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Le hacemos frente a grandes retos

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

Los esfuerzos por llevar desarrollo a las comunidades deben estar enmarcados en un engranaje perfecto, en el que se logre la sinergia necesaria entre el Gobierno Nacional, las regiones y la empresa privada. Tridente que se vio seriamente afectado por el fuerte coletazo de la pandemia.

La economía mundial crecía el 3,3 % en América Latina antes del Covid-19 y, según los datos del Banco de la República, se esperaba que Colombia en 2020 alcanzara un crecimiento económico cercano al 3,5 %, lo que se vino a pique por la pandemia y la caída del precio internacional del petróleo. Desconocer estas cifras es imposible.

En Montería no nos libramos de ello, nos correspondió salvar vidas y tomamos decisiones difíciles, como el confinamiento de toda la población. Sabíamos los impactos que esto traería a la economía local, pero era una determinación ineludible.

Esto llevó las cifras del desempleo al 24,8 %, en el pico más alto de la pandemia. Reto enorme que hemos encarado de manera seria, juiciosa y responsable y, gracias a los procesos de recuperación de la economía y la microeconomía que implementamos, tres años después de esa difícil situación, podemos decir que logramos una disminución de 10,5 puntos porcentuales. Resaltando que en la actualidad hemos generado más de 3.000 empleos en los 77 frentes de obra que tenemos en marcha en la ciudad.

Sabemos que debemos continuar la tarea para lograr que siga bajando esta cifra, afrontando un nuevo reto que tiene en jaque la competitividad de toda la región Caribe, las escandalosas, desproporcionadas y elevadas tarifas de energía.

Insistimos en la necesidad de iniciar los procesos de transición energética con la creación de granjas solares, que atraigan a regiones como la nuestra todas las empresas posibles para desarrollar procesos de transformación agrícola; fortaleciendo así a otros municipios, con los que visionamos la conformación de áreas metropolitanas en las que se pueda lograr una fuerte inversión, producto de una estimulación energética propia, que genere una gran empleabilidad para todos los municipios.

Si logramos dar este paso de forma pronta, además de los monterianos, se beneficiarán los miles de habitantes de otras zonas como el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño y los municipios vecinos, de donde proviene una gran cantidad de población flotante que, en la actualidad, se ve en la necesidad de pernoctar por días en Montería para conseguir el sustento de sus familias.

Esta es una Montería dinámica en la que hemos puesto en marcha temas tan importantes como el Crediexpress de la Gente; los Festivales Montería Me Sabe, con los que se recuperó la economía en los barrios; Mercados Campesinos para estimular a los monterianos a apoyar a nuestros campesinos; ferias de emprendimiento; eventos culturales, como las Fiestas del Río, Un Río de Libros, Montería Fashion Week, Río Media Maratón, Montería Vive Teatro y Navidad de Ilusión. A los que se suma el fortalecimiento del turismo, donde pasamos del 55 % de ocupación hotelera de lunes a viernes al 90 %.

Destacamos el pago de esa gran deuda histórica del ordenamiento territorial de la ciudad, gracias a la puesta en marcha del nuevo POT, con el que logramos habilitar 1.400 hectáreas para una expansión urbana pensada en el desarrollo más significativo y ambicioso de los próximos 30 años.

En nuestro gobierno pensamos en grande, pensamos en un futuro próspero, pensamos en la gente. Así seguiremos trabajando, sin distracción alguna, y con la tranquilidad de continuar aportando soluciones a la ciudadanía y construyendo una Montería Grande de la mano de todos.

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Observaciones al nuevo articulado de reforma a la Ley 30

 

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector: Universidad de Córdoba

 

El pasado 20 de julio, el Ministerio de Educación dio a conocer dos borradores de proyectos de ley; uno, sobre ley estatutaria y el otro, sobre el articulado de reforma a la Ley 30; acerca del segundo y luego de una revisión sistemática, encontramos algunos puntos que merecen la reflexión por parte de los actores del sector:

1. Carece de una definición clara sobre la educación, específicamente, la educación superior; además, el proyecto no establece la relación entre derecho fundamental y bien común, mencionado de forma parcial y declarativa en la Ley estatutaria.

