Categoría: Opinión

 

*Por Carlos Ordosgoitia Sanin*

*Alcalde de Montería*

Montería ha cambiado para bien. Entendimos que el desarrollo no podía ser limitado a sectores exclusivos, motivo por el cual en el Gobierno de la Gente le apostamos al ciudadano, a sus ideas, a sus necesidades, a su sentir y a la visión que ha surgido de la mente, el corazón y los anhelos de cada monteriano.

Los sueños y esperanzas, que nacieron del concurso ciudadano; de recorrer las calles; de sentarnos en mesas de planificación con las comunidades, los gremios y la academia; de tomarnos un café; de dormir en sus casas y de compartir con ustedes en sus jornadas laborales o académicas, están a la vista de todos.

Le hemos hecho frente a los obstáculos, superamos la pandemia y seguimos sorteando las vicisitudes propias de la función y la administración pública. Dificultades que no hemos visto como un problema, sino como una gran oportunidad para mejorar y brindar mayores oportunidades para nuestros niños y niñas, que hoy tienen más de 140.000 m2 de espacios públicos; jóvenes para quienes construimos el CIS Ahora La Gente – Universidad del Sur; sociedad civil; mujeres; adultos mayores y todas nuestras comunidades étnicas, campesinas, víctimas, comunitarias, LGTBIQ+, con discapacidad y protectoras de animales, con las que hemos sostenido diálogos permanentes para garantizar la protección de sus derechos.

El sur, la margen izquierda y la zona rural dejaron de ser las cenicientas. Revertimos esa situación y hemos logrado un gobierno empático y cercano al ciudadano. Las metas, proyectos, acciones e inversiones de nuestro gobierno no se han detenido. Estamos saldando deudas históricas y le hemos devuelto la esperanza a los monterianos.

Somos la capital más segura del Caribe, destacándonos por registrar las menores cifras por cada 100 mil habitantes en homicidios, hurtos, violencia intrafamiliar y extorsión.

En la vigencia anterior, aumentamos un 133 % el parque automotor de la Fuerza Pública para mayores patrullajes y operativos. Pusimos en marcha el POT, sembramos 42.600 árboles, intervenimos más de 2 millones de m2 en zonas verdes, pavimentamos 38 km de vías rurales y urbanas, mejoramos 354 km de vías terciarias, construimos y mejoramos más de 57.000 m2 de parques, logramos matricular a 81.308 estudiantes en nuestras diferentes sedes educativas, entregamos más de 5 millones de raciones alimentarias en el marco del PAE y fuimos la primera ciudad del Caribe con mejores resultados en las Pruebas Saber 11.

Las ferias de emprendimientos lograron ventas superiores a los $400 millones, los Festivales Montería Me Sabe superaron todas las expectativas y se lograron ganancias por encima de los $1.000 millones. Sancionamos las políticas públicas de protección animal y LGTBIQ+, atendimos más de 10 mil estudiantes con la estrategia Prevenir para Vivir Sanamente, invertimos más de $390 millones para la atención del dengue y la malaria e instalamos 575 nuevas señalizaciones verticales y más de 2.000 dispositivos de regulación de velocidad para una mayor seguridad vial.

Beneficiamos a más de 28.000 personas con los programas de inclusión social, realizamos el mantenimiento de nuestros escenarios deportivos. El presupuesto del municipio fue de $1.2 billones y recaudamos más de $51.000 millones de ICA y más de $49.000 millones por concepto del predial.

Cerramos 2022 con cifras maravillosas, lo que nos alienta a trabajar el triple, para seguir afianzado a Montería como una de las ciudades capitales con mayor proyección del país. Continuaremos solidificando las bases de la ciudad con la visión de un desarrollo exitoso durante los próximos 50 años.

Con infinita emoción, orgullo y satisfacción, desde el Gobierno de la Gente podemos mirarlos a los ojos y decirles que hemos consolidado una Montería Grande.

 

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 23 de mayo, la comisión sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate, la reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que rige la educación superior y que permite avanzar en la aprobación de un nuevo modelo de sostenibilidad financiera de la universidad pública; un paso importante en el trámite de una reforma necesaria y demandada por los estamentos del sector de la educación superior y los jóvenes de Colombia; la cual tiene como propósito el fortalecimiento de la universidad pública. Importante indicar, que el actual modelo de asignación y distribución de recursos financieros para las universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal SUE consta de varios componentes: el presupuesto destinado al funcionamiento e inversión.

