Categoría: Opinión

 

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 22 y 23 de marzo participé en calidad de presidente del Sistema Universitario Estatal y vicepresidente de ASCUN, invitado por la Universidad Nacional de Córdoba – Argentina, el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO – IESALC), el Consejo Interuniversitario Nacional y el Ministerio de Educación del país en mención, al encuentro preparatorio de la reunión de seguimiento a la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES +5), donde tomamos la decisión de realizarla en Brasilia – Brasil, del 25 al 27 de marzo del 2024; espacio propicio para evaluar y hacer seguimiento a los avances logrados en la implementación de la Declaración CRES 2018 – 2028; tanto a nivel nacional como regional; un encuentro que permita repensar escenarios y acciones para fortalecer los mecanismos de integración entre gobiernos y actores de la educación superior. Importante señalar, que la CRES 2018 centró su agenda de acción con la perspectiva del desarrollo humano sostenible y el compromiso por sociedades más justas e igualitarias, reafirmando la responsabilidad de los Estados, con el fin de garantizar la educación superior como bien público, derecho humano y social. Este es el marco de referencia vigente de la CRES para la puesta en marcha de políticas públicas y académicas para la educación superior en América Latina.

Recordemos que, la Conferencia de Educación Superior (CRES), es convocada por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, con una periodicidad aproximada de diez años. La primera conferencia tuvo lugar en la Habana, Cuba, en 1996, la segunda se efectuó en Cartagena de Indias en 2008. La tercera en la Universidad de Córdoba (UNC), Argentina en 2018; precisamente, en el marco de la celebración del Centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918.

Esta reunión preparatoria para organizar la CRES +5, fue un importante espacio de diálogo, interlocución y deliberación entre los actores de la Educación Superior en América Latina, que contribuyo a repensar la hoja de ruta para la educación superior regional; la cual se ha visto afectada por los impactos educativos y geopolíticos generados por la pandemia del COVID–19; que configuró unas nuevas relaciones de poder. Además, desnudó las fragilidades de nuestro sistema educativo, conduciendo a un retroceso en aspectos en los cuales teníamos avances importantes; donde las brechas de inequidad social se profundizaron, acrecentando de esta forma, la pobreza, el retroceso en los niveles de aprendizaje; especialmente, en niños, con el aumento de la deserción escolar, desfinanciamiento de la educación; lo que, configura un nuevo escenario regional en materia educativa, que debe repensarse de forma conjunta e integrada en clave pragmática y prospectiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que el capítulo de educación que se encuentra en el Plan de Desarrollo 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, debe estar sintonizado con lo propuesto por la CRES 2018; en este sentido, la educación como un bien público significa que está al servicio de la sociedad, sin distingo de raza, etnia, ideología o posición social; es decir, un derecho que el Estado debe garantizar de manera progresiva.

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

El diálogo, forma básica de la comunicación entre los humanos, ha sido el acicate del Gobierno de la Gente para establecer, mediante el lenguaje conversacional cara a cara, verosímil y creíble, herramientas de mutuo entendimiento con nuestros ciudadanos; construyendo puentes entre las diferencias y transformando las relaciones humanas hacia puntos de convergencia, que nos permitan la creación de una cultura ciudadana como principio estratégico de transformación social y urbana.

Escuchar a todos los que han participado en este prolífico proceso ha sido la clave del éxito de nuestra gestión y así lo seguiremos haciendo hasta el último segundo del Gobierno de la Gente.

La transformación social y urbanística de la ciudad en los últimos tres años se debe, en parte, a que nos hemos despojado de todo sentimiento bastardo y del egoísmo que viaja en la barca de Caronte a los infiernos. Es así como le hemos abierto las puertas de la administración municipal a todos los sectores sociales, para que sean actores principales de nuestro avanzar sin pausa.

Junto con todo el equipo de Gobierno, tenemos como meta primordial la estructuración de proyectos que perduren durante décadas, sin importarnos los gobernantes que prosigan, porque lo que importa verdaderamente es el bienestar de las comunidades.

Uno de esos proyectos tiene que ver con la creación y puesta en marcha de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Para una mayor inteligencia y un monitoreo más efectivo, en aras de mantenernos como la capital del Caribe más segura.