2. Concibe la educación superior alrededor de problemas y solución de estos, no como un proceso incluyente, colectivo, social y cultural; particularmente en la tipología de programas que deben ofertar las instituciones de educación superior.

3. Abandona la regulación del servicio público educativo de las instituciones públicas y privadas; centrándose en la inspección y vigilancia.

4. No establece con claridad el tránsito entre los programas y niveles educativos.

5. Hace énfasis en la formación por competencias y evaluación de resultados del aprendizaje.

6. Fortalece el Cesu concentrando la mayor parte de sus funciones en el Ministerio de Educación.

7. Desmejora la investigación en el proceso formativo a nivel de maestrías, institucionalizándolas a nivel de profundización, suprimiendo el trabajo de investigación como requisito académico y, faculta a la instituciones universitarias y escuelas tecnológicas para ofrecer programas de maestría y doctorado desconociendo la tradición y experiencia investigativa que debe tener este nivel de formación.

8. Continúa el carácter voluntario de los procesos de acreditación y los sistemas internos de evaluación con sus características de ambigüedad.

9. Ausencia de cambios estructurales en los gobiernos universitarios.

10. Pocas garantías para catedráticos y ocasionales; en cuanto a derechos de participación en las decisiones institucionales.

11. No integra las dinámicas y planes de desarrollos territoriales, excluyendo la articulación e integración entre los diferentes «niveles» educativos.

12. En lo relacionado con el régimen financiero, se recogen los elementos de la propuesta del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y del SUE consignados en el proyecto de reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30.

13. Decreta, con poca argumentación, la transición del Icetex hacia un fondo para financiar estudios en el exterior, lo que implica un desmonte gradual del mismo.

14. Excluye el tema de integración regional e internacionalización de la educación superior.

15. No hace referencia a la relación entre la pedagogía y las nuevas tecnologías; en general, la reflexión pedagógica está ausente, no existe ninguna conclusión alrededor de la educación como derecho fundamental y bien común. Es decir, el articulado de reforma a la Ley 30 propone ajustes y no una reforma integral para hacer un cambio en educación superior que permita construir la nación moderna que por décadas hemos postergado. Asimismo, este proyecto de ley estatutaria que propone la educación como un derecho se queda en el plano de una retórica abstracta.

Estamos a tiempo de corregir y avanzar en la construcción de acuerdos entre los actores del sector para construir una reforma a la educación superior desde la diversidad colombiana.

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Obras por una Montería competitiva

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

Cuando asumí el mandato popular como Alcalde de nuestra ciudad vislumbré un futuro alentador y, de la mano del Gobierno de la Gente, comenzamos a tejer con pensamiento de orfebres lo que sería la Montería Grande; para lo cual estructuramos un gran plan de acción y nos dedicamos a recorrer cada rincón del municipio para escuchar a las comunidades e involucrarlas en su propio desarrollo.

En este viaje que emprendimos de manera seria, responsable, metódica y técnica, pero sobre todo empática y sincera, aprendimos varias lecciones y nos enfrentamos a situaciones que no podíamos seguir ignorando. Situaciones de verdadero atraso e inequidad social, de parte de gobernantes que no cumplieron con rigor su responsabilidad ante una sociedad que pedía a gritos la solución de sus necesidades, y hoy recurren sin vergüenza y con obscenidad descarada, a desconocer lo que se ha avanzado significativamente en desarrollo y progreso social.

Una de ellas, tenía que ver con mejorar los índices de competitividad de la ciudad en busca de impulsar la economía y llevar el progreso a zonas en las que nunca se había invertido. Montería no podía avanzar si no saldábamos varias deudas históricas.

Pensar en competitividad no se trataba a la sazón de solo renovar el centro de la ciudad. Tenía que ser un proceso dinámico, estructural y sistémico que involucrara factores fundamentales, tales como salud, educación, infraestructura, cuidado del medio ambiente; incluyendo los mercados, el comercio interno local y nacional, así como el turismo; entender para tal propósito nuestra distribución geográfica y lo que significa el tema de la igualdad en la planificación de los recursos a invertir en todos los estratos sociales.