Los recursos de funcionamiento orientados al crecimiento sostenible de los provistos por el Estado y requeridos para la marcha de las universidades públicas, conformado por cuatro factores: presupuesto para el funcionamiento con ajustes por diferencias salariales, productividad docente, aumentos de cobertura y cierre de brechas interinstitucionales. Estos recursos tienen un indicador de transferencia IPC. En este sentido, desde 2019 el SUE trabajó y construyó un nuevo modelo de asignación de recursos para la sostenibilidad de las universidades oficiales; que impida, los déficits anuales originados en los costos educativos superiores al IPC. Estos costos han causado el desfinanciamiento estructural de la universidad pública y con ello, una tendencia progresiva a la autosostenibilidad.

La construcción del Ices (índice de la canasta educativa), como nuevo modelo financiero para la asignación estatal de recursos al SUE; reconoce la complejidad del sistema y su diversidad; a la vez que, propende por el cierre de brechas regionales, institucionales y sociales. Entonces, ¿cuál es el contenido del modelo propuesto por el SUE? El nuevo modelo recoge las experiencias vividas por el Sistema, desde la aprobación de la Ley 30 de 1992, donde hemos tenido incremento en cobertura al pasar de 152 mil estudiantes en el año 1993 a 650 mil en 2023. Esta ampliación de cobertura está acompañada de otros cambios como son: la formación de los profesores universitarios, investigación, internacionalización, movilidad de estudiantes, acreditación de programas y todo lo que tiene que ver con lo institucional.

Este crecimiento de las universidades implicó un proceso de mejoramiento en los factores que constituyen una política de aseguramiento de la calidad. Todos los costos asociados a la educación superior pública de calidad tienen crecimientos superiores al IPC; lo que ha generado un desfinanciamiento estructural. El actual modelo de sostenibilidad de las universidades públicas está soportado en el IPC, como indicador de transferencia de la Nación a las universidades; lo que siempre ha sido insuficiente para el financiamiento del SUE. Por consiguiente, el nuevo modelo propuesto corrige el desfinanciamiento y permite la sostenibilidad financiera del SUE.

Hacemos un reconocimiento al liderazgo y apoyo de los congresistas de la comisión sexta de la Cámara de Representantes, por aprobar en primer debate esta reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30; un paso importante en el legislativo para hacer realidad una reforma que garantiza la sostenibilidad financiera del SUE.

 

Es la vida de los motociclistas el tema que debe estar en el centro del debate y no las restricciones a ese actor de la movilidad que aporta 7 de cada 10 muertos en siniestros viales.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

Lo primero que debe hacer el nuevo alcalde, o alcaldesa de Montería, es proponer la eliminación de la actual Secretaría de Tránsito y crear la Secretaría de la Movilidad. Eso sería un primer avance para tratar de soltar el nudo de la movilidad que se forma en varios puntos de la ciudad y comenzar a bajar el pico de muertes en siniestros viales.

Una Secretaría de Movilidad dotada con tecnología y técnicos expertos en tránsito y transporte, y que tenga la capacidad de diseñar una estrategia de seguridad vial sintonizada con las políticas departamentales y nacionales.

Es contradictorio, pero lo que más les duele a los motociclistas en Montería, no es el hecho que son quienes más aportan a las víctimas mortales en siniestros viales (7 de 10 fallecidos es el promedio en Córdoba), sino que les limiten las movilizaciones por zonas céntricas de la ciudad y la circulación con parrilleros. Nunca se ha visto una manifestación de conductores de motos, protestando porque son ellos quienes más están muriendo en las vías.

En Colombia, según estudios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, seis de cada diez fallecidos por siniestros viales son motociclistas. Señala esa entidad, que la velocidad sigue siendo uno de los factores que más incide en la letalidad de los siniestros.

Las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (siempre están rezagadas) indican que este año, con corte a abril, 37 motociclistas perdieron la vida en siniestros viales en Montería, cuatro más que los 33 que fallecieron por la misma causa en dicho período el año pasado. La cifra es mayor, pero me refiero solo a datos oficiales.

Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, en las vías de Montería se apagaron 100 vidas durante el 2022 como consecuencia de los siniestros viales. De lejos, este año vamos a superar esa cifra.

En la carrera por la alcaldía de Montería se le escucha a los candidatos y candidatas prometer que no bajaran de la moto a quienes derivan su sustento de ella, mientras no les consigan alternativas laborales, olvidando en sus narrativas cercanas a la retórica y lejos de la dialéctica que el tema más importante para esos actores de la movilidad es que están perdiendo la vida en su carrera por llevar el pan a sus hogares.

Una Secretaría de Tránsito inoperante.

La actual Secretaría de Tránsito de Montería no cuenta con la tecnología y el talento humano necesario para garantizar la seguridad de las personas cuando se movilizan. Debo aclarar que no me refiero a quienes trabajan en esa entidad, porque el tema pasa por la pobre estructura y

la falta de recursos (financieros y tecnológicos) de la misma. Por muchos buenos propósitos que tenga un secretario de Tránsito de hacer las cosas bien en la ciudad, no podrá adelantar acciones de seguridad vial y de ingeniería de tránsito debido a la precariedad institucional de esa dependencia.

