Categoría: Opinión

La ciudadanía asistió a las urnas, ejerció su derecho de participación democrática a través del voto y eligió al nuevo presidente de Colombia, el líder que dirigirá la nación durante los próximos cuatro años. El escenario político-electoral se caracterizó por la escasez de propuestas e iniciativas capaces de nutrir el debate y la deliberación pública. En su lugar, predominó la mutua satanización y las narrativas del odio, el miedo, la desinformación, las emociones exacerbadas y la violencia verbal, factores que degradaron el discurso argumentado y la esencia misma de la cultura política.

Durante meses vivimos un ambiente tenso, contaminado por la violencia verbal y simbólica, producto de la disputa electoral y amplificado por redes sociales sin control ni regulación. Convertimos la democracia en un campo de batalla, generando enemistades, disputas, señalamientos, pasiones desbordadas y sentimientos de superioridad. Todo ello dejó heridas que esperamos puedan sanar y superarse por el bien de la nación.

Este debate político por la primera magistratura del Estado dejó múltiples temas para analizar: el poder de los medios de comunicación, el papel de las redes sociales y, en particular, los avances de la inteligencia artificial utilizados para incidir en la subjetividad del electorado. La campaña del candidato ganador, con un manejo mediático sin precedentes, logró movilizar emociones y posicionar un lenguaje simbólico que apeló a valores familiares, religiosos y patrióticos, conectando con amplias capas de la población sin distinción social, económica ni generacional; por su parte la campaña perdedora utilizo una estrategia más línea y marcada por la autosuficiencia. Asimismo, influyó la presencia de gobiernos regionales, como el de Estados Unidos. La campaña triunfante irrumpió con un formato validado en otros países de la región: un candidato definido como outsider, que planteó nuevas formas de hacer política al «margen de los partidos tradicionales», convertidos en maquinarias y clientelas electorales para subsistir. Las estrategias mediáticas se centraron en la manipulación y orientación de emociones.

Ambas campañas movilizaron a su electorado y al censo en general. El resultado fue un ganador por estrecho margen, quien ahora tiene la responsabilidad de conducir el país durante los próximos cuatro años. El nuevo presidente recibe una nación dividida y polarizada, que exige ser escuchada para vivir y convivir en dignidad. Su mandato es claro: gobernar integrando, reconociendo y dialogando, para superar odios y resentimientos. En este sentido, el nuevo gobierno debe ser consciente de haber alcanzado unas mayorías con una corta y ajustada diferencia; en donde gobernará un país profundamente dividido: en lo electoral, social, económico, cultural y geográfico. Esperamos que el gobierno entrante haga del diálogo y entendimiento, referentes racionales que impulsen la deliberación pública y tramite los desencuentros para convivir pacíficamente. Compitieron dos visiones de país y una fue la vencedora; ahora necesita coexistir democráticamente; lo que exige acuerdos mínimos para continuar avanzando alrededor de las transformaciones que demanda y necesita la ciudadania.

Lo que significa, fortalecer la democracia; tarea nada fácil en un país polarizado, dividido y fragmentado; pero sí, un propósito para insistir y persistir por el bien de la nación. Igualmente, necesitamos una oposición que defienda sus propuestas y agenda programática; con argumento e iniciativas que respondan a los controles del ejercicio del poder; una oposición que haga contrapeso y con garantías constitucionales para ejercerla. No olvidemos, que en los sistemas democráticos existe la alternancia en el poder; es decir, quienes hoy gobiernan, mañana pueden ser oposición y viceversa. Por consiguiente, necesitamos oposición para defender sus tesis, ejecutorias sociales y hacer control político en democracia y, quienes gobiernan ofrezcan las garantías para ello. La oposición defenderá las reformas alcanzadas e impulsará las postergadas. Una oposición representada en fuerzas de izquierda y progresistas, con una importante bancada en el Congreso; además, un respaldo popular de la mitad del país; lo anterior, garantiza un escenario de gobierno-oposición; necesario para nuestra democracia.

En consecuencia, sería importante reconocer, que el gobierno saliente impulsó iniciativas y reformas sociales que develaron las amplias e históricas inequidades que padece gran parte de la población nacional; alcanzando el reconocimiento y apoyo de amplios sectores sociales; quienes defenderán apoyaran el ejercicio de la oposición. Por consiguiente, el nuevo gobierno debe priorizar en las reformas sociales postergadas y necesarias para construir una nación justa, equitativa y con justicia social. Esperamos los colombianos del nuevo gobierno; continuar impulsando al país, por una senda de progreso y desarrollo social con equidad y justicia social.

Por: Luis Fernando Ballesteros Meza

Representante a la Cámara por Córdoba

Las victorias políticas nunca aparecen por casualidad. Detrás de cada resultado electoral existen años de organización, cientos de reuniones, miles de conversaciones y una causa capaz de movilizar a una sociedad.

En Córdoba, esa historia no comenzó el día de una elección. Comenzó en enero de 2025, cuando un grupo de hombres y mujeres decidió recorrer el departamento convencido de que había llegado el momento de construir una alternativa política desde abajo, junto a las organizaciones sociales y no desde las maquinarias tradicionales.

No nos unía simplemente el deseo de ganar una curul. Nos unía una causa: la defensa del campesinado y de la reforma agraria; la recuperación de las ciénagas y los ecosistemas; el derecho a la vivienda digna; una economía productiva; y la ampliación de la democracia con nuevos liderazgos para Córdoba.