Para lograr ese objetivo, sin duda, se hacía necesario iniciar nuestro mandato mejorando la calidad de vida de las comunidades del sur, occidente, norte norte y el campo, por lo que pusimos en marcha la estrategia Cemento con Corazón. Con ella, en estos tres años y medio, hemos intervenido cientos de kilómetros de vías, hemos mejorado la infraestructura educativa y hemos construido espacios para fortalecer la salud, el deporte, la cultura y el turismo.

A día de hoy, hemos invertido más de $470 mil millones en 174 proyectos, de los que hemos entregado 121, ejecutamos 29, adjudicamos 4 y avanzamos en el proceso de contratación de 9. Y no paramos, porque seguimos estructurando obras, considerando que no estamos pensando exclusivamente en los 4 años de nuestro gobierno, sino en la construcción de la ciudad durante décadas. Nuestro objetivo es dejar a los próximos gobernantes un robusto banco de proyectos.

Debemos agregar que, para fortalecer la competitividad de Montería, se hacía necesario contar con vías óptimas. Con ellas se logra conectar los centros productivos de la ciudad con los productores rurales, disminuir los tiempos de desplazamiento entre barrio y barrio, entre corregimientos y entre el casco urbano y la zona rural, y generar bienestar en veredas y vecindarios, dejando atrás las inclemencias del barro.

En tres años, hemos destinado más de $225.000 millones en la intervención de más de 95 km de vías urbanas y rurales. A los que sumamos los más de 500 km mejorados con maquinaria amarilla. En lo corrido del año, hemos recuperado 60 km en Las Navarras, La Palma, Buenavista, Samaria, Boca de la Ceiba, Arenal, San Isidro, Gran Esfuerzo, Nuevo Paraíso, Manguito Santa Fe, Tres Palmas, El Palmar, Moncholo, León Medio y Manchego.

Hoy, podemos decir que Montería va bien, porque hemos logrado obras de largo alcance y perdurables, mirar al campo como nunca antes, generar dinamismo en todos los sectores y asegurar con total tranquilidad que los sueños de la gente pasaron de ser simples y vagas promesas a realidades palpables; gracias a que logramos activar una política transparente y de cara al ciudadano, con la firme convicción de generar confianza y sentido de pertenencia por Montería.

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Ley Estatutaria de Educación Superior

 

Por: Jairo Torres Oviedo.

Rector de la Universidad de Córdoba

El pasado 20 de julio, el Ministerio de Educación Nacional dio a conocer el borrador del «Proyecto de Ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la educación y otras disposiciones». Este proyecto tiene por objeto garantizar el derecho a la educación, regular y establecer las condiciones necesarias para su protección. Esta nueva concepción de la educación tiene un cambio sustancial en relación con la actual Ley de educación superior; la Ley 30, que establece en su Artículo 2 «La educación superior es un servicio público, cultural, inherente a la finalidad social del Estado».

Es decir, pasamos de una concepción de servicio público a un derecho fundamental; el primero lo prestan los particulares y el Estado, el segundo es un deber y obligación de este. El contenido del borrador del proyecto de Ley estatutaria pretende garantizar y regular la educación como derecho fundamental. En este sentido, los artículos 1 y 2 hacen énfasis en garantizar el derecho a la educación de conformidad con el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia y enfatiza que, su prestación por actores públicos, privados o mixtos estará bajo la inspección y vigilancia del Estado.

El Artículo 5 enfatiza nuevamente el derecho a la educación con elementos esenciales: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad; estos elementos garantizan el reconocimiento de la pluralidad y diversidad regional en igualdad de oportunidades.

Para que estos elementos se materialicen, es necesario garantizar ampliación y fortalecimiento de infraestructura física y tecnológica, recursos financieros y humanos, que garanticen el acceso y permanencia en condiciones de calidad y pertinencia. El Artículo 11 hace referencia a los deberes del Estado, que tiene la responsabilidad de garantizar progresivamente el derecho a la educación.