¡Ojo, candidatas y candidatos a la alcaldía de Montería, es la vida de los motociclistas el tema que debe estar en el centro del debate y no las restricciones a ese actor de la movilidad que aporta 7 de cada 10 muertos en siniestros viales en Córdoba!

 

 

Por: Aura Benedetti A.

Les confieso que me equivoqué. En algún momento pensé y hasta lo expresé públicamente: “Más reversa tiene un avión que la integración entre Viva y Avianca”.

Y resulta que no, si algo ha quedado claro con la crisis del sector aéreo que nos golpea a todos es que en el sector transporte cada minuto cuenta. Hace unos días Avianca comunicó que definitivamente no acepta los condicionamientos establecidos por la Aerocivil y que desiste de cualquier integración con Viva. Recordemos que la Aerocivil había decidido favorablemente la integración bajo unas condiciones, algo así como un sí pero no así.

En este mismo sentido, es necesario traer a colación que en el año 2022 esta entidad había emitido pronunciamiento negando la integración, pero como quiera que aún le quedaban recursos a las aerolíneas interesadas, el proceso siguió su curso. De hecho otras aerolíneas del mercado e interesadas en comprar a Viva entraron al proceso y ante ello, Viva comunicó sus reparos al respecto argumentando que cualquier negociación con un tercero le tomaría mucho más tiempo al proceso.

Pero en realidad, ¿duró mucho el proceso?

Para Avianca jugó un papel importante en su decisión final la falta de celeridad, pues se solicitó la integración junto a Viva desde agosto del año pasado, teniendo como argumento principal las dificultades financieras de Viva y salvar los empleos de quienes trabajaban para ésta low cost.

Por su parte, Viva llevaba varios meses insistiendo en la necesidad de integrarse con Avianca y que se tomara una decisión de fondo al respecto y en un plazo lo más expedito posible, como única solución a la crisis que se encontraba atravesando y como si fuera poco desde finales de febrero comunicó de forma sorpresiva para muchos que suspendía temporalmente el negocio de los vuelos, lo que también implicaba a su vez la suspensión del transporte de carga nacional e internacional por las razones ya conocidas: situación financiera y por asuntos relacionados con proveedores. Para otros no fue tan sorpresiva la suspensión pues la aerolínea meses atrás venía cancelando rutas y frecuencias y fue un: “se veía venir”.

Ahora bien, no estamos ante un asunto cualquiera, el transporte es un servicio público regulado por el Estado, el sector transporte y con él, el sector transporte aéreo es uno de los que más ha sufrido con la pandemia ocasionada por el covid 19. Casi que a nivel global los vuelos estuvieron suspendidos más de tres meses, sólo operando el transporte aéreo de carga y apuntémosle a la sinceridad: ¿qué empresa o qué organización se sostiene con tres meses en pausa?

A las aerolíneas como muchas otras empresas que estuvieron en pausa no les ha quedado de otra que buscar estrategias para sobrevivir. Los impactos de la pandemia no sólo fueron los producidos a corto plazo, ya que afectó a todas las compañías aéreas del mundo, y al parecer impactó mucho más a las low cost.

Así las cosas, ¿Necesitamos mecanismos mucho más eficientes en el sector cuando se trata de intereses de esta magnitud? ¿Cómo se le va a responder a los viajeros?

Pese a que esto nos deja entrever que se hace necesario contar con plazos más exprés para los pronunciamientos de algunas entidades del sector y más cuando estamos ante asuntos tan delicados y que no dan espera, aquí la realidad es que Colombia no sólo perdió una low cost, aquí perdieron miles y miles de viajeros nacionales y extranjeros sus vuelos y conexiones, muchas agencias de viajes perdieron, cientos de trabajadores perdieron sus empleos directos e indirectos y es incalculable cómo se afecta a proveedores y cómo impacte en el sector financiero tanto nacional como internacional a mediano y largo plazo, por aquello que todos conocemos: muchas empresas y organizaciones funcionan con los créditos.

Es evidente que hay muchos términos normativos que cumplir estrictamente, pero también muchos meses pasaron esperando una respuesta. Y me queda el sinsabor de si el gobierno nacional hizo o no todo lo que estaba a su alcance.

Ahora bien, ¿Le correspondía al gobierno tirar algún tipo de salvavidas al respecto?

El asunto tiene tanto de largo como de ancho, muchas voces afirmaron que la salida abrupta del mercado de Viva se trataba de una presión mediática realizada por las aerolíneas interesadas para quedarse con todo el monopolio del mercado, pues tuvieron la posibilidad de comunicarle con antelación a los usuarios lo que estaba sucediendo, y aun así siguieron permitiendo la compra de vuelos por parte de los viajeros y por parte de las agencias.