Fue esa visión compartida la que comenzó a despertar el poder popular.

Por eso la consulta del Pacto Histórico del 28 de octubre de 2025 no fue simplemente una elección interna. Fue el primer gran ejercicio democrático de organización del pueblo cordobés alrededor de un proyecto político común.

En aquella consulta participaron Miguel Leonardo Martín Peña, Claudia Leonor Jiménez Martínez, María Clemencia García Sanclamente, Ezio Fernando Montes Hoyos, Manuel Enrique Navarro Díaz, Cilenia Gregoria Salcedo Montalvo y quien escribe estas líneas, entre otros liderazgos que decidieron someter sus aspiraciones al voto ciudadano. Más de 161.000 cordobeses participaron en ese proceso.

Lo verdaderamente importante no fue quién obtuvo la mayor votación. Lo trascendental fue que miles de ciudadanos demostraron que era posible construir organización política desde la participación democrática. Aquella consulta dejó mucho más que un candidato: dejó comités municipales, equipos de trabajo, dirigentes comunitarios fortalecidos y organizaciones sociales articuladas.

El 8 de marzo de 2026, ese trabajo produjo un hecho que durante muchos años parecía imposible: Córdoba eligió por primera vez un representante a la Cámara proveniente de un proyecto alternativo construido desde el voto de opinión y la organización popular. Esa credencial pertenece a miles de hombres y mujeres que decidieron organizarse alrededor de una causa colectiva.

Posteriormente llegó la campaña presidencial. La estructura política y social construida durante ese año y medio volvió a ponerse en movimiento. Organizaciones campesinas, procesos de vivienda popular, docentes, jóvenes, mujeres, sindicatos, comunidades y distintos sectores democráticos confluyeron alrededor de una propuesta nacional de cambio. Aunque el resultado presidencial fue distinto al esperado, Córdoba dejó un mensaje político de enorme significado: existe una fuerza social organizada capaz de disputar democráticamente el futuro del departamento.

Las campañas terminan. Las alianzas electorales son coyunturales. Pero el poder popular permanece cuando existe una causa que lo mantiene unido.

El Pacto Histórico debe seguir consolidándose como la expresión política de las luchas del campesinado, de las mujeres, de la juventud, de los trabajadores, de las comunidades populares y de todos aquellos ciudadanos que durante años sintieron que no tenían voz en las decisiones públicas.

El poder popular no consiste en cambiar de élites. Consiste en que el pueblo organizado sea protagonista permanente de las decisiones sobre el destino de Córdoba.

La primera representación alternativa en la Cámara fue apenas el comienzo. El verdadero desafío empieza ahora: transformar esa fuerza ciudadana en una mayoría democrática capaz de gobernar Montería y Córdoba con participación, justicia social y respeto por el territorio. Porque las elecciones pueden marcar una fecha, pero son las causas las que cambian la historia.

El departamento de Córdoba, fundado un 18 de junio de 1952, celebra hoy 74 años de historia. Un pueblo que ha construido cultura e identidad, en las que las generaciones presentes deben formarse y tomar conciencia, para poder amarlo, cuidarlo e impulsar su progreso.

Sea esta la ocasión propicia para reflexionar y celebrar el presente de nuestro territorio: con adversidades y potencialidades, con la capacidad de resiliencia que nos permite sobreponernos a las complejidades y turbulencias de un contexto cambiante. Córdoba ha sabido enfrentarlas con carácter y temple, construyendo un presente próspero y abriendo camino hacia un futuro de esperanza y desarrollo.

Esta fecha conmemorativa, nos ofrece la oportunidad para evocar el pasado y el presente de un pueblo forjado con el empuje de su gente, que enfrenta retos y sueña con construir un territorio capaz de cerrar brechas sociales mediante la equidad y el progreso. Que la ocupación y la preocupación de todos sean siempre la dignidad humana.

Córdoba, sin lugar a dudas, posee una riqueza natural y biodiversa, un legado indígena y mestizo, una gastronomía diversa y trascendente, así como una pluralidad cultural que la distingue. Su posición estratégica impulsa el desarrollo y la competitividad de la región, reflejada en la riqueza cultural, humana y ambiental de cada una de sus subregiones, como: la costanera, denominada por sus habitantes, «El Caribe cordobés», con 124 kilómetros de costa sobre el mar Caribe y potencialidades para el turismo, la pesca y el desarrollo portuario. El sur de Córdoba, subregión que cuenta con el 60% de los bosques húmedos tropicales, como el Parque Nacional Natural Paramillo; donde nacen los ríos San Jorge, Sinú, Manso, Esmeralda y Verde, considerado una estrella fluvial y fábrica de agua que abastece la mayoría de los municipios del departamento; igualmente, una riqueza mineroenergética. El bajo y medio Sinú, la subregión sabanera y la ciudad capital Montería muestran el potencial económico, cultural y social que representa el departamento de Córdoba.

Es paradójico que Córdoba, con amplias ventajas comparativas brindadas por la naturaleza; sus niveles de productividad y competitividad sean bajos, en donde la mayor parte de su población, permanezca sumergida en la pobreza; en especial los jóvenes; que no han podido acceder a las oportunidades de formación y empleo como medios de movilidad social.