Algo muy importante en este Proyecto de Ley es el Artículo 14 y 16 que mencionan el derecho a la educación en sus distintos niveles, integrando todos los niveles del sistema educativo a partir del prejardín; consolidando un sistema de articulación entre la educación media y superior para el acceso progresivo de los estudiantes a la educación superior; quedando abierta la posibilidad de incluir el grado 12.

Otro aspecto importante de este proyecto es el contenido del capítulo IV, Artículos 18, 19, 20 y 21; donde contemplan disposiciones especiales para desde la educación superior atender los grupos poblacionales en condiciones de analfabetismo, personas privadas de la libertad y grupos étnicos; estos últimos tendrían la facultad y autonomía de diseñar, administrar y regular sus instituciones y programas para adecuarlos a sus necesidades, historia y lenguas.

 En estos cuatro capítulos que contienen 21 artículos, está planteado un marco general y regulatorio que establece la educación como derecho fundamental garantizado por el Estado; pero deja varios temas pendientes como el Sena; momento oportuno para integrarlo al Ministerio de Educación Nacional.

Eso implica, la reforma de la Ley 115; ¿qué pasará con la educación superior privada? Este borrador de ley marco tiene una concepción de la educación desde la lógica del Estado; pero abre el debate público en el conjunto de la sociedad. En consecuencia, el trámite constitucional implica la radicación y aprobación de la Ley estatutaria; posteriormente, la radicación del Proyecto de Reforma Integral de la Ley 30.

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Diálogos ciudadanos hasta el final

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

Desde el temprano discurrir de nuestro gobierno, transitando a estas alturas de las calendas por un atardecer sereno y reflexivo, hemos ejercido en todo momento un gobierno abierto, a través del cual vislumbramos una noción filosófica de cómo gobernar y, por consiguiente, establecimos una modalidad de gestión pública más trasparente, participativa, colaborativa y empática, entre el Gobierno de la Gente y la sociedad civil.

Por este motivo, la efectividad de este modelo de gobernanza propuesto se debe a la colaboración y participación inédita de la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas encaminadas al desarrollo y bienestar social de los monterianos. Nada de lo que hemos logrado hubiera sido posible sin el entrelazamiento entre cada comunidad y nuestro equipo de trabajo.

El empoderamiento que hoy tiene cada monteriano sobre los temas de ciudad es la base fundamental del desarrollo que hemos proyectado para los siguientes 26 años. En nuestra administración ha quedado demostrado que la mejor manera de gobernar es abriendo los espacios necesarios para que la ciudadanía y los diferentes colectivos civiles organizados expresen sus necesidades.

Los resultados obtenidos están a la vista. Pese a las dificultades que tuvimos que afrontar durante la pandemia, sacamos adelante grandes proyectos que serán determinantes para el desarrollo económico, social y cultural de Montería, Córdoba y el Caribe.

Durante estos tres años y medio hemos cerrado inmensas brechas sociales y saldado deudas históricas, gracias a que entendimos lo que no habían querido entender en décadas anteriores. La clave del desarrollo no parte de las vanidades y egos sino del consenso con la gente.

De ese diálogo ciudadano surgieron las obras de Cemento con Corazón, que hemos llevado a más de 150 sectores en barrios y corregimientos; la construcción de políticas sociales para la defensa de las garantías y los derechos de todos los colectivos ciudadanos; la articulación de acciones y programas en mesas de construcción y desarrollo urbanístico, y las inversiones que hemos hecho en el casco urbano y el campo. Este último, donde por primera vez en la historia un gobierno con voluntad decidida destinó el 40 % del presupuesto para mejorar la infraestructura educativa, el apoyo a los pequeños y medianos productores y el mejoramiento de las vías rurales en un 200 % más que la sumatoria de lo realizado en los últimos 20 años.

La Universidad del Sur, la Ronda de la margen izquierda, la Villa Olímpica de Occidente, el CDI de Los Araújos, el comando de Policía de Occidente, la nueva sede del Sena, el Tercer Puente sobre el río Sinú, las nuevas sedes de los colegios de Aguas Negras y El Cerrito, la ampliación del sistema de bicicletas públicas Bisinú, más de 95 km. de pavimentaciones urbanas y rurales, más de 600 km. de vías terciarias mejoradas, más de 140.000 metros cuadrados de espacios públicos construidos, son producto de lo que la gente nos pidió.