Está claro que las aerolíneas aquí y en la Conchinchina no son ningunas santas palomas. En realidad falta muchísimo más control, las aerolíneas a veces nos dan la impresión de ser una rueda suelta que nadie controla, pero lo peor de lo peor es que los usuarios del transporte nos hemos llegado a sentir huérfanos en la protección de nuestros derechos e intereses y las aerolíneas se deben a los consumidores. Sin consumidores no hay aerolíneas.

A nivel nacional tenemos a la Superintendencia de Industria y Comercio, donde los usuarios afectados tienen la posibilidad de hacer una reclamación sin abogados, pero advierto, son muchas las formalidades y si o si se necesitará de un abogado por muchas variables: el cumplimiento de los términos, la elaboración de la demanda, sustentar los recursos y pare de contar. Una demanda ante la SIC es desgastante incluso para los profesionales del derecho y a esto hay que adicionar que no pueda ser de interés en ocasiones para estos profesionales porque pueden ser negocios de muy bajas cuantías y mucho desgaste.

No puedo terminar este escrito sin resaltar que Avianca desde el cese de operaciones de Viva ha transportado a muchos de los usuarios que perdieron sus vuelos, no sólo de Viva sino también de Ultra, se estima que son cerca de 160 mil pasajeros atendidos por Avianca según datos expresados por la misma aerolínea en su página web y periódicamente ha venido ampliando el plazo para que usuarios de Viva que aún no se han acercado a tomar su vuelo lo hagan.

Ante este panorama se necesita del acompañamiento decidido del gobierno nacional para brindar soluciones a los consumidores. Los usuarios del transporte aéreo necesitamos so-lu-ci-o-nes, mecanismos no sólo más ágiles sino también eficaces para la reclamación de nuestros intereses. ¿Y cómo resolver el problema de fondo? Hay que estudiar medidas desde adentro del sector transporte y desde adentro de la operación aérea que permitan un impacto positivo, tales como: la reducción del IVA al servicio del transporte aéreo y el combustible y que sin lugar a dudas repercutirían positivamente en la operación de las aerolíneas, y que además puede ser tema de otro artículo, porque éste ya se nos extendió demasiado.

Entre tanto, la conclusión se las dejo a ustedes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Luis Gabriel Degiovanni

Nací y crecí en el barrio Chuchurubí, en el centro y corazón de la ciudad de Montería, época de la que tengo gratos recuerdos al lado de mis padres y hermanos. Viví una infancia feliz. Recuerdo que la gente solía sentarse en las terrazas de sus casas a “coger fresco” y tertuliar hasta bien entrada la noche. Se conversaba sabroso en interminables noches de vigilia y amistad. Escuchar sobre la ocurrencia de hechos delictivos no era común. Raramente se oía hablar de un robo, un hurto y mucho menos de una muerte violenta.

Hoy Montería respira aires de desarrollo y progreso, y se ha convertido en una de las ciudades intermedias más importantes del país, es un referente de avance urbanístico y en un gran atractivo para inversionistas, proyectos comerciales y de negocios. Hacia los cuatro puntos cardinales se desarrollan proyectos inmobiliarios, se construyen urbanizaciones y conjuntos de torres, hay imponentes centros comerciales, una amplísima oferta gastronómica, buenos hoteles, almacenes y tiendas de cadena y una importante vida nocturna con ofertas para todos los gustos. También han llegado un número importante de universidades e instituciones técnicas que poseen interesantes programas académicos, lo que significa que ya nuestros jóvenes no tienen que ir a otras ciudades a prepararse profesionalmente, sino que lo pueden hacer aquí, con resultados sobresalientes.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de las autoridades, como en otras capitales del país, hoy crecen fenómenos que aquejan a la ciudadanía, y el deterioro en la seguridad es sin duda un tema que preocupa a los hogares en nuestra ciudad. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en Montería se registran diariamente 14 delitos de alto impacto, en 11 barrios de la ciudad ocurren hechos de esta naturaleza, pero la situación torna más aguda en el centro, donde han sucedido, en lo que va corrido de 2023, 33 eventos perturbadores del orden público, en el barrio La Pradera, donde han tenido lugar 29 hechos delincuenciales y le siguen La Castellana con 22, La Granja con 19 y Buenavista con 17.

Los delitos que van en aumento son: Hurto a personas, que se incrementó en un 32% frente al mismo periodo de tiempo (enero a mayo de 2022), lesiones en accidentes de tránsito 26%, extorsión 25% y hurto a motocicletas. Se han registrado 270 casos de lesiones personales, 208 de violencia doméstica, 88 de hurto a comercio y 75 de hurto a viviendas. También se han registrado 30 hurtos de motocicletas.