De acuerdo con el diagnóstico de la Agenda Córdoba 2052, el Departamento tiene una población menor de 15 años mayor que otras regiones del país, pero su fortalecimiento dependerá de las oportunidades que brinden y doten de capacidades para dignificar sus vidas; esto, a través de la formación académica y acceso al conocimiento; esta es una de las formas de jalonar la productividad económica y competitividad; una juventud que representa el presente y futuro del Departamento.

En este sentido, la celebración de estos 74 años de vida como territorio; debe reafirmar la voluntad y compromiso con un presente centrado en la transformación social y humana de sus habitantes, construida y proyectada prospectivamente; integrando las potencialidades que soportan nuestras ventajas comparativas en materia productiva, como clúster cárnico, agroindustria, turismo, minero-energético y tecnologías.

Además de lo anterior, trabajar por la construcción de una conciencia cultural que genere una mentalidad para el desarrollo; que la cultura no se agote en la dimensión de las manifestaciones culturales; sino que trascienda y construya pensamiento, identidad y arraigo; lo que significa, reafirma el orgullo y pertenencia por nuestro territorio.

En el corazón de este Departamento, late de manera incansable y vigorosa, la Universidad de Córdoba; alma máter de los cordobeses; institución que ha sido el Prometeo y faro intelectual y científico de este terruño. Desde la Universidad de Córdoba hemos contribuido a delinear, configurar y darle fisonomía al Departamento, desde el poder transformador de la educación; formando y transformando la vida de generaciones de cordobeses; Unicordoba reafirma su compromiso y ofrece su ciencia, saber y conocimiento para continuar aportando en la construcción de un Departamento donde su gente viva con dignidad y justicia social. Como invoca nuestro himno: ¡los pueblos que no luchan, no tienen porvenir!

Continuando con el análisis de la mutua satanización entre izquierda y derecha —fenómeno evidente en las últimas décadas dentro de la frágil cultura política latinoamericana, y en particular en Colombia— se observa cómo el furor de los «debates» se expresa con un fanatismo casi dogmático, como si se tratara de verdades absolutas. Dichos discursos, influenciados por poderes mediáticos y tecnológicos que manipulan emociones y sentimientos, generan nuevas formas de enajenación y control, apoyadas en narrativas que distorsionan la verdad y se desconectan del contexto social. Aun así, logran convencer y movilizar amplios sectores de la sociedad, debilitando la posibilidad de una participación libre, ilustrada y consciente.

En este escenario, los partidarios de cada bando se acusan mutuamente de encarnar una inmoralidad e irracionalidad compartida, construyendo nuevas formas de violencia alimentadas por el odio, el resentimiento y la exclusión. Así se instaura no solo una de las maneras en que mueren las democracias; sino también, un proceso de degradación y deshumanización social.

Por ello, la importancia de continuar el ejercicio de clarificación conceptual sobre el contenido de tales acepciones y comprender, que, ambas se necesitan; en la medida en que se niegan, prevalecen y se anulan; lo que significa, reafirmarse. Igualmente, deben coexistir pacífica y deliberativamente para la permanencia y fortalecimiento de la democracia y convivencia civilizada. La conflictividad de estas acepciones, es la manera como se defienden; una defensa radical e inamovible hace peligroso su proceder cuando se convierte en gobierno; una mirada reflexiva de la historia hace comprensible lo anterior. Recordemos los regímenes comunistas de la Europa del Este; los cuales se centraron en una defensa férrea del Estado, en el manejo de la economía y la vida social, generando un totalitarismo de Estado que anuló las libertades y empobreció económicamente su población. Este modelo de totalitarismo de Estado fracasó en los sistemas políticos que lo implementaron; como fracasó también, el totalitarismo de mercado defendido por la lógica del libre comercio sin regulación; lo que decantó en un capitalismo salvaje. Ambos tipos de referentes totalitarios han sido desastrosos; convertidos en modelos fallidos. En este sentido, izquierda y derecha, son opciones políticas que defienden un ideario y modelo de Estado y sociedad.

En consecuencia, ambas acepciones contienen una narrativa política que estructura una humanidad dual, donde coexiste: el bien y el mal, la verdad y la mentira, la justicia y la injusticia. Izquierda y derecha, son fuentes teóricas donde ha emergido la teorización con la que se han construido modelos de Estados que responden a determinado orden social; inspirando procesos de emancipación mutua.

En medio de la izquierda y la derecha emergen personas o grupos que se definen de centro, el centro es al mismo tiempo una ilusión y una realidad. Muy bien lo expresó Duvenger en su obra clásica sobre los partidos políticos; donde expresaba, que el centro político era imposible. «El destino del centro es ser separado, sacudido, aniquilado: separado, cuando una de sus mitades vota por la derecha y otra por la izquierda; sacudido, cuando vota en bloque, bien por la derecha, bien por la izquierda; aniquilado, cuando se abstiene». Es decir, el centro pretende convertirse en una opción política, sintetizando las contradicciones que surgen de la izquierda y la derecha; por esta razón, se convierte en una expresión gaseosa y fantasiosa; por cuanto, la política es acción, y una opción política tiene que definirse desde un ideario que pueda defenderse y ser defendible. El centro se convierte en una especie de corriente política, que sobrevive sobre la negación de los extremos. Dado que, en la coyuntura política del país, el centro político debe tomar posición y no quedar diluido; sino mantener un espacio para continuar siendo opción de poder.