No nos cansaremos de escucharlos y es por eso que, además de las mesas de construcción permanente que adelantamos con las comunidades, iniciamos los diálogos ciudadanos “Montería Grande 2050”, con el objetivo de construir un documento que recoja las ideas de los habitantes de las comunas y la zona rural, sobre la ciudad que visionan durante las próximas dos décadas y media.

Con estos diálogos queremos estructurar una hoja de ruta, que sirva de guía para la construcción de los planes de desarrollo de las próximas administraciones. Documento que, junto con la implementación del catastro multipropósito, será determinante para el crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad, basado en los aportes ciudadanos.

“Montería Grande 2050”, además busca dejar consolidada una plataforma de pensamiento local, regional y nacional, a partir de las experiencias significativas de Montería; en la que se estimule de manera permanente la participación ciudadana en el aporte de soluciones a los problemas e ideas para la construcción del futuro de la ciudad, porque el diálogo social debe ir más allá y debe ser un catalizador de las aspiraciones sociales de cada monteriano.

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Consideraciones sobre la reforma de la Ley 30

 

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 11 de julio, los rectores de las 34 universidades públicas que hacen parte del Sistema Universitario Estatal – SUE, en reunión con el Presidente de la República y la ministra de Educación Nacional; espacio de diálogo donde reafirmamos la disposición y acompañamiento en la realización de la agenda de educación superior consignada en el Plan Nacional de Desarrollo; reiteramos las consideraciones sobre la reforma de la Ley 30.

Una vez conocidas las apuestas de reforma a la Ley 30 de 1992; acerca de la cual circulan a la fecha varios proyectos de Ley en el Congreso y de la que se resalta la intención del Ministerio de Educación Nacional de estructurar y radicar una propuesta el 20 de julio del presente año.

En este sentido, reconocemos la determinación del Gobierno Nacional de fortalecer la educación superior pública, tanto en el reconocimiento de la existencia de un déficit estructural para las Universidades Públicas generado por la proyección de financiación con base en presupuestos de 1992 ajustados cada año solo por la correspondiente indexación sin prever evolución y crecimiento, como en asumir nuevos retos de ampliación de cobertura, expansión de la política de gratuidad, así como la necesidad de flexibilizar los procedimientos para el otorgamiento de nuevos registros de programas y del sistema de aseguramiento de la calidad, entre otros aspectos de gran importancia para robustecer y consolidar en el país, la oferta de educación superior de alta calidad.

Por ello, compartimos la necesidad de revisar integralmente la Ley 30, pero consideramos, que este ejercicio debe obedecer a un análisis profundo de cada capítulo, que pueda involucrar los procedimientos, metodologías, datos y cifras de expertos que trabajen día a día en el quehacer universitario, las apuestas regionales y nacionales que garantice la autonomía universitaria y la expansión de la docencia, investigación y extensión, la formación integral del estudiante, el impacto social y científico, propio de la naturaleza universitaria; así mismo, que la propuesta pueda contar con los conceptos jurídicos y financieros de los impactos de esta, y la participación ciudadana de los actores correspondientes; razón por la cual, para el Sistema preocupan las restricciones de tiempo para llevar a cabo los mismos; máxime, cuando es una ley que nos ha definido las rutas de operación de las últimas tres décadas y que, la redacción de los nuevos textos o ajuste a los artículos actuales definirán el futuro de la educación superior del país.

Desde el SUE se manifiesta la total disposición de contribuir en estos análisis, recomendando ampliar el tiempo de estructuración y revisión de la propuesta integral de reforma a la Ley 30; y en cambio, priorizar la reforma de los artículos 86 y 87 de esta, de modo que pueda ser actualizada la fórmula de financiación para el Sistema de Educación Superior Público; iniciativa aprobada en primer debate en Cámara de Representantes.

En consecuencia, respetamos la decisión del Gobierno Nacional de radicar el proyecto de reforma de la Ley 30.

En el Congreso de la República aportaremos las propuestas para un debate argumentado que responda al proyecto de nación que debemos construir desde la educación.