Sobre este tema he conversado con distintas personas. Líderes comunales, comerciantes, empleados, docentes, estudiantes, conductores y todos coinciden en que se sienten inseguros en Montería. Cuando caminan se sienten nerviosos y desconfiados pensando que les van a robar el bolso, el celular o el dinero.

La gente añora los tiempos en que podía sentarse en su terraza a cualquier hora del día y de la noche a charlar, compartir y tomar aire fresco. Las familias decidieron instalar rejas y mecanismos de protección, las casas parecen hoy jaulas, el temor a ser víctima de la delincuencia se apoderó de las personas, las puertas se cerraron y la desconfianza y el desasosiego son el pan de cada día.

Estamos perdiendo una de las cosas más sagradas e importantes de la vida: La tranquilidad y la confianza. Eso que caracterizó al monteriano, al campesino, a la gente del pueblo, eso que nos identificaba y que nos hacía sentir orgullosos de esta tierra, paulatinamente está desapareciendo, sin que actuemos de manera contundente para evitarlo.

La seguridad es vital para construir tejido social y convivencia pacífica. Una ciudad insegura es inhabitable, insostenible, no prospera, no crece, no avanza. Hoy, se requieren decisiones audaces, ejercicio de la autoridad, mucha participación comunitaria, apoyo a la Fuerza Pública y uso de tecnología de punta para prevenir y contrarrestar la delincuencia.

Urge la creación de una secretaría de seguridad y convivencia, que sea el doliente de este asunto, que trace y lidere las políticas y acciones para garantizar uno de los mandamientos esenciales de nuestra constitución: La vida y los bienes de la población.

Poner en marcha un programa de gestoría de convivencia y trabajar de manera articulada con las Juntas de Acción Comunal para que el tema de seguridad se incorpore a la vida cotidiana de la gente, es vital para lograr resultados al corto y mediano plazo.

Hoy no funciona ninguna de las 103 cámaras instaladas para combatir la delincuencia, algo realmente inverosímil. Es necesario, no sólo que funcionen, sino que posean la capacidad de identificar rostros y obtener información y datos de las personas, vehículos y motocicletas. Utilizar elementos como los drones para vigilar zonas complejas y espacios vulnerables al delito, promover la cultura cívica de denuncia ante cualquier hecho sospechoso, crear programas como “Mi barrio seguro”, premiando con obras aquellos sectores que alcancen menores índices de delincuencia y fortalecer los programas de recompensa, son algunas de las acciones que podrían implementarse en aras de mejorar la preocupante inseguridad imperante en la bella y amada Montería.

Sin duda se deben sumar esfuerzos y trabajar arduamente para recuperar la sensación de seguridad que en otros tiempo caracterizó a Montería. Trabajemos para recuperar la tranquilidad, para que podamos volver a las terrazas.

 

 

 

 

 

 

 

Por: Jairo Torres Oviedo

 Rector de la Universidad de Córdoba 

La educación tiene como propósito esencial, formar para transformar la vida de los seres humanos y su entorno social. Esta ha sido la preocupación desde el mundo antiguo, los Griegos centraron su reflexión y acción educativa en el principio de la Epimeleia (cuidado de sí mismo). Era necesario cultivar la dimensión interior del ser, lo que en teología definimos como el alma o espíritu a través de las virtudes; entendidas como hábitos permanentes convertidos en costumbres; ejemplo, la justicia, honestidad, valentía…

Además, el cuidado del cuerpo, en términos físicos; era el Ethos para pensar la educación como Paideia. Esta dimensión filosófica permite pensar la educación en su esencia en estos tiempos de individualismo. El presente muestra una complejidad social que demanda una educación reflexiva y crítica que trasciende por lo humano y sensible; es decir, una dimensión ética y estética de la existencia. Hace más de dos mil años, los griegos crearon la noción de Paideia, con la idea de concebir una educación para toda la vida, idea que ha tenido transformaciones como resultado de los cambios de comportamiento social de quienes son los protagonistas en educación; profesores y estudiantes.

En cuanto a la educación tradicionalista, estaba centrada en la moral; la función del maestro era garantizar su trasmisión y vivenciarla en la vida personal y social. En palabras del profesor Zygmunt Bauman, esta visión de maestro y estudiante es mucho más antigua que la era moderna que la inventó. Lo anterior, se evidencia con el proverbio chino que se anticipó dos mil años a la modernidad: “Si tu plan es para un año plantar arroz, para diez años planta árboles y para cien años educa a los niños”. Esta milenaria sabiduría ha perdido su valor pragmático con la entrada en los líquidos tiempos modernos. La sociedad líquida nos sitúa frente a unas nuevas realidades y formas de concebir la educación, la función del maestro y estudiante, no como algo absoluto; sino el reto de repensar todo el proceso educativo y sus actores en función de estos tiempos de incertidumbres. La sociedad líquida se legitima en la inmediatez, niega lo permanente, las lealtades en lo interpersonal e institucional, los vínculos afectivos; todo debe ser transitorio.