Tal y como les indiqué el pasado domingo, iniciamos la estructuración del documento técnico que radicaremos en el Concejo. Motivo por el que, fieles a nuestra consigna de diálogo y consenso, nos sentamos en una productiva mesa de socialización con los comandantes de la Brigada XI del Ejército y la Policía Metropolitana de Montería en la que hicieron presencia sus equipos de inteligencia, quienes expresaron que la nueva Secretaría se convertirá en un factor determinante para la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado.

En estas líneas, haré énfasis en puntos estratégicos que se pondrán en funcionamiento; como, por ejemplo, un Observatorio del Delito para hacer un análisis detallado del comportamiento delictivo en cada una de las comunas y corregimientos, con el objetivo de construir estrategias y planes operativos. Además, con la información recopilada semana a semana se puede trabajar de manera transversal con las demás secretarías para realizar campañas preventivas.

Además de ello, se habilitarán canales digitales para facilitar la denuncia ciudadana. Entre estos, la habilitación de correos electrónicos para que las personas con total tranquilidad y reserva de identidad puedan, en tiempo real, suministrar datos y fotografías, que conduzcan a capturas y al desmantelamiento de las estructuras financieras de las bandas criminales encargadas del manejo de la extorsión, estafa, microtráfico y gota a gota.

Le haremos frente de manera más especializada y técnica al ciberdelito, teniendo en cuenta el crecimiento de la actividad delictiva a través de las redes sociales con fines extorsivos, y se trabajará en el fortalecimiento de la cultura ciudadana, los programas de atención a la primera infancia y juventudes, para alejar a nuestras nuevas generaciones de los vicios y los malos pasos y las estrategias para desincentivar el ideario de la cultura del dinero fácil.

Realmente dejaremos a los monterianos, y a las próximas administraciones, una Secretaría robusta y funcional que se convertirá en piedra angular de la seguridad, porque a través de ella lograremos engranar toda la información y las acciones de cada una de las entidades encargadas de velar por la tranquilidad de la ciudadanía.

 

Por: Marcos Daniel Pineda García

La Mojana, una región a la que Colombia le ha dado la espalda durante décadas, vive actualmente una tragedia invernal que la Defensoría del Pueblo ha elevado a Crisis Humanitaria. Desolación, familias acampando en cambuches a orilla de carretera, problemas de salud pública, niños sin estudiar porque los colegios están aún inundados y campesinos que lo han perdido todo, son las imágenes del día a día. Hay dolor y desesperanza, en los rostros de 40 mil familias damnificadas.

La semana anterior, los miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, que tengo el honor de presidir, tuvimos la oportunidad de sesionar en San Marcos, Sucre, donde citamos al Gobierno nacional y escuchamos a las comunidades y autoridades locales, en busca de una pronta solución a esta problemática, que afecta a los once municipios de cuatro departamentos que integran la región de La Mojana.

Al unísono, todos los asistentes coincidieron en que la primera y más urgente acción que se necesita, es precisamente lo que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se ha negado a hacer: cerrar la boca Cara ‘e Gato. Ya son varios meses trayendo no solo interminables cantidades de agua, sino también hambre a esta región del país.

Se han enfrascado en una discusión, que a mi juicio, es tonta e ideológica, y no han hecho más que dilatar una decisión que se debió tomar hace tiempo. No puedo entender cómo en medio de una situación como esta, se habla de “pensar el territorio”, si lo que los mojaneros claman a gritos son decisiones y acciones prácticas que ayuden a solucionar el problema, después ya habrá tiempo para sentarse a discutir sobre el futuro.

Ante estas dilaciones, La Mojana le dio una gran lección al resto del país: al momento de buscar una solución concreta a la emergencia, pudo más la unidad ciudadana que la Unidad de Gestión del Riesgo. Un grupo de productores y ganaderos locales afectados por la ola invernal, decidieron ‘hacer vaca’ y a punta de rifas y aportes voluntarios, recaudaron un dinero que se usará para pagar las primeras horas máquina de los trabajos de cierre de Cara ‘e Gato. A esta iniciativa ciudadana, se sumó el apoyo de los gobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar. ¡Increíble!, la comunidad cerrará el boquete y no el Gobierno nacional.