Ahora bien, los partidos de centro no existen en Colombia; pero, surge una paradoja, el centro político es la opción que prefieren los electores; debido a esto, la izquierda y la derecha acomodan sus discursos y programas políticos para cautivar y captar el voto del centro. De esta forma, las opciones políticas de izquierda o derecha están llamadas a repensarse y refundarse permanentemente; con el fin de responder a los retos y necesidades sociales de manera real; ello implica, acuerdos de coexistencia, que superen la mutua satanización y construyan escenarios de democracia deliberativa con predominio de ideas y racionalidad, donde la única violencia permitida sea la del mejor argumento.

Por: Erasmo Zuleta Bechara 
Gobernador del departamento de Córdoba

Esta semana le presentamos a Córdoba y al país el informe de gestión de nuestra administración correspondiente a la vigencia 2025. Y en medio de esa rendición de cuentas me hicieron una pregunta sencilla, pero muy profunda: ¿cuál quiero que sea mi legado como gobernador?

Mi respuesta fue clara: quiero que nuestra gente se sienta orgullosa de ser cordobesa.

Eso no se logra solo con discursos. Se logra con resultados, con obras, con programas y con decisiones que cambien la vida de las familias. Y hoy las cifras nos muestran que Córdoba avanza.

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, en 2025 casi se duplicó la proporción de hogares cordobeses que sienten que su situación económica está mejor o mucho mejor frente al año anterior. Pasamos de 11,8% en 2023 a 20,8% en 2025. Al mismo tiempo, los hogares que consideran que su situación empeoró bajaron de 33,5% a 21,2%.

Eso significa algo muy importante: más familias empiezan a sentir que las cosas están cambiando.

También mejoró la percepción de satisfacción con la vida. En una escala de 0 a 10, los hogares cordobeses pasaron de calificar su vida en general con 8 en 2023 a 8,1 en 2025. Y en temas sensibles como trabajo e ingresos también hubo avances: la satisfacción con el trabajo pasó de 7 a 7,3, y la de ingresos subió de 5,9 a 6,7.

Pero detrás de cada cifra hay una realidad concreta. Entre 2024 y 2025, la inseguridad alimentaria moderada en Córdoba bajó de 47,6% a 40,2%, y la inseguridad alimentaria grave pasó de 9,4% a 5,9%. En términos humanos, esto quiere decir que 121 mil cordobeses dejaron de padecer inseguridad alimentaria moderada o grave, y 46 mil personas dejaron de padecer inseguridad alimentaria grave. Es decir, dejaron de pasar hambre.

Ese es el verdadero sentido de gobernar: que la inversión se traduzca en bienestar.

En infraestructura también hemos avanzado. A 2025 hemos invertido más de 700 mil millones de pesos en vías, mejorando, rehabilitando o construyendo más de 252 kilómetros, además de intervenir más de 100 kilómetros con maquinaria amarilla.

En servicios públicos, Córdoba también muestra resultados históricos. En 2025, 480 mil hogares contaban con acueducto, la cifra más alta desde 2018. Frente a 2023, son 16 mil hogares más con este servicio. En alcantarillado, llegamos a 297 mil hogares conectados, también el mayor registro desde 2018, con 10 mil hogares más que en 2023.

Y en internet, un servicio fundamental para estudiar, trabajar y conectarse con el mundo, alcanzamos 361 mil hogares conectados en 2025, el máximo histórico desde 2018. Eso representa 85 mil hogares más con acceso a internet frente a 2023.

Todo esto tiene un impacto directo en la calidad de vida. Por eso, la pobreza multidimensional en Córdoba disminuyó 5,9 puntos porcentuales entre 2024 y 2025, la segunda mayor caída del país en ese periodo, y llegó a 19,8%, su nivel más bajo desde 2018.

Sabemos que todavía hay retos. Córdoba tiene deudas históricas que no se resuelven de un día para otro. Pero hoy los resultados nos permiten ver algo muy importante: la gente está viviendo mejor.

La Revolución de Córdoba no se queda en palabras. Se cuenta con hechos.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

Recientemente, el papa León XIV publicó su primera carta encíclica Magnífica Humanitas, la que hace referencia a la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Esta encíclica marca y reafirma el pensamiento de la Iglesia católica centrado en la verdad, la difusión y defensa del mensaje cristiano en tiempos de turbulencia e incertidumbres. El papa plantea que la magnifica humanidad, que es una creación de Dios, se encuentra hoy ante un dilema decisivo: levantar una nueva Torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos.

En este orden, para el Papa León, cada generación hereda una historia diversa y plural; pero configura y define una forma a su propio tiempo; esa forma es una contribución, un aporte en la maduración de la historia; es decir, cada generación es responsable del presente que le corresponde vivir y asumir. La maduración de la historia es aprendizaje, memoria y conciencia que proteja, realice y dignifique la condición humana, a través de la promoción de la justicia y la fraternidad entre los seres humanos. En palabras del filósofo Levinas: «El otro puedo ser yo; yo me reflejo en el rostro del otro».