En este sentido, si la vida premoderna o tradicional consistía en una práctica diaria de la infinita duración de todo; excepto la muerte, la vida moderna líquida es un ensayo diario de la transitoriedad. Los ciudadanos del mundo líquido descubren que no hay nada destinado a perdurar. Por consiguiente, la educación en un mundo líquido, para ser de calidad necesita propiciar la conciencia critica; para ello, necesitamos maestros que provoquen e inspiren; que, desde las aulas enfrenten la apatía generada por la distracción y el egoísmo de la cultura del entretenimiento; caracterizada por el narcisismo, hedonismo y Posverdad; donde sus miembros gastan el tiempo, no en el presente; sino en otro lugar, en mundos irrelevantes de las telenovelas, el futbol, reality, mitos y supersticiones. Estos son los nuevos dispositivos de control; los panópticos de lo que hablaba Foucault. Corresponde a los maestros y maestras de Colombia, repensar la educación y hacer de la práctica educativa una acción transformadora.

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

A lo largo de este camino que emprendimos, en el Gobierno de la Gente, siempre hemos tenido un rumbo definido en la visión, planificación, construcción y materialización de una Montería Grande.

Pese a las dificultades, propias del ejercicio de la función pública y la administración de la ciudad, hemos salido avante, brindando a la ciudadanía soluciones en tiempo real. Nuestro gobierno ha sido de puertas abiertas y resiliente.

Hacemos lo importante para no tener que hacer lo urgente, esa es una de nuestras premisas fundamentales. Hemos sabido honrar nuestra palabra de llevar el desarrollo a los sectores que durante décadas clamaban por inversiones en sus barrios y corregimientos.

Hoy podemos decir que la margen izquierda, el sur y en especial la zona rural dejaron de ser cenicientas. Pasamos de un cemento frío a un Cemento con Corazón, que alimenta el espíritu de la gente y genera felicidad en las comunidades.

Destinamos más de $225.000 millones para la pavimentación de 95 km, 42 más que en el cuatrienio anterior. En zona rural, superamos los 41 km de nuevos pavimentos construidos, a lo que sumamos el mejoramiento de vías terciarias con maquinaria amarilla, con el que nos acercamos a los 700 kilómetros intervenidos.

Entendemos las preocupaciones de los monterianos y por ellas trabajamos día a día, porque sus anhelos y esperanzas también son nuestros, son el motor y la esencia del Gobierno de la Gente.

Nuestros frentes de obra están en plena actividad, luego de trámites contractuales y administrativos, que en muchas oportunidades no son tan rápidos como quisiéramos; pero los hemos ido superando, gracias a la labor comprometida de nuestros equipos jurídicos, planeación, infraestructura y hacienda. Trabajo que siempre ha sido de la mano de las comunidades.

Las obras de Montería Amable registran porcentajes de ejecución importantes. Con el 100 % tenemos Villa Melissa – Robles, Mandala – Cantaclaro, Nueva Belén – Nueva Jerusalén y Laureles – Altos del Country – Sucre. Obras a las que se suman Santa Clara (94 %), Cantaclaro (85 %), Villa Caribe (73 %) y Los Pericos (70 %).

Montería A Toda Máquina avanza, y hemos reestablecido obras importantes en La Granja, Maracayo, acueducto de El Tapao – El Sabanal, Los Nogales, Róbinson Pitalúa, Villa de Los Alpes y Vereda Tropical. Avanzamos en la construcción de la Unidad Recreodeportiva de Occidente.

Además, adjudicamos la construcción de unidades básicas sanitarias en Patio Bonito, Guateque, El Cerrito, Kilómetro 12, Las Palomas, Tres Piedras, Leticia, El Sabanal y Guasimal. Los mejoramientos de vías en El Dorado, Campo Alegre, La Esperanza y Manuel Jiménez; el mejoramiento desde La Vorágine hasta Quebrada Seca, y los estudios y diseños de la Estación de Policía de la Margen Izquierda.

Le ponemos todo el empeño a estas obras, porque el desarrollo que llevamos no para. Seguir mejorando las condiciones de vida de los monterianos es una premisa fundamental, que siempre estará encendida en nuestra labor y gestión. La voluntad del Gobierno de la Gente es inquebrantable y los meses de trabajo que nos quedan los multiplicamos por tres, porque la consigna es clara: ¡No podemos estar bien si todos no estamos bien!