Esperamos que el cierre de Cara ‘e Gato no sea solo el punto final para un capítulo de desolación y pérdidas, sino también el inicio de un proceso de recuperación, en el que el actual gobierno y los que vendrán en el futuro, le den la cara y no la espalda a una región con un enorme potencial de desarrollo, pero que reclama la inversión social que históricamente le ha faltado.

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

La seguridad es un valor democrático indispensable, que incluimos en el Plan de Desarrollo, como parte fundamental de las líneas de acción con las que construimos una ciudad sostenible para todos.

Las premisas indiscutibles del Gobierno de la Gente, son la confianza ciudadana, el poder de escucha social y una administración reflexiva al clamor y deseo desde lo colectivo. Estas, han sido la guía y punto de partida de la ejecución de los objetivos que nos trazamos para mejorar la calidad de vida de los monterianos.

Hoy nuestro propósito y afán es seguir disminuyendo la ocurrencia de actos delictivos en los barrios y corregimientos, razón por la que decidimos iniciar la estructuración del documento técnico para la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Una secretaría como esta, nos permitirá, a través de observatorios de criminalidad, analizar todo lo que pasa en la ciudad; lo cual brindará los insumos indispensables para la labor del nuevo secretario, persona que tendrá la misión de articular, vigilar y anticiparse para así fracturar y desarticular cada una de las redes criminales dedicadas a la extorsión, el sicariato y el microtráfico.

Proyectamos una Secretaría de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social robusta y fuerte, para tener mayores resultados, y destacamos que esta iniciativa no demandará gastos adicionales para el municipio, toda vez que los programas de seguridad, que hoy se encuentran adscritos a la Secretaría de Gobierno, pasarían a la nueva dependencia.

Entre los principales objetivos que hemos trazado, se encuentra el monitoreo 24 horas de la ciudad con equipos de tecnología avanzada; brindando así mayores herramientas para facilitar la ejecución de planes y estrategias previamente coordinados entre la administración municipal, la Policía Metropolitana de Montería, la Decimaprimera Brigada del Ejército y la Fiscalía, con el propósito de reforzar la lucha contra el crimen y abrir más espacios de concertación y diálogo para las comunidades.

Hemos sido meticulosos en la creación de estrategias de prevención y en la implementación de acciones de protección y vigilancia, porque sabemos la importancia que reviste salvaguardar la integridad de los habitantes del municipio.

Junto con las fuerzas del orden, de manera implacable, hemos desplegado todas las capacidades para darle golpes certeros a la delincuencia común y al crimen organizado. Las acciones conjuntas entre la Fuerza Pública y nuestra administración han dado resultados positivos, que se traducen en las cifras que hoy tienen a Montería como la capital más segura del Caribe y como una de las ciudades con menor incidencia del delito en el país.

En los dos primeros meses del año se logró una reducción importante en el número de homicidios en la ciudad, teniendo en cuenta que se han registrado 16 casos menos que en 2022, lo que representa una reducción del 64%. A lo que sumamos, que cerramos la vigencia anterior como la capital del Caribe con el menor número de homicidios por cada 100 mil habitantes: Santa Marta, 34.5; Cartagena, 33.4; Sincelejo, 26.8; Barranquilla, 25.4; Valledupar, 23.9; Riohacha, 21.9, y Montería, 21.2.

Indudablemente, una ciudad segura conlleva a mayores oportunidades para la región, porque atrae la mirada de más inversionistas dispuestos a generar empresa y empleo, en una de las capitales del país con mayor proyección. También abre las puertas a miles de turistas que, con sus visitas, dinamizan la economía de la ciudad y la microeconomía de los barrios y corregimientos.

No bajaremos la guardia ni un segundo en temas trascendentales de seguridad y convivencia. ¡Seguimos consolidando una Montería Grande y Segura!