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Catastro Multipropósito: orden y equidad social

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

Cuando asumí como Alcalde el manejo de la ciudad, desde el mismo momento de mi posesión y juramento, constituí un equipo de gobierno con la solemne responsabilidad de gobernar con la gente y para la gente. Sin espejo retrovisor y despojados de todo egoísmo, entendimos la inmensa responsabilidad de corregir y darle continuidad a la ejecución de obras inconclusas y de acontecer calamitoso, y de mejorar, por ende, lo realizado por nuestros antecesores.

Al mismo tiempo, pusimos en marcha nuestras propuestas tendientes a proyectar a Montería como una de las mejores capitales del país y abrirnos al mundo, adoptando políticas públicas globales de atención a las comunidades y consolidando el desarrollo urbanístico, según los lineamientos de grandes ciudades.

La planificación ha sido de vital importancia en la consecución de nuestras metas, sin embargo, encontramos que la información de la ciudad no estaba concentrada y detallada; situación que nos propusimos cambiar, con el objetivo de dejarles a las siguientes administraciones una base de datos robusta y sólida para el diseño de planes de desarrollo, programas y estrategias encaminados a un crecimiento ordenado y equitativo, basado en la justicia social.

Por consiguiente, le apostamos decididamente al proceso de habilitación del municipio como gestor catastral. Logro que hemos conseguido, luego de un arduo y riguroso trabajo de nuestro equipo de gobierno y el apoyo de Asocapitales.

Como resultado, podremos implementar el Catastro Multipropósito, herramienta con la que le apuntamos al fortalecimiento social en los barrios y corregimientos, toda vez que su objetivo principal es el de recopilar la información física, jurídica y económica de todos los predios del municipio, de dominio público y privado. Hay que tener en cuenta que esta figura no es sinónimo de impuesto predial y que, con ella, tampoco se incrementará la contribución que hace cada monteriano por este concepto.

Sin duda alguna, con el Catastro Multipropósito se favorece el desarrollo de Montería, durante las próximas décadas; gracias a que con la información recopilada se tendrán los insumos necesarios para la estructuración de acciones tendientes a la generación de empleo, al mejoramiento de la calidad educativa y de la prestación de los servicios de salud, así como a la sostenibilidad ambiental, la seguridad jurídica de la propiedad y la consecución de más ingresos para la inversión en el mejoramiento de la red vial y la construcción de más metros cuadrados de espacio público para el disfrute de los monterianos.

Hemos entrado a la vanguardia de la gestión catastral, como lo han hecho muchas ciudades del mundo. Mejoraremos la experiencia de la ciudadanía en los trámites catastrales y también generaremos mayor calidad de vida para cada ciudadano, en el entendido que se beneficia la economía y se fortalece el Plan de Ordenamiento Territorial, que logramos actualizar, tras 10 años de espera.

Con la actualización catastral, contaremos con datos exactos y estimamos la incorporación de 11.000 predios. Además, según las proyecciones a 2033, por concepto de impuesto predial unificado, la ciudad lograría ingresos totales anuales superiores a los $115.000 millones, lo que representa un aumento de $60.000 millones, con relación a lo que se recauda en la actualidad. Sin duda, esto le apunta a una menor dependencia del Gobierno Nacional y a una mayor inversión social.

Nuestro norte siempre ha estado definido y no es otro que el de lograr que todos estemos bien, por lo que entendimos que se hacía necesaria la construcción de una Montería Grande ordenada, incluyente, moderna y competitiva. ¡Así lo visionamos y así lo estamos cumpliendo!

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Oficina de Respuestas Inmediatas para la Gente

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

Ha iniciado la campaña de quienes aspiran a los diferentes cargos de elección popular y, desde la Alcaldía de Montería, alistamos todo para brindar las garantías necesarias para el normal y transparente desarrollo de los debates y comicios electorales del mes de octubre.

En consecuencia, desde el Gobierno de la Gente, además de realizar el accionar que nos exige la constitución y la ley, con todo comedimiento hacemos una invitación a los candidatos para que el respeto y la rigurosidad discursiva esté por encima de posturas protervas que enloden la honra de los contrincantes.