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

Una de las principales metas del Gobierno de la Gente es dejar a los monterianos un municipio fortalecido financieramente, con el propósito que durante las próximas décadas se sigan desarrollando proyectos de gran impacto para las comunas, barrios, corregimientos y veredas.

En las ciudades capitales tenemos el gran reto de adoptar un nuevo sistema catastral con un enfoque efectivo y sostenible, con el que se logre la realización de alianzas público privadas para lograr mejores oportunidades en términos operativos especializados.

El catastro multipropósito nos abre ese camino y se convierte en una herramienta esencial para lograr recopilar una información detallada del territorio. Lo que nos facilitará la estructuración e implementación de programas que permitan mejorar las condiciones de vida, identificar áreas vulnerables y recopilar datos para el fomento y mantenimiento de más espacios públicos y del medio ambiente.

Más aún cuando hemos entendido que la amplitud territorial de Montería, que en extensión es semejante al departamento del Atlántico y 10 veces más grande que Sincelejo, no es una dificultad, sino una oportunidad.

Las gestiones de habilitación ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) van por muy buen camino. Me reuní hace unos días con el director General, Gustavo Adolfo Marulanda, y el director de Regulación y Habilitación, Andrés Felipe González Vesga, quienes me manifestaron que estamos cerca de ser habilitados para la implementación de esta herramienta, con la que podremos incorporar los predios que actualmente no están en la base catastral, a raíz de las dinámicas inmobiliarias que se han presentado en el municipio en los últimos 13 años.

Esto nos ayudará a disponer de una información actualizada y confiable, indispensable para la toma de decisiones de la planeación del desarrollo local, en la que se verá reflejada la realidad predial y territorial del municipio y la identificación de las diferentes relaciones de tenencia de la tierra, con miras a dar seguridad jurídica de la propiedad.

Esta iniciativa, que adelantamos ante el IGAC, contribuirá a una mayor inversión, en la que se destacan los recursos para fortalecer el campo eficientemente, nuevas infraestructuras, modernización del transporte público, servicios mejorados y programas educativos para la población de escasos recursos. Y al lograr ser habilitados como gestores catastrales no solo podremos duplicar los ingresos, sino captar y atender mercados de municipios vecinos que requieran realizar esta actualización.

Además, la ciudad podrá interoperar e integrar su información catastral con la información geoespacial, fortaleciendo de esta manera el Plan de Ordenamiento Territorial que hemos puesto en marcha.

Continuar el incremento de la administración financiera seguirá impactando positivamente la economía local, porque al generar más recursos habrá mayores oportunidades de inversión de la empresa privada, lo que contribuirá al crecimiento económico y al desarrollo de emprendimientos, negocios e industrias.

Hoy, hemos logrado que Montería sea una de las capitales del país con mayor proyección y, por esta razón, seguimos en la búsqueda de las mejores herramientas que conlleven a la multiplicación de los ingresos municipales, con una visión fundamentada en el principio de justicia fiscal para lograr un recaudo equitativo y acorde a las condiciones de vida de cada monteriano.

 

Por: Marcos Daniel Pineda García

Por estos días me ha llamado mucho la atención que cada vez es más común el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para llevar a cabo ciertas acciones del día a día. Si bien el objetivo primordial de la tecnología es facilitar la vida de las personas, no deja de ser preocupante que a causa de ello estemos entrando voluntariamente en una etapa de facilismo crónico, sobre todo en el ámbito de la educación.

Las nuevas generaciones nunca entenderán cómo estudiábamos antes de internet, y eso es completamente normal, estamos llamados a evolucionar para mejorar todos los procesos sociales. A los de mi generación, nos tocaba sentarnos por horas a leer los tomos de las enciclopedias para poder hacer las tareas; buscábamos los conceptos más confiables en el Diccionario Larousse Ilustrado; nos hacían transcribir al cuaderno cuadriculado los problemas del Álgebra de Baldor y aprendimos de historia con el libro Civilización, que leíamos en las clases de Sociales.

Recuerdo que a veces, cuando no encontraba en casa un libro con la información que necesitaba, me tocaba quedarme después de clases para hacer la respectiva investigación en la biblioteca del colegio. Y cuando llegó la enciclopedia multimedia Encarta a principios de los 90, ¡wow! pensábamos que ya lo habíamos visto todo.

Ahora, con las IA se puede hacer en fracciones de segundo el trabajo investigativo que antes tomaba horas, pero en esta ocasión tenemos la certeza de que aún no lo hemos visto todo. Y es que mientras analizan la información, las IA establecen relaciones entre su contenido y nuestros datos personales almacenados en todos los rincones de internet, para darnos la respuesta a determinada solicitud en forma de texto, explicación o concepto, una respuesta peligrosamente perfecta y sorprendentemente parecida a lo que estábamos esperando.