 

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

Desde su configuración espacial, el sur de Córdoba ha sido un territorio estratégico en el contexto del Caribe colombiano. Por el occidente se accede al Mar Caribe, Golfo de Urabá y Océano Pacífico; además, se comunica por vía terrestre con el norte del Chocó y Panamá, donde cuenta con 300 kilómetros de frontera. Por el Oriente limita con el Bajo Cauca, Nordeste antioqueño y sur de Bolívar; zonas mineras productoras de oro desde la época de la colonia.

El contexto minero y social del sur del departamento de Córdoba está determinado por la gran cuenca de minería aurífera del Bajo Cauca antioqueño; que tiene sus extensiones en los municipios de San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano, La Apartada, Ayapel y Planeta Rica; donde existe una histórica extracción de oro, que en estos tiempos se ha hecho violenta; debido al control que sobre esta actividad ejercen actores armados ilegales bajo dominio del narcotráfico; labor realizada en una extensión aproximada de 20 mil hectáreas.

Importante señalar, que las personas que se dedican a esta actividad económica informal e ilegal, lo hacen ante la inexistencia de otros medios de producción que les permita subsistir dignamente; debido a que estos territorios están caracterizados por condiciones de pobreza multidimensional, necesidades básicas insatisfechas e informalidad en la tenencia de la tierra; en donde la presencia del Estado, ha sido ausente, impidiendo la realización de derechos; y con ello, el dominio de actores “paraestatales” al servicio del tráfico ilegal de drogas.

La minería como actividad económica ilegal genera alrededor de dos toneladas de oro al año, comercializada en algunos municipios del Bajo Cauca; entre estos: Caucasia, Nechí y Tarazá; lo cual produce millones de pesos al año; lo que, sin duda, se convierte en un modelo económico y productivo ilegal que configura, nuevas formas de relaciones socioeconómicas, dependencia y control territorial; construidas sobre el miedo y la pobreza. A esto se suma, la generación de problemas ambientales, como lo es la contaminación de ecosistemas acuáticos, deforestación, erosión; convirtiendo ríos en corrientes de mercurio, destrucción y alteración del sistema hídrico, animal y humano.

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

Los rostros de felicidad de los estudiantes, rectores, docentes, ediles y concejales que nos acompañaron al evento en el que sellamos el Convenio con la Esap, para la operación de la sede que tendrán en la Universidad del Sur, son la mayor manifestación genuina de aprobación de este sueño que entre todos estamos haciendo realidad.

Las emotivas palabras de varios jovencitos y jovencitas, sobre lo que significa este espacio que se construye para la cristalización de sus anhelos educativos, no tiene precio alguno. Escucharlos fue gratificante, porque sus palabras venían cargadas de fe, esperanza y confianza. Cada una de ellas nos las llevamos guardadas en el corazón, porque reflejan ese respaldo desinteresado a lo que venimos haciendo y porque nos hacen ver que ha valido la pena todo el esfuerzo del Gobierno de la Gente.

Con la Universidad del Sur la ciudad gana. Esta es la primera infraestructura de Montería, para la prestación de servicios de educación superior, que se construye con recursos propios. No dudamos un segundo en hacer esta importantísima inversión, simplemente, porque estamos convencidos de que la educación es el mejor camino para cerrar brechas y lograr verdaderos cambios sociales, que nos potencien como sociedad y que contribuyan al desarrollo económico y cultural de la Montería Grande que le estamos dejando a todas las comunidades.

Cuando recorremos los barrios y corregimientos, entendemos todas sus necesidades y ponemos todo para brindarles soluciones efectivas. La educación es una de las mayores preocupaciones y, por eso, este multicampus es trascendental para la generación de nuevas oportunidades y la formación profesional de nuestros estudiantes.

Con este proyecto, que nace de los sueños de cientos de ciudadanos, hemos abierto una puerta gigantesca para que las futuras generaciones de bachilleres de escasos recursos, tengan posibilidad de acceder a la oferta institucional de universidades públicas y privadas, que hace décadas era impensado que hicieran presencia en nuestra región.

La construcción de la primera fase registra en este momento un avance de obra del 18,1%. Esta se compone de un bloque de tres pisos con 4.609 m2, en los que se encuentran 15 aulas para la Esap y su área administrativa, oficinas públicas, cancha de tenis y canchas polideportivas, gimnasio al aire libre, área de juegos infantiles y parqueadero. Además, se incluyó en el diseño un amplio espacio para el funcionamiento de la primera gran biblioteca pública municipal.