De acuerdo con lo anterior, el Papa centra gran parte de su mensaje en la reafirmación y defensa de la dignidad humana; en estos tiempos de guerras, superioridad racial, acumulación de riqueza, destrucción del medio ambiente, injusticias y desigualdades sociales aberrantes. Es a través de la realización de la dignidad humana, la forma como podemos madurar la historia; de no hacerlo, en palabras del Papa; damos paso a un mundo más inhumano e injusto y, con ello, el riesgo de que la humanidad pierda su rostro.

En este contexto, el papa León invita a asumir con lucidez y responsabilidad, los retos de nuestro tiempo, adoptando normas capaces de salvaguardar la justicia y contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico; aunque el tema en cuestión, no se limita a la regulación; sino a quién detenta ese poder tecnológico y qué fines lo orientan. Recordemos que en el pasado ese poder lo impulsaban y ostentaban los Estados; en cambio, hoy, son actores privados representados en grandes transnacionales con recursos y poder superior a los gobiernos y enfocados al control social, económico, político y cultural, desconociendo el bien común.

Por ello, la encíclica del Papa plantea la pregunta de cómo vivir con responsabilidad en la era de la inteligencia artificial. Para responder a esta pregunta, bastante abierta a la interpretación, el santo padre hace referencia a dos imágenes bíblicas: La construcción de la Torre de Babel y la reconstrucción de los muros de Jerusalén. El relato de Babel se sitúa en los orígenes de la humanidad, inmediatamente después de las genealogías de los hijos de Noé. Los seres humanos, habiéndose establecido en la llanura de Senaar, deciden construir una ciudad y una torre «cuya cúspide llegue hasta el cielo». Quieren así asegurarse estabilidad y poder, y, sobre todo, «perpetuarse un nombre». La empresa parece imponente: una sola lengua, una sola tecnología, una sola dirección; sin embargo, el proyecto esconde un profundo engaño: es una obra concebida sin referencia a Dios, sustentada por una uniformidad que elimina la diversidad y que, en lugar de la comunión, elige la homogeneización.

Conforme a lo dicho, cuando la ciudad se edifica sobre el orgullo y la pretensión de bastarse a sí misma, la comunicación se rompe, las lenguas se confunden y los seres humanos ya no se comprenden. El resultado no es la unidad, sino la dispersión. Babel revela así el límite de toda construcción que, por grandiosa que sea, surge de la absolutización de lo humano y de su pretensión de autosuficiencia, sacrifica la dignidad de las personas en aras de la eficiencia y aspira a alcanzar el cielo sin la bendición de Dios.

Recordemos que, el libro de Nehemías comienza en un momento de gran vulnerabilidad en la historia del antiguo Israel. Tras el exilio babilónico, una parte del pueblo ha regresado a Jerusalén, pero la ciudad sigue en ruinas, las murallas se han derrumbado y las puertas han sido quemadas. Nehemías, un judío al servicio del rey persa Artajerjes, recibe la noticia del desastroso estado en que quedó la ciudad de sus padres. Pide permiso al rey para regresar a Jerusalén y, una vez allí, examina en silencio los lugares destruidos. No impone soluciones desde lo alto. Convoca a las familias, confía a cada una un tramo de muralla para reconstruir, escucha los temores, coordina los esfuerzos y hace frente a las oposiciones.

El relato muestra, cómo la ciudad renace, no gracias a la iniciativa de una sola persona, sino a través de la responsabilidad compartida de todo el pueblo. Es una obra que tiene a Dios en el centro y reconstruye los vínculos, incluso antes que las piedras. En aquel tiempo, la antigua Jerusalén recupera así un lenguaje común; no el de la uniformidad, sino el de la comunión: la armonía que nace cuando cada uno asume su parte y todo el pueblo reconoce que su fuerza viene del Señor.

En los tiempos que corren, la inteligencia artificial se ha convertido en una nueva Torre de Babel que controla y enajena; desconociendo la dignidad y el bien común. Estas referencias, permiten interpretar el momento político del país y el mundo determinado por torres de Babel que excluyen y niegan al otro por pensar diferente; la consecuencia es, una sociedad que no se integra y vive, totalmente dispersa.

Por: General William Rincón Zambrano Director de la Policía Nacional de Colombia

Hoy me dirijo a ustedes como director de la Policía Nacional y como servidor de la institucionalidad, consciente de la responsabilidad que tenemos en este momento decisivo para el país. La coyuntura electoral presidencial representa una oportunidad para fortalecer nuestra democracia y reafirmar la voluntad de los colombianos, quienes podrán participar de manera libre, informada y con todas las garantías necesarias para ejercer su derecho al voto, este 31 de mayo de 2026.

Durante los últimos días, cada municipio, vereda y ciudad ha experimentado una etapa determinante para el país. Los espacios cotidianos se han convertido en escenarios de participación ciudadana y construcción democrática, donde millones de colombianos han expresado sus ideas y expectativas sobre el futuro de la nación. En ese contexto, la Policía Nacional de Colombia ha actuado con absoluta neutralidad, garantizando el orden, las libertades fundamentales y las condiciones necesarias para que la jornada electoral se desarrolle en paz y tranquilidad.

Nuestro deber no ha consistido en favorecer campañas, candidatos o corrientes ideológicas, sino en garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto con libertad, tranquilidad y plenas garantías, en un entorno seguro, libre de presiones, de violencia o de cualquier tipo de interferencia.