Esta situación puede verse reflejada en muchos aspectos de nuestra cotidianidad, pero hablando específicamente de educación, ¿se han dado cuenta de que cada vez son más los niños y adolescentes que hacen los trabajos para el colegio y la universidad con la ayuda de Chat GPT, Google Bard, YouChat, ChatSonic o cualquier otro chatbot de IA?

Sin duda alguna, la tecnología es uno de los recursos más poderosos a disposición del ser humano y su aplicación a la educación ha abierto grandes posibilidades, especialmente en las últimas décadas. ¡Es maravilloso! Creo que los grandes logros en los diferentes campos del saber nos han hecho elevar como sociedad y crecer como seres humanos, pero como en todo, hay que saber trazar límites. No podemos dejarle solo a la tecnología, esa parte de la educación que nos corresponde también a nosotros complementar en casa.

He ahí el dilema: ¿hasta qué punto debemos permitir que una combinación de algoritmos planteados para presentar las mismas capacidades de los seres humanos, siga enseñándoles a nuestros hijos que pueden lograr sus objetivos con el mínimo esfuerzo, casi sin pensar?

Las nuevas generaciones necesitan leer más, escribir lo que piensan y expresarse libremente dentro de su creatividad. Soy admirador de la tecnología y sé de las importantísimas herramientas que le ha aportado a los procesos educativos, pero también quiero que mis hijas y todos los niños del mundo tengan la oportunidad de aprender a través de sus vivencias en el mundo real, analizando, razonando y entendiendo que es necesario trabajar y esforzarse para ser mejores personas.

 

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

Recientemente, el Congreso de la República aprobó la Ley sobre el Plan Nacional de Desarrollo PND 2022 – 2026 Colombia, potencia mundial de la vida, que, concibe la educación como un derecho fundamental progresivo, soportado en cuatro pilares: 1. Educación superior de calidad, pertinente y gratuita; con una apuesta de ampliación de cobertura. 2. Educación básica y media de calidad; que incluye, formación y vinculación de nuevos docentes, mejorar condiciones de infraestructura física, reformas curriculares y reformar el Sistema General de Participación. 3. Plan de alimentación escolar, que garantice seguridad alimentaria a los niños y niñas dentro del sistema escolar. 4. Educación para la paz y la convivencia. Estos pilares están bien definidos, trazan la hoja de ruta, por donde debe avanzar la educación.

Define, qué se debe hacer; aunque las estrategias de implementación; en especial, en educación superior pública, que siguen siendo confusas, fragmentadas y sin priorizar estratégicamente.

En los nueve meses de gobierno, lo planteado en materia de educación superior pública ha quedado en propuestas y discursos cargado de buenas intenciones. No tenemos avances, y mucho menos resultados en materia de ampliación de cobertura; no se ha iniciado la construcción de las nuevas sedes universitarias regionales; la reforma del Artículo 86 y 87 de la Ley 30 naufraga sin iniciar su trámite en el Congreso, postergando con ello, la construcción de un modelo de sostenibilidad financiera de la universidad pública; además, no han definido la reconceptualización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad; racionalizando procesos y trámites enfocados a una gestión del fomento de la calidad, que haga posible el mejoramiento continuo de los procesos misionales en la educación superior; es decir, una política de aseguramiento de la calidad con énfasis en excelentes resultados no solo, en la inspección y vigilancia que ha sido el modelo dominante. En cuanto a la gratuidad de la matrícula para estudiantes de las universidades públicas, se logró convertirla en política pública de Estado, que garantiza su continuidad y permanencia; ampliación de recursos para funcionamiento, el 5% adicional al IPC.

En este sentido, con la reciente aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026; desde el sistema mixto de educación superior esperamos contribuir con nuestras experiencias y capacidades, en su implementación; como ha señalado el señor presidente de la república, con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo inicia en firme la construcción de su gobierno, y con ello, los cambios y reformas demandadas por el sector. La hoja de ruta propuesta en el PND en los próximos años exige un liderazgo amplio y vinculante desde el Ministerio de Educación Nacional, que involucre de manera concertada a los actores organizados del sector. El PND es amplio y ambicioso en materia de ampliación de cobertura, infraestructura, regionalización, financiamiento, integración de los niveles del sector; que tiene como finalidad, garantizar la educación superior como un derecho fundamental de manera progresiva.

El PND, en materia de educación superior contiene los cambios y transformaciones que por décadas hemos demandado; en consecuencia, su realización implica un liderazgo amplio, que incluya la diversidad y pluralidad del sector. Necesitamos una educación de calidad y pertinente al alcance de los jóvenes.