La Esap, con sus grandes programas académicos y de investigación, se unió a este proyecto para traer una nueva oferta de programas para la formación de profesionales con mayores capacidades para desempeñar cargos en las entidades del Estado. La institución ha destinado una inversión de $10 mil millones para la dotación de estos ambientes de aprendizaje con equipos de alta tecnología.

Lo que pretendemos con la Universidad del Sur es darle más facilidades a nuestra gente y mejores condiciones de capacitación, acordes con los más altos estándares de calidad y tecnología que hoy demanda la cuarta revolución industrial.

Hoy, la ciudadanía está unida en torno a este gran sueño de la Universidad del Sur, un proyecto que marca un antes y un después en la historia educativa del municipio. Esta es una gran alternativa, que se convertirá en uno de los grandes epicentros de pensamiento e investigación para crear de generación en generación un futuro promisorio para los monterianos.

 

“Ya es hora que los políticos y mandatarios del caribe, bajen el volumen a sus redes sociales y pasen de la retórica a la acción”

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

El reporte del DANE para febrero sobre la variación anual del índice de Precios al Consumidor señala que la electricidad registró un aumento de precios anual del 19,51%. Dice, además, que en Sincelejo, Montería y Valledupar los incrementos superaron el 32%, mientras que, en Villavicencio la variación fue solo del 6,36%. Seguimos siendo los usuarios del caribe las victimas preferidas de los altos costos de los servicios de energía.

Las gestiones del actual gobierno para bajar las tarifas en el caribe han sufrido un fracaso estrepitoso y ello constituye un argumento irrefutable para apoyar la intención del presidente Gustavo Petro de asumir las funciones constitucionales para regular las tarifas de servicios públicos.

Mientras tanto los políticos y mandatarios costeños siguen haciendo bulla en redes sociales, pero no adelantan acciones contundentes que ayuden a disminuir las tarifas. Ya es hora que esos políticos y mandatarios bajen el volumen a sus redes sociales y pasen de la retórica a la acción.

¿Por qué los congresistas y mandatarios que alzan la voz en el Twitter, no convocan a un plantón frente a las instalaciones de Afinia e invitan a los ciudadanos a una especie de operación tortuga en el pago de las tarifas? Ya es hora que estos políticos, alcaldes y gobernadores del caribe se sumen a los ciudadanos para armar un solo bloque de protesta contra Afinia.

¿Dónde está el comunicado de los alcaldes, gobernadores, y congresistas del caribe apoyando al presidente Gustavo Petro en su intención de asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG? ¡No se atreven! Pero si trinan contenidos (pura retórica) rechazando el exagerado incremento de las tarifas. ¡Valientes para trinar, pero cobardes para actuar!

El alcalde de Medellín dio el ejemplo.

Uno que si pasó del dicho al hecho fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien, en su calidad de presidente de la junta directiva de EPM, le solicitó al presidente Gustavo Petro, autorización para congelar la Tarifa de Servicios Públicos de EPM.

“Como gobernantes es cada vez más difícil dormir tranquilos cuando vemos cómo se ha encarecido el costo de vida para nuestros ciudadanos: mercar vale el doble, la gasolina no para de subir y los servicios públicos tienen precios irracionales. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil para las familias, en especial las más pobres” señaló Quintero en su carta al presidente.

“En mi condición de alcalde de la ciudad de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM he recibido con optimismo el Decreto Presidencial No.0227 del 16 de febrero de 2023, mediante el cual como presidente reasume las funciones en materia de servicios públicos domiciliarios que antes estaban en cabeza de la CREG”, aseguró Quintero en la citada misiva al presidente.

Sin embargo, la euforia por las nuevas reglas del juego en la regulación de las tarifas fue efímera ante la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que le permitía al presidente Gustavo Petro intervenir la CREG.

Ahora que se conoce el informe del DANE donde se confirma que el corrientazo de Afinia nos está quemando el bolsillo a los usuarios del caribe, es cuando se necesita el apoyo al presidente por parte de los políticos y mandatarios costeños.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con datos e información verídica entre todos podemos mejorar la realidad de la seguridad vial y movilidad en la perla del Sinú.