El debate debe transcurrir sin sobresaltos, sin falsas noticias y datos inexactos que solo provocan desconcierto en la ciudadanía, desesperanza y daño al buen nombre de nuestra querida Montería.

Hoy en día, las falsas noticias en redes sociales le están haciendo un gran daño a la dignidad de las personas, atentan contra la democracia y llevan a la ciudadanía hacia una peligrosa y errada percepción de la realidad; motivo por el que nuestra responsabilidad como dirigentes, en estos tiempos digitales, debe ir más allá de garantizar unas elecciones en paz.

Por eso, habilitamos la Oficina de Respuestas Inmediatas para la Gente, con el fin de que en tiempo real los candidatos y los ciudadanos accedan de primera mano a la información completa y exacta de la administración, de cara a resolver cualquier duda o cuestionario relacionado con los temas propios del debate político y la contienda electoral.

Los monterianos merecen conocer las ideas de todos, propuestas guiadas por la verdad y alejadas de cualquier tipo de mezquindad y efervescencia que obnubilen su capacidad de raciocinio y entendimiento. Así mismo, es menester que los medios ejerzan su total libertad de prensa con la rigurosidad propia de la contrastación de la información y el correcto chequeo de datos y conceptos, para lo que precisamente también está la Oficina de Respuestas Inmediatas para la Gente.

El objetivo que nos hemos trazado desde el Gobierno de la Gente, con la puesta en marcha de esta dependencia, es lograr la sinergia necesaria para garantizar los derechos de los electores a la veraz información, los candidatos a presentar sus propuestas y los medios de comunicación a informar y expresar sus puntos de vista. Por eso, nuestro equipo está dispuesto a contestar cada petición que se haga, en aras de brindar respuestas de fondo.

Estamos convencidos de que todos los aspirantes pueden mostrar sus propuestas desde la verdad y lo constructivo, pero, sobre todo, desde la generación de esperanza para cada habitante de Montería.

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Reforma integral de la ley 30 de 1992

 

 

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

La Ley 30 de 1992, la cual orienta la educación superior en Colombia, ya tiene 30 años de vigencia. Nació en un momento de turbulencias y cambios sociales en la política nacional e internacional; tiempos en los que acontecieron hechos como la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Momentos en que emergen las narrativas de un mundo globalizado, un solo modelo económico y para algunos teóricos como Fukuyama, “el fin de la historia”. Para esos tiempos, 1991, nace la Constitución Política de Colombia, y un año después, la Ley 30; esta nueva Constitución está centrada en una concepción garantista y de derechos para los ciudadanos.

La Ley 30 nace en medio de nuevos vientos y una de sus reivindicaciones es la autonomía universitaria; anhelo postergado por los estamentos universitarios desde la reforma de Córdoba-Argentina; una autonomía administrativa, académica y financiera que permitió construir sus reglamentos, estatutos, y sus instancias de gobierno institucional.

En este sentido, la autonomía universitaria permitió: la autodeterminación de las universidades, mayores controles en la intromisión de poderes ajenos a la lógica académica, liderazgo como conciencia crítica de la sociedad, un actor de transformación social desde la ciencia; espacio para la deliberación pública y formación ciudadana; además, procesos de formación con los más altos estándares de calidad. Es decir, la autonomía en clave kantiana de la mayoría de edad sin endogamias, extralimitaciones, ni abuso de poder.

La Ley 30 surge desde la concepción de educación superior, como servicio público prestado por un sistema mixto; o sea, público y privado que, para efectos de la reforma debe partir de su reconocimiento.

En estos 30 años de cambios en la educación superior; en materia de cobertura, calidad, pertinencia, financiación, investigación, proyección social e innovación, entre otros; que exigen ajustes y contextualizaciones de acuerdo con las corrientes y tendencia de un mundo globalizado; la educación superior, no ha sido ajena a estas transformaciones. No obstante, la discusión en los últimos años ha estado fijada en el desfinanciamiento de la universidad pública. Por ello, desde el SUE hemos insistido en la reforma de los artículos 86 y 87 de dicha ley; para de esa forma construir un modelo de sostenibilidad financiera; iniciativa que cursó su primer debate en la comisión sexta de la Cámara de Representantes.

