montería me hizo quien soy y en cada una de sus calles y la majestuosidad del río Sinú, está impregnado el reflejo de una comunidad que valora los lazos familiares y el espíritu de resiliencia.

Han pasado 247 años en los que la ciudad ha sabido adaptarse a los desafíos del presente sin perder de vista la rica herencia ancestral de una comunidad de gente con infinita calidez, trabajadores que se levantan con el sol a forjar un mejor mañana, hombres y mujeres de valores incalculables que son el verdadero tesoro que debemos preservar y transmitir.

Las tradiciones y costumbres monterianas son el alma de esta ciudad, el hilo inquebrantable que une a sus habitantes en un abrazo cálido y eterno. De ahí que, hoy por hoy, Montería se destaca como una de las ciudades capitales con mayor potencial del Caribe, lo que la convierten en un faro de oportunidades para el país y el mundo entero. En cada esquina se respira innovación y no me cabe duda que se posiciona como un polo de atracción para inversionistas nacionales e internacionales que buscan un ambiente propicio para sus negocios.

A lo que se suma ser la ciudad más segura del país, y en la que administración tras administración se aporta un grano de arena para reforzar las herramientas de trabajo de la Fuerza Pública, motivo por el que como ciudadano me llena de enorme felicidad la reciente primera piedra de la Estación de Policía de Occidente puesta por el actual gobierno municipal, lo que redundará en la preservación de la seguridad como ese eslabón importante de la democracia.

Debo decir que Montería es mucho más que un punto en el mapa, porque tiene el poder de trascender fronteras, de inspirar a otros con su ejemplo de trabajo constante y visión de futuro. Montería es una ciudad que florece con el paso del tiempo, que se renueva y se reinventa sin perder su esencia.

En los últimos años, esta ciudad ha experimentado un notable avance en diversos ámbitos que han marcado un antes y un después en su historia; desde el compromiso con el medio ambiente hasta el crecimiento exponencial de su economía, lo que la posicionan como un ejemplo de progreso y sostenibilidad en Colombia.

Se han dado pasos agigantados hacia la conservación de los recursos naturales, lo que ha valido el reconocimiento internacional como una biodiverciudad que se destaca por proyectos de reforestación como el de la Ciénaga de Betancí, donde se siembran 417.000 árboles en 376 hectáreas; la promoción de energías limpias y la lucha contra el cambio climático. A lo que tengo que destacar el impulso dado en los últimos años a las más de 300.000 hectáreas de zona corregimental con el objetivo decidido y claro de darle la importancia que se merece, destinando recursos importantes para cerrar las brechas sociales y saldar deudas históricas con las comunidades campesinas y étnicas.

Además de ello, se destaca el crecimiento sostenido para impulsar la agroindustria y la tecnología, así como el turismo con la promoción de los atractivos naturales y culturales para el fortalecimiento de la economía y la microeconomía de los barrios y corregimientos.

Con el paso de los años, nuestra ciudad se ha posicionado como un faro de esperanza para el país. Un lugar donde las comunidades, los gobiernos nacional y local, la academia y el sector privado colaboran para mejorar la calidad de vida de los monterianos en el casco urbano y la zona rural, demostrando de esta manera un dinamismo imparable que se abre paso y se convierte en un ejemplo de grandeza, orgullo e inspiración para toda Colombia.