Por: Bernardo Grandett Durango.

Consultor en Transporte.

Para el análisis de la movilidad en la ciudad hay que colectar y registrar diversos hechos, llevar realidades a datos e indicadores, y de la calidad de esos datos dependerá también la toma de decisiones para transformar y mejorar la seguridad, tiempos de desplazamiento y contaminación, eso que desde la movilidad aporta a la calidad de vida de los ciudadanos.

Montería cuenta con un Centro Inteligente desde donde se gestionan servicios relacionados con el Sistema Estratégico de Transporte Público, la movilidad y la seguridad ciudadana, cómo el centro semafórico, video vigilancia policial, atención de emergencias y monitoreo del tráfico en diversos puntos de la ciudad. Este centro debería ser el que encabece la generación de datos de la movilidad, al menos para ponerlos a disposición del gobierno local, la academia, las entidades que realizan planes de seguridad vial y comunidad en general.

La accidentalidad y los indicadores relacionados con esta, cómo la mortalidad y gravedad de lesiones y daños generados en los siniestros, son muy importantes para saber de la calidad de la cultura vial, infraestructura y demás factores que son causa de los accidentes. Y en este punto hay que ajustar el sistema de atención y registro de los eventos, pues situaciones como la no existencia temporal de convenio para el control del tránsito y oportuna atención de siniestros para el debido levantamiento de informes técnicos de los hechos dificulta conocer, a través de los datos, la realidad de las calles Monterianas.

Más allá de los datos, es una realidad que cuando no hay control del tránsito, la gran mayoría de choques simples no se registran oficialmente, igual que una importante porción de aquellos dónde hay lesiones menores, y se abre espacio a conductas peligrosas como la «justicia por propia mano» dónde los más violentos generalmente se imponen.

Con esto, el llamado a las autoridades locales es a ajustar el sistema de control y seguimiento de la movilidad, que además del seguimiento en tiempo real, se generen datos e indicadores de calidad. La academia puede aportar con el análisis y estudios, y todos los actores viales podríamos tener mayores herramientas para revisar nuestras conductas individuales y colectivas. Con datos e información verídica entre todos podemos mejorar la realidad de la seguridad vial y movilidad en la perla del Sinú.

 

 

 

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Desde los albores del Gobierno de la Gente comenzamos a construir las sólidas bases de la Montería Grande, como ciudad de progreso social y sostenible a largo plazo. Cimentamos una convergencia social participativa y proactiva, y fomentamos una verdadera y sólida cultura ciudadana que, a través del diálogo, nos permitió visualizar un desarrollo urbano con equidad social; fomentando como premisas fundamentales, la legalidad, la solidaridad, la tolerancia, la confianza y la seguridad ciudadana. Sin este entrelazamiento del Gobierno de la Gente y la ciudadanía, no habría sido posible alcanzar la consolidación de esta era de progreso de nuestro municipio.

Son los deseos y las esperanzas de los monterianos los que nos han inyectado toda la energía necesaria para llevar el bienestar a los lugares donde se requería mayor inversión. De esta manera, comenzamos a cerrar brechas sociales y estamos logrando un crecimiento urbanístico, cultural, turístico y ambiental que día a día es más visible por propios y visitantes.

Mantenernos por tercer año consecutivo como un municipio de primera categoría nos pone al nivel de las capitales intermedias más importantes del país y nos abre mayores posibilidades para ofrecer mejores oportunidades y calidad de vida en barrios y corregimientos; impulsar la economía y microeconomía de la ciudad; generar más ingresos para la inversión en infraestructura, educación, salud y seguridad; mayor confianza del sector bancario y atraer a nuestra región más empresas privadas e industrias que generen empleo y dinamicen la economía.

Las proyecciones de nuestras inversiones son palpables y se han sentido positivamente en el progreso, no solo de Montería sino del departamento de Córdoba. Como ciudad capital, estamos abiertos a alianzas estratégicas con los demás municipios, en pro de brindar garantías a los cordobeses que ven a nuestra ciudad como ese punto de encuentro en el que tienen la posibilidad de acceder a una gran oferta, que hace 10 o 15 años no había y los obligaba a viajar a Bogotá o Medellín.