Consideramos, que es bienvenida la iniciativa de una reforma integral de la Ley 30, que debe hacerse en el marco de un proceso participativo y vinculante. Por consiguiente, estamos en presencia de una reforma que debe ser el escenario para la deliberación y acuerdos alrededor del proyecto de nación que debemos pensar desde la educación.

Importante que, el Ministerio de Educación Nacional, líder del proceso de construcción de una nueva ley de educación superior tenga presente un tiempo razonable y una metodología de trabajo que involucre: las regiones de la geografía nacional, gremios organizados del sector, estamentos universitarios, sectores de la sociedad civil organizada, tiempos que delimiten la deliberación, sistematización de los insumos teóricos y conceptuales que deriven del diálogo construido.

Necesitamos una reforma incluyente en la educación superior, que sea un derecho fundamental garantizado por el Estado.

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Puente del Sur

 

*Por Carlos Ordosgoitia Sanin

*Alcalde de Montería

Sin que me invada un ápice de arrogancia, quiero expresar a través de estas líneas que en el Gobierno de la Gente estamos hechos para conquistar entornos, resolver problemas, alcanzar metas y lograr los máximos objetivos propuestos.

Quiero compartir con ustedes la inmensa complacencia y alegría que siento del deber cumplido, como alcalde y ciudadano. Es grato poder constatar que, después de un arduo trabajo, y de la mano de cada monteriano, tras décadas de espera, logramos asegurar los recursos para la construcción del tercer puente sobre el río Sinú, al que denominamos Puente del Sur.

Desde el primer día de nuestro gobierno nos propusimos, con firme convicción, sacar adelante este proyecto, porque sabíamos la importancia que reviste para la movilidad, la economía, el mejoramiento de la calidad de vida de los monterianos y la competitividad de la ciudad.

A nuestra llegada, en 2020, indagamos sobre los avances que se tenían, toda vez que el proyecto durante años fue anunciado; pero, para nuestra sorpresa, no encontramos nada. Recuerdo que la ubicación anunciada en su momento era al lado del puente metálico.

El camino fácil habría sido indicarle a la ciudadanía que no había nada planificado y no contábamos con los recursos para financiar la construcción del puente. Pero ese no es nuestro talante y arrancamos desde cero.

No fue una tarea fácil. Empezamos a estructurar el proyecto con todo el equipo de trabajo, para así iniciar las primeras gestiones en busca de los recursos. Tocamos la puerta del anterior Gobierno Nacional, logrando que se destinaran $1.220 millones para la elaboración de los estudios y el diseño de la obra.

Posterior a ello, comenzamos el recorrido para la apropiación de los recursos necesarios para la construcción de la mega estructura planificada, entre La Coquera y la Urbanización Vallejo. Sostuvimos múltiples reuniones con Invías y Findeter, algunas no tan alentadoras, porque no llegábamos a puntos de encuentro y se incrementaba el valor. Pese a ello, no desfallecimos ni perdimos la esperanza.

Por el contrario, redoblamos esfuerzos y nos reunimos muchas más veces en Montería y en Bogotá, hasta lograr el objetivo que nos trazamos. En marzo del presente año, Invías nos dio a conocer los diseños del puente y desde ese instante adelantamos maratónicas jornadas de trabajo y articulación para el financiamiento, las que valieron la pena y las que se han sellado exitosamente con la firma del convenio con Findeter, con el que aseguramos $50.000 millones del Gobierno Nacional. Nos propusimos sacar adelante esta obra y les estamos cumpliendo.

Para finalizar, quiero expresarles que desde el Gobierno de la Gente seguiremos trabajando con toda la energía, como si fuera el primer día de gobierno, para continuar logrando proyectos de alto impacto para la ciudad, como el Mercado del Sur, que está en fase 3; el hospital de la Comuna 9, también en fase 3; cinco acueductos rurales, varios viabilizados, y la construcción de los colegios de Aguas Negras y El Cerrito.

¡Construimos una Montería Grande para todos!

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