Esa es la esencia del servicio policial en el sistema democrático. Frente a esta coyuntura, hoy presentamos al país la segunda fase el “Plan Democracia 2026” orientado a garantizar condiciones de seguridad y transparencia durante la jornada electoral, mediante un despliegue operacional integral soportado en capacidades de inteligencia, investigación criminal, prevención, control territorial y tecnología, en el marco de la Estrategia S2D (Seguridad, Dignidad y Democracia).

Nuestra estrategia se ha estructurado en cinco líneas de acción: protección de candidatos, lucha contra los delitos electorales, inteligencia anticipativa, fortalecimiento y capacitación del personal, y la activación del Equipo Especial Contra Delitos Electorales (ECODE), encargado de articular acciones de prevención, judicialización y respuesta inmediata frente a conductas que afecten la libre expresión del sufragio.

Sabemos que en contextos electorales álgidos pueden surgir rumores, desinformación y episodios de alteración del orden público. Frente a estas posibilidades, nuestra respuesta será siempre la misma: presencia institucional, actuación proporcional y protección de los derechos fundamentales.

No habrá espacio para acciones de intimidación, constreñimiento al elector, injerencias ilegales sobre la voluntad popular ni actuaciones contrarias al marco legal por parte de la autoridad. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos ciudadanos mediante un trabajo articulado con otras entidades del Estado.

Para ello, se ha dispuesto el despliegue de 120.000 policías en todo el territorio nacional: 56.867 estarán asignados a los puestos de votación, 33.045 a los entornos inmediatos y 30.088 a zonas de atención priorizada, asegurando una cobertura integral durante toda la jornada electoral.

De manera puntual, y con el propósito de enfrentar los delitos cibernéticos asociados al proceso electoral, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación hemos articulado capacidades a través de un Puesto de Mando Unificado (PMU) Ciber Electoral, orientado a proteger la infraestructura digital, así como a investigar y judicializar conductas de fraude electoral.

Además, tenemos la responsabilidad de custodiar el 57% de los puestos de votación del país (7.692 de 13.489), garantizar la seguridad en el 90% de las mesas de votación (106.598 mesas) y proteger a cerca de 37 millones de colombianos, equivalentes al 92% del censo electoral. Para esta misión, el despliegue operacional contará con el direccionamiento estratégico de 16 brigadieres generales y tres coroneles del Curso Estratégico de Seguridad (CESEP) en territorios críticos.

Este dispositivo contará con el apoyo de 94 aeronaves para fortalecer la capacidad de reacción inmediata ante situaciones asociadas a la acción de grupos criminales; priorizando 32 municipios en territorios críticos, en los que concentraremos capacidades operacionales para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática.

A partir de estas responsabilidades, a cada uniformado le digo: su arma más poderosa en estos días no es el bastón Tonfa, es la templanza y la integridad. Es la capacidad de actuar con firmeza cuando sea necesario, pero también con prudencia cuando la situación lo exija. Es el respeto irrestricto a la Constitución y a la Ley, incluso en medio de la tensión, incluso cuando las emociones del país estén elevadas.

A la ciudadanía, por su parte, le hago un llamado directo: este es el momento de evitar polarizaciones que deriven en afectaciones a la vida y a la infraestructura del país. Las diferencias políticas no deben incentivar la violencia. La democracia no se defiende con odio sino con participación, con respeto por el otro y confianza hacia las instituciones. A través de la Línea Anticorrupción 157 los invitamos a seguir utilizando este canal de denuncia para facilitar la actuación oportuna de las autoridades.

La democracia exige que quienes aspiran a dirigir el país puedan hacerlo en condiciones reales de protección y confianza. Por esta razón también hemos acompañado las solicitudes de seguridad de 11 candidatos presidenciales y 11 fórmulas vicepresidenciales, a través de 22 esquemas de protección mixtos con la Unidad Nacional de Protección, con un equipo de 164 policías que están cuidando cada desplazamiento y actividades inherentes al proceso democrático.

Para complementar todas estas estrategias, el monitoreo en tiempo real del proceso electoral tendrá un enfoque diferencial, al reconocer la diversidad sociocultural del país; ajustando el despliegue operacional a las condiciones de cada territorio, en zonas rurales, comunidades étnicas y regiones prioritarias. De hecho, nuestra Dirección de Tránsito y Transporte implementó dispositivos especiales para asegurar el transporte, custodia y movilidad del material electoral en los corredores viales del país; y la Dirección de Educación Policial ha capacitado a más de 30 mil funcionarios en delitos electorales. Cada una de estas capacidades converge en un mismo propósito: impedir que cualquier actor social o ilegal interfiera en la voluntad soberana de los colombianos.

Hoy Colombia no define su futuro electoral sola: vota acompañada por sus instituciones, por integrantes de la Fuerza Pública que están en cada rincón del país, y por una ciudadanía que, a pesar de sus diferencias, sigue creyendo en la fuerza del voto como una de las mayores expresiones de la libertad de opinión, en un gran esfuerzo colectivo de confianza.

Nuestro objetivo es claro: que el día de elecciones sea el más seguro del calendario nacional y que cada colombiano pueda votar con la certeza de que su decisión será respetada y protegida. Por ende, convocamos a todos los ciudadanos a denunciar cualquier conducta que pretenda afectar la legalidad del proceso, porque la defensa de la democracia no recae solo en las instituciones, sino en el compromiso colectivo de toda la Nación.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo

 Rector de la Universidad de Córdoba 

Los ciudadanos están a pocos días de acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto y elegir al nuevo presidente de Colombia; el líder que dirigirá la nación durante los próximos cuatro años. Este escenario político-electoral se caracteriza por la ausencia de propuestas e iniciativas capaces de marcar el debate público y la deliberación ciudadana. Al igual que en procesos anteriores, predomina la mutua descalificación y la narrativa del odio, el miedo, la desinformación y la violencia verbal; factores que desnaturalizan y degradan el discurso argumentado y la esencia misma del ejercicio político.

En este contexto, enviamos un mensaje a los candidatos presidenciales: a quien reciba el respaldo popular y asuma las riendas de la República, le corresponde gobernar sin odios ni resentimientos, y buscar por todos los medios racionales, dialógicos y constitucionales, el entendimiento necesario para convivir en medio de las diferencias. En ello consiste la salud de una democracia: un desafío difícil, pero una apuesta que debemos sostener con persistencia.

Lo anterior, implica continuar insistiendo en las reformas sociales que se han venido postergando, que son necesarias para construir una nación justa, equitativa y con justicia social. Por ello, desde el sector de la educación superior, representado en el Sistema Universitario Estatal (SUE) En la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) hemos propuesto, no solo un diagnóstico sobre la educación superior; sino una propuesta para tener en cuenta e integrarla en la agenda de desarrollo del próximo gobierno. Entre ellas, podemos mencionar: 1. Reafirmar la educación como un derecho fundamental progresivo, tendiente a la realización de la dignidad humana y la justicia social de amplios sectores poblacionales que históricamente han sido excluidos del acceso a la educación superior en condiciones de calidad y pertinencia; en consecuencia, debe continuar fortaleciendo la universidad pública, centrado en la ampliación de cobertura, gratuidad, capacidades humanas, físicas y tecnológicas; igualmente, ampliación de cobertura con enfoque territorial. En este orden, continuar avanzando en una gratuidad de la educación superior pública integral, que incluya, no solo la matrícula; sino también, alimentación y transporte.

En este sentido, es importante insistir en que, la educación superior, como un servicio público, es suministrada y soportada en un sistema mixto; es decir, público y privado. En consecuencia, una política de ampliación de cobertura debe reconocer y fortalecer el sistema. 2. Continuar fortaleciendo la universidad pública; ampliando nuevas sedes regionales, con la finalidad de alcanzar una cobertura universal. 3. El próximo gobierno debe priorizar la reforma y fortalecimiento del Icetex, que defienda las políticas de acceso, cobertura y permanencia. 4. Articular los niveles del sistema educativo con la educación superior. 5. Construir una política de aseguramiento de la calidad, haciendo énfasis en el fomento y no solamente en la inspección y vigilancia como modelo dominante. 6. Articular el trabajo de Minciencias con el Ministerio de Educación; de esta forma, generar más impacto en la ciencia, la tecnología y la innovación que promueven las universidades. 7. Impulsar una agenda estratégica de transformación digital y adopción ética y soberana de la inteligencia artificial; asimismo, fortalecer la internacionalización como política de Estado.

Abordar estas y otras iniciativas aportadas por los actores organizados de la educación superior, requiere una mirada de país; de igual manera, una convicción de la necesidad de construir consensos para lograr decisiones políticas y normativas que permitan el avance de la educación superior como una apuesta intergeneracional, concebida como compromiso de Estado. Lo cual permitirá cimentar colectivamente una visión de futuro y avanzar en las transformaciones del sector. No es solo una postura sectorial, sino una verdadera apuesta de país: la convicción sobre el desarrollo sostenible, la justicia social; la paz y productividad dependen de un sistema de educación superior sólido, articulado e innovador. Esperamos, que estas iniciativas, que hacen parte del debate nacional sobre la educación superior; sean asumidas por el próximo gobierno como un compromiso con la juventud colombiana.

Por: Erasmo Zuleta 

Gobernador del departamento de Córdoba

Esta semana el país conoció los resultados del estado de inseguridad alimentaria en Colombia durante el año 2025, medida con la escala FIES (Food Insecurity Experience Scale) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta escala permite medir las dificultades de acceso a los alimentos debidas a razones económicas, pasando desde solo preocuparse acerca de la capacidad para obtener alimentos hasta pasar hambre.

Los resultados a nivel nacional fueron alentadores. Entre 2024 y 2025, el número de personas con inseguridad alimentaria moderada o grave en Colombia pasó de 14.4 millones a 12 millones, y el número de personas con inseguridad alimentaria grave pasó de 2.7 millones a 1.9 millones.

El departamento de Córdoba fue uno de los departamentos que disminuyó en mayor proporción tanto la inseguridad alimentaria moderada o grave como la grave, pasando la primera del 47.6 % de los hogares al 40.2 % y la segunda, del 9.4 % de los hogares al 5.9 %. En personas, esto significa que 121 mil personas del departamento ya no padecen inseguridad alimentaria moderada o grave y 46 mil personas ya no padecen inseguridad alimentaria grave; es decir, ya no pasan hambre.

Para la mayoría de los lectores que tienen la posibilidad de leerme a través de dispositivos electrónicos o en medio físico, no pasar hambre puede ser la norma, pero no es la realidad aún para miles de colombianos. Y esta dura realidad es la que se puede transformar desde el servicio público con programas y proyectos que promuevan, junto con el sector privado, la generación de empleos que permitan al país generar riqueza y a las personas vivir con dignidad.

Estos resultados departamentales son la cara humana de los resultados económicos que se lograron en 2025. Por ejemplo, cuando se indicó que la tasa de desempleo departamental había disminuido a 10.5 % desde 10.9 % en 2024, esto significó que el número de desempleados cayó en 106 mil personas, un número muy similar a la caída en las personas que sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave.

Y hay algo que me parece muy importante resaltar. Entre 2023 y 2025, el número de empleos del sector público disminuyó en 4.1 mil personas, y los sectores que más han jalonado la generación de empleo en ese periodo fueron el sector agropecuario (+33.7 mil), el sector de alojamiento (+8.9 mil) y los sectores transporte y construcción (+7.3 mil cada uno). Esto significa que, en Córdoba, cada vez más es el sector privado quien promueve su crecimiento y bienestar a través de la vinculación de personal y no necesariamente el Estado, lo que históricamente ha implicado, en diferentes latitudes, mayores eficiencias.

Esto demuestra que las políticas públicas departamentales que multiplican la generación de ingresos por parte del sector privado son fundamentales. Estas incluyen la provisión de servicios y bienes públicos y la promoción del departamento como un lugar amable para los inversionistas, donde los ciudadanos no solo quieran visitarlo, sino que quieran vivir, hacer deporte, estudiar y producir.

Los éxitos económicos del departamento de Córdoba tienen rostro y son una prueba de que Córdoba lo tiene todo.

Por: Jairo Torres Oviedo.
Rector de Unicórdoba.

En días recientes, se dio a conocer el informe relacionado con los índices de competitividad en el país; nuevamente el Departamento de Córdoba queda rezagado, ocupando el puesto 22 entre 33 departamentos, lugar que se ha venido ocupando en los últimos años, generando la reacción repetitiva y narrativas de siempre; continúan ausentes las acciones en materia de políticas públicas que generen impactos y cambios estructurales del sistema productivo del Departamento.

De acuerdo con lo anterior, hay que tener en cuenta que los indicadores de competitividad son instrumentos métricos utilizados para evaluar la capacidad de los países, regiones o empresas para generar y atraer talento e inversión; además, alcanzar altos niveles de productividad y bienestar social. Estos indicadores están enfocados en medir las capacidades de un territorio en materia de infraestructura, entorno económico, educación, salud, innovación y sostenibilidad ambiental; en lo cual, el Departamento de Córdoba tiene rezagos estructurales. Lo dicho, no solo es preocupante, sino que requiere de una apertura y acuerdos de los actores organizados de la institucionalidad pública y privada, que apalanquen la puesta en marcha de políticas públicas; en otras palabras, pasar del diagnóstico, la narrativa de buenas intenciones, al trabajo de expertos y transitar de las alianzas a la acción.

Recordemos que, en las últimas décadas, se han adelantado varios estudios sobre los escenarios de competitividad del Departamento; sin resultados evidentes. El último fue la Agenda Córdoba 2052, que contiene la visión de los próximos 30 años. Esta iniciativa de planificación prospectiva, convertida en hoja de ruta, permite pensar, planear y priorizar el desarrollo económico y social para alcanzar el progreso y la justicia social que dignifique las condiciones de vida de los cordobeses.

La Agenda Córdoba 2052 inicia con un diagnóstico social, económico y ambiental del Departamento, donde identifica y explica los factores que inciden en la baja productividad, competitividad y desarrollo humano; entre los que podemos mencionar: 1. Un tejido productivo poco complejo, diverso y de baja productividad, que hace de Córdoba, uno de los departamentos con bajos ingresos per cápita 2. Poco aprovechamiento de la conectividad departamental. 3. Interdependencias económicas limitadas a las proximidades geográficas del Departamento; es decir, pocas relaciones con los principales mercados nacionales e internacionales. 4. Alta informalidad y baja productividad. 5. Formación del talento humano, a través de la ampliación de cobertura en educación técnica, tecnológica y universitaria en condiciones de calidad y pertinencia. 6. Priorizar la sostenibilidad ambiental como un factor de competitividad.

Estos factores, identificados en el diagnóstico, visualizan las apuestas e intervenciones en materia de planificación y diseño de políticas públicas. Es paradójico que un territorio como Córdoba; con amplias ventajas comparativas, brindadas por la naturaleza, tenga bajos niveles de productividad y competitividad, en donde la mayor parte de su población está sumergida en la pobreza, en especial los jóvenes, afectados por la complejidad y adversidad social, impidiendo construir oportunidades de formación y empleo como medios que generen la movilidad social y superación de la pobreza.

Sin duda alguna, esta apuesta de transformación y desarrollo requiere de la acción decidida de la institucionalidad pública y privada, incluyendo la academia como actor central, representada en las universidades. No podemos continuar repitiendo la vieja tradición de recurrir a los expertos cuando las cosas no andan bien; con la particularidad de traer expertos de otras latitudes geográficas y presentarlos como mesías y redentores; cuando una de nuestras fortalezas como territorio es la construcción de capacidades científicas e intelectuales. Hago referencia a los expertos, sin desconocerlos, pero es recurrente en Córdoba acudir a ellos en momentos de crisis, como la tragedia invernal recientemente vivida, para impulsar los indicadores de competitividad.