Resaltamos el compromiso de nuestros empresarios, de las industrias y comerciantes con la construcción de una mejor ciudad para todos. Sus contribuciones han sido determinantes para los procesos que adelantamos desde el Gobierno de la Gente, encaminados al bienestar y la felicidad de niños, niñas, jóvenes, adultos y, por supuesto, de la población de la tercera edad.

Es de resaltar que tan solo seis municipios fueron categorizados como especiales y que Montería hace parte de los 27 municipios que fueron incluidos en primera categoría, de los 1.152 municipios categorizados en el país. Al margen de que cumplimos con los parámetros de población e ingresos corrientes anuales de libre destinación, tenemos que indicar que mantener esta categoría no habría sido posible sin la disciplina fiscal de nuestra administración municipal y sin la confianza de los monterianos en el Gobierno de la Gente, reflejada en sus contribuciones, fundamentales para las inversiones en las obras entregadas, las que se están ejecutando y las que están ad portas de iniciar.

Las cifras de las finanzas durante estos tres años son muy alentadoras. Los ingresos totales en 2022 llegaron a $1.2 billones, lo que significa un aumento del 31,5 % con relación a 2019, año anterior a la pandemia. En materia de ingresos tributarios se logró un crecimiento del 30 % con relación a 2019; en la vigencia 2022, los monterianos hicieron una contribución de $170.939 millones. Y ni qué hablar del impuesto de industria y comercio, que en la vigencia anterior llegó a una cifra nunca antes vista de $51.679 millones, para un alza del 35 % con relación a 2019.

El esfuerzo compartido nos ha fortalecido como sociedad, una sociedad próspera con una proyección de crecimiento estupenda. Este es un gobierno que ha sentado unas bases sólidas de lo que se debe tener en cuenta en los próximos 50 años. Ver a los monterianos orgullosos de su ciudad nos impulsa a seguirles cumpliendo y a continuar construyendo de manera asertiva ese gran camino de desarrollo que merecen trasegar todas nuestras comunidades.

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

El Plan Nacional de Desarrollo – PND 2022-2026 Colombia potencia mundial de la vida, concibe la educación como un derecho fundamental progresivo, soportado en cuatro pilares: 1. Educación superior de calidad; pertinente y gratuita con una apuesta de ampliación de cobertura. 2. Educación básica y media de calidad; que incluye formación y vinculación de nuevos docentes, mejorar condiciones de infraestructura física, reformas curriculares y reforma del SGP. 3. Plan de alimentación escolar que garantice seguridad alimentaria a los niños y niñas en el sistema escolar; la alimentación de los niños no puede seguir siendo la fuente de enriquecimiento de contratistas y politiqueros regionales. 4. Educación para la paz y convivencia. Estos pilares están bien definidos, trazan la hoja de ruta por donde debe avanzar la educación; define, qué se debe hacer; pero, no señala el cómo lo vamos a lograr.

El nuevo PND tiene como propósito la dignidad y justicia social de los jóvenes que históricamente han sido excluidos del acceso a este derecho. Por ello, para la educación superior, el enfoque concebido en el PND es fortalecer la universidad pública centrada en la ampliación de cobertura; 500 mil nuevos cupos en condiciones de gratuidad para avanzar en cierre de brechas sociales y regionales. Desde el Sistema Universitario Estatal – SUE, hemos insistido, en que, la ampliación de cobertura implica un modelo de regionalización de la universidad pública con enfoque territorial; es decir, las regiones del país donde el indicador de cobertura está por debajo de la media nacional; lo que exige un plan de infraestructura física y tecnológica que modernice y amplíe los campus universitarios; además, la reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que permita un nuevo modelo de sostenibilidad financiera del SUE.

En relación con lo anterior, la ampliación de nuevos cupos como compromiso del Gobierno es un paso en la progresividad de un derecho fundamental en condiciones de calidad, pertinencia y gratuidad. Además, se requiere avanzar en una gratuidad de la educación superior pública integral, que incluya, matrícula, alimentación y